La educación pública española, a consecuencia de los compromisos de los sucesivos gobiernos con la iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y un amplísimo sector privado costeado con fondos públicos. No obstante, se han logrado importantes avances en el desarrollo de la red pública, con un incremento notable de centros y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares.
Esta línea de conquistas está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo en diferentes Comunidades Autónomas por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. La ley Wert no tiene ningún rigor, supondrá un salto atrás en el tiempo, una escuela antidemocrática y legalizará lo ilegal para conseguirlo.
En primer lugar, es una chapuza porque para reformar la educación es necesario diagnosticar seriamente y debatir. El anteproyecto de ley (LOMCE) se ha presentado sin memoria previa ni libro blanco que analice y evalúe la situación. Sin ningún rigor y sin evidencia científica que avale sus líneas de reforma. Sin debate: lo único que hizo fue la farsa de abrir una consulta online, equivalente a desahogarse en el Pasquino. Y sin ley de financiación y en un contexto de recortes. Una ley de reforma debe concebirse para mejorar las cosas. No parece ser el caso, ya que esta contrarreforma educativa no va a reducir el fracaso y el abandono escolar al legalizar el descarrile temprano del alumnado y establecer una carrera de obstáculos con numerosas pruebas y reválidas.
En segundo lugar, y lo más preocupante, es el grave retroceso a la mala escuela del pasado, reforzando tres vías:
- Segregación. Los diversos itinerarios supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común a través de tres vías: los llamados programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento desde los 13 años, por la Formación Profesional Básica (FPB) y por los itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se segrega más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. Por ello la filosofía de este modelo educativo es generar más desigualdades y favorecer una sociedad aún más clasista que la existente.
- Confesionalidad, con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento, eliminando Educación para la Ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores democráticos.
- Fortalecimiento de los conciertos privados a demanda, reforzando la doble red que segrega y crea discriminación, produciendo la paradoja de que entre todos financiamos a los que más tienen, mientras se suprimen la atención a la diversidad y la función compensatoria de la escuela.
En tercer lugar, suprime la democracia en los centros con una pérdida del papel y peso de la comunidad educativa y con direcciones elegidas discrecionalmente por la administración y que refuerzan sus funciones; recentraliza el currículo, restando competencias a las comunidades autónomas y provocando un gran conflicto con Cataluña y con otras, acentuado por el carácter provocador del ministro.
Por último, quiere hacer legal lo ilegal. Por ejemplo financiar con fondos públicos la separación del alumnado por sexo en centros privados ultrarreligiosos. La contratación a dedo de profesores nativos, al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la función pública. O la publicación de rankings de centros con los resultados de las pruebas externas para que compitan y para pagar por resultados; cuando lo correcto sería que cooperen y que se asignen recursos en función de las necesidades del centro y del alumnado. En fin, pura ideología neocon que diseña una enseñanza para élites que puedan pagarla, desmantela la educación pública y abre nuevas oportunidades de negocio económico.
Todo este destrozo lo va a protagonizar Wert, un ministro amortizado que será recompensado debidamente por el celo que ha puesto en ejercer de villano. Un desastre de ley condenada al fracaso, ya que nace como imposición sin ningún acuerdo y por tanto condenada a ser efímera. Exactamente hasta que haya un cambio político, escenario que no debería estar lejano, si tenemos en cuenta el desgaste que produce la crisis y la pésima gestión en el gobierno Rajoy. Siempre, claro, que las todas las fuerzas de progreso no sean tan inútiles como para seguir divididas y desaparecidas de la escena política.
Hay que producir a nivel social y ciudadano el debate que hurta el ministerio. Debe darse por múltiples vías: comunidad educativa, claustros, plataformas, fuerzas sociales y políticas. Hay que resistirse a esta ley en la calle y en los centros educativos porque, como dice la Declaración de Sevilla, nada hay más preocupante que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Pero también hay que situar las grandes cuestiones estratégicas sobre el qué hacemos con la educación para que los recortes y reformas no acaben con un pilar tan básico de nuestra vida y para el futuro del país. Ello nos debe llevar a preguntarnos tanto por la educación como por la sociedad que queremos.
Este artículo de Agustín Moreno ha sido publicado en Cuarto Poder
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