Libertad de elección (José Saturnino Martínez)

La reforma del PP potencia la iniciativa privada, 

dejando al Estado en el papel subsidiario

¿Quién puede estar contra la libertad de elección? ¿no es una redundancia? Como si toda libertad fuese de elección, olvidando que también hay libertad tanto para cambiar las condiciones en las que se elige como para transformar el menú de opciones. Este planteamiento reduce la libertad educativa a la libertad del consumidor pasivo, olvidando el papel activo de la comunidad educativa en la creación y transformación de los procesos de aprendizaje, enviando el mensaje a las familias de que la educación consiste en elegir el centro y luego despreocuparse de participar activamente en el proceso educativo.

Además de esta degradación del concepto de libertad educativa, la libertad de elección de centros plantea dos problemas. Por un lado ¿qué sucede cuando la oferta de plazas de un centro es menor que la demanda? Pues quien elige no son las familias, son los centros educativos. La experiencia muestra la perversión de los reglamentos para conseguir filtrar el alumnado que llega a los centros, y para expulsar a los “indeseables”. Me gustaría saber qué ocurriría en el distrito único madrileño si todas las familias de las zonas deprimidas de la ciudad decidiesen prematricular a sus hijos en colegios concertados elitistas. Este “experimento mental” deja clara la segregación socioeconómica que va aparejada con la “libertad” de elección.

Por otro lado, los centros no solo seleccionan al alumnado, también se proponen inculcarles un ideario. Parece que no hay problema en tanto que el ideario es el elegido por las familias. Pero esto contribuye a que las personas se formen en un ambiente de homogeneidad ideológica, además de socioeconómica, debilitando el sentido de comunidad con los que piensan diferente. Está claro que el Estado no debe adoctrinar en ideologías, más allá del espacio común de una sociedad democrática y respetuosa con los derechos humanos, ¿pero por qué otros agentes sociales sí pueden moldear a los menores más allá de estos principios básicos? Más allá de este mínimo común denominador, las instituciones educativas tampoco deberían adoctrinar.

La reforma del PP potencia la iniciativa privada, dejando al Estado en el papel subsidiario que ha tenido en la mayor parte de nuestra historia educativa, precisamente uno de los rasgos que nos aparta de los mejores sistemas educativos. Esto será bienvenido por la patronal del sector, pues a pesar de las intensas polémicas, su cuota de mercado, a nivel nacional, ha cambiado muy poco desde los setenta. Se podría decir que la ventaja de la iniciativa privada es que el coste de escolarización es más barato, pero eso sería no tener en cuenta que la mayor parte de ese coste es salario, mayor en el caso de profesionales que han superado una oposición. Además, los centros públicos deben asumir al alumnado rechazado en los concertados y llegar a los barrios y zonas apartadas a los que no llega la búsqueda de negocio. Esta es la lógica paradójica de la privatización de servicios públicos esenciales, como educación y sanidad: cuanto menor es la presencia de lo público, más caro resulta el servicio público por usuario, debido a que el sector privado se desentiende de quienes necesitan más recursos.

Si la iniciativa privada plantea este tipo de problemas, ¿por qué es tan exitosa en España? ¿Por qué el PSOE le facilitó un marco legal? Para responder estas cuestiones debemos hacer un breve repaso histórico. Se debe al peso de la Iglesia en nuestra historia educativa, en detrimento del papel del Estado. Hasta que el PSOE llegó al Gobierno, esta iniciativa, especialmente si era eclesial, gestionaba centros educativos con fondos públicos con total arbitrariedad. El PSOE tuvo que optar entre gestionar o acabar por completo con este sistema. Si optaba por finiquitarlo, el sector público tendría que asumir un incremento de alumnado del 40% de un curso para otro. Se optó por lo más sensato: quien quisiera disponer de fondos públicos debería gestionarlos con las mismas reglas que los centros públicos, como estableció la LODE (1985). A la Iglesia, sin embargo, esto no le pareció sensato, y se opuso fuertemente al nuevo sistema, con el que pasado el tiempo, le ha ido muy bien. Y los olvidos selectivos hacen creer que con este modelo el PSOE puso la primera piedra para privatizar la educación, cuando fue justo lo contrario: un freno a la arbitrariedad privada.

José Saturnino Martínez es profesor de Sociología de La Laguna.

Publicado en elpais.com