elpais.com: Los directores de instituto ven “imposible” garantizar la limpieza
- La asociación mayoritaria de centros calcula que se han reducido un 60% las horas de trabajo y amenaza con no firmar la conformidad con el servicio
La Consejería de Educación ha adjudicado para los próximos dos años el servicio de limpieza de 296 inmuebles (de los que 288 son centros educativos) a la empresa Eulen. Educación sacó a concurso el servicio en seis lotes (hasta ahora estaba repartido en 29 contratos) y la adjudicataria hizo la oferta ganadora rebajando un 12% el presupuesto previsto hasta 30,9 millones, según las cifras facilitadas por la consejería.
Los directores denuncian que la nueva adjudicataria ha reducido una “media del 58%” las horas de trabajo y resaltan que las necesidades de limpieza de un instituto “usado diariamente por gran cantidad de personas” no se pueden comparar con las de otras instalaciones públicas.
Piden una “solución urgente de esta situación” y advierten: como responsables del control del servicio de limpieza se niegan a firmar la conformidad “con un servicio si no se está prestando en las condiciones adecuadas”.
Los sindicatos CC OO y UGT denunciaron hace una semana “atropellos y coacciones” tras la adjudicación y plantean llevar el asunto a los tribunales, después de que parte de la plantilla (unas 200 trabajadoras de 1.700, según estimaciones sindicales) fueran a la calle con cartas por “despido disciplinario” en las que se les acusa de “disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado”, según la misiva que firmaron estas limpiadoras a una empresa para la que todavía no habían trabajado.
Otras han visto reducidas sus jornadas de trabajo, según pudo constatar este periódico con testimonios de las afectadas y los documentos que los sindicatos recaban con la intención de presentar una denuncia. Una limpiadora cobra entre 600 y 700 euros mensuales por entre cinco y siete horas de trabajo, según estimaciones de CC OO.
La empresa, que no ha respondido a preguntas de este diario, indica que no se han producido coacciones y que los despidos se deben a una “reestructuración” del personal.
Los directores se sienten “testigos involuntarios y perplejos” de la reducción de plantilla, que ellos estiman en un 30%, “lo que ha creado situaciones verdaderamente dramáticas con los trabajadores”. La Consejería defiende que “los posibles conflictos laborales específicos” entre la empresa y las limpiadoras “se encuentran al margen de las competencias propias de la Administración” y achaca el cambio a que “en su gran mayoría” eran contratos “desactualizados”. Fueron revisados, según explica por escrito un portavoz de Educación, porque “frecuentemente” pagaban por la limpieza de “un determinado número de metros cuadrados muy superior a los reales”, aunque no ha especificado cuánto pagaban de más ni por cuántos metros cuadrados inexistentes.
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