lunes, 10 de febrero de 2020

Educación y sostenibilidad (Víctor Manuel Rodríguez para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Víctor Manuel Rodríguez para eldiariodelaeducacion.com

La ministra de Educación anunció la creación de una materia sobre sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Todavía es pronto, pero sería interesante que contemple una mirada amplia y vigile que en otros puntos del currículo no hay contradicciones, que se dé información variada sobre las cuasas diversas del cambio climático y que tenga también un carácter práctico para el alumnado.
2/2/2020

El pasado 9 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del Clima de Madrid, la hoy ratificada ministra de Educación, Isabel Celaá, anunció formalmente algo que ya se había anticipado desde su Ministerio: la incorporación al currículo de la nueva Ley Educativa de una asignatura relacionada con la sostenibilidad ambiental y con la lucha contra el cambio climático.

Como ya hemos señalado en este medio, la preocupación por estas cuestiones ha cobrado un nuevo impulso que necesariamente tiene que tener su reflejo en el mundo educativo. Parece que la sociedad, al menos en una buena parte, se ha dado cuenta, por fin, de la magnitud de los problemas a los que nos enfrentamos. Algunas de las manifestaciones de esa toma de conciencia se están dejando ver ya en nuestros centros educativos. Por una parte, la agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible están empezando a movilizar, aunque puede que por el momento sobre todo en un plano formal y más bien timorato, a una parte del mundo educativo. Por otra, los propios alumnos y alumnas, muchos de ellos impulsados por o aglutinadas en el movimiento Fridays for future, empiezan a exigir que nos tomemos en serio los desafíos climáticos también en la escuela.

Al igual que ocurre en muchos otros ámbitos, la emergencia de un fenómeno como este y la toma de conciencia más global pueden movilizar, pero también se puede correr el riesgo de que el resultado sea algo más bien estético y de poco calado. Aunque teniendo en cuenta las dimensiones y la envergadura del desafío al que nos enfrentamos, la situación parece asegurar, al menos, una cierta continuidad en el tiempo de las medidas que se pongan en marcha y, seguramente, una mayor profundidad en la conciencia de profesorado, alumnado y familias.

Pero va a depender mucho de cómo se conciba esta propuesta nueva para que resulte eficaz y sirva para lograr los fines que pretende. Desde nuestro punto de vista, hay tres cosas que deberían tenerse en cuenta: contemplar estas cuestiones con una mirada amplia, donde lo climático no sea una circunstancia o algo aislado; abordarlo de forma transversal a lo largo de toda la escolaridad y, por último, trabajar estos temas no solo con teoría sino con metodologías activas que promuevan el debate crítico y la acción responsable de cada comunidad educativa.

Como decíamos, con independencia de la denominación final de la asignatura, de la forma que adopte y de su carga lectiva, su concepción y contenido no pueden quedar circunscritos al cambio climático o la sostenibilidad ambiental como si se tratara de escenarios más o menos acotados y de perfiles nítidos. La materia debe abordar en toda su complejidad las distintas dimensiones de la crisis ambiental y climática, sin eludir, por ejemplo, las causas que la provocan, el modelo de producción, distribución y consumo que se encuentra en su origen; la dependencia energética de los combustibles fósiles; las características de la industria alimentaria o del sistema de transporte, la depredación de los bosques, mares y ríos, etc. Tampoco puede eludir hablar de las consecuencias, que no son sólo, por dramáticas que sean, sobre los ecosistemas, sino que afectan a millones de seres vivos y provocan y provocarán migraciones masivas, hambrunas, guerras y mucha más injusticia social.

También ha de tenerse en cuenta que el trabajo sobre estas cuestiones, aunque tenga un lugar privilegiado en una asignatura o ámbito concreto del currículo –aún no sabemos bien cuál será el encaje final–, debe abordarse de una forma transversal en el conjunto de las áreas y materias y a lo largo de toda la escolaridad. Es imprescindible que exista una cierta coherencia –tal vez no quepa aspirar a la coherencia completa– en las distintas situaciones de aprendizaje y contenidos que se trabajan en la escuela. No puede haber una asignatura sobre sostenibilidad y a la vez contenidos en otras materias que aludan a las bondades del transporte aéreo o a las grandes ventajas que aportan y lo eficientes que resultan las industrias alimentarias convencionales frente a las de producción agroecológica; o las nuevas formas de distribución alejadas del territorio y controladas por unas pocas empresas.

Por último, es importante pensar, aunque seguramente esta debería ser la aspiración en todos los ámbitos del aprendizaje escolar, que abordar estas cuestiones debe hacerse con planteamientos metodológicos activos, en los que tengan cabida el diálogo, el debate y la discusión y en los que se pongan en marcha proyectos de indagación, experimentación, investigación y aprendizaje. La sostenibilidad o la lucha contra el cambio climático no puede basarse sólo en experiencias de aprendizaje conceptual: deben acompañarse del cuestionamiento de los valores y las actitudes personales y deben proporcionar herramientas de intervención personal pero también posicionamientos de carácter crítico con los modelos de funcionamiento actuales.

Pronto veremos cómo se concreta esta buena iniciativa. Falta nos hacía. Y falta nos hace no equivocarnos desde el principio sobre cuál es la mejor manera de enfocarla.

domingo, 9 de febrero de 2020

Calendario de acciones de Marea Verde Madrid del 10 al 16 de febrero de 2020. Próximas convocatorias


Lunes 10
10 y 12-2-2020 XVII Jornadas. Respuesta educativa a un Derecho (18:00 h, en el IES San Isidro. C/ Toledo 39)

Martes 11 -> #ADIMArtes
10 y 12-2-2020 XVII Jornadas. Respuesta educativa a un Derecho (18:00 h, en el IES San Isidro. C/ Toledo 39)

11-2-2020: Reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas (17:30 h, en la AV de Palomeras Bajas)

Miércoles 12 -> Día de la camiseta verde
12-2-2020: Reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda (17:30 h, en el CEPA -Centro de Personas Adultas-, edificio de la antigua Biblioteca Municipal) 

12 a 14-2-2020 «VII Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos de la RESAD: Maestras vivas: aportaciones de las mujeres en la pedagogía teatral (1920-2020)» (en la RESAD)

Jueves 13 
12 a 14-2-2020 «VII Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos de la RESAD: Maestras vivas: aportaciones de las mujeres en la pedagogía teatral (1920-2020)» (en la RESAD)

Viernes 14


12 a 14-2-2020 «VII Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos de la RESAD: Maestras vivas: aportaciones de las mujeres en la pedagogía teatral (1920-2020)» (en la RESAD)

Sábado 15

Domingo 16

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Puedes enviarnos información de las acciones de tu centro/zona a accionesmareaverde@gmail.com y las publicaremos y les daremos difusión.
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En el curso 2019-20... 
...volvemos al verde. 
Ponte la camiseta: ¡pública sí!
...¡SEGUIMOS!
¡Movilízate!

sábado, 8 de febrero de 2020

Urbanocentrismo (Manuel Menor)


No se depriman, que es peor

No estaría mal analizar bien los problemas, para no continuar con soluciones periclitadas, contaminadas de falsa rutina antes de ser puestas en marcha.

Quien vea la serie de HBO El cuento de la criada podrá entender que la imaginación distópica también puede ser educativa. Las vueltas que da la protagonista para que predomine la supervivencia por encima de imponderables políticos, culturales, religiosos y sociales, merecen ser seguidas.

Aunque sea lenta, la introspección que desarrolla la serie en torno a la capacidad de desmontar una situación estructural gravemente lesiva para los derechos elementales, es muy meritoria. Margaret Atswood, la creadora de la novela original, da  toda una lección sobre cómo agarrarse a cualquier resquicio del ser humano -todo ser humano- para apoyar una rebelión profunda que favorezca situaciones dignas de ser vividas que den sentido al vivir.

Urbanocentrismo
No solemos ser capaces de ver ese resquicio en lo que nos rodea. Puede que nuestra sensibilidad haya sido educada de tal modo que, incluso cuando nos hablen del Pin parental y cosas como las que se deducen de unos Presupuestos como los que acaba de aprobar la Comunidad de Madrid, dudemos de si hemos tenido razón alguna vez. Sostener otro modo ver y ser consecuentes es contrario a la placidez acomodaticia y nos puede parecer muy correcto ser indiferentes. Es muy posible. Pero si queremos cambiar algo que merezca la pena, o simplemente tener la esperanza de que pueda cambiarse, es necesario cambiar el chip y descubrir las incongruencias en que nos hayan educado. Es un propósito difícil, claro, pero es posible.

La dificultad de cambiar es patente, por ejemplo, cuando pensamos en el paisaje rural que hemos construido. Difícil admitir que no es algo natural, sino algo construido, histórico, con determinados ingredientes humanizadores y no otros. Ahora es asunto inevitable lo de la España vacía como algo que hubiera caído del cielo. No hay momento en que alguien no eche su cuarto a espadas sobre ese grave problema, cada vez más amplio, en que se entrecruzan una demografía en proceso de envejecimiento acelerado y, como causa y efecto, un paisaje rural cambiante en funciones y morfología vegetal. La mención siempre acaba conduciendo al lamento por el deterioro de los servicios a que todo ciudadano - viva donde viva- tiene derecho. Las escuelas y la sanidad se llevan la palma, como símbolo explícito del abandono rápido en que está incurso el rural. Y mientras esperan a ver quién sea el último en la soledad de la aldea, en el plató se entona, nostálgica, alguna loa de Virgilio. Se repite la escena de Nerón con Roma ardiendo a sus pies, en el 64 d. C., antes de construir su Domus aurea.

Llegados a ese punto, los contertulios habituales suelen enardecerse con el neoliberalismo para dogmatizar -de contrario modo, por supuesto- sobre los efectos que opera sobre el entorno más o menos bucólico que, como personas urbanizadas, tienen naturalizado de sus turistificados recuerdos. No es fácil, cuando esto sucede, dejar de ser el urbanita pensante, con discurso genérico y estandarizado, que, después de la globalización, todos somos iguales, nos encontramos en situaciones iguales, tenemos dificultades y necesidades muy semejantes y, por tanto, que las soluciones de urbanitas pueden remediar la incómoda situación que plantea el hábitat rural. Puede verse masivamente en el tratamiento que estos días se está dando a  los problemas de los agricultores, sus reivindicaciones… y, sobre todo, a las posibles vías de arreglo. Será difícil en este nuevo teatrillo ver a alguien que trate de recordar que este presente, urgido de expeditivos apaños, es fruto de un largo urbanocentrismo, un modo de ver muy asentado desde los años cincuenta principalmente, en que fue precisamente el plantear la vida con criterios urbanoccéntricos -y no con una atención integral al territorio y sus gentes-, el causante de la situación actual, cada vez más frágil. Nunca dirán que aquellas migraciones masivas a las periferias de Madrid, Bilbao y Barcelona, sobre todo, son irreversibles.

 Salvo que nos pusiéramos en otra utopía no imposible pero muy complicada, en que el cambio climático y sus derivaciones acabaran dando un vuelco al hábitat hegemónico, en primera línea de playa o en ciudad muy aglomerada. Y que los jóvenes de más talento de cada comunidad autónoma, especialmente las de mayor declive, entendieran que no merece la pena coger el autobús o el AVE de continuo para dejar su esfuerzo creativo en conurbaciones de gran densidad. Ese reequilibrio está lejos de suceder. Entre otras cosas, porque ese urbanocentrismo  que ha sido el eje director de todas las decisiones que en estos 70 años últimos hemos tomado, se ha hecho constitutivo de nuestro modo de ver, pensar y actuar, hasta el punto de que solo nos dejará tranquilos cuando hayamos vaciado el campo de cualquier resabio cultural anterior. Escuchen las propuestas que se lanzan de continuo y verán que no es fácil revertir ese criterio director dominante. Como no será fácil tener la metafórica constancia de June -la protagonista como criada en la República de Gilead, esa sociedad fundamentalista en que las mujeres son meros instrumentos en manos de un Estado totalitario-  que se precisaría para cambiar lo aprendido sin darnos cuenta.

Y la Escuela?
Bastante antes del libro de Sergio del Molino (2016), Delibes (1978), Llamazares (1988) y, entre otros, Avelino Hernández en su gran ensayo sobre Soria (1982), hicieron un llamamiento fuerte, además de hermoso, a que abandonáramos esta obsesión del urbanocentrismo que, irremisiblemente, repercute en la escuela. Los datos que, a modo de ejemplo, refleja Galicia en este momento debieran bastar para repensar bien qué merece la pena y qué es puro hablar por hablar. La cantidad de gente gallega envejecida sobrepasa el 25%, y la población de menores de 0 a 5 años es inferior a la de los que andan entre 6 y 11 (18% es la de aquellos y 20,2% la de estos. La aceleración del proceso de envejecimiento está ahí. La consecuencia inmediata es decidir qué hacer con las escuelas de infantil y Primaria y, en algunos casos, con el alumnado de Secundaria obligatoria (ESO). Y vienen, también, las concernientes al cómo hacer, en que están implicadas la Consejería correspondiente, los Ayuntamientos y, sobre todo, los maestros y maestras de los distintos niveles educativos.

Quienes hayan nacido en pueblos y aldeas del rural habrán visto esto desde pequeños las sucesivas fases de desatención y desigualdad que el urbanocentrismo impuso a sus escuelas. Hoy permite observar, además, el escaqueo que a este ámbito educativo ha ofrecido la tan cacareada “libertad de elección de centros”; posibilita apreciar mejor cómo sus beneficiarios explícitos, los centros concertados, tan solo le han prestado alguna atención mínima y con rentabilidad asegurada. Qué hayan hecho o hagan los maestros de la Pública en situaciones carenciales como las de la escuela rural debiera ser motivo de elogio y apoyo, y no faltarán palabras que lo recuerden. Pero, pese a ellas, pronto verán de nuevo cómo el criterio urbanocéntrico impone criterios restrictivos de mantenimiento, aunque muchos de los proyectos más innovadores de la educación española actual los están llevando a cabo estos profesionales.

El omnipresente urbanocentrismo contaminador será difícil que no rija, igualmente, el saneamiento que necesita la estructura general del sistema educativo. Vigoroso desde Claudio Moyano y vigorizado en el franquismo nacionalcatólico a partir de la LODE (1985) -y cinco años antes la LOECE (BOE 27.06.1980)-, se ha ido imponiendo pasito a paso hasta eclosionar en  el neoliberalismo y neoconservadurismo de la LOMCE (2013). Ahora, pondrá a prueba si los proyectos reformistas que parecen estar en marcha son capaces de revertir cuanto está socavando una educación decididamente democrática.  No se olvide que se trataría de transformar un sistema que nos han colado, capaz de sostener como presuntamente iguales hasta tres vías diferenciadas en su seno. Y sobre todo, que ese criterio urbanocéntrico ha impuesto que, en vez de un derecho igual para todos, la educación sea un mercadeo en que cada cual ha de comparar, escoger y pagar -hasta  hipotecarse si fuera preciso-, como si de un bien de consumo más se tratara.

El urbanocentrismo rige la educación española casi desde siempre. En el tiempo corto, no se olvide que el sistema educativo que hoy tenemos en España tiene poco que ver con lo que la Alternativa democrática para la enseñanza planteaba en los años setenta; poco que ver, incluso, con lo que se consensuó al redactar el art. 27 de la CE78.  En aquellos años, todavía no se hablaba de neoliberalismo en España –las ideas de Hayek las deglutiría primero Thatcher en los años ochenta-, pero se peleaba contra cosas parecidas a las que El cuento de la criada presta atención detallada en HBO.

Manuel Menor
Madrid, 09.02.2020.

La educación en Derechos Humanos no es una opción (Guadalupe Jover para eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Guadalupe Jover para eldiariodelaeducacion.com

Los denominados ejes transversales nos conciernen a todos. Por eso no basta con que aparezcan enumerados en los preámbulos de las leyes; deberían recogerse en el desarrollo curricular de las diferentes materias. Por coherencia.


¿Y si el problema fuera, también, que los contenidos transversales no dejan huella en el currículo?

Más allá de charlas, cinefórums y talleres, más allá de los días señalados, ¿son los contenidos transversales -la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la educación para la paz y la noviolencia, la alfabetización mediática, la lucha contra el racismo y la xenofobia, la educación para el desarrollo sostenible- los pilares sobre los que están construidos los currículos?

A veces una tiene la impresión de que en torno a una nueva ley educativa hay siempre mucho ruido mediático, pero que el real decreto que establece los currículos de cada asignatura o materia se abre paso entre el más clamoroso de los silencios. Pareciera que eso fuera cosa reservada a los expertos, o que para qué perder el tiempo, si luego el libro de texto nos lo dará ya desgranado. Filtrado más bien, podríamos decir. No olvidemos que en última instancia son las órdenes religiosas o los emporios editoriales que están detrás de la mayor parte de estos manuales quienes acaban haciendo suyos (o no) esos contenidos que a algunos incomodan. No hace falta esperar a veto parental alguno.

Los denominados ejes transversales nos conciernen a todos. También, y sobre todo, a la Administración: desde los legisladores a la inspección. Y más allá de que dichos ejes aparezcan enumerados en los preámbulos de las leyes, tendrían que recogerse en el desarrollo curricular de las diferentes materias. Su presencia en las aulas no puede limitarse a la organización de esas actividades complementarias de las que tanto hemos oído hablar en los últimos días.

Claro que son necesarias, faltaría más, las charlas sobre privacidad en la red a cargo de expertos ajenos al centro (aunque a veces habría que revisar el uso que se hace de los datos de los menores en determinadas plataformas educativas o empresas al cargo de evaluaciones externas), como lo son los talleres de educación afectivo-sexual o las mesas redondas que tratan de visibilizar a mujeres científicas. Pero quienes estamos a pie de aula bien sabemos que la celebración del 25N (Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres), el 30E (Día de la Paz y la Noviolencia), el 8M (Día de la Mujer) o el 5J (Día del Medio Ambiente) y tantos otros dependen a menudo de la presencia en el centro de quienes desde la convicción y el compromiso se implican en su organización, y que hay centros -y no es difícil saber cuáles- en que el 25 de noviembre pasa absolutamente inadvertido.

No. La educación en Derechos Humanos no es una opción. Y porque no lo es, no puede relegarse a espacios periféricos del curso escolar -determinados días señalados en el calendario- ni siquiera a una sola asignatura -se llame Valores Éticos o Educación para la Ciudadanía-.

Hablaré de lo que conozco de primera mano, de los currículos de Lengua y Literatura. ¿Qué sentido tiene que la ley recoja la necesidad de evitar todo tipo de discriminación, si en el currículo de Lengua no hay siquiera un epígrafe que se refiera a la detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos, a los usos discriminatorios del lenguaje, a los abusos de poder a través de la palabra?

¿De qué sirve hablar de la apuesta por la resolución noviolenta de los conflictos, si el currículo de Lengua no deja espacio a la oralidad informal, y todo cuanto tenga que ver con el diálogo y la conversación no parece que deba ser objeto de reflexión y aprendizaje? Las habilidades comunicativas no son algo innato, aunque sí están en parte condicionadas por el entorno en que uno haya crecido. Hay familias donde la escucha activa es una actitud cotidiana, se modaliza el enunciado (“a mi manera de ver”, “en mi opinión”, etc.), la cortesía lingüística impregna las conversaciones y se apuesta por la resolución dialogada de los conflictos. No así en otras. Por tanto, si la escuela pretende ser compensadora de desigualdades (y aquí no estamos hablando de desigualdades económicas), debiera tomarse esto más en serio. El desarrollo de habilidades comunicativas no puede limitarse a aquellos que ya vienen “de casa” con un cierto bagaje, motivo por el cual acaban formando parte de los grupos de mediación y resolución de conflictos. Si es un eje transversal debe dejar huella en el currículo. Y llegar a todos.

¿Qué sentido tiene subrayar la importancia de la educación digital, si la alfabetización mediática sigue estando ausente -salvo contadas aunque muy visibilizadas excepciones- de las clases de Lengua? El análisis crítico de los textos de los medios de comunicación, el cine y la publicidad, así como de los hipertextos de internet queda, una vez más, a la voluntad de los docentes. ¿Cómo desarrollar las habilidades de investigación y tratamiento de la información con unos currículos enciclopédicos que no dejan respiro? ¿Cómo impulsar la creación de contenidos digitales? ¿Y cómo favorecer el abordaje interdisciplinar de la lectura -lectura crítica de gráficos y estadísticas, pongamos por caso- si no hay tiempos para la coordinación, y si este contenido no forma parte también del currículo de Matemáticas, por poner un ejemplo? Si la educación digital es un objetivo en la nueva ley educativa, habremos de precisar cómo llegar a él.

Igualdad de hombres y mujeres. ¿Cómo se concilia este objetivo con la ausencia de las mujeres en los libros de texto, en los desarrollos curriculares de cada una de las materias, donde no aparecen sino como anecdótica alusión a pie de página? Con estos mimbres, ¿cómo vamos a mirarnos hombres y mujeres en pie de igualdad? ¿Cómo normalizar la diversidad sexual si no verbalizamos siquiera la ausencia de referentes homosexuales en nuestra tradición cultural, o los silenciamos cuando sí los hay? Habremos de empezar por señalar el porqué de estas ausencias, y subsanarlas allá donde sea posible. Hora es ya de repensar el emplazamiento desde el que se construyen los currículos. También los de Literatura, en los que no hay rastro de escritoras, como no hay tampoco ni una alusión siquiera a la necesidad de abordar con perspectiva de género la lectura de algunos textos canónicos ni aun la construcción misma del canon.

Algo análogo podríamos decir de la educación intercultural, del anhelo de educar para una ciudadanía global y cosmopolita. “Asimismo se atenderá al estudio y respeto de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano y la de otros grupos y colectivos”, reza el proyecto de ley.

Los programas de literatura siguen siendo los mismos del siglo XIX, en que el objetivo de la escuela era conformar una conciencia nacional en los ciudadanos. De ahí que en España se estudiara Historia de la literatura española; en Francia, Historia de la literatura francesa; en Italia, Historia de la literatura italiana, etc. Ni asomo de “otras culturas” -ni siquiera de las otras culturas peninsulares-. Si los objetivos hoy son otros, y no hablamos ya de Enseñanza de la Literatura (nacional) sino de Educación literaria, habremos de cambiar los caminos por los que pretendemos llegar a ellos. No podemos aspirar a una escuela inclusiva si prescindimos de la tradición cultural de una gran parte de nuestro alumnado. Hora es ya de abrir los currículos escolares a otros ámbitos culturales, y no solo occidentales. Duele leer el programa de la denominada “Literatura Universal”, una asignatura optativa de bachillerato, y constatar que aún hoy de él están ausentes las mujeres, como ausentes están también las voces no occidentales.

¿Qué decir de los currículos de Biología, de Historia, de Matemáticas, de Física y Química, de Economía? ¿Hay rastro en ellos de aquellos ejes trasversales? Para qué hablar de los de Tecnología, a los que la LOMCE despojó de cuanto tenía que ver con la energía, quizá por considerarlo también un contenido adoctrinador e ideológico. Ojalá colegas de otras áreas se animen en las próximas semanas a señalar esas incoherencias arrastradas entre los pretendidos cambios de rumbo de las sucesivas leyes educativas y el inmovilismo de los currículos, que siguen dejando a la iniciativa individual -tan costosa a veces- la incorporación de los elementos transversales al quehacer cotidiano en las aulas.

Vaya desde aquí el más encarecido ruego a los responsables ministeriales. No dejemos el desarrollo curricular para el último momento, apremiados por las urgencias -y aun las presiones- editoriales. Ojalá sean fruto de un sosegado trabajo en equipo, con un horizonte consensuado que ponga rumbo a los Derechos Humanos y a la crisis climática que vivimos. Y para que luego no queden fagocitados por la tradición escolar y las rutinas docentes -y se acabe haciendo lo mismo de siempre- habremos de ser capaces de abrir espacios para el debate social o cuando menos profesional. Auspiciados, y esto es importante, desde un marco institucional. No puede ser que la iniciativa privada marque también la agenda educativa, lo que debe o no debe ser objeto de discusión y cambio.

Y un último apunte, nacido también de una atenta lectura al nuevo proyecto de ley. ¿Cómo es posible pretender fomentar “el dominio y el hábito de la lectura”, promover planes lectores y de alfabetización en diversos medios, tecnologías y lenguajes, apelar a la colaboración de las familias y del voluntariado… y no mencionar siquiera las bibliotecas escolares? Estas tienen una función irreemplazable como motor que impulsa y agavilla todas las iniciativas vinculadas al desarrollo de los elementos transversales del currículo, tal y como quedan enumerados en el proyecto de ley: derechos de la infancia; educación con perspectiva de género y coeducación; educación digital; aprendizaje reflexivo, significativo y competencial personalizado; educación para el desarrollo sostenible.

La biblioteca escolar es, no nos cansaremos de repetirlo, una de las más poderosas herramientas con que cuenta la escuela para paliar la segregación y favorecer la inclusión y la equidad. Urge una apuesta institucional por ellas. Con recursos, claro.

Guadalupe Jover es profesora de Educación Secundaria

El PP lleva la polémica del veto parental a Madrid con más controles a los centros ante la "perplejidad" de los profesores (Fátima Caballero y Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es)

Artículo de Fátima Caballero y Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es
  • La Comunidad de Madrid ordena a los centros públicos y concertados publicar sus programaciones anuales para allanar el voto de Vox a los presupuestos una semana después de que Díaz Ayuso defendiese que es una polémica "estéril"
03/02/2020 
La polémica del veto parental se desplaza ahora a Madrid. Dos semanas después de que Murcia iniciara el blindaje legal de la medida por las exigencias de Vox para apoyar allí los presupuestos, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha enviado una instrucción a todos los centros sostenidos con fondos públicos –los públicos y también los concertados– para obligarles a publicar en sus web el proyecto educativo anual y las actividades complementarias como charlas, talleres o excursiones.

Con esta medida, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid da por cumplido el acuerdo de investidura con Vox en materia educativa. En la formación de extrema derecha, sin embargo, insisten en que su apoyo a los presupuestos de 2020 sigue condicionado a que se apruebe lo que ellos denominan 'pin parental', la posibilidad de que los padres veten para sus hijos algunas actividades programadas por los centros. La Consejería de Educación asegura en la nueva instrucción que "los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La decisión ha generado "sorpresa" y "perplejidad" en los equipos directivos de los colegios e institutos y también en la oposición política. Sobre todo porque hace apenas dos semanas la propia Díaz Ayuso afirmó que la polémica en Madrid no existía y el consejero de Educación, Enrique Ossorio, contradijo con datos el supuesto adoctrinamiento. De los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo hubo una queja por escrito por una actividad en el municipio de Pedrezuela, informó Ossorio. Ninguna denuncia formal. Ayuso declaró con estos datos que la polémica de Vox era "estéril" y defendió hace apenas cinco días ante la dirección del PP de Madrid que "cuando algo no es verdad no se puede asumir".

Sin embargo, los centros educativos amanecieron este lunes con una nueva instrucción que modifica otra del pasado mes de diciembre, cuando todavía no había aflorado la polémica sobre el mal llamado pin parental, que estalló después de que el Gobierno de Murcia integrado también por PP y Ciudadanos asumiera la medida a cambio del apoyo de la extrema derecha a sus cuentas. En Madrid, los centros ya venían informando de estas cuestiones a comienzo de curso cuando cerraban la programación. La mayoría lo hacían a través de su página de internet.

La novedad es que ahora tendrán que adelantar cinco meses la planificación: la Consejería obliga a que se publique en abril la programación del curso presente y también la previsión del siguiente con actividades concretas. Toda esta información debe estar colgada en la web de cada centro y también en la página oficial de la Comunidad de Madrid para que cualquier familia pueda consultarla y decida así el centro académico que elige para sus hijos. La instrucción recoge, concretamente, la relación de documentos de acceso abierto: el proyecto educativo, la memoria de todas las actividades del curso, la programación general anual, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia.

Desde la Consejería de Educación reconocen a eldiario.es que tras la medida están Vox y la controversia causada por la formación de extrema derecha, que ha repetido en numerosas ocasiones que su apoyo a los presupuestos regionales está condicionado a que se apruebe el veto parental."Se aprueba ahora debido a la necesidad, con todo el lío que se ha montado, de que exista la máxima transparencia y que los padres tengan toda la información antes de que se inicie el curso", aseguran fuentes de la Consejería que añaden que se trata de un acuerdo "verbal" al que llegaron en PP y Vox en agosto para investir a Ayuso, al que la presidenta se comprometió ya en su discurso en la Asamblea de Madrid.

Una instrucción política y no "educativa"
Los equipos directivos con los que ha contactado eldiario.es se quejan de que la instrucción "trasciende" lo educativo y responde a criterios políticos en la antesala de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2020. "Asistimos al debate como espectadores cuando es algo que nos afecta en primera persona", se queja Esteban Álvarez de Toledo, presidente de Adimad, la asociación que agrupa al 80% de los directores de institutos madrileños.

A día de hoy, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid tiene prorrogados los presupuestos de 2019. Ni se ha comenzado a trabajar en un borrador de las cuentas ni se han iniciado las conversaciones con el resto de grupos de la Cámara madrileña para su negociación. Pese a que para el Gobierno regional, con la instrucción remitida este lunes a los centros "se cumple así con lo acordado en el debate de investidura, tal y como quedó reflejado en el diario de sesiones de la Asamblea", según Enrique Ossorio, para Vox la medida adoptada este lunes no sería suficiente e insisten en que solo con el pin parental darán su visto bueno a los presupuestos.

La "perplejidad" se ha instalado en los colegios y los institutos porque, según los docentes, las órdenes que incluye la instrucción no son nuevas. La Lomce, la ley orgánica educativa aplicable a todo el territorio nacional, obliga a hacer "públicos" los proyectos educativos "para facilitar su conocimiento" a las familias en su artículo 121 y existen instrucciones específicas de la Comunidad de Madrid que recogen este mismo mandato.

Por eso, CCOO considera que la nueva orden "supone por omisión un señalamiento a los equipos docentes" y da a entender "que no se está cumpliendo la normativa vigente". "La instrucción es una concreción del modo en que tienen que cumplirse los preceptos normativos", señala la responsable de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. "Ya lo estábamos haciendo, sobre todo en Secundaria. Siempre estamos a favor de la transparencia, de más calidad y más información. Pero ya la había", añaden desde Adimad.

Algunos profesores consideran, además, que este tipo de órdenes "extienden la duda y la sospecha" sobre los centros educativos. "Somos profesionales de la enseñanza que peleamos por la calidad educativa, que tenemos criterios y que cumplimos con las normas", reivindica el director de un colegio de la capital que prefiere no dar su nombre. Otro profesor de Secundaria, con más de 30 de años de experiencia, cree que la instrucción dificulta más el trabajo docente. "Debido al gran número de interinos, los equipos cambian cada mes de septiembre. Hasta que no está completo, la programación difícilmente puede hacerse".

Desde la oposición consideran que el Gobierno regional está "siguiendo la senda que marca Vox" aprobando esta instrucción. "Lo que nos hemos encontrado hoy es una medida para condicionar las programaciones de los centros públicos para que los consejos escolares y los claustros estén condicionados a la hora de planificar actividades y de determinar charlas”, considera el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano.

Para el PSOE, la medida “no es ninguna novedad”, como han explicado desde los centros educativos, sino que se trata de “desviar la atención de los problemas reales que tiene la educación en Madrid”. “Al final hay que hacerle el juego a Vox y que tengan un motivo más para apoyar sus presupuestos”, declaraba la diputada socialista Marta Bernardo. En Más Madrid consideran que la medida “nace muerta porque Vox ya ha dicho que no le vale” pese a que pretende “contentar a Vox”, ha criticado su portavoz Pablo Perpinyà.

Ayuso declaraba este lunes que la medida se limita a garantizar la "libertad": "Es simplemente la libertad de las familias para saber la oferta que le vamos a dar a sus hijos". El pulso entre el Gobierno de coalición y Vox, formación de la que dependen, está echado. De momento, pese a la negativa del Ejecutivo madrileño de ceder a esta exigencia, el partido de Santiago Abascal ha conseguido imponer la medida en Murcia, presiona en Andalucía y ha arrancado en Madrid la primera cesión para que haya un mayor control ideológico a los centros educativos.
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20-2-2020: Asamblea de la Plataforma Centros Públicos ¡Ya! (18:30 h, en Centro Municipal de Mayores de Aravaca. C/ Carol 1. Aravaca)


Desde la Plataforma por la Defensa de centros educativos públicos de calidad en Madrid os animamos a acudir a nuestra próxima Asamblea que se celebrará este jueves 20 de febrero, entre las 18:30 y las 20:30 hs., en el Centro Municipal de Mayores de Aravaca, en la calle Caroli, 1 (Cercanías RENFE- Aravaca), con el siguiente orden del día:
  1. Información.
  2. Movilizaciones.
Como siempre, la elección del lugar de celebración de la Asamblea, siempre rotatoria, nos sirve para visibilizar y dar apoyo a aquellas zonas afectadas por una política concreta en materia de infraestructuras educativas públicas de la región, llevada a cabo por el gobierno de la Comunidad de Madrid: falta de centros públicos, modelo de construcción por fases, retraso en las construcciones o ampliaciones, convivencia con obras, etc.

Esperando contar con vuestra presencia, os enviamos un cordial saludo.

Plataforma por la Defensa de Centros Educativos Públicos de Calidad en Madrid
Twitter: @CtrosPublicosYa
Facebook: CtrosPublicos

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11-2-2020: Reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas (17:30 h, en la AV de Palomeras Bajas )

La siguiente reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas será una asamblea organizativa el martes 11 de febrero a las 17h30 en la AV de Palomeras Bajas (Travesía de Felipe de Diego, 31 posterior).

ORDEN DEL DÍA
  1. Propuesta carnaval
  2. Escolarización en la pública – campaña
  3. Madrid por una nueva política educativa – difusión
  4. Actualidad – nuevos recortes en la CAM
  5. Información
    • Vallecas Va
    • Concentración 30 enero - valoración
    • Marea Verde (siguiente reunión semana 20 febrero)
    • Mesa de Educación / Foro Local
    • 8M
     6. Varios
     7. Fecha siguiente reunión


¡Nos vemos allí!

Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas

viernes, 7 de febrero de 2020

El 6,5 de media que exigen las becas Wert deja a 45.000 estudiantes sin la ayuda que les correspondería por renta (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • Los rectores de las universidades cargan contra el sistema de becas que implantó el PP con José Ignacio Wert y afirman que excluye a alumnos, es regresivo, las cuantías son insuficientes y se hizo pensando sobre todo en ahorrar
05/02/2020

Andanada de los rectores de las universidades españolas contra el sistema de becas que impuso el exministro de Educación José Ignacio Wert. En su último informe, La Universidad Española en Cifras, la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) sostiene que el método que diseñó Wert excluye alumnos de las becas, tuvo una "relativa eficacia en el rendimiento", es regresivo, insuficiente en las cuantías y además (o precisamente por todo lo anterior) estaba pensando sobre todo para ahorrar, pese a que el exministro siempre defendió que durante su mandato fue cuando más se invirtió en becas en la historia de España.

Wert decidió que para mantener la beca a partir del segundo curso había que alcanzar ciertos logros académicos, como haber aprobado todo el curso anterior o el 80% de los créditos con una nota media de entre 6 y 6,5, en función de la rama de conocimiento del grado. Con esta medida, el exministro rompió el funcionamiento histórico de las becas, que se mantenían con aprobar las asignaturas.

Siempre se había dicho que muchos estudiantes becados estaban perdiendo las ayudas por esta circunstancia (muchos de ellos trabajan para complementar la beca, insuficiente para sufragar todos los gastos) y que por esa razón había quienes acababan siendo expulsados del sistema. Ahora, la CRUE pone cifras a la situación.

"Los requisitos académicos están actuando como un factor excluyente para más de 45.000 alumnos que, cumpliendo las condiciones económicas para acceder y permanecer en la condición de becario, se ven abocados a que sus familias realicen un esfuerzo económico suplementario y, en muchos casos, a tener que abandonar los estudios", se lee en el informe.

Son casi 50.000 estudiantes que pierden la beca o no la obtienen porque no alcanzan los requisitos académicos que impuso Wert, pero que por renta les correspondería.

Y los que sí la obtienen reciben una cantidad "claramente insuficiente", según la CRUE. Un becario dentro del umbral 1, el más bajo, recibe 2.250 euros anuales (2.624,4 si es estudiante de máster) o 4.050,4 (4.124,4 euros los de posgrado) si la beca incluye un cambio de residencia familiar (los que se mudan para estudiar), según los rectores. "El esfuerzo público para para garantizar la igualdad de oportunidades es insuficiente", valora la CRUE.

"Limitar el gasto"
Los rectores explican en el texto que "la condición de becario tiene incidencia positiva tanto en el número de créditos en el que el estudiante se matricula como en los resultados académicos que alcanza", pero añaden que pese a no "cuestionar la relativa eficacia que haya podido introducir en el rendimiento de los becarios las exigencias académicas (...), estas no pueden actuar ralentizando la presencia en los estudios universitarios de las personas más desfavorecidas".

La CRUE lamenta que "la reducida cuantía de renta familiar establecida como techo del umbral 1, junto a la ausencia de progresividad que existe para los tres umbrales (...) responden, más que a garantizar la igualdad de oportunidades, a la decisión política de limitar el gasto".

Esto es: las personas becadas tienen derecho a diferentes ayudas en función de las condiciones económicas de su familia. El sistema de becas contempla tres umbrales que determinan dónde se ubica cada uno y qué le corresponde. Para una familia de cuatro miembros, el umbral 1 está en 13.909 euros, mientras que el 2 salta a los 36.421 y el 3 a 38.831 euros. Los tres tipos de becas incluyen la matrícula y la cuantía fija. La que corresponde al umbral 2 añade una cuantía variable (que nadie sabe calcular) y otra fija ligada al rendimiento académico. La beca 1 suma una cuantía fija ligada a la renta a todo lo anterior.

Pero, explican los rectores, el umbral 1 es muy bajo y no tantas personas tienen acceso a esas ayudas. Y en el 2 y el 3 (además de estar ambos muy lejos del 1, pero muy cerca entre sí), mayoritarios, el ministerio se ahorra muchas partidas.

Hay más. La CRUE también asegura que la distribución de las becas es "regresiva" porque para la cuantía variable "cuanto mayor es el nivel de renta, menor es la incidencia de la nota en la participación de la dotación de la beca". Es decir, a los alumnos desfavorecidos les cuenta más la nota que a los más favorecidos a la hora de asignar los recursos.

Y en educación la situación socioeconómica de una familia influye directamente en el resultado académico, siempre favorable a los más ricos. Pero está estudiado, por ejemplo en PISA, que en igualdad de condiciones los resultados serían los mismos.

El informe de la CRUE también ha evaluado cuánto le cuesta al país el abandono universitario prematuro, cuestión que se relaciona en cierto grado al menos con la anterior: muchos alumnos abandonan porque pierden la beca y no se pueden permitir los costes de estudiar.

Para realizar el cálculo, las universidades han seguido a la cohorte de estudiantes que entró en el curso 2013-14, analizado los que lo dejaron, en qué curso lo hicieron y calculado cuánto se invirtió en ellos (aunque un estudiante no tenga beca, estudiar en la universidad está subvencionado). En total, y según los rectores, se perdieron 323 millones de euros con esa generación de estudiantes en las universidades públicas y otros 75 millones en las privadas. El reparto de ese gasto perdido (en el caso de las públicas) es del 80% para el Estado y el 20% para las familias, la misma proporción en la que se pagan los estudios.

Por último, los rectores también denuncian la falta de financiación de las universidades públicas. Según las cuentas de la CRUE, las universidades tienen un 14,5% menos de recursos que la media de los centros europeos y de la OCDE. En cifras absolutas, esto se traduce en 1.600 millones de euros menos.

La caída de la financiación se observa de otra manera: la educación superior española se ha ido abaratando para el Estado. En 2017 era un 16% más barata en términos de gasto sobre PIB que hace ocho años e incluso que hace 22 años.

Sin @CtrosPublicosYa , con obras eternas. Sin libertad de elección (tweet de la Plataforma Centros Públicos ¡Ya!)

Centros Calidad (@CtrosPublicosYa) tuiteó el día 6-2-2020:

Sr. @eossoriocrespo, Sra. @IdiazAyuso. Buenos días. Luego nos vemos en la @asambleamadrid. Allí estaremos, poniendo sobre la mesa el maltrato al que nos someten a miles de familias. Sin
@CtrosPublicosYa, con obras eternas. Sin libertad de elección.


Lee el tweet completo en este enlace.

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jueves, 6 de febrero de 2020

35 años de leyes para privatizar las aulas: de la LODE a la LOMCE (Daniel Sánchez Caballero para www.eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • España no ha sido ajena a la mercantilización generalizada de la educación, pero lo ha hecho a partir de conceptos propios como "libertad de elección" y una regulación que ha atraído a grandes fondos de inversión
05/02/2020
Todo gira, básicamente, en torno a dos conceptos: "Libertad de elección" y, más recientemente, "evaluaciones estandarizadas". España no ha sido ajena a la corriente mercantilizadora que se vive en el mundo desde finales del S.XX, pero lo ha hecho a su estilo.

El traspaso de fondos públicos a instituciones privadas y el desembarco en la educación de una lógica de "cuasimercado" empezó en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González creó la escuela concertada con la LODE y decidió pagar a centros privados para que se integraran en la red pública.

En su momento la medida se justificó porque se ampliaba la educación obligatoria desde los 14 a los 16 años y no había colegios suficientes para acoger a este nuevo estudiantado. Pero desde entonces esta partida no ha hecho más que crecer (se ha multiplicado al menos por dos desde 1992, teniendo en cuenta la inflación) y la normativa ha ido reforzando los conciertos hasta culminar con la LOMCE, la actual ley, que llegó a blindar el pago a centros que segregaran por sexo.

La todavía vigente LOMCE ha sido el intento más obvio de desarrollar esta apuesta por hacer negocio con la educación en España. Y para entender la LOMCE hay que mirar a un sector no tan activo en España, pero muy habitual en otras coordenadas: los lobbies, y en concreto FAES, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales del PP.

"El think tank FAES es el actor que está ejerciendo especial protagonismo en el diseño y la defensa de nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo", escribió Geo Saura, profesor de la Universidad de Barcelona, en el estudio Think tanks y educación. Neoliberalismo de FAES en la LOCME.

"Desde su comienzo, FAES ha ido generando narrativas para reformar el sistema educativo desde una vertiente ideológica y práctica del neoliberalismo", comenta Saura. "Los ejes centrales han sido la elaboración de discursos en los que se aboga por ofrecer libertad de elección de centro a las familias y modificar los roles que debe ocupar el Estado en el control de la educación".

Francisco López Rupérez, uno de sus más ilustres miembros en cuestiones educativas, escribió en 2003 que la educación estaba afectada por la "enfermedad de lo público". Enfermedad que se curaba con mecanismos de privatización. Pedro Schwartz, otro de los ideólogos de cabecera de FAES, definió en 2008 el sistema de distribución de alumnado como "soviético centralizador" y que no promovía la libertad de elección familiar.

Cinco años más tarde de las palabras de Schwartz teníamos la LOMCE, que ya en su artículo 1 cambiaba todo el corpus legal educativo histórico al cambiar la garantía de plazas escolares para todos: ahora podrían ser públicas, como siempre, o privadas concertadas, según decidieran los padres y reclamara la "demanda social", un término lo suficientemente ambiguo como para recoger muchas cosas.

La otra pata de la mercantilización educativa, previa a la LOMCE pero consolidada en esta, son las famosas evaluaciones estandarizadas. "Son el instrumento esencial para posibilitar las políticas de privatización encubierta de cuasimercados, rendición de cuentas y gestión de resultados", analiza Saura. Durante un tiempo se llegaron a publicar clasificaciones de colegios en la prensa. Los colegios competían entre sí y los padres elegían al mejor, en una maniobra que ahondó en la 

situación inversa: al final son los colegios privados-concertados los que eligen a sus alumnos mediante diferentes artimañas.

Un poco de historia
La LOMCE fue la culminación, pero tampoco surgió de la nada. La situación venía de atrás. Empieza con la LODE, en 1985, que asimila los privados en el sistema a través de los conciertos. "La LODE establece el inicio del cuasimercado educativo español distinguiendo entre colegios privados, privados-concertados y públicos para posibilitar la elección a las familias", explica Saura. Los colegios tenían que competir por el alumnado.

La LOGSE trae cosas positivas, cuenta Beatriz Quirós, catedrática de instituto jubilada que ha estudiado la materia y publicado diversos estudios al respecto. Pero también abrió la puerta al reglamentarismo y a las desigualdades académicas. En el 95 se pone en marcha la LOPEG, que dibuja el marco legal para la entrada de la privatización del sistema educativo y profesionaliza la dirección de los centros, quitando a los Consejos Escolares la capacidad de decisión que tenían en favor de los directores.

La LOCE del PP, en 2002, ya introduce el neoliberalismo sin ambages: "Cultura del esfuerzo", jerarquización de los centros escolares, que compiten entre sí... De esta norma los expertos destacan que se centró en la figura de la dirección de los centros, "otorgándole a la figura una toma de decisiones propias de planteamientos gerenciales", cuenta Saura. Nunca entró en vigor porque llegó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobó la LOE, pero el camino ya estaba marcado.

"La LOE debería haber supuesto un freno a las políticas neoliberales, pero no lo hace. Se aplica la estrategia de Lisboa, no hay medidas para mantener el personal en los centros, se introducen las competencias básicas, las evaluaciones de diagnóstico, se filtran clasificaciones de colegios, empieza el gusanillo de PISA, hay que quedar bien colocado... Calan esas ideas y se pervierte la educación", explica Quirós.

En paralelo, y al calor de la crisis de 2008, en España empiezan a recortarse los presupuestos. La administración dedica hoy a la Educación exactamente el mismo dinero que invertía en 2007, unos 47.500 millones de euros en total. Pero la escuela privada concertada, en manos de la Iglesia en su mayoría, recibe un 25% de fondos públicos más que entonces.

Con este panorama, son las familias quienes compensan este estancamiento en el gasto público en busca del mejor futuro para sus hijos: su gasto educativo ha subido casi un 50% en esa misma dé
cada, pasando de 8.700 millones de euros al año en 2007 a 12.300 diez años después.

En el mundo se siguió una tendencia parecida. Por seguir con la misma referencia temporal, los países invertían de media el 4,41% de su PIB en Educación en 2007. Una década más tarde ese porcentaje era del 4,67% de su PIB en Educación, una subida del 5%. Pero el PIB ha subido en el 
mismo periodo cerca de un 30%, al pasar de unos 60.000 miles de millones de euros a unos 80.000.

La escuela que segrega
Esta mercantilización de la educación está modelando una escuela más sectaria, menos social y que poco a poco va perdiendo el papel de ascensor social que sí ha llegado a ejercer. Lo dicen los profesores, que lo ven, y lo dice la estadística.

En España, el 69% de los hijos de familias con estudios superiores irá a la universidad mientras que el 56% de los descendientes de familias que no pasaron de la secundaria obligatoria (16 años) se quedarán en el mismo punto, según datos de la OCDE. Más: los descendientes del 20% de las familias más pobres necesitarán cuatro generaciones enteras para alcanzar el nivel de vida medio en el país.

La segregación campa por las escuelas. Los ricos van a clase con los ricos a la escuela privada (concertada o no) y los pobres con los pobres a la pública. Lo dice la Fundación BBVA en el informe Diferencias educativas regionales 2000-2016, lo escribió el profesor de la UAM Javier Murillo en un detallado estudio que colocaba a España como el sexto país que más segrega de Europa y a Madrid –laboratorio educativo del PP durante todo el principio del siglo XXI– como la región puntera en este apartado en Europa.Esta distribución del alumnado tiene sus consecuencias: mejores colegios, mejores compañeros, mejores notas, mejores estudios, mejores trabajos. Esto es una cadena, está estudiado que funciona así (hablando de grandes grupos, los individuos se pueden salir de esta lógica). Si tus padres estudiaron y tienen libros en casa, más opciones tendrás tú de seguir su camino.


Y llegaron los másteres
La llegada de Bolonia supuso una especie de confirmación de estas tendencias. Fuera su intención o no, el desembarco del espacio superior de educación europeo en España (el conocido como plan Bolonia) en el curso 2008-2009 tuvo al menos un doble efecto: los másteres pasaron a ser parte fundamental de los estudios (cuestan el doble o triple que un grado) y como consecuencia las universidades se encontraron con una nueva entrada de ingresos privados. Bolonia cambió la estructura de los estudios universitarios para proponer, con carácter general, carreras más cortas (y más genéricas) que idealmente se completan con un máster para la formación específica.
Alumnos de máster en las universidades privadas.

Alumnos de máster en las universidades privadas.

El individualismo aspiracional con el que bombardea el capitalismo neoliberal lleva a una frenética carrera por llegar a los mejores empleos (o al menos los más remunerados). Estudiar se convierte en obligatorio por el mercado, de manera que ya se ofrecen más másteres (3.540 el último curso) que grados (2.854). Haz un máster. Haz otro. Y los hacemos: en diez años el número de alumnos de posgrados se ha cuadruplicado, multiplicando los 50.000 que hicieron uno el curso que se implantó Bolonia hasta los más de 200.000 del pasado año, según datos de Educación. Antes, uno de cada 25 estudiantes hacía un posgrado. Ahora es uno de cada seis y medio.

Y no son precisamente baratos. Además, la llegada de esta creciente fuente de ingresos para las universidades coincidió en el tiempo con el recorte a la financiación pública que impulsó Rajoy cuando empezó la crisis. Son las universidades privadas las que cada vez más están recogiendo ese pastel: han pasado de tener uno de cada seis alumnos de máster a uno de cada tres en diez años. Y subiendo.

Pero el mercado laboral dual que se está conformando (unos cuantos trabajos bien remunerados arriba, una mayoría de empleos que no requieren de demasiada formación) no es capaz de absorber a todos estos estudiantes formados y el resultado es que España el país de Europa con más universitarios en trabajos que no necesitan esa cualificación. Somos campeones en sobrecualificación: uno de cada tres empleados ha estudiado bastante más de lo que exige su puesto.

Por el camino, miles de euros gastados en una formación que quizá no se utilice nunca.

Compraventa de colegios y universidades
La evolución de estas ideas y del propio mercado ha llevado a la creación de un sector educativo de dimensiones a considerar. La Educación mueve mucho dinero. Pese a los recortes, las cifras siguen siendo golosas. Los países de la UE gastaron 716.000 millones de euros en Educación en 2015, a lo que habría que sumar el gasto privado, que solo en España fueron más de 12.000 millones de euros el pasado año. Y esta partida –la de las familias–, al contrario que las públicas, solo sube.

Porque todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Los padres no escatiman, dentro de sus posibilidades. Los Gobiernos gastan en escuelas, en profesores, en equipamiento, tanto hardware como software. Las tecnológicas pelean por coger su trozo del pastel. Google, IBM, HP y muchos otros gigantes han saltado de lleno al sector ofreciendo recursos, en forma de maquinaria o programas, conocedores de que meter el pie en el sector solo puede traer buenas noticias. Las start-ups crecen como setas. Solo el pasado año el sector tecnológico movió unos 6.500 millones de euros en todo el mundo.

Ejemplos de este negocio en torno a la educación se pueden observar en España en todos los niveles educativos. En educación obligatoria sirva el ejemplo de los colegios Laude, un grupo compuesto por diez centros privados repartidos por el país. En 2006, los fondos Dinamia y N+1 compraron cinco colegios en una operación que se cerró por unos 18 millones de euros, según contaba la prensa entonces. El "tamaño" y el "crecimiento sólido del mercado" se citaban como puntales para una buena inversión.

El grupo fue creciendo con la compra de más centros hasta que en 2014, tras una inversión total de 35 millones, se vendió por entre 35 y 45 millones de euros al gigante International School Partnership (ISP), cuyo principal accionista es Partners Group, la firma de capital riesgo más grande de Suiza. A día de hoy, el grupo Colegios Laude SL es el segundo más grande del sector con una facturación anual de 46,8 millones de euros en 2017 y un resultado de explotación de 3,6 millones de euros.

En la universidad se pueden mencionar los casos de la Alfonso X El Sabio de Madrid o la Universidad Europea, dos centros privados adquiridos recientemente por unos 770 y 1.100 millones de euros, respectivamente, por sendos fondos de inversión. Las universidades dan dinero: el sector de la educación superior privada facturó 2.255 millones de euros en 2017, según la consultora DBK, con un crecimiento anual del 7%. Un total de 23 centros privados analizados por este diario ofrecieron ese año una rentabilidad media del 9,41%.

Al menos, siempre quedarán las competencias y la satisfacción de tener una escuela "eficiente" que dé "empleabilidad" a los jóvenes. Pero, se preguntan los expertos, ¿es la "empleabilidad" una garantía de empleo por sí misma?

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