Detrás
de todo acto político está el derecho a la vida
Nos
lo recuerda todos los días cuanto tiene importancia: la electricidad, la
pandemia, la educación de los hijos, todo.
Fue en 1789, cuando en la Revolución Francesa, cuando el “derecho a la vida”, pasó a estar explícitamente en las grandes declaraciones de la convivencia entre humanos como asunto político nuclear.
La humanidad de todos
No es que antes fuera un páramo absoluto, pues desde el Código de Hammurabi en Babilonia, 1800 años a. C., hay constancia de la preocupación por comportamientos sociales que empezaron a estar fijados por escrito en igualdad para todos. En torno a cuatro siglos más tarde, el Decálogo de Moisés (Éxodo, 20 y Deuteronomio, 5) los señaló para la organización sociopolítica de los israelitas, y el cristianismo los concretó –entre los años 80-90 d.C.- en torno al “amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo” (Mateo, 22, 36-40). La posterior cristianización del Imperio romano entre el siglo cuarto y quinto hizo que ese bagaje fuera principal de la cultura europea y occidental en los siglos siguientes, incluso como referente de lo humano frente a otras culturas. Con los descubrimientos geográficos a partir del siglo XV, la amplitud de lo humano hubo de de ser reconfigurada, pues se había reducido de manera estrechamente etnocéntrica y patriarcal con el ensimismamiento feudal; como ha estudiado Fernando Álvarez-Uría, los primeros brotes de esa apertura en El reconocimiento de la humanidad tuvieron lugar en los albores del Humanismo renacentista; acabarían eclosionando en la revolución de los colonos americanos contra los ingleses y, muy pronto, en París.
Aquella floración fue amarga; mientras los privilegiados del Antiguo Régimen se aprestaron a conservar sus privilegios en lo posible, cuantos desde los estratos sociales hasta entonces inferiores -en particular los burgueses- pudieron trepar en el ascenso social y económico ayudaron a mantener a salvo aquellos intereses, mientras los pobres y asalariados del trabajo se asociaron más vivamente para defender su derecho a la vida. Desde entonces, el genéricamente denominado “movimiento obrero” –nutrido de influencias incluso religiosas- fue sobre todo desde 1848 su brazo en la pelea social y política, mientras el poderoso grupo de los percentiles económicos más altos se reforzó en la conservación del pasado.
La igualdad del derecho a vivir
Esta es la raíz de la gran dificultad, después de esa fecha, para ampliar un poco más el derecho en igualdad a la vida. En el momento actual, ahí seguimos los humanos en esa pelea que, en los países democráticos, se traduce en la configuración de un conjunto de derechos sociales, nunca del todo satisfechos por la pugna subyacente: unos deseando ampliarlos y otros tratando de recortarlos. En el caso de España, en estos días se muestra en bastantes frentes; la pandemia de la que no logramos salir lo muestra claramente y el salario mínimo, la sanidad, la educación de los hijos, la energía eléctrica o el gas, se suman de manera muy destacada a las urgencias de cuanto define la mayor pobreza de muchos o la creciente riqueza de unos pocos a cuenta de los “medios de producción”, imprescindibles para atender las necesidades humanas –empezando por las más básicas-, y que siempre han sido y serán escasos. De cómo seamos capaces de conciliar una moderada satisfacción de todos, depende el entendimiento colectivo y el orgullo de sentirse a gusto en esta sociedad, en la que el pasado pesa mucho.
Detrás de este permanente conflicto, siempre ha habido una soterrada lucha por la “propiedad” de los bienes capaces de solucionar los problemas y necesidades, y hasta muy entrado el siglo XIX, estuvo acompañada por una fuerte tendencia a sostener como inviolable, y hasta sagrado, el derecho de propiedad privada; pero también crecieron los partidarios de coartarla, sobre todo desde que en el último tercio de ese siglo, para evitar males mayores, empezaron a limitarse los omnímodos derechos que conllevaba ser propietario. Sobre esa base se crearon las primeras leyes sociales que, después de la segunda Guerra Mundial, configuraron el “Estado de Bienestar”, es decir, un abanico de coberturas para todos soportadas por leyes e instituciones del Estado. Hasta entonces – y en diverso grado según países- estas formas limitadoras de la propiedad, que habían sido variadas -y a veces con fondo religioso- nunca habían estado generalizadas como obligación; no eran exigibles, por tanto, ante un Tribunal hasta muy entrado el siglo pasado.
El “Bien general”
Hoy, la pugna de fondo ahí sigue. Las declaraciones de ayer por parte del llamado Foro Nuclear , junto con algunas de preguntas en el control parlamentario en la mañana del día 15 de este mes, documentan fehacientemente que esa lucha básica por el derecho a la vida, con unos mínimos de igualdad, sigue latente y no se soluciona con alivios. Solo consensos democráticos hacen viable encontrarle una solución; la Sanidad y la Escuela pública, y cuanto presupuestamos atender con dignidad cada año, son un ejemplo de que es posible, a sabiendas de inconformismos y, sobre todo, de que de no hacerlo todos perderemos mucho más.
A esta conclusión llegó Bismarck en la Alemania de los años ochenta del siglo XIX; a la misma llegaron cuantos, a partir de 1902 sobre todo, apoyaron en nuestro país el seguro de accidentes de trabajo, el primer derecho social en nuestro país. Cien años más tarde, los neoliberales de turno, desde Reagan a Thatcher -imitados por el ala más cerrada del Partido Popular y no frenados por la fracción conservadora de la socialdemocracia-, han vuelto a las esencias del liberalismo clásico del siglo XIX; todas las limitaciones, recortes y silencios que unos y otros pactan, deciden y consienten -junto a las broncas para teatralizarlo en público-, degradan el derecho de todos a la vida, y se saltan lo que dice el art. 128 de la CE78 sobre la predominancia que debe tener “el bien general” en las decisiones a tomar en este conflicto permanente. De igual que se trate de salarios mínimos, la luz eléctrica, prevenciones y cautelas sobre la pandemia, servicios sanitarios, y dignidad que deba tener la educación de todos o la atención a los mayores. A los de abajo en los percentiles económicos –como si sus vidas valiesen menos- hay siempre quienes les están diciendo: cállense, tengan paciencia, que bastante les hemos dado. Dicho de otro modo, que lo que estos días sigue en riesgo es el interés general de todos y cuáles han de ser sus componentes por derecho, no por voluntarista devoción caritativa o benéfica de alguien.
Manuel Menor Currás
Madrid, 15.09.2021.
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