Madrid contrató a docentes de Gran Bretaña e Irlanda en septiembre para dar clases de gimnasia, tecnología y plástica. Todos fueron fichados a dedo, sin un proceso de oposiciones, pese a tener interinos españoles en lista de espera. Se incorporaron además a los centros con nociones mínimas (o sin ellas) de español.
Educación apeló a un convenio interno “con universidades inglesas” del que no facilitó datos. Cuando ya estaban en los centros, impulsó un cambio normativo en diciembre para incluir en su legislación esta posibilidad. El borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), del Ministerio de Educación, también prevé este tipo de contratos en el futuro.
UGT denunció la contratación de extranjeros en noviembre al entender que incumplía los principios constitucionales de “igualdad, mérito, capacidad y publicidad”. Tras la actuación de la fiscalía, el sindicato se ha personado como acusación popular penal “para intentar probar” que Aguirre y Figar “han actuado fuera de la ley”, según UGT.
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