Desde la
Plataforma Stop Ley Wert manifestamos nuestro convencimiento de que han sido
las muchísimas voces discrepantes y las multitudinarias y constantes
movilizaciones populares las que han provocado el aplazamiento de la aprobación
de la LOMCE. La ciudadanía no admite una
ley que:
- No parte de un diagnóstico serio y riguroso y del
diálogo con toda la comunidad educativa.
- Aprovecha una coyuntura de crisis económica y la
utiliza como coartada para abrir las puertas a la privatización de la Educación
Pública.
- Está al servicio de los mercados y la Conferencia
Episcopal y no de las personas.
- Da la espalda a la Educación Infantil y recorta en
dos años el carácter comprensivo de la educación obligatoria.
- Se articula en torno a un sistema trasnochado
de reválidas, perversos instrumentos de su carácter segregador y excluyente.
- Ignora y desatiende al alumnado con más necesidades
educativas.
- Abandona al alumnado de etnia gitana, así como a los
pertencientes a etnias inmigrantes.
- Permite a los centros concertados con fondos
públicos seleccionar a su alumnado, con el objetivo de lograr los mejores
puestos en los rankings que construirán artificial e interesadamente las
evaluaciones externas.
- Permite sostener con fondos públicos a colegios que
segregan por sexo.
- Convierte a la población estudiantil y sus familias
en clientes, desarticulando su condición de ciudadanía.
- Favorece la intromisión política en el proceso
educativo con una recentralización impropia de sociedades democráticas.
- Crea una
institución costosa como el “Instituto Nacional de Evaluación Educativa” (que
además generará efectos muy perversos sobre la Educación Pública), al tiempo
que se recortan los servicios públicos alegando razones económicas,
Por
todo ello pedimos la destitución inmediata del Ministro Wert y la retirada
definitiva de la LOMCE.
La
sociedad civil no va a tolerar una ley sin acuerdos y que no cuente con el
apoyo de la comunidad educativa. Imponerla por la fuerza del rodillo
parlamentario sería una muestra de la ausencia absoluta de voluntad democrática.
Consideramos
imprescindible la apertura de un espacio de debate con toda la comunidad
educativa para alcanzar una ley de consenso, así como la creación de un marco
legal que garantice estabilidad a nuestro sistema educativo.
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