El Gobierno de Castilla-La Mancha explicó ayer que los docentes están obligados a cumplir la ley y, por tanto, no se pueden reunir en los centros educativos sin informar previamente a los inspectores educativos, algo que el PSOE ha rechazado por entender que se coartan sus derechos y libertades públicas.
El director general de Recursos Humanos y Programación Educativa de la Junta, José Jaime Alonso, explicó antes de comparecer en la Comisión de Educación de las Cortes regionales, a petición del PSOE, que la orden dada a los inspectores de impedir reuniones no autorizadas«está amparada en la normativa vigente».
La normativa, según Alonso, es «bastante clara sobre los derechos y deberes que deben de cumplir todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los docentes». Explicó que la Junta «lo que hace es aplicar la normativa», que garantiza el derecho de reunión y la libertad de expresión, «y lo único que pide por parte del servicio de inspección es que siga los cauces reglamentarios para tener un control del correcto funcionamiento de los centros».
Alonso cree «de sentido común» conocer cómo actúan los centros educativos y pidió «un poco de cordura» para explicar la necesidad de utilizar una instalación, porque «esta Administración tiene un carácter dialogante y está comprometida por facilitar el buen funcionamiento de los centros y las relaciones de los docentes».
«No se impide que se puedan reunir, simplemente que lo tienen que solicitar y explicar porqué para tener la autorización pertinente», razonó. Según Alonso, el servicio de inspección ha funcionado estos meses «de manera ejemplar», sin desajustes ni conflictos destacables, y ha cumplido con su trabajo de velar por que se cumpla la norma legal, por lo que «si ha habido alguna irregularidad estamos dispuestos a mejorarlo».
La portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Mari Carmen Rodrigo, pidió al Gobierno regional que «admita que los profesionales y las familias pueden no estar de acuerdo con sus medidas de recorte y tienen todo el derecho del mundo a expresarlo y a dar su opinión sobre el tema».
Explicó que el PSOE solicitó esta comparecencia «porque hemos visto que se están intentado limitar los derechos a la ciudadanía». Rodríguez pidió al Ejecutivo que «eche para atrás las sanciones que ya ha impuesto, los procedimientos abiertos, y que asuma que se pueden no estar de acuerdo con sus recortes».
«Están limitando la libertad de expresión que está protegida constitucionalmente», agregó Rodrigo, quien justificó que «no ha habido ninguna interrupción de la paz social ni se han hecho otros planteamientos diferentes, simplemente se manifiesta una opinión que ellos entienden que no es adecuada, pero ni la admiten ni dejan que se expresen libremente».
No hay comentarios:
Publicar un comentario