Hoy se liberan las pruebas PISA a las 11 de la mañana. Como veis no me he esperado a su publicación y, es por ello que, por motivos obvios, voy a permitirme no hablar ni analizar sus resultados. Unos resultados que, por cierto, siempre permiten -aunque algunos no se lo crean- decir una cosa y su contraria. Sí, PISA es una maravilla para defender posicionamientos políticos, tomar decisiones y, por desgracia, inferir acerca de lo que sucede en las aulas. Unas aulas que, no olvidemos, son sometidas a procesos poco transparentes (¿alguien sabe qué centros, el porcentaje de alumnos que asistieron ese día a clase y, los filtros que se han hecho de los mismos previos a la aplicación de las pruebas PISA?) de dudosa base legal.
Fuente: ShutterStock
No entiendo muy bien que sea necesario acudir a una organización empresarial, la cual tiene unos gastos de funcionamiento anuales de 350 millones de euros, para evaluar lo que sucede en el sistema educativo de nuestro país. Ello sólo puede ser debido a la incompetencia de nuestra administración educativa o, a la necesidad de pagar un impuesto revolucionario a la OCDE (participar en las pruebas PISA no sale gratis) para que la misma pondere unos determinados valores y se convierta en el nuevo ídolo a adorar. Sinceramente, a mí una organización que mide la productividad y los flujos globales de inversión no creo que deba estar tras una mejora educativa. Y, yendo aún más lejos, tocaría preguntarse hasta qué punto sus herramientas de evaluación/medición no estarán manipuladas por intereses muy alejados de los de nuestros alumnos o de la mejora social que debería ser el objetivo último de la Educación.
Si hablamos de la incompetencia de los responsables políticos que gestionan la Educación, lo que sería de lógica sería su dimisión. Pero, no sólo no dimiten… se dedican a inundar las redes y los blogs institucionales con datos de esas pruebas que se pagan a precio de oro. Datos que les permiten inferir siempre la necesidad de seguir recortando, privatizando y avalando políticas educativas que, de forma totalmente falsa, defienden con la publicación de cada nuevo paquete de resultados (han sido capaces de afirmar que la LOMCE ha mejorado los resultados en Primaria cuando ni tan sólo estaba implantada en los cursos a los que se pasó las pruebas). No, no estoy escribiendo sobre ficción educativa, estoy hablando de realidades que se desmontan fácilmente a poco que uno les interese rascar un poco o leer sobre el tema.
Eso sí, reconozco que lo más preocupante no es sólo que sometan a determinados alumnos (vuelvo a preguntarme cuáles y de qué centros) a unas pruebas sin validez legal más allá de un pacto, no recogido en ningún articulado legislativo, que ha permitido que algunos consigan el retiro dorado en París a costa de los impuestos de los ciudadanos para trabajar en la organización que hay tras las pruebas (curioso) y, cómo no, tomar determinadas decisiones que sabe que van a ser avaladas por una entidad a la que se ha mediatizado, desde muchos medios, como la gran salvadora del orden educativo mundial. No lo entiendo. Lo más preocupante es que no haya una investigación acerca de la malversación de fondos públicos que se está realizando con esas pruebas PISA y, aún menos que, en caso de considerarse imprescindibles, no se deponga a todos los responsables incompetentes que tienen que buscar pruebas fuera del país porque no saben gestionar una evaluación dentro del propio. No hay opción. O son unos incompetentes o están cometiendo un delito. Así pues, la disyuntiva está clara. Bueno, a menos que la disyuntiva no sea tal y nos encontremos en que, aparte de tener una administración educativa gestionada por inútiles, se esté malversando a la vez dinero público.
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