La “Ley maestra de libertad de elección educativa” no es más que otro intento del gobierno de la Comunidad de Madrid de acabar con la Educación Pública. Contradice los avances incorporados por la nueva Ley de Educación a nivel estatal (LOMLOE) en muy diferentes aspectos, especialmente en los relacionados con la equidad e inclusión de alumnado y familias, la cesión de suelo público a empresas privadas para la construcción de centros educativos privados-concertados y la publicación de rankings de centros con los resultados de pruebas académicas.
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domingo, 30 de enero de 2022
Manifiesto "Contra la Ley maestra de libertad de elección educativa” (Asamblea Marea Verde Madrid. 30-1-2022)
La ley se justifica en manipulaciones y no debería aparecer en su título la hermosa palabra “maestra” que nombra a una persona que comparte su conocimiento y transmite sus valores educativos de forma honesta y veraz. En lugar de llamarla “Ley maestra de libertad de elección educativa” deberíamos llamarla “Ley de la Segregación”.
Esta ley, manipulando el término “libertad educativa”, promueve la enseñanza en centros privados sostenidos con fondos públicos (concertados). Estos centros tienen otros intereses ajenos a los educativos, no son centros públicos exentos de lucro y de ideario. Por lo tanto, no son una alternativa a los centros públicos atendidos por profesorado funcionarial.
Con esta ley educativa madrileña no se garantiza la igualdad, sino todo lo contrario, se segrega al alumnado, subvencionando con dinero público una educación en centros privados que pueden pagar solamente determinadas familias, sin transparencia en el reparto de los fondos.
La Comunidad de Madrid no ofrece igualdad de oportunidades porque no existen todos los centros públicos necesarios, es la que menos invierte en Educación Pública y ha privatizado la mayor parte de la Formación Profesional. Por lo tanto, no garantiza a las familias plazas en centros públicos para quienes las quieran o necesiten. Además, promueve la construcción y habilitación de centros escolares privados en concierto para que las familias se vean todavía más abocadas a llevar a sus hijas e hijos a este tipo de centros, en contra de su voluntad y sin poder ejercer la tan cacareada y engañosa “libertad de elección educativa”.
Por otro lado, trata de anular dos aspectos aprobados en la LOMLOE para frenar la segregación: no financiar con dinero público centros que separan al alumnado por sexo, y en este caso la “Ley maestra de libertad de elección educativa” contraviene la ley de rango superior apoyándolos económicamente; y, en segundo lugar, en contra de la escolarización de cercanía que propone la LOMLOE, la “Ley maestra de libertad de elección educativa” defiende el distrito único, que favorece la creación de centros gueto frente a centros de élite o de privilegio.
Esta ley miente también diciendo que avala y garantiza el derecho a recibir enseñanzas en castellano. En Madrid, desgraciadamente la mayoría de los centros son “bilingües” y muchas familias se ven obligadas a escolarizar en ellos a sus hijos e hijas. Esto está generando y agravando las dificultades en algunos aprendizajes y en la resolución de problemas de convivencia, pues se obliga a hacer las tutorías en inglés y eso precisamente dificulta aún más el abordar los conflictos relacionados con lo personal y con el respeto a la diversidad.
Otra cuestión de máxima gravedad es que esta ley es un claro ataque a la inclusión educativa, manipulando el término “inclusión” utilizándolo a su antojo, pues supone un ataque directo a los avances que promueve la LOMLOE. En lugar de crear más plazas públicas en centros públicos ordinarios para alumnado con necesidades educativas especiales, propone una variedad de itinerarios segregadores y excluyentes. En vez de dotar a los centros de medios personales y materiales para favorecer la inclusión real de todo el alumnado en centros ordinarios compartiendo el espacio educativo, promueve más segregación y menos inclusión.
Para garantizar una inclusión educativa efectiva se han de reducir las ratios, aspecto crucial para atender de manera individualizada al alumnado no solo con necesidades específicas de apoyo educativo, y que esta ley no contempla. Y se han de evaluar no solo las barreras físicas, sino las actitudinales, las culturales y de aprendizaje, para superarlas o al menos paliarlas, haciendo diagnósticos de la situación con todo el alumnado.
Se deberían establecer los mecanismos para una escolarización equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y garantizar plazas públicas para este alumnado en su entorno próximo, evitando tener que desplazarse en busca de los recursos personales y materiales que precise.
La “Ley maestra de libertad de elección educativa” dice que defiende la educación especial, como si la LOMLOE prohibiera o eliminara los centros de educación especial, algo que no es cierto; sino que propone una mayor inclusión educativa en los centros ordinarios, dotándolos, eso sí, de los recursos necesarios.
Por otra parte, la LOMLOE recupera la participación decisoria de las familias en los centros educativos, mientras la Comunidad de Madrid con esta ley no promueve nada en este sentido, considerando a las familias solo sujetos susceptibles de ser meramente informados de la educación de sus hijos e hijas, obviedad innecesaria teniendo en cuenta el marco y aplicación del derecho en materia de infancia.
Cuando la Comunidad de Madrid dice que apuesta por el esfuerzo frente a la premisa de que la LOMLOE promueve la titulación y la promoción con suspensos, falta a la verdad. En nuestra Comunidad se puede promocionar en la ESO hasta con 5 suspensos, algo que no permiten otras comunidades. Además, llama la atención que no se reclame el mismo esfuerzo para algunos de sus dirigentes que parecen haber obtenido precisamente sin él sus titulaciones, o de forma irregular como pasó con la señora Cifuentes, a quien nuestra presidenta, a pesar de la situación bochornosa que vivimos, concedió la medalla de oro de la Comunidad.
La Educación es ante todo un derecho de todas las personas y las administraciones públicas han de posibilitar las condiciones necesarias para su ejercicio más allá de las circunstancias personales y socioeconómicas, velando por la equidad y la igualdad de oportunidades. Esto solo es posible con un verdadero compromiso con la atención a la diversidad, que exige mayores recursos de apoyo a los centros y el fortalecimiento de los servicios públicos de Orientación. El gobierno de Ayuso y Ossorio no está interesado en la calidad de la educación para todos y todas cuando crea una ley que apuesta por la segregación y la educación privada-concertada, desmantelando progresivamente la Escuela Pública.
Rechazamos esta mal llamada “Ley maestra de libertad de elección educativa” porque es una ley que no aborda los problemas de la educación madrileña y promueve desigualdad social con la separación del alumnado en clases sociales o a través de etiquetas diagnósticas. Porque es segregadora por no atender las necesidades educativas de muchas personas o abandonarlas en un contexto como el madrileño, a la cabeza en materia de segregación y exclusión social como señala el propio relator de la ONU.
Por todo lo expuesto, Asamblea Marea Verde Madrid pedimos a los grupos parlamentarios de la oposición de la Asamblea de Madrid que insten al Ministerio de Educación a que recurra la “Ley maestra de libertad de elección educativa” ante los tribunales.
La comunidad educativa madrileña no se merece estos gestores que no se interesan por la Educación, sino por el negocio y la especulación, derivando permanentemente fondos públicos hacia la iniciativa privada. Su estilo autoritario además impide cualquier debate o propuesta que provenga de otros grupos parlamentarios fuera de su bloque ideológico o de organizaciones sociales como sindicatos, asociaciones y colectivos. Ni la escucha ni el concepto de participación tienen cabida en su actitud de ordeno y mando.
A pesar de todo esto y precisamente por eso y con mayor empeño, continuaremos luchando para conseguir avances en el derecho a una Educación Pública de calidad de todas y todos, para todos y todas, sin excepciones ni exclusiones.
Asamblea Marea Verde Madrid
30 de enero de 2022
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Gracias por todo el trabajo para desentrañar la ley
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