domingo, 26 de febrero de 2017

"La España recortada" (Manuel Menor)

Reproducimos este nuevo artículo de Manuel Menor:



La España vaciada  crece recortada y expulsa gente: no es “una gran nación”

Este sintagma apenas se acomoda a la perspectiva del 20% de españoles. Muchos, privilegiados en los Presupuestos, lo son más si se recortan derechos y libertades al resto.

“España es una gran nación”, suele decir Rajoy cuando le preguntan sobre cuestiones que le afectan, sobre las que no tiene la menor intención de aclarar su postura. En un mitin sevillano en mayo de 2015 añadió: “y los españoles muy españoles y mucho españoles”. Ha vuelto a repetir este mantra en la sesión de control sobre asuntos de corrupción el pasado día 22.

Un tópico ideologizado
Desde Geografía, los analistas de la “España vacía” tendrían mucho que matizar sobre tan genérica tesis. Desde la Historia, es difícil de asumir sin añadir largos considerandos a una afirmación que rezuma connotaciones de cuando lo de “Una, Grande y Libre”. El Libro de España de obligada lectura en nuestra infancia escolar trató de inculcárnosla siguiendo la dinámica de José María Pemán en su Historia de España contada con sencillez (1939). Dio de comer a acreditados cómplices de aquellos victoriosos años, como Demetrio Ramos, con su Historia del Imperio. Adaptada al cuestionario para sexto curso de bachillerato (Burgos, Aldecoa, 1942). Y nutrió los exámenes de muchísimos estudiantes hasta no hace mucho, pues docentes ha habido que, pese a investigadores como J. H. Elliot (La España Imperial (1469-1716), 1970), han seguido exigiendo lo que había contado la Enciclopedia Álvarez en sus diversos grados. De 1952 a 1966,  más de 20 millones de ejemplares de este libro, sin contar las ediciones facsímiles de finales de los noventa, contribuyeron a que aquella “España eterna” –nacionalcatólica y antidemocrática- se asentara bien después de la inmediata postguerra. Tanto, que no es infrecuente encontrarla frente a toda evidencia que la ponga en entredicho.

En el debate político, lo de España como “gran nación” no alcanza la categoría de tópico, aunque a Rajoy le sirva para salirse por la tangente y minimizar daños. Pertenece a esa estrategia del “arte de tener siempre razón” y, a veces, es rentable. Expresa esa “cultura de la satisfacción”, de que hablaba Galbraith,  pero no imposibilita que le devuelvan la pelota: si fuera grande lo sería “pese al PP”. Y sí es seguro que, a base de echar balones fuera, se desvirtúa el juego parlamentario, el sistema se hace insostenible y crece la desafección y el descontento.  Es posible, de todos modos, que sea eso lo que se busca, porque hay una España silenciada, fruto del vaciado de sentido que pudiera atesorar el sintagma “gran nación”. Es la España que expulsa jóvenes al exterior, la que acrecienta como litigio su diversidad autonómica y la que, a diario, muestra heridas relevantes en que la plenitud democrática está siendo desinflada.

Al ritmo que va esta desertización interna, pronto la pérdida de atractivo hará que resulte una España irreconocible. Es un proceso de larga genealogía, perfectamente cartografiable, en que los desistimientos actuales se suman a tradiciones de rasgos estructurales. Es sintomática en este sentido la situación de las mujeres, más dura si cabe en muchas zonas rurales de la “España vacía” como ha estudiado Mª Ángeles Martínez. Esa inclemencia fue recordada el pasado día 23 al presentarse un libro colectivo coordinado por Julia Varela, Memorias para hacer camino (Morata, 2016). Los relatos de vida de once mujeres representativas de la generación del 68 mostraban sus extraordinarios esfuerzos para sacar adelante sus vidas y las de sus hijos e hijas. Y aquellas dificultades siguen lastrando lo diferentes que siguen siendo las vidas de las españolas de hoy respecto a las de los varones en cuanto a salarios, expectativas laborales y profesionales, naturalización de roles femeninos y, sobre todo, en cuanto a violencia de género, una lacra que, en lo que va de año ha causado 14 muertes.

El de la  igualdad es el portillo principal por donde se sigue vaciando España por dentro. El próximo día ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a recordarse que más de la mitad de la ciudadanía es objeto específico de discriminación y violencia. Pero el incumplimiento de los derechos y libertades de las mujeres también ejemplifica se violenta la equidad de todos en otros ámbitos. Respecto a corrupción, por ejemplo, nuestra posición, en el puesto nº 19 de países de la UE, es sonrojante para merecer el calificativo de “gran nación”. Y en cuanto a igualdad y exclusión, Bruselas acaba de alertarnos del alza de serios incumplimientos: el 13.1% de nuestros trabajadores están en riesgo de pobreza y los niños (de 0 a 17 años) en riesgo de exclusión andan en el 34,4%; la pobreza severa afecta al 6% de la población total (el riesgo de pobreza afecta ya al 28,6%) y el coeficiente GINI es del 52,9%. Es decir, que la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre, es uno de los más altos de la UE. Se advierte de manera significativa en el acceso a la Sanidad o a la Educación, entre otros muchos servicios, o en que nuestra tasa de temporalidad en el empleo es casi la más alta de Europa: sólo es peor en Grecia. Todo lo cual no parece propio de “una gran nación” respetuosa con los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.

Poder de clase
Concuerdan con ese panorama las reacciones que los múltiples asuntos bajo competencia judicial o fiscal han suscitado en los últimos días. Banal y muy poco pedagógico ha sido para la gran mayoría que, ante las sentencias del caso Nóos, se dijera que “el Estado funciona”. No faltó tiempo para que muchos se preguntaran “cómo funciona” y que cundiera la idea de que no todo el mundo es igual ante la ley por la disyuntiva aplicación del mismo Código Penal a poderosos o a pobres, humildes y miserables. En este ámbito –que no excluye muchos otros-, el mal sabor que han dejado el caso de las tarjetas black, el caso del 3% o los oportunistas cambios de fiscales no difiere mucho.  

Indignación social acumula esta “cultura feliz” del bonus sobre bonus. Porque si la delincuencia sale barata según quién se sea, o si el nacimiento y razones de distinción tergiversan su tratamiento fiscal y judicial, se ejemplifica que no somos iguales ante la ley aunque esta lo aparente. Más que “gran nación” esto parece un cortijo de unos pocos con privilegios y trato muy inferior a los demás. Una parábola para enseñarnos cuánto hayamos avanzado desde el Antiguo Régimen estamental en que, al menos, los dos estamentos privilegiados no hacían ostentación hipócrita: todos sabían que tenían sus leyes y tribunales particulares. Cuando Rajoy empezó su trayectoria política hablaba de “la envidia igualitaria” para zafarse villanamente de estos distingos. Ahora está con lo de “gran nación”, un constructo donde dudosamente caben los pobres, pues “los pobres sacan peores notas”.  Después de tanto tiempo en coche oficial no entenderá que el capital cultural heredado es lo que mejor discrimina los resultados de “literacia” en PISA: por eso se ha empeñado en legislar la discriminatoria LOMCE. Menos admitirá que son los recursos económicos los que determinan –más que el esfuerzo y el saber individual- el acceso a las universidades prestigiosas: por eso está en que el acceso a las públicas sea cada vez más difícil para todos. Hace más de 40 años, los teóricos de la “reproducción social”, Bowles y Gintis, entre otros (1976), lo explicaron bien. Pese a ello, ahí está la LOMCE de Rajoy y su cohorte de decretos recortadores de una educación digna para todos  como si nada.

Un reciente artículo de Vicenç Navarro muestra lo determinante que es este “poder de clase” -como el que ejerce Rajoy- en el subdesarrollo social de España. Según el catedrático de la Pompeu Fabra, “el gasto público social –tanto en su totalidad, como por cada capítulo- está por detrás del promedio de otros países, y muy por detrás de lo que debería ser por el nivel de riqueza que tiene España”. La razón principal de ello estaría en que la mayoría de la población no es de clase media: menos de un 1% controla las grandes empresas; les sigue una pequeña burguesía:  propietarios y gestores de empresas de tamaño menor y una clase media de rentas altas, compuesta por profesionales de educación superior y sectores mediáticos. Ambos se encargan de la reproducción del sistema de poder y de publicitar su escala de valores. En total,  este conjunto de las rentas superiores representa, según el cálculo de Navarro, en torno a un 20% de la población.  Por debajo, estarían las clases medias de renta media y baja, con unas condiciones de trabajo en proceso de deterioro y “proletarización”; y más abajo, la clase trabajadora propiamente tal en su variada diversidad, incluida la de los falsos autónomos. En total, rondan el 80% de la población.

No todos reman en el mismo barco de “la gran nación”: los intereses son contrapuestos y poco tiene que ver lo que interesa al grupo dominante con lo que conviene al 80% restante. No obstante, aquellos tratan de convencer a estos de que si les va bien a ellos le irá bien a todos, cuestión que se dilucida mejor si se examinan los presupuestos del Estado. La disparidad originaria marcaría la disminución del Estado de Bienestar en asuntos tan significativos como Sanidad o Educación. Los posicionamientos encontrados entre sanidad pública y sanidad privada o entre educación pública y educación privada siguen creciendo pese a que esta división sea “enormemente ineficiente e ineficaz”. Mejor sería un sistema público que ofreciera una buena asistencia personalizada, pero se requeriría un gasto público mayor, lo que no conviene a los intereses privatizadores ni al poder que confiere el pertenecer o creer que se pertenece a la clase superior. En Educación, ese “poder de clase” sigue polarizando el sistema educativo por clase social: “descohesiona el país y crea ciudadanos de 1ª y de 2ª desde la infancia”. Según Navarro, al final resulta que “las personas educadas en la privada están sobrerrepresentadas –en porcentajes superiores al 20%- en los círculos de poder”. Aunque los resultados sean negativos incluso desde la perspectiva de la más estricta eficiencia, a nadie parece importarle; el grupo dominante tiene poder para llevar la atención hacia otra parte. Y así, mientras los datos de la CEOE apuntan a que la privatización sanitaria sigue creciendo, se cae un techo de La Paz encima de los pacientes. Un  contexto en que inscribir, con Víctor de la Serna, que los dos partidos alternantes desde la Transición han mutado ”en organizaciones de funcionarios dedicadas a su autopreservación y mantenimiento, y no al servicio público”.

El sistema social ha sido dañado, y una parte sensible de España fácilmente vaciada de los derechos y lealtad mutuos que deben regir en toda “gran nación”. El mal ejemplo ha cundido dentro del propio sistema educativo y tiende a crecer. Valgan dos casos últimos. Al abrir la web de la URJC, lo primero que salta a la vista es que está “en el listado de las 10 mejores universidades españolas”; pero se compadece mal con una gestión y trayectoria clientelar que, según han destacado los medios en este mes de febrero,  socava la moral de quienes allí asisten y también el sistema científico que propugna.  ¿Qué decir, por otra parte, del enjuiciamiento a los cinco profesores del IES Buero Vallejo de Guadalajara porque habían protestado ante unos desmedidos recortes? Parece que hubiera gente a la que la dignidad de la Escuela pública le ofenda, pero los cinco del Buero se merecen otro respeto por parte de las autoridades que dicen querer “mejorar” el sistema educativo. ¿El obediente silencio de  estos profesionales del Buero, habría mejorado el ranking de España como “gran nación”?

Gran nación y Pacto educativo
El modelo de la España que mejor cumple al ser de “gran nación” que propugnan Rajoy y los suyos quedó reflejado con motivo de la comparecencia de Agustín Moreno en la Subcomisión del Congreso de Diputados para el Pacto Social y Político de la Educación el pasado día 21. La exposición cuidada, precisa y optimista de este profesor, que representaba a Mareaverde, evidenció  los planos del deterioro último a que ha sido sometida la educación escolar, especialmente la pública, y cuáles, por tanto, debían ser los elementos primeros a restituir para que todos los ciudadanos se puedan se sientan parte de una sociedad bien trabada. En buena lógica, por tanto, todos los ingredientes y dispositivos utilizados para construir un sistema segregador deberían ser eliminados y, en su lugar, potenciar cuantos faculten la equidad y cohesión social. Ese objetivo debería guiar a los representantes parlamentarios que quieran “hacer historia”, acompañados –recomendó-  por los colectivos sociales que pugnan por sacar partido a la escolarización en el día a día. Seis puntos concretos señaló Agustín como imprescindibles en el empeño: Financiación adecuada (7% PIB); Profesorado comprometido y reconocido (no peones de la administración, sino buenos profesionales); Currículo sin idearios particulares (laico y sin dogmas, pluricultural e integral, sin los Acuerdos con el Vaticano); Educación inclusiva; Universalizar el derecho a la educación de 0 a 6 años; y partir de la Educación como derecho del niño, con una red única de centros de titularidad y gestión públicas.

Las primeras reacciones a esta propuesta pudieron verse entre los parlamentarios presentes. Solamente uno la aceptó bien y otro casi; cuatro hubo que navegaron entre tópicos y doctrina prefijada.  La disparidadades quedaron claras: lo que a un interviniente le pareció una aportación “valiente” suscitó, entre formalidades de buena educación, que otro advirtiera algún aspecto “sectario” y, por tanto, que lo que correspondía a este “diálogo” era oír sin obligarse a casi nada más. Quien repase despacio cuanto allí se dijo o se sugirió, podrá calibrar el juego de fuerzas existente en esta Subcomisión. No se llega al empate que posibilitaría una construcción de una “gran nación” educativa para todos: los parlamentarios allí reunidos no reinterpretarán a la luz del presente lo escrito en el art. 27 hace 39 años.

En apoyo de esta perspectiva de sostenella y no enmendalla, merece atención otra reacción importante. Aparentó no serlo, porque no estaba en el Congreso, la del portavoz de la Conferencia Episcopal. Todavía no han comparecido ni la Concapa, ni “Colegios Católicos” ni algún representante explícito de la Comisión Episcopal de Enseñanza, pero la CEE ya ha cerrando el oído a dos de las propuestas principales de Mareaverde: la clase de Religión y los conciertos educativos (dentro de la financiación de la Iglesia). Es más, esos asuntos principales seguramente quedarán fuera de este pacto tan proclamado como deseable. Para los obispos, estas cuestiones pertenecen al “bien de la educación en nuestro país”. Funcionarios hermeneutas de las esencias, quieren diálogo y dicen ir a él con espíritu constructivo, pero sin apearse de que la “educación integral en la libertad lleva consigo el aporte del hecho religioso”, concretamente desde el ángulo católico. Entienden que hay cosas que “mejorar” –su listado de peticiones y recursos es muy largo, dada su eterna accidentalidad de paso por este mundo-, pero el pacto educativo en que piensan ha de responder “a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo”.

Después de tantos siglos controlando conciencias, el balance cualitativo de su contribución a esa “gloriosa tradición cultural” no debiera fiarse a tanta autocomplacencia. Para cuantos tienen memoria o se han documentado, esa “tradición” muestra abundantes flancos de indubitable colaboración entusiasta a la desconfiada incomprensión de toda emancipación liberadora en este “valle de lágrimas”, sin que haya constancia de su eficiencia salvífica. Pero si se tira de ese “glorioso” hilo cultural mentado por el monseñor, se entenderá mejor –sin recurrir a otros factores sociológicos, políticos y económicos de signo crítico- a qué se refiere Rajoy cuando enfatiza que “España es una gran nación”. También ayuda a descifrar qué sugiere este estribillo a quienes le hayan votado y esperen un Pacto educativo en que las virtudes de la LOMCE permanezcan intactas. Si excluyera que el 80% del personal tuviera que asentir a cómo ve los derechos y libertades cívicos en Educación el 20% del nivel de rentas más alto, habrían de olvidar su fraterna colaboración en esta peculiar “mejora educativa”. Claro que todo es provisional, pues la Historia continúa y el paranoico Trump está ahí para que, junto a sus palurdos fanáticos, no nos hagamos ilusiones con nuestra real dimensión.




Manuel Menor Currás
Madrid, 25.02.2017


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