viernes, 17 de mayo de 2013

La Ley Wert sale adelante ‘maquillada’ y con una declaración de guerra velada a Cataluña

eldiario.es: La Ley Wert sale adelante ‘maquillada’ y con una declaración de guerra velada a Cataluña
  • El Gobierno destinará el 10% del presupuesto de la Ley en el primer año para escolarizar a niños en español en Cataluña y luego se lo cobrará a la Generalitat
  • Ciudadanía se queda fuera del currículo a pesar de las recomendaciones del Consejo de Estado
  • La ley finalmente blinda los conciertos con los colegios que segregan a los niños por sexo
Son ajustes mínimos, casi cosméticos. El Gobierno ha aprobado la Ley de Mejora de la Educación con pequeños retoques y una velada declaración de guerra a la Generalitat catalana. La polémica disposición de la LOMCE que obligaba a las comunidades con lenguas cooficiales a pagar colegios privados a aquellos alumnos que quisieran estudiar con el castellano como lengua vehicular se mantiene, pero con una vuelta de tuerca. Los padres deberán acudir al ministerio, que será quien se encargue de los trámites y de soltar el dinero. Después arreglará cuentas con la Generalitat, seguramente descontando el importe de las asignaciones autonómicas. Y al parecer no serán importes menores. El ministerio reserva un 10% del total del presupuesto para la aplicación de la ley durante el primer año, cinco millones de euros, para mandar a clase a unos 1.000 niños, según sus propios cálculos.

La séptima ley orgánica de Educación de la democracia ha salido del Consejo de Ministros una semana más tarde de lo previsto para atender a las "observaciones" del Consejo de Estado, cuyo dictamen sorprendió al criticar algunos de los puntos destacados de la norma, como el de la obligación de las autonomías de garantizar la escolarización en castellano, la eliminación de Educación para la Ciudadanía o la financiación de los colegios con que segregan a los niños por sexo. Todo esto a pesar de que el Consejo de Estado está presidido por José Manuel Romay Beccaría, hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy.
Ciudadanía se vaDe modo que en la cuestión catalana, que le ha valido un (otro) enfrentamiento abierto con la Generalitat, el ministerio se mantiene en sus trece. También en cuanto a la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aunque el Consejo de Estado había considerado que la nueva "Valores culturales y sociales" no es suficiente para reemplazarla porque se estudiaría como alternativa a Religión. Aquí también hay una pequeña trampa para solucionar esta objeción. Religión y su alternativa pasan a formar parte del currículo como dos asignaturas optativas pero independientes, de modo que un alumno podría elegir cursar ambas. Ciudadanía, que el Consejo de Estado ha considerado que "debería ser obligatoria en algún momento" no será una asignatura en sí misma. El Gobierno mantiene que sus contenidos están integrados ya en otras partes del currículo.

La financiación de colegios que separen a los niños por sexo era otra de las disposiciones polémicas y también uno de los puntos señalados por el Consejo de Estado. El 'blindaje' a los centros vinculados a la Iglesia en los que niños y niñas estudian por separado estará recogidos en la ley –lo que dejaría sin efecto medidas como la de Andalucía de no financiar sus conciertos por esa razón–, aunque incluirá un pequeño apunte: que deben garantizar que la educación no es diferenciada en el contenido, sino que las clases que se imparten son iguales para los dos sexos. El Consejo de Estado había pedido que se exigiera "una justificación objetiva y razonable de a excepción general de la coeducación", o sea que se explique cuáles son los beneficios de la segregación, y se "fijen medidas académicas a favor de la igualdad". Aunque lo de las medidas podría estar recogido en el apunte, la primera parte, la de la justificación parece no haber sido atendida por el Gobierno.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros deja intactas algunas de las disposiciones más polémicas del proyecto. Por ejemplo, la modificación de los itinerarios que adelanta la elección de vías distintas de la ESO, el nuevo diseño de la Formación Profesional (con una modalidad básica) y otra Dual, en la que los alumnos estudiarán buena parte del tiempo en empresas.

También quedan tal cual las reválidas, los exámenes externos a los que se someterá a los estudiantes al final de cada etapa educativa. El Consejo de Estado había aconsejado que esas pruebas las realizaran "funcionarios públicos y en ningún caso profesores contratados o empresas privadas". También había criticado la reválida de Bachillerato, que sustituye a la Selectividad, y que pone en manos de las universidades las pruebas de ingreso, algo que no convencía al Consejo de Estado.

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