¿Vale todo? (Manuel Menor)

En lo que hacemos y decimos no todo vale 

La ética colectiva, el sentido social de la propiedad o la protección de los menores no pueden ser cuestionados sin oscurecer la convivencia. 

Los ruidos del año que acaba de empezar parecen ir en la línea de que no se pierda la tradición bien asentada de repetir lo mismo de siempre, con más intención de que se conserve, que con ansia de enmendar algo en las desgracias de este presente. En lo que atañe a lo que en público ocupa a los medios, lo que traslucen muchos asuntos que nos atañen a todos, y que afectan al sentido de la convivencia, es una voluntad reiterada. 

El fin y los medios 

Se ha podido ver a propósito del protagonismo del tenis en los días previos al torneo de Australia. Hemos podido hacernos una idea del desajuste que puede haber entre tener gran popularidad, fama y dinero, con los comportamientos que corresponde observar al común de los mortales. En general, salvo los muy forofos del raro patriotismo de este chico servio de nacimiento, y monegasco para lo que le conviene, a la gente de a pie le ha gustado la reacción del Gobierno australiano disponiendo que estaba obligado, como cualquiera que quisiera moverse libremente por el país, a cumplir las normas protectoras frente al coronavirus. Lo curioso, llamativo y provocador vino a continuación a cuenta del alcalde de Madrid quien, aprovechando el boom suscitado en la prensa por el servio-monegasco, ha intentado llevar el agua a su molino sin objeción moral alguna; a fin de hacer crecer la “libertad a la madrileña”, le vendría bien la presencia de este tenista en un evento abrileño para atraer la atención mundial. Desde la Edad Media, era vox populi, a partir del comportamiento de algunos frailes con sus campesinos a la hora de cobrar las rentas del feudo, que “todo era bueno para el convento”. Esta consigna es la que, igualmente, parecen haber adoptado algunos irresponsables al cuestionar, partidistamente, cómo se esté gestionando la protección de menores al margen de si se hace bien o mal. 

En otro lance no menos glorioso, ya no con motivo de las granjas y sus tamaños, producciones y problemas ambientales –que todavía nos hará ver más fotografías de prometedores representantes públicos ante una vaca-, sino tras otra cuestión de importancia como la vivienda, se ha vuelto a ver, después del informe supuestamente “neutral” del Consejo General del Poder Judicial, como algunos de estos políticos volvieron a mencionar que se atentaba contra la propiedad privada. Invocar el “sesgo ideológico” para referirse como un absoluto sacralizado a la privacidad de los bienes, es regresar directamente al siglo XIX, a antes de la primera ley de expropiación, primer gran atentado de los tiempos contemporáneos contra la intangibilidad que entonces revestía este constructo,  como preceptuaba la Economía clásica. Da la impresión, al oírlo o leerlo –sin meterse en los intríngulis de la semántica que en estos asuntos suelen esgrimir algunos ilustres representantes del ámbito judicial-, que les gustaría retrotraer hacia la primera mitad de ese siglo la evolución democrática; no les importaría dejar atrás las primeras leyes e instituciones sociales –las que dieron fuerza al Estado Social-, como garantía y motor de estas políticas cívicas; tampoco las de más tarde, después de 1945, que configuraron en Europa el  Estado de Bienestar, que tanta protección proporcionó a las clases asalariadas en general. Es decir, cuando sentencian y tratan de sentar doctrina, pastorean a un amplio sector de votantes para que presione a sus representantes  en el Congreso de Diputados y traten de imponer un criterio contrario a lo que ha sido el avance social de los europeos, y de los españoles en particular. Parece que les encante tener un Estado disminuido como no sea para extraer de él jugosas ganancias. 

Función social de la propiedad 

Ni siquiera en la Edad Media, en pleno siglo XIII, tendrían cabida algunos de estos eminentes instigadores de la vida política. Ni Santo Tomás de Aquino se lo hubiera tolerado; en su tesis sobre el “uso de las cosas” (Summa Theologiae. IIª. IIae,. Q. 32, a.6) decía que “a nadie se manda socorrer a los demás con lo necesario para sus usos personales o de los suyos; ni siquiera a dar a otro lo que él mismo necesita “, pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra…, son estos deberes de justicia”. 

Para enmendar su afán, debieran rememorar que, cuando el káiser Guillermo I anunció el 17 de noviembre de 1881 el pionero programa alemán “de seguridad social” –que enseguida tuvo eco en los demás países europeos- se trataba de grantizar no solamente “el bien positivo de los obreros”, sino, ante todo, el orden social colectivo”; no era una cuestión estrictamente de clase, sino provechosa para todos, que el Estado se implicara –en detrimento de la absolutización de las  ganancias privadas- en la asistencia sanitaria, accidentes laborales, innvalidez y pensiones: la paz y “seguridad social” iba en ello. Este proteccionismo frente a los peligros del mercado autorregulador, incluso tuvo eco  en Cánovas del Castillo ideológicamente más avanzado  que muchos de los que, proclamándose herederos suyos, hablan alto en instituciones actuales. Alguna vez más ha aparecido en esta columna esto que dijo en la inauguración del curso 1890-91, del Ateneo madrileño: “El sentimiento de la caridad y sus similares no son ya suficientes por sí solos para atender las exigencias del día. Necesítase, por lo menos, una organización supletoria de la iniciativa individual que emane de los grandes poderes sociales”.  Cánovas venía a consensuar la necesidad de que la Política económica estuviera atenta a lo que hay más allá de la propiedad individual ayudando a generarla. 

Quienes hayan leído el Informe FOESSA-22, recién publicado, tienen a mano una acreditada encuesta realizada entre siete mil familias con necesidades, muy bien conocidas por el trato que con ellas tienen los asistentes sociales de Cáritas. Una lectura cuidadosa hará ver ver hasta qué punto estas voces ruidosas que exaltan el egoísmo individual tienen algo meritorio que decir para que cuidemos el imprescindible egoísmo colectivo. De cómo seamos capaces de atender a los que más lo necesitan, más dependerá que merezca la pena el supuesto pacto común que representa la CE78, la cual tiene, por cierto, entre sus derechos ciudadanos los propios de un Estado Social, y en el art. 33.2 dejó establecido que atendiéramos “la función social” del derecho de propiedad.  

Madrid, 19.01.2022

Manolo Menor