La sistemática destrucción de todo lo público y su consiguiente deterioro es caldo de cultivo inmejorable para la justificación de las privatizaciones de los servicios que tanto les gusta. Cuando nos amenazan reiteradamente con la prolongación de la edad de jubilación, asistimos impertérritos a la jubilación forzosa de todos los funcionarios en el momento inmediato del cumplimiento de los 65 años, sin posibilidad de acogerse a tipo alguno de moratoria.
Jubilan a los profesores de todo el sector público (colegios, institutos y universidades) y no renuevan las plazas vacantes. Jubilan a los funcionarios de las bibliotecas públicas y tres cuartos de lo mismo. Jubilan a los médicos, a las enfermeras y enfermeros y lo mismo de lo mismo.
Setecientos (700) médicos jubilados de golpe en la Comunidad de Madrid, un buen número de ellos de reconocido prestigio, enviados a su casa, cuando todos sabemos que a esa edad cumplen más que sobradamente con sus funciones y arrastran un bagaje de conocimientos difícilmente reemplazable. Argumentan, como si fuésemos estúpidos —y esto es lo que más me molesta— el ahorro que va a suponer no contar con ellos. El coste de su desaparición no se va a medir solo en dinero —que también—, nuestra calidad de vida va a verse seriamente mermada en todos los sentidos.
Por supuesto, no me olvido del resto de trabajadores que trabajan para el sostenimiento de ese modelo de sociedad de ciudadanos que, entre todos habíamos ido forjando y al que aspirábamos, y que de manera meteórica están desmantelándonos. Pero quiero mostrar desde aquí mi especial agradecimiento a todos aquellos a los que se les ha arrebatado la posibilidad de seguir devolviéndoles a los ciudadanos el fruto de su experiencia y a los que no se han dignado ni tan siquiera agradecerles su labor. Y quiero, por último, manifestar que esto comienza a parecerse cada vez más a un auténtico golpe de estado.
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