lunes, 16 de febrero de 2015

La FAPA Giner de los Ríos denuncia la paralización de obras en los centros públicos y el maltrato al que se somete a la red pública

La FAPA Giner de los Ríos nos envía esta nota de prensa:


LA FEDERACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE APAS “Francisco Giner de los Ríos” considera que la paralización de las obras del nuevo IES del barrio de Sanchinarro en Madrid, es una nueva muestra de la nefasta gestión de la red de centros públicos, realizada de forma consciente para beneficiar la implantación y el crecimiento de la enseñanza privada en los barrios de nueva creación. 

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera inaceptable que el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúe maltratando a los ciudadanos madrileños que eligen escolarizar a sus hijos e hijas en la escuela pública. No sólo impide que se matriculen en los centros educativos públicos existentes, cerrando unidades e incluso centros, eliminando enseñanzas en ellos dándoselas a los centros privados concertados cercanos, o cambiando adscripciones a su antojo en contra de las necesidades y deseos de las familias, sino que impide todo lo posible la puesta en marcha de los nuevos centros públicos que se necesitan, especialmente en los nuevos barrios. La paralización del nuevo IES del barrio de Sanchinarro en Madrid es un nuevo ejemplo de la estrategia calculada de la Consejería de Educación, quien somete a los nuevos barrios al siguiente círculo vicioso: • Se realizan los desarrollos urbanísticos dejando solares públicos para uso educativo, pero no se aseguran para la construcción exclusiva de centros públicos, de forma que se piensa en dejar una buena parte de ellos en manos privadas. • Los regalados a empresas privadas, por tanto, sirven para que puedan instalar un centro educativo privado en ellos y hacer negocio con la educación. • Se concede el concierto junto con la adjudicación del terreno, con lo que la empresa privada ya tiene el terreno y los clientes, asegurados estos desde la Administración pública porque no tienen plazas públicas a su alcance al no estar implantadas de forma consciente. Esta situación consigue que la financiación bancaria esté garantizada, es un negocio seguro. • La oferta de plazas públicas tarda muchos años en llegar, porque así estará terminado y consolidado el negocio privado cuando estas lleguen, siendo ya muy rentable cuando se inicien las primeras obras para la puesta en marcha de cualquier centro educativo público más o menos cercano. • Mientras que el centro privado concertado suele tener desde el principio todas sus instalaciones y ofrecer todas las enseñanzas, el centro público se construye por fases y éstas se demoran siempre, generando problemas e inseguridad a las familias, que no saben si el centro estará operativo para sus hijos e hijas durante todo su periplo educativo.




Cuando se adjudican las obras de una fase, sobre todo en la inicial, muy frecuentemente se adjudican éstas en un concurso realizado a la baja económica, es decir, con el criterio de concederlas al que menos coste para la Consejería ofrezca, estando la mayoría de estas empresas en graves situaciones de sostenibilidad económica. El resultado, esperado, es que muchas de ellas dejen las obras porque no tienen capacidad para llevarlas a término. Con ello, las obras se paralizan y los centros públicos no entran en funcionamiento nunca en la fecha inicialmente prevista. • Se vuelven a sacar a concurso las obras paralizadas, situación que algunas encadenan dos y tres veces, lo que provoca la desesperación de las familias que aguardan impacientes a que estos centros se pongan en marcha. • A menudo, las obras conviven al final durante un tiempo con el desarrollo de un curso escolar, con los graves perjuicios para el alumnado y el personal de los centros públicos. • Si, ante todo esto, las familias siguen apostando aún por escolarizar a sus hijos e hijas en estos centros, conscientes de que la enseñanza pública sigue siendo la mejor opción aunque el Gobierno de la Comunidad de Madrid la maltrate constantemente, ven cómo los centros no llegan a tener nunca las instalaciones que merecen. Comedores escolares pequeños con relación al número de comensales esperado, salones de actos y bibliotecas inexistentes o de pequeñas dimensiones, instalaciones deportivas muy básicas, dotaciones insuficientes en recursos humanos y materiales,… Lo que la Consejería no puede evitar es que las familias y el personal de los centros educativos públicos compensen la mayoría de estas deficiencias dando lo mejor de sí mismos y generando una labor educativa que supera con mucho la que se desarrolla en otro tipo de centros, lo que se demuestra en todos los indicadores educativos en cuanto que estos dejan de tratarse de forma inadecuada y se descubre el valor añadido que aportan los diferentes tipos de centros. Será difícil que las deliberadas actuaciones de la Consejería de Educación puedan ser evitadas de cara al próximo curso escolar, pero la FAPA exigirá al nuevo Gobierno que surja de las urnas en el mes de mayo próximo que gestione de otra forma la red de centros públicos y acate el mandato constitucional que exige que ésta red garantice el derecho a la educación para todos los ciudadanos madrileños, acabando con el negocio privado educativo generado desde la óptica de regalar recursos públicos a iniciativas privadas. Los recursos públicos son de los ciudadanos y deben estar en manos de estos. La iniciativa privada debe sostenerse con sus propios medios y nunca debe ser un obstáculo para la implantación, extensión y mejora de la red pública. La connivencia de los gestores públicos con la iniciativa privada debe finalizar de inmediato. La FAPA exige al Gobierno de la Comunidad de Madrid que solucione de inmediato la situación creada con el IES del barrio de Sanchinarro, así como reconduzca los entuertos que está generando en muchos barrios con el cambio de adscripciones o con otras medidas. No es aceptable que actúe sobre la premisa de “el que venga detrás que lo arregle, si puede”. Además de poner las primeras piedras de los centros, para hacerse la foto de cara a las próximas elecciones, debería preocuparse de que se pongan las demás piedras a tiempo, en lugar de olvidarse de ellos durante varios años. Los ciudadanos no queremos las fotos electorales, queremos los centros educativos públicos construidos y funcionando perfectamente. 


10 de febrero de 2015

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