La Junta Directiva de la Asociación de Directores de Instituto de la Comunidad de Madrid, ahora que ya parece verse el final de este oscuro túnel por el que hemos transitado, sin menoscabo de que algo así pudiese repetirse, o quizás por ello, nos vemos en la necesidad de realizar una reflexión, sin demasiadas esperanzas de que sirva para algo, salvo para poner de manifiesto la realidad de lo que se ha vivido en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
La suspensión de la enseñanza presencial y su sustitución por la enseñanza telemática supuso un cambio brusco en la mayoría de los centros: en menos de una semana todo el sistema se preparó y se puso en marcha para dar servicio. Todo ello sin tener, en muchos casos, la formación suficiente, experiencia previa de algo parecido y en la mayoría de los casos con los recursos personales de cada uno.
Además de intentar conseguir los equipos para todo el alumnado y las correspondientes conexiones, para nosotros era urgente poder “continuar con los procesos de enseñanza”. Esto ha supuesto, no solo un gran trabajo de organización, sino también de resolución de infinidad de incidencias técnicas.
En un principio nos lanzaron al vacío con una Instrucción que en la que se indicaba que podíamos utilizar todo (y en ese todo había incluso herramientas como WhatsApp). Descartadas por inútiles e inservibles las herramientas proporcionadas por la Comunidad de Madrid (EducaMadrid), colapsadas desde el primer minuto, cada cual intentó buscar una salida. Muchos optaron por las herramientas de Google, que por su potencia y sencillez les ha permitido mantener el trabajo con su alumnado.
Hasta la semana pasada estuvimos recibiendo normativa diversa que ha ido cambiando la organización que teníamos implantada, limitando incluso el uso de herramientas tales como formularios, o redireccionamiento de correos, entre otras. Da la impresión de que poco a poco se han ido asustando con asuntos relacionados con la Protección de Datos, y nada mejor que compartir el temor transmitiéndolo a los directivos de los centros, a la vez que eluden su responsabilidad. Si hay problemas de esa índole, y no lo ponemos en duda, su trabajo es solucionarlos y no trasladarlos a quienes se encargan de la enseñanza al alumnado. Dado que GSuite es la herramienta más usada por los centros por su carácter gratuito y su solvencia, al pedir explicaciones a las personas responsables de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid, sobre la posibilidad de usar GSuite, la respuesta ha sido un rotundo no: no se puede usar como herramienta administrativa y por supuesto tampoco para la evaluación a través de classroom. Tenemos que usar única y exclusivamente las herramientas que pone a disposición la Comunidad (oferta que se ha visto ampliada con Microsoft) y nada más. Funcionen o no.
Lo que resulta inexplicable es entonces ¿para qué nos sirve la formación en GSuite impartida por la propia Comunidad de Madrid?, ¿o por qué aparece esta herramienta en sus páginas institucionales?
https://www.educa2.madrid.org/web/innovacioneducativa/novedades/-/asset_publisher/Hr2uVUgbM5Lr/blog/transformacion-digital-para-tu-centro-google-for-education-/15416161?inheritRedirect=false https://www.educa2.madrid.org/web/revista-digital/recursos/-/visor/g-suite-for-education
Nos consta que otras Comunidades tienen implementados estos sistemas a entera satisfacción de los usuarios, por ejemplo la Comunidad Foral de Navarra (según nos corroboran nuestros compañeros en FEDADi de la Asociación de Directores de Navarra), por lo que resulta difícil entender lo que se nos niega. Como resulta difícil entender que centros de titularidad no pública de Madrid lo estén utilizan en sus actividades lectivas sin mayor problema ni con la Consejería ni con la Delegación de Protección de Datos. O que la misma Universidad Carlos III lo emplee en su trabajo docente también sin problemas. Bien es cierto que la Comunidad de Madrid, desde que asumió las competencias, se ha caracterizado por un chauvinismo casi patológico: solo había que utilizar sus herramientas, dado que eran las mejores, independientemente de que funcionasen (normalmente mal) o que no funcionasen. La introducción de nuevas herramientas ha conllevado año tras año, y conlleva, un sufrimiento estéril e inútil de los usuarios: nosotros. Hace años acuñamos la expresión “sadismo institucional” para definir esta situación de hacernos utilizar herramientas para la gestión que, simplemente, no funcionaban con un mínimo de solvencia. Lamentablemente la situación no ha cambiado.
Nuevamente los servicios administrativos se han erigido en protagonistas de algo en que no lo son: la educación del alumnado. Se pervierte claramente su función de apoyar a los centros, que es donde se llevan a cabo los procesos educativos, al hacer que los centros les sirvan a ellos.
Desde el plano educativo, resulta enormemente difícil que en los centros escolares el repositorio propuesto por la consejería esté a la altura de las herramientas digitales de hecho más utilizadas por las instituciones educativas más avanzadas.
Desde los lineamientos que da la propia Unión Europea en su propuesta de Organizaciones Educativas Digitalmente competentes, se deja claro la necesidad de que tanto docentes como alumnos cuenten con las competencias digitales necesarias. Es evidente en los próximos años se generarán nuevas brechas digitales entre aquellos centros que faciliten recursos (tanto de hardware como de software) de calidad a docentes y a alumnos, y aquellos que lo hagan con recursos más deficientes o desactualizados, como sería el caso de los centros públicos con la política actual de la Consejería.
Desde el plano legal no vemos impedimento en utilizar estas tecnologías en su dimensión pedagógica. Creemos que lo necesario es que desde las autoridades administrativas se faciliten las herramientas y recursos para realizar análisis de riesgo ágiles y rigurosos y un despliegue de medidas de seguridad adaptadas a los riesgos identificados. En este sentido, en los comunicados a los que hemos tenido acceso de la Delegación de Protección de Datos de Madrid entendemos que no se prohíbe el uso de tecnologías distintas a las de Educamadrid. Este es el caso del Informe de la Delegación de Protección de Datos de 13 de abril de 2020, sobre La protección de datos en el uso de aplicaciones y plataformas corporativas y ajenas para el teletrabajo en el ejercicio de la función educativa. En caso de que el centro lo considere necesario por no encontrar una tecnología del catálogo de EducaMadrid deberá:
- Realizar un análisis de riesgos
- Proponer las medidas de seguridad de carácter técnico, organizativo y legal
- Aplicar los principios de proporcionalidad y privacidad desde el diseño y por defecto
- Recabar el consentimiento de las familias para garantizar que cuenta con suficiente base legitimadora.
Si hay problemas con Protección de Datos, soluciónenlos, que para eso están, y dejen de actuar de manera que, en los centros, los Directores tengamos que sentir siempre que está sobre nosotros una espada de Damocles por estar ofreciendo un servicio útil a nuestros alumnos/as, y que en la Comunidad de Madrid son incapaces de ofrecer.
Por ello, y sobre todo considerando la posibilidad que el curso próximo nos veamos desgraciadamente abocados a repetir situaciones ya conocidas u otras en las que la atención al alumnado no sea solamente presencial, además de para poder terminar el presente curso con la dignidad necesaria, consideramos que deberían abordarse de manera inmediata las siguientes cuestiones:
- La asunción, por parte de la Consejería de Educación, de las graves deficiencias de las herramientas que proporciona y, consecuentemente, cese en su afán de elaborar nuevas herramientas y establezca convenios con las ya existentes, suficientemente probadas y verificadas, y que siempre les van a resultar inalcanzables en su diseño y prestaciones. De esta forma sería posible materializar una Plataforma garantizada y útil. Resulta penoso que la gestión de ICM se encuentre no sólo sometida a un proceso judicial, sino en el estado lamentable en que está en la actualidad.
- Potenciar la autonomía de los centros, no solo cuando la Administración se encuentra en un callejón sin salida, sino de forma usual en la organización del centro.
- La firma de un convenio con Google (y con cuantas plataformas sean de uso común) para poder usarlas y que los directores no estemos temerosos porque parece que estamos en un marco legal no seguro. Queremos que se firme lo mismo que se ha firmado con Microsoft para poder usar las herramientas de dicha compañía (mucho más adaptadas a las necesidades de la docencia). La no firma de este convenio, nos obligaría a no poder seguir usando la Gsuite, toda vez que ante cualquier reclamación puede exigírsenos responsabilidades como responsables del centro.
Es en estos momentos, especialmente, cuando los Equipos Directivos y los docentes necesitamos y, probablemente merezcamos, un mayor apoyo y comprensión a la trayectoria de trabajo de los centros; y si un recurso se está utilizando por una gran cantidad de centros docentes, y se está demostrando que es útil (además de gratuito), entendemos que debería ser la propia Consejería quién debería ayudarnos a que se puedan utilizar con la máxima seguridad. Lo que no parece ser el caso.
Afortunadamente, tenemos la constancia de que nuestro alumnado y sus familias sí que han reconocido y agradecido el trabajo realizado.
Madrid 01 de junio de 2020
