La Comunidad de Madrid es la comunidad que menos
invierte en Educación Pública y son muchos los años que la Educación
Pública lleva sufriendo recortes y abandono pese a la llegada de los llamados fondos europeos. Ahora asistiremos
además a que el poco dinero que se gasta irá al negocio de la privada para
familias que no lo necesitan. Pero esos 43 millones de ayudas saldrán del
saqueo a la pública porque se prescindirá de más de mil profesores y aumentarán
en un 1,6 las ratios de alumnado, más de 30 en la ESO y más de 35 en
bachillerato, para dárselo a familias que podrían ganar incluso más de 100.000
euros anuales.
Este es el espíritu de este gobierno de la Comunidad de
Madrid, ir contra el principio constitucional de equidad y frente al Derecho
universal a la Educación para poner delante el negocio de unos pocos
favoreciendo la desigualdad.
El desmantelamiento se ha ido produciendo progresivamente
con la falta de centros e infraestructuras y la falta de mantenimiento de las
mismas; construcciones por fases que duran años con el alumnado en barracones,
llamados “aulas modulares”, o alumnado desplazado de sus barrios, e igualmente
con falta de plazas y recursos destinados al alumnado con necesidades
educativas especiales.
La masificación del alumnado en las aulas no es la solución
si pedimos una Educación de calidad y sigue siendo una comunidad con uno de los
más altos porcentajes de alumnado por aula en enseñanzas no universitarias y
especialmente en Educación Infantil, etapa crucial en el desarrollo. Este curso
además se incrementará en 1,6 las ratios en Secundaria para pagar los cheques
de los ricos, algo intolerable: ¡exigimos la bajada de ratios real que no
suponga una reducción de plazas públicas!
Un curso más se han quedado miles de alumnos sin plazas
públicas de Educación Infantil y las familias se ven obligadas, las que pueden
permitírselo, a acudir a las escuelas privadas. Por eso no se puede entender
que en lugar de crear muchas más Escuelas Infantiles de titularidad y gestión pública
o improvisar aulas en centros no adecuados por obligación estatal con
fondos europeos, se opte por acabar con el modelo de
escuelas de 0 a 6 años. Han decidido que las plazas de esas escuelas solo sean
destinadas a los niños y niñas de 0-3, desbaratando el modelo de Educación
Infantil más respetuoso con el desarrollo integral de l@s más pequeñ@s y
obligando a los niñ@s que ya estaban matriculados a abandonar el centro que sus
familias habían elegido. La solución del cheque a la Educación Infantil es desviar
dinero público a negocios privados ante la falta de plazas públicas que
solicitan las familias y cuyas peticiones son ignoradas una y otra vez faltando
a la teórica libertad de elección que
no se da. Además en nuestra comunidad la implantación del llamado bilingüismo
en Infantil promete otro destrozo pedagógico en esta etapa crucial del
desarrollo personal.
También es injustificable el desmantelamiento y la falta de
plazas en Educación Pública para el alumnado que solicita Formación Profesional
Pública y se queda hasta un 90% sin plaza, viéndose abocado a la formación
privada para la que promete también cheque porque no se crean plazas públicas
pero sí privadas. Otro tanto ocurre con las Escuelas oficiales de Idiomas y hay
que recordar que la formación universitaria es de las más caras del conjunto
del Estado en donde también faltan plazas públicas para acceso del alumnado con
menos recursos. También hay que añadir que el profesorado de nuestra
Comunidad es de los que mayor carga lectiva sufre en relación con la media
nacional. Además, la falta de profesionales dedicados a la diversidad y unos Departamentos y Equipos de Orientación
sobrepasados y sin los trabajadores necesarios para atender al alumnado más
vulnerable, dibujan una situación que podemos considerar de emergencia
educativa y de saqueo a la pública para dárselo a negocios privados.
Ya denunciamos antes del inicio del proceso de matriculación
la actuación de la Consejería de eliminar plazas en centros públicos, como
ocurre en el distrito de Fuencarral- El Pardo, una de las zonas cero de la
privatización de la Educación, mientras aumentan líneas en los centros
privados-concertados de la zona.
Por otro lado, la llamada Ley maestra de libertad de elección educativa, aprobada con sus
amigos de la ultraderecha, no es más que otro intento de acabar con la
Educación Pública. Contradice avances incorporados por la nueva Ley de
Educación (LOMLOE), especialmente en los relacionados con la equidad e
inclusión de alumnado y las familias, como el regalo de suelo público a
empresas privadas para la construcción de centros educativos
privados-concertados o la publicación de rankings
de centros en vez de utilizar estudios y resultados para abordar los
problemas de los centros.
La Ley maestra de
libertad de elección educativa, manipulando el término “libertad
educativa”, promueve la enseñanza en centros privados pagados con fondos
públicos, pese a que tienen ideario e intereses lucrativos ajenos a los fines
educativos. En nuestra comunidad la proporción pública/privada se va
distanciando, llegando a alcanzar en el conjunto de la ciudad de Madrid una
proporción en la que la Pública solo representaría el 30% y en algunos barrios
incluso sería el 15%.
La Comunidad de Madrid no ofrece igualdad de oportunidades
porque no existen todos los centros públicos necesarios. Si cierra líneas y
plazas de la Educación Pública y estrangula progresivamente la oferta para las
familias, se acaba derivando alumnado a la privada como viene haciendo con la FP
y con las Escuelas Infantiles. Con esto impide a las familias que elijan la
Educación Pública, pese a la tan cacareada y engañosa “libertad de elección
educativa”.
Por otro lado, la Ley
maestra de libertad de elección educativa trata de anular dos aspectos
aprobados en la LOMLOE para frenar la segregación: no financiar con dinero
público nuevos centros que separen al alumnado por sexo y, en segundo lugar,
combatir el distrito único que favorece la movilización a centros de privilegio
de los que pagan frente a los centros gueto,
en contra de la escolarización de cercanía que propone la LOMLOE.
La Ley maestra de
libertad de elección educativa miente en múltiples aspectos. Por un lado,
no garantiza el derecho a recibir enseñanzas en castellano cuando la mayoría de
las familias se ven obligadas a llevar a sus hijos e hijas a centros bilingües
generando numerosas dificultades en el aprendizaje, en la comunicación y en la
convivencia. Por otro lado, vulnera el derecho de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales a tener una educación inclusiva, como
defiende la LOMLOE. En lugar de dotar de más recursos a los centros ordinarios
para favorecer la inclusión real, promueve su escolarización en centros de
educación especial.
Tampoco esta Ley
Maestra promueve la participación decisoria de las familias en los centros
educativos y miente también cuando dice que apuesta por el esfuerzo frente a la LOMLOE, pues en Madrid ya podía promocionarse
con 5 o más suspensos en la ESO desde el gobierno de la señora Cifuentes que no
fue precisamente un ejemplo de esfuerzo.
Rechazamos esta mal llamada Ley maestra de libertad de elección educativa porque es una ley que
no aborda los problemas de la educación madrileña y promueve un mayor incremento
de la desigualdad social y la segregación, incluso abandonando a muchos niños y
niñas en situaciones extremas de exclusión social como el caso de la Cañada
Real.
La Comunidad Educativa madrileña no se merece estos gestores
que no se interesan por la Educación Pública, sino por el negocio y la
especulación, derivando permanentemente fondos públicos hacia la iniciativa
privada. Su estilo autoritario además impide cualquier debate o propuesta que
provenga de otros grupos parlamentarios, de la Comunidad educativa y de los
agentes sociales.
Otra cuestión preocupante de cara a los próximos cursos es
la infravaloración de algunas asignaturas como es el caso de Biología. Debido a
la combinación de los nuevos currículos de la LOMLOE y del decreto de la
Comunidad de Madrid, se bajan los períodos lectivos y, por tanto, se producirá
una pérdida de conocimientos del alumnado en esta materia.
Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde, exigimos al Gobierno Madrileño que revierta
la situación: una inversión del 7% del PIB que sea destinada a la Educación
Pública. No se pueden seguir cerrando líneas en centros públicos ni Escuelas
Infantiles para dárselo a la privada. Necesitamos con urgencia nuevas
construcciones en una sola fase tanto en barrios nuevos como en municipios que
están creciendo, sin masificar ni maltratar al alumnado.
Hay que bajar las ratios para tener una educación de calidad
cuyo ideal nos parece de 15 en todas las etapas educativas y, por supuesto,
menor en Infantil. Además, se debe volver a los 18 periodos lectivos del
profesorado y aumentar los perfiles profesionales necesarios para asegurar una
atención a la diversidad adecuada. Mención especial merece la figura de las
PTSC (Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad), claramente insuficiente en
la actualidad por lo que demandamos un PTSC por centro. O la falta de otros
profesionales para abordar los problemas de acoso o de salud mental del
alumnado. Lejos de mejorar la situación del profesorado, empeora seriamente en
carga horaria con hasta 22 horas o se hacen contrataciones del personal
interino que superarían esas 22 incluso y podrían considerarse en fraude de
ley. Finalmente, nos oponemos firmemente a la Ley Maestra de libertad de elección educativa porque vulnera los derechos de los niños y niñas a un
sistema educativo inclusivo y equitativo.
¡Queremos una Educación Pública de
tod@s, para tod@s y con tod@s!
¡No al saqueo de la Pública y dinero
público para la Pública!
¡La Educación y la Sanidad se
defienden, no se venden!
10 de septiembre de 2022
Asamblea Marea Verde Madrid
Entradas relacionadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario