Cuando se puso en marcha la reforma educativa, muchos pensaron que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) sería casi un «copia y pega» de la LOCE, la malograda ley que elaboró el PP en 2002 y que fue derogada poco después de aprobarse cuando llegó al poder José Luis Rodríguez Zapatero. La realidad ha demostrado que no ha sido exactamente así, pero ambas leyes tienen en común el objetivo de cambiar el actual modelo educativo, que consideran «erróneo» y que expulsa del sistema a uno de cada cuatro alumnos españoles.
Ahora la Lomce ya está en el Congreso a la espera de enmiendas de los grupos parlamentarios que previsiblemente se plantearán en la primera quincena del mes de julio, aunque el plazo concluye en septiembre. En las últimas semanas ya se han llevado a cabo contactos bilaterales entre el titular de Educación, José Ignacio Wert, y los diferentes grupos parlamentarios por separado para explorar aspectos básicos o «centrales» de la reforma en los que exista la posibilidad de llegar a un acuerdo. La idea del ministro es que, si no es posible el acuerdo total, al menos se alcancen algunos parciales para «no dejar ciertos elementos al socaire de los vaivenes políticos», tal y como explicó durante su última intervención en el Congreso. Por ahora no parece que esto pueda producirse, pero se da por hecho que la norma saldrá con retoques del Congreso, ya que, ideologías aparte, algunos consideran que el modelo que plantea la Lomce presenta algunos riesgos, especialmente en lo que a ordenación académica se refiere, que deben subsanarse. Éstos son algunos de los «agujeros» que pretenden cerrarse en el Congreso:
¿Qué ocurre con los que aprueban la ESO pero no consiguen el título?
La Lomce prevé evaluaciones al final de cada etapa educativa. Las que se realizan al terminar la Secundaria y el Bachillerato tendrán valor académico. En ellas se comprobará «el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias». La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Pero, ¿qué puede hacer un alumno si no supera esta prueba aunque haya acabado con éxito la ESO? La ley ofrece la opción de repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Y también puntualiza que «se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria», pero no ofrece una salida clara a estos alumnos cuando lo que se pretende es que sigan enganchados al sistema educativo.
Tan sólo se puntualiza que a estos estudiantes se les dará una certificación oficial en la que constará el número de años cursados, así como el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes. Se alude a que las administraciones educativas «podrán establecer medidas de atención personalizada» a estos alumnos, sin más. De ahí que los expertos consideren necesario que, a su paso por el Congreso, la ley prevea soluciones de futuro más claras para estos estudiantes con el fin de evitar el abandono de los estudios.
«Guerra de las asignaturas» desde Primaria
El detalle pormenorizado, ya en la misma ley, de todas y cada una de las asignaturas obligatorias y optativas que puede estudiar un alumno a lo largo de todas las etapas educativas, en lugar de desarrollarlas en futuros decretos, ha generado desde el primer momento una «batalla de asignaturas» donde unas cuantas salen damnificadas con la nueva ordenación académica. La situación ha generado numerosas quejas entre el profesorado que imparte estas materias, alarmado por los perjuicios que su relegación o su casi desaparición provocaría en la formación académica de los estudiantes. Es el caso de la Educación Artística, que podría dejar de impartirse en Primaria al tratarse de una asignatura específica que la Administración debe ofertar en competencia con Segunda Lengua Extranjera, Religión o Valores Sociales y Cívicos. Así, podría ocurrir que la Administración educativa correspondiente no la ofertara si no lo considera oportuno. En definitiva, el Estado no garantiza que en toda España los alumnos estudien la asignatura de Educación Artística. No es de extrañar que la Confederación de Asociaciones de Educación Musical (COAE) se haya puesto en pie de guerra y haya firmado ya un manifiesto en el que denuncia que la Lomce elimina la obligatoriedad de cursar Educación Artística en Educación Primaria y Música en Educación Secundaria. Reivindica que la Educación Musical debe estar presente en todas las etapas educativas con continuidad, como así sucede en la práctica totalidad de los países de la OCDE. Argumentan que la Educación Musical y Artística «es la base fundamental de la competencia cultural y artística, una de las ocho establecidas en la recomendación de 18 de diciembre de 2006 del Parlamento Europeo y del Consejo como clave para el aprendizaje permanente de todo ciudadano de la UE».
Es por esto por lo que piden que Educación Artística sea una materia troncal en Educación Primaria y que, en Educación Secundaria Obligatoria, en la ordenación académica de 1º a 3º de ESO, tenga la misma importancia que el resto de asignaturas. También demanda que se recupere la doble vía de Bachillerato de Artes, Plásticas y Escénicas.
El fin de la Cultura Clásica y la Filosofía
El Latín, la Cultura Clásica y la Filosofía pierden peso en el currículum educativo, asignaturas que muchos consideran básicas. De ahí que la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) haya emprendido una «cruzada», al frente de la cual se encuentra el filósofo, helenista y académico Francisco Rodríguez Adrados, para que el Latín no acabe siendo una asignatura en «extinción» en el currículum académico. Desde la SEEC no piden otra cosa que se frene esta «desgracia cultural» y que estas asignaturas se queden tal y como están en el actual sistema educativo. Es decir, que se mantenga la Cultura Clásica de 3º y 4º de la ESO como materia de oferta obligada, ya que es el primer contacto que tienen los alumnos con el Mundo Antiguo y la puerta de entrada a los estudios posteriores de Latín y Griego en Bachillerato.
La Filosofía también es una materia venida a menos con el proyecto de ley. Actualmente se imparte a través de tres materias: Educación Ético-Cívica (4º de la ESO), Filosofía y Ciudanía (1º de Bachillerato) e Historia de la Filosofía (2º de Bachillerato). La futura ley de educación suprime dos de las tres asignaturas: Educación Ético-Cívica e Historia de la Filosofía, que pasa a ser una optativa entre 16. Sobrevive únicamenteFilosofía de 1º de Bachillerato. El malestar que esta circunstancia ha generado ha llevado a crear la Red Española de Filosofía, que reúne a asociaciones de profesores de instituto y universidad. En la práctica, reúne a toda la comunidad de Filosofía. Pero aún hay una oportunidad de que ganen protagonismo estas materias a su paso por el Congreso. En este punto de vista coincidirían tanto el ala más conservadora como el principal partido de la oposición.
Cuatro modalidades de Bachillerato
La nueva norma prevé cuatro modalidades de Bachillerato, pero la diferencia entre el Bachillerato de Humanidades y el de Ciencias Sociales es de sólo una asignatura. De ahí que ahora surja la duda de si tiene mucho sentido que por una sola asignatura haya cuatro modalidades en lugar de tres.
Diversidad de contenidos en las materias no troncales
La norma divide las materias en troncales, específicas y de especialidad. El Estado elabora íntegramente el contenido de las materias troncales, que son: Lengua, Matemáticas y Ciencias. Son las que se consideran que tienen el mayor peso académico, pero también se especifica por ley que «el número de horas dedicadas a estas materias no será inferior al 50% del total». Es decir, que si un alumno de Primaria tiene un horario lectivo de 25 horas semanales, la ley garantiza que de las materias más «importantes» se impartan sólo 12,5 horas. Que se den más horas queda en manos del sentido común de las autonomías. Esta circunstancia abre la puerta, además, a una diversidad de contenidos en las materias no troncales.
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