"Planchados". Así se han quedado los padres y madres de los alumnos afectados por el cierre de colegios ordenado por la Consejería de Educación de Madrid. Después de haberse movilizado durante semanas contra esta decisión, proponer alternativas [pdf] a la titular del ramo, Lucía Figar; e incluso pedir "asilo educativo" a la embajada de Finlandia, hoy verán como sus esfuerzos han caído en saco roto.
Este viernes termina el plazo de admisión en las escuelas públicas de la comunidad y, con ello, la "reorganización de centros" -como la denomina la Administración- se hará efectiva. Los niños de once colegios de Madrid, Leganés, Alcalá de Henares, Getafe, Aranjuez, Coslada y Móstoles deberán matricularse en los nuevos colegios que la Consejería les ha asignado. Eso, o quedarse en casa el curso que viene. ¿O, tal vez, no?
A la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Madrid aún le queda una carta en la manga. Si realmente llega a aprobarse la fusión de centros de Figar, recurrirán a la justicia para intentar reprobarla. "La Consejería parte de un punto de partida que es falso: se escuda en la escasez de matriculaciones en los colegios que quieren cerrar, cuando siempre ha habido más demanda que las plazas que en ellos se ofertaban", explica el presidente de la Fapa Giner de los Ríos, José Luis Pazos.
La plataforma por el Modelo de Educación Infantil Pública (MEIP) de Leganés confirmó esta teoríael pasado abril, cuando presentó en la Consejería decenas de solicitudes de padres que querían inscribir a sus hijos en los colegios Verbena y Valle Inclán de la localidad. "Estamos planchados,no nos han dejado participar en este proceso, colaborar, intentar buscar otras soluciones y mañana [por hoy] tendremos que matricular a nuestros hijos en un colegio que no queremos", lamenta uno de los padres afectados.
Además, el colectivo Ni un cole menos -que agrupa a buena parte de los afectados- ya ha denunciado en varias ocasiones que, con esta decisión, Figar vulnera la libertad de elección de los padres que sí defiende en su decreto de área única de escolarización. "Yo no quiero irme a otro colegio, quiero el Verbena", insiste.
De hecho, este es el otro motivo por el que, precisamente, intentarán recurrir esta medida ante los tribunales. "La Consejería se contradice con sus propias leyes: no puede proclamar la libertad de elección en una y eliminarla en la otra", explica Pazos, que asegura que este tema ya está en manos del gabinete jurídico de la Fapa Giner de los Ríos. "Además -añade el presidente de la Federación- existe un mandato constitucional por el que este tipo de decisiones tiene que contar con la implicación de la comunidad educativa y eso, en este caso, no se ha hecho", concluye
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