El seguimiento de la huelga educativa de este jueves ha sido más alto del esperado, sorprendiendo incluso a los propios sindicatos del sector. Yo era también de los pesimistas ante la convocatoria por el estado de ánimo que detectaba en colegios e institutos.
Los sondeos realizados en los días previos se vieron desbordados y no sé si en ello ha influido la actitud auténticamente provocadora de los dirigentes ministeriales de los últimos días, descalificando, una vez más, al profesorado, acusándolo de movilizarse por intereses laborales o de tener la fortuna de ir a la huelga gracias a tener un puesto de trabajo, como si este se lo hubieran regalado en una tómbola.
Cierto que la práctica parálisis de la actividad académica tiene mucho que ver con el hecho de que el alumnado, especialmente en Educación Secundaria, abandonara casi por completo las aulas. En algunos casos con paros que se extendieron durante tres jornadas en diversos institutos.
Pero no es menos cierto que, al menos en el caso de Canarias, en el apoyo del profesorado los datos son mejores que en los dos anteriores conflictos, que registraron apoyos del 8% (la última huelga general) y el 15% (el paro general educativo del pasado mayo).
En esta ocasión se superó el 26% de participación docente, aunque creo que con mucha mayor incidencia en Secundaria que en Infantil y Primaria; e irregular en las universidades, con mayor seguimiento en la de La Laguna que en la de Las Palmas de Gran Canaria.
Marco difícil
Resulta significativo ese nivel de apoyo en un marco difícil, con la congelación salarial y pérdida de poder adquisitivo de los últimos años, y, además, cuando la LOMCE ya ha recibido la primera bendición en el Congreso de los Diputados y parece que nada ni nadie logrará frenar su aprobación, por el empecinamiento de la mayoría absoluta del PP, pese al amplio rechazo social de profesorado, familias y estudiantes, así como de la práctica totalidad de los grupos políticos parlamentarios.
Resulta duro el esfuerzo que han realizado enseñantes, padres y madres y alumnado sin que este suponga la paralización de la conocida como Ley Wert. Pero hay que valorar lo positivo que ha sido la unidad de los distintos sectores educativos, superando viejos malos entendimientos e incluso enfrentamientos.
Seguramente el trabajo de estos días haya servido para que más ciudadanos y ciudadanas conozcan los contenidos de la LOMCE, sus perversiones antidemocráticas, sexistas, privatizadoras y segregadoras, su intencionado olvido de la equidad; y que, lejos de un avance, supone un retroceso a las leyes educativas franquistas.
Frenar la LOMCE
En definitiva, las numerosas protestas, movilizaciones y huelgas del último año no han conseguido frenar la LOMCE. Todos sabemos que era, sin duda, un objetivo muy difícil de lograr, casi imposible. Que este Gobierno aplica a rajatabla su contrarreforma neoliberal contra los servicios públicos, opine lo que opine la ciudadanía.
Ahora sólo puede acabar con la LOMCE, en su momento, la movilización consciente en las urnas.
Que cada uno asuma, entonces, su responsabilidad.
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