Después de haber impuesto manu militari la LOMCE, el ministerio de Educación (MECD) ha sentado a los sindicatos para una supuesta negociación del Estatuto Docente. Y ello sin dar marcha atrás a nada: ni a la ley, ni a los brutales recortes que ha sufrido la educación pública. Es más, la secretaria de Estado de Educación se permite el lujo de provocar con falsedades como que la mayor parte de la inversión educativa ha ido a reducir la ratio y a mejorar los salarios del profesorado que, para quien no lo sepa, llevan congelados desde el inicio de la crisis.
El MECD ha puesto sobre la mesa algunos artículos de un proyecto de Estatuto Docente que se refiere al sistema de ingreso en la función pública docente. En su artículo 20 establece que en la fase de oposición habrá pruebas orales y escritas de idioma extranjero, así como de competencia digital. Hay que recordar que una oposición tiene como objetivo aplicar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Se trata pues de realizar pruebas objetivas que permitan medir la competencia científica y pedagógica. Es decir, que el aspirante domine su materia y sea capaz de trasmitir las ganas de aprender a su alumnado. Así es como seleccionan a los buenos docentes en países que obtienen las mejores calificaciones.
Como no podía ser de otra manera, defiendo la competencia lingüística en inglés y otros idiomas y la competencia tecnológica para desenvolverse en el mundo actual. Pero vamos a distinguir las cosas. No creo que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) sean el tema central. He sido miembro de tribunal de oposiciones de secundaria, y en la defensa de la programación didáctica que se hace en todas las especialidades hay formas para demostrar la competencia en las nuevas tecnologías. Lo que esconden es la falta de recursos tecnológicos que tenemos en las aulas. La mayoría de los centros no disponen de medios y se reparten como pueden lo que haya.
La pregunta es por qué se quiere aplicar esta medida. ¿Acaso va a mejorar el nivel académico porque todos los profesores hablen mejor inglés? ¿Va a mejorar por ello la calidad del sistema educativo y se va a reducir el fracaso escolar?
El Ministerio de Educación, con gran simplismo, sitúa que, para ser un buen profesor, el dominio del inglés es un factor clave. Las cosas son mucho más complejas y hay que enfocarlas de forma sistémica. Si se quiere mejorar la competencia del profesorado y los sistemas de selección hay que hablar de formación inicial, de un planteamiento equilibrado para el acceso entre experiencia y brillantez, del sistema de tutorización del nuevo profesorado, de la formación permanente, de su evaluación y de la carrera docente. Para aumentar la competencia del profesorado tiene más importancia seguir al nuevo docente en su rodaje práctico (por ejemplo con un sistema equivalente al MIR) y recuperar la formación desaparecida por los recortes, que someterles a una prueba en inglés.
El inglés no tiene por qué ser un elemento selectivo, al mismo nivel que la capacidad científica y didáctica, para la idoneidad docente. Si se hace pensando en los centros públicos bilingües, hay que decir que ya existe una vía para habilitar a los profesores para que puedan impartir sus clases en otros idiomas. Pero no tiene por qué ser una obligación para todo el profesorado.
Y no es una cuestión de corporativismo. Es considerar una barbaridad cateta y neoliberal que toda la enseñanza gire en torno al inglés y a la informática. Otra ocurrencia en la misma línea, de la Comunidad de Madrid, es que cualquier titulado pueda ser maestro. Algo que no sucede en otros países donde se defiende la especialización del profesorado. Esta propuesta supondría una vuelta al pasado al despreciar la formación específica. Pongamos ejemplos de lo anterior: ¿por qué va a tener que hacer un examen de inglés selectivo y discriminatorio un aspirante a profesor de lengua castellana, física, matemáticas o geografía? ¿Se imaginan a un licenciado en derecho o veterinaria educando a niños de 3, 6, 10 años? Absurdo ¿no? Porque sencillamente no se han preparado para una tarea tan importante y específica que evidentemente no da una oposición aunque se estudie mucho.
Es inevitable la sensación de que estas ocurrencias son propuestas-trampa que evitan la discusión sobre los temas de fondo: el reconocimiento del profesorado, la formación continua, la reducción de las ratios, las causas múltiples del fracaso escolar y como superarlo. Y hablando de acceso a la función docente, hay un tema especialmente importante: el aumento de la Oferta Pública de Empleo y la eliminación de la tasa que limita al 10% la reposición del profesorado para recuperar el empleo suprimido. Es decir, lo que hay que debatir es cómo recuperar la inversión educativa perdida para aumentar la calidad educativa.
En el propósito de la derecha está utilizar el inglés como un elemento discriminatorio y de ventaja comparativa para las clases sociales más altas. Esto se agrava más cuando la reducción de becas al estudio dificulta la igualdad de oportunidades. La realidad es que pretenden disponer de un profesorado en el fondo menos cualificado y sujeto a una movilidad y disponibilidad permanente, que sirva para todo y para nada en serio.
Insisto: es bueno aumentar la competencia lingüística en otros idiomas, pero no a cualquier precio. No aplicando programas bilingües, como el de Madrid, que no se evalúan oficialmente y de dudosos resultados. Hay estudios como el de FEDEA que sacan conclusiones muy preocupantes: ralentiza el nivel de las asignaturas aprendidas en inglés y los efectos negativos se concentran sobre los alumnos con familias de menor nivel socioeducativo.
Mi experiencia de trabajar en un instituto público bilingüe en una zona socialmente depauperada me dice que afecta al principio de equidad educativa. Generando segregaciones y guetos que pueden convertir la educación en un riesgo para una parte del alumnado, en vez de ser una oportunidad para todos.
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