IU aboga por una red única de centros públicos
Desde hace años IU viene reclamando la moratoria de los conciertos educativos, su estricta subsidiariedad y la supresión progresiva de la financiación pública de la enseñanza privada, para lograr una red única de centros educativos públicos de ámbito estatal
En los últimos días se están difundiendo declaraciones variopintas acerca de la imposibilidad o de los gravísimos problemas que acarrearía la supresión de los conciertos educativos en nuestro país, tanto por el supuestamente elevado sobrecoste que tendría para las arcas públicas; como por la igualmente supuesta incapacidad de la actual red educativa de centros públicos para acoger al alumnado que está escolarizado en centros privados concertados.
No es de extrañar que este tipo de manifestaciones, tan interesadas como poco rigurosas, procedan casi siempre de la patronal de la enseñanza privada concertada (católica en su inmensa mayoría), que ante todo ve peligrar su rentable negocio educativo, por más que se quejen una y otra vez de la insuficiente financiación pública que reciben, y por mucho que proclamen a los cuatro vientos el inmenso ahorro que supuestamente le aportan a las administraciones públicas.
Ante tales (des)informaciones y frente al uso y abuso que se ha venido haciendo de los conciertos educativos en nuestro país, hasta el punto de que se han cerrado multitud de unidades públicas y centros escolares enteros mientras se extendían o mantenían los conciertos en las mismas zonas, Izquierda Unida se reafirma en la necesidad de invertir el proceso seguido desde que se aprobó la LODE, hace 30 años, hasta lograr la extinción de la doble red de centros financiados con fondos públicos. Para ello, tras los cambios normativos pertinentes, se debería abrir un proceso de incorporación voluntaria y negociada de los centros privados concertados a la red pública, como ya se ha hecho en alguna Comunidad Autónoma de forma parcial.
La educación es un derecho universal que, según la propia Constitución Española, debe ser garantizado mediante un servicio público que permita ejercerlo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación de origen social o cultural, o por razones de creencias, de sexo, de orientación sexual o cualesquiera otras características de índole personal. Y la escuela pública es la única que puede y debe garantizar la equidad, la que puede y debe compensar las desigualdades sociales y ofrecer mejores condiciones para todos y todas.
Respecto a la enseñanza privada, España constituye una anomalía dentro del panorama europeo, dada la alta proporción de centros de titularidad privada que reciben financiación pública a través de importantes subvenciones (según datos del Consejo Escolar del Estado, la escuela concertada recibió en el curso 2012-13 más de 6.300 millones de euros); y esta situación arranca en 1985, con la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación), cuando el gobierno del PSOE dio carta de naturaleza legal y consolidó como una categoría propia los conciertos educativos.
En el gráfico siguiente, publicado en “El País” de 2 de junio de 2014, se refleja[1] la situación en Europa, constatando que estamos a la cabeza en porcentaje de enseñanza privada concertada, sólo superados por Bélgica.
Gráfico El País 02.06.2014
Según los datos anteriores (OCDE 2011), en el conjunto de los países europeos la presencia de la enseñanza privada (subvencionada o no) en la educación obligatoria (Primaria y ESO) es mínima. En la gran mayoría de esos países el alumnado escolarizado en centros públicos supera con creces el 90%, mientras que en España no llega al 70%, con el agravante de que casi la totalidad de nuestra enseñanza privada está subvencionada con fondos públicos.
Se suele aducir que ello obedece al mandato constitucional, pero la “libertad de enseñanza”, reconocida en efecto por la Constitución Española (Artículo 27), se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. En modo alguno se contempla en la Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.
Izquierda Unida viene planteando desde hace décadas la necesidad de acabar con la doble red de centros educativos sostenidos con fondos públicos, que en absoluto responde actualmente a lo que en su día se pretendía con los conciertos educativos: escolarizar al alumnado que la red pública no podía atender en un momento determinado. El proceso seguido, amparado en la normativa aprobada por el PSOE y el PP, ha pervertido su declarado sentido originario, generalizando los conciertos, en detrimento de la educación pública, al margen de las necesidades educativas; y permitiendo que gran parte de la enseñanza privada concertada seleccione y adoctrine a su alumnado, imponga cuotas “voluntarias” a las familias y se desvincule del compromiso de atender a todo tipo de alumnado y en todas las zonas geográficas (urbanas, periféricas, rurales...).
Para revertir ese proceso y lograr una red única de centros públicos abogamos por la puesta en marcha de un proceso que suprima progresivamente la financiación pública de los centros escolares privados, que se basaría en los siguientes criterios:
a) Moratoria de conciertos y estricta subsidiariedad de los mismos respecto a la oferta de plazas públicas existentes. En ningún caso se suprimirán unidades públicas a la par que se mantienen unidades concertadas en la misma zona escolar.
b) Suspensión inmediata del concierto a centros que segreguen por sexo u orientación sexual, o que seleccionen a su alumnado por motivos ideológicos, culturales o socioeconómicos.
c) Apertura de un proceso negociado de incorporación voluntaria de centros privados concertados a la red pública. Al terminar el proceso, los centros que no se hayan incorporado voluntariamente a la red pública dejarían de ser financiados por las administraciones.
Algunas voces que también se oyen bastante últimamente, aun manifestando su predilección por la educación pública, se inclinan por mantener una parte de la enseñanza privada concertada, aquella que supuestamente desarrolla proyectos experimentales. Para IU, la innovación e investigación educativa no sólo no es patrimonio de la iniciativa privada, sino que por el contrario se ha venido desarrollando mayoritariamente, a lo largo y ancho de nuestro país, en multitud de centros públicos en todas las etapas y modalidades educativas. Buen ejemplo de ello son los Movimientos de Renovación Pedagógica, integrados muy mayoritariamente por docentes comprometidos con la educación pública que llevan décadas investigando colectivamente y mejorando su práctica educativa y la de sus centros y entornos escolares. La investigación e innovación educativa ha de estar al servicio de la calidad con equidad, es decir, de la educación de tod@s y para tod@s que ofrece la escuela pública.
Madrid, 24 de noviembre de 2014
Área Federal de Educación de IU
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Área Federal de Educación de Izquierda Unida
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