Tras los resultados electorales de las elecciones de mayo, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural ha registrado hoy una Proposición no de Ley pidiendo una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación para debatir sobre la actual implantación de la LOMCE en las distintas Comunidades Autónomas proponiendo su paralización.
Por eso es urgente, en estos momentos, cuando a final de curso se están elaborando las instrucciones y calendarios del siguiente, cuando se deciden los cambios de libros de texto, cuando ya se ha acordado paralizar la aplicación de la LOMCE en la comunidad aragonesa en la ESO y Bachillerato y la suspensión de la nueva reválida de Primaria; cuando en Baleares se acordarán medidas para iniciar de forma inmediata su derogación; cuando en Cantabria los dos partidos que han alcanzado un pacto de gobierno defienden la paralización de la LOMCE, etc., etc.
La total falta de apoyo cosechada en el ámbito parlamentario cuando se aprobó esta contrarreforma educativa de Wert y el amplio rechazo mostrado por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes, muestra a las claras la necesidad y actual urgencia no sólo implementar medidas "paliativas", sino de escuchar a la comunidad educativa y a la sociedad en general, relegando el empeño del partido –por ahora en el gobierno- de poner en marcha una ley que nació muerta, y que está provocando el caos en colegios e institutos, con el consiguiente perjuicio para padres y madres, profesorado y alumnado.
Por eso IU ha venido manteniendo una oposición frontal a la LOMCE, tanto en el ámbito parlamentario con una enmienda a la totalidad, como en el ámbito educativo y social, a través de su campaña LOMCE NO: Insumisión. Hay Alternativa, con el propósito de aunar esfuerzos y sumar voluntades para impedir la aplicación de una Ley impuesta por el rodillo de la mayoría absoluta y ante la cual casi todo el arco parlamentario ha adquirido el compromiso de derogarla tras las próximas elecciones de noviembre de 2015.
Ya no se trata sólo de paralizar la aplicación de una contrarreforma educativa que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, y que busca seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan, sino de avanzar en el amplio debate que se está realizando ya con toda la comunidad educativa, los movimientos sociales, los sindicatos, especialistas en educación, partidos políticos y mareas verdes, en la construcción colectiva de una alternativa compartida de modelo educativo y que se plasmará en el denominado ‘Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo’. Las Comunidades Autónomas deben sumarse a esta propuesta que dé, por fin, estabilidad al sistema educativo español.
No hay comentarios:
Publicar un comentario