El Consejo de Ministros aprobó el viernes el decreto que daba luz verde a la aplicación de las reválidas de la ESO y Bachillerato que ya contemplaba la Lomce. El tema se convirtió ese mismo día en trending topic y las críticas hacia el Gobierno y hacia el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no han dejado de sucederse.
Sindicatos y asociaciones profesionales están cargando contra la medida y la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que recurrirá el Real Decreto. Mientras, Asturias y Baleares han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.
Aquí tienes las principales críticas que están recibiendo estas polémicas reválidas.
1-. Crean un ‘limbo’
A partir del año 2018, ya no será suficiente con aprobar la ESO o Bachillerato. Los alumnos deberán aprobar también esas reválidas para obtener el título. En la práctica, eso supone que si un estudiante aprueba la ESO pero suspende las dos convocatorias, no tendrá más remedio que cursar la Formación Profesional Básica, dirigida a alumnos de entre 15 y 17 años que sólo han superado el primer ciclo de la ESO. No tiene más opciones si quiere seguir estudiando el curso siguiente.
La Federación de Asociaciones de Directivos de centros Públicos (FEDADI) subraya que el Ministerio de Educación ha creado así un “limbo" en el que van a encontrar los jóvenes que no aprueben la reválida de la ESO y recuerda que lo ha denunciado en varias ocasiones. Alerta, además, de que esta situación va a provocar que en España aumente la tasa de fracaso escolar, es decir, de alumnos que no acaban ni la educación obligatoria.
“¿Qué hacemos si suspende un diez por ciento de los chavales? ¿Les dejamos en la calle?", se pregunta el presidente de FEDADI, Alberto Arriazu, en declaraciones a Europa Press. Asegura que esta situación puede generar un problema logístico porque "no va a haber plazas suficientes" de FP Básica y, sin embargo, en FP de grado medio "se van a quedar vacías".
2-. No se tiene en cuenta el progreso del alumno
Los docentes subrayan que en la evaluación de un estudiante se ha de tener también en cuenta la progresión personal del alumno y su nivel de partida. Y eso, insisten, no se va a valorar en las reválidas.
"Nos preocupa más la prueba de 4º de la ESO porque dadas las altas tasas de abandono y fracaso escolar que tenemos, no nos gustaría que si el alumno ha ido bien pudiera suponer un obstáculo más", asegura el presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández, quien cree que estas pruebas deberían tener efectos únicamente diagnósticos y no académicos.
3-. Aumentan la desigualdad
El Sindicato de Estudiantes ha denunciado en una nota de prensa que estas reválidas buscan “simple y llanamente expulsar a miles de jóvenes de barrios humildes del sistema educativo". "Y lanzarnos a un mercado laboral precarizado hasta el límite, donde seamos nosotros mismos los que nos convenzamos de que, al fin y al cabo, no nos merecemos mejores condiciones, pues no tenemos estudios para otra cosa”, añade.
Eso es así, según la organización, porque “los recortes de más de 7.000 euros a la educación pública” han supuesto “el despido de 32.000 profesores, la masificación en las aulas, la pérdida de refuerzos educativos y las becas de libros y comedor entre muchas otras cosas”.
“Con la expulsión masiva de jóvenes del sistema educativo se pone la primera piedra para justificar nuevos recortes en el futuro con la excusa de que el número de estudiantes se habrá reducido”, denuncia el Sindicato de Estudiantes.
4-. Son de otra época
El propio Sindicato de Estudiantes ha calificado estos exámenes de “reválidas franquistas” y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), José Luis Pazos, cree que suponen una “involución” que lleva al sistema educativo español "al modelo anterior a 1970".
5-. Lo aprueba un Gobierno en funciones
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública asegura que la actual situación política y jurídica "deslegitima" al Gobierno en funciones para continuar con el desarrollo de la Lomce y propone prorrogar las normas vigentes actualmente hasta la constitución de nuevo gobierno.
En la misma dirección, el sindicato CCOO ha anunciado que recurrirá el real decretoal considerar que el Ejecutivo dicta la norma "sin legitimidad jurídica ni política".
"El PP concurrió a las elecciones con una propuesta de pacto educativo, pero sigue gobernando en funciones, unilateralmente y sin legitimidad política ni jurídica para hacerlo, sin pactar con nadie, e incumpliendo sus promesas electorales desde el minuto cero", ha señalado el sindicato en un comunicado.
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