José María Maravall (Madrid, 1942) fue ministro de Educación entre 1982 y 1988. Padre de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), centró su mandato en construir un sistema educativo que garantizara la igualdad de oportunidades. Puso condiciones a las subvenciones públicas a centros privados y cimentó la atención a niños con necesidades educativas especiales. Casi 30 años después de todo aquello, este Premio Nacional de Sociología asiste con preocupación al "ataque más tremendo que ha sufrido la educación pública desde el inicio de la democracia". Maravall responde a las preguntas de Público horas antes de que La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) haya sido aprobada por el Consejo de Ministros. Una reforma educativas que, desde su punto de vista, supone la "ruptura del pacto educativo establecido en la Constitución" y permite "la introducción sistemática de la discriminación".
¿Peligra la educación pública en España?
La actual política educativa y la futura ley constituyen un torpedo contra la educación pública. Es el ataque más tremendo que ha sufrido la educación pública desde el inicio de la democracia. A mi juicio, constituye un ataque a lo que significaba la Constitución al regular la Educación. El artículo 27 de la Constitución constituye el verdadero pacto educativo y la política educativa que se está siguiendo y la nueva ley significan una ruptura de ese pacto educativo.
¿Cuál es el aspecto de la Lomce que más perjudica a la educación pública?
El aspecto más grave, a mi juicio, es la introducción sistemática de la discriminación. Me parece que es una ley muy cruel con los estudiantes. La introducción de exámenes desde edades muy tempranas se remonta a un pasado superado en toda Europa desde hace mucho tiempo. De hecho, desde mediados de los 50 no hay ningún partido de derechas que haya concebido la educación de esta forma. Es una discriminación entre alumnos que vayan a seguir distintas corrientes, que vayan a ser eliminados de la línea general de la educación. Es una discriminación entre géneros, entre los centros públicos y concertados. Otro aspecto gravísimo es que la ley puede atentar contra la libertad de conciencia de muchos estudiantes y de muchos profesores.
¿En qué sentido?
Porque creo que la ley tiene una carga ideológica muy grande que, inevitablemente, va a coaccionar a alumnos y profesores. Creo que la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los planes de reemplazarla van en ese sentido. En general se da un paso atrás respecto del carácter confesional del Estado.
En este tema el Gobierno ni siquiera ha escuchado al Consejo de Estado, que ha pedido que se mantenga Educación para la Ciudadanía.
El Gobierno no oye a nadie al respecto de esta ley, sigue sólo un dictado ideológico imperativo marcado desde fuera, desde sectores extraordinariamente reaccionarios. La eliminación de Educación para la Ciudadanía me parece incluso más grave en estos momentos en los que todo el país está siendo sacudido por una ola de incertidumbre y de desafección respecto de las instituciones. Educar para la ciudadanía significa educar respecto de las instituciones democráticas, la Constitución, la inmigración, respecto de lo que debe ser la reducción de las desigualdades. Eliminar esta materia significa volver a tiempos oscuros.
¿La Iglesia ha ganado la batalla?
Es que la Iglesia nunca pierde una batalla. Lo que un Gobierno tiene que saber es que jamás puede ser súbdito de la Iglesia, esta o la que sea, si realmente es un Gobierno laico que no obedece los dictados de una institución que sólo tendría preocuparse por limpiar su imagen, si realmente es un Gobierno que atiende a los intereses y a las preferencias de los ciudadanos.
Para atender a esos intereses, el Gobierno tiene previsto pasar de invertir en Educación el 4,9% del PIB en 2010 al 3,9% en 2015.
Hace 30 años, el gasto era del 5,35% del PIB. Es un retroceso tremendo. Se acabó la educación compensatoria, la integración de niños y niñas con necesidades especiales por problemas físicos o psíquicos, se acabaron los programas masivos de becas. Se acabó todo eso. Esa idea de que todos los partidos son iguales, si hay un tema en el que se demuestra que es palpablemente inexacta, es en la educación y la sanidad.
Wert justifica los recortes diciendo que la mejora de la calidad de la enseñanza no va ligada a la inversión económica.
Es verdad que no todo es inversión en educación, pero me gustaría saber qué hace el Gobierno en todo lo demás. No ha creado un solo centro de investigación que merezca la pena. Ninguno. Ni bajo el periodo de Aznar ni ahora. Creo que los actuales responsables de Educación, con el señor Wert a la cabeza, no tienen ni idea de lo que significa la excelencia. Ni en la educación ni en la investigación. Se llenan la boca con la palabra excelencia y ellos mismos son una demostración palpable de hasta qué punto ignoran lo que eso significa.
El recorte en universidades se ha traducido en un aumento de las tasas que pagan los estudiantes. ¿Era necesario ese ajuste?
El aumento de las tasas universitarias solamente lo aceptaría si fuera acompañado de un incremento absolutamente masivo de becas (superiores al importe total de esa subida de las tasas), de tal forma que las oportunidades en la enseñanza superior de chicos y chicas de familias con medios limitados no se vieran coartadas. La subida de tasas sin más, incluso acompañada de préstamos, me parece discriminatoria. La universidad no está para efectuar ahorros del gasto público.
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