Publicamos este artículo del compañero Manuel Menor
La inestabilidad preside muchas revisiones que se están haciendo a la baja en las diversas Comunidades autonómicas para el nuevo curso.
Desde hace unos mil días nos movemos por un túnel que, mientras parece dar señales de su final, no deja de indicar que vaya usted a saber lo que queda por delante en medio de pretensiones tranquilizadoras. En nuestras neuronas se debaten sensaciones contrarias, de prevención y cierto miedo todavía, mientras quieren predominar las maneras normalizadoras de la situación vital.
“Normalidad”
La cuestión está volviendo a situarse en lo que cada cual entiende, una vez más, por “normalidad”, hábito que, oscilante e incluso demente, puede que vaya a ser el núcleo del gran debate del curso que inicia ahora su andadura. Es evidente, por ejemplo, que, con la Covid-19 presente, no es lo mismo una distancia que otra entre los alumnos de un aula, la variable proporción de cuantos puedan convivir razonablemente en ellas y en los recreos, y, por tanto, el número de profesores de apoyo y los recursos que se incrementan o disminuyen, según alguien con poder de decidir juzgue pertinente. Con unas u otras decisiones –casi siempre adoptadas de modo oscuro-, establece una u otra “normalidad escolar”, que se añade, además, a otras supuestas normalidades que arrastraban los centros educativos sobre todo en los últimos diez años de recortes, preferencias por redes educativas particulares y aparentando siempre dar cumplimiento al precepto constitucional de la universalidad educativa. Del conjunto resultante de la normativa que atañe a este comienzo de curso, ya se puede advertir, de entrada, que la “normalidad” a que parece aspirarse en tres o cuatro Comunidades autonómicas de acendrada tradición erosionadora de lo público, es la de antes de marzo de 2020.
De un tiempo a esta parte, y especialmente desde final del curso pasado, se pudo advertir el ansia de algunos consejeros de educación por ir revirtiendo supuestos excesos que pudieran haber traído consigo las variaciones de dotaciones y recursos que, sobre todo en el curso 2020-21, se habían establecido. En este momento, parece que se esté queriendo volver a aquella “normalidad” anterior, la que desde 2007 se había construido a costa de desidias, disminución de medios y personal. Como si de algo físico se tratara, y que el principio de Arquímedes de los flujos que conlleva la práctica del derecho de todos a la educación se encargara de reequilibrar el sistema a su posición óptima, su ley está siendo invocada estos días para encauzar ese afán de regreso melancólico al pasado; cuantos siguen los avatares de la educación conocen momentos históricos en que lo que bien orientado parecía fue considerado excesivo y se recondujo a la rancia posición tradicional. No importa que quienes paguen el pato con esta regresión de ahora sean los que siempre han sufrido la desigualdad escolar desde antes de haber nacido: también esta es tradición “normal”.
Va a ser difícil, sin embargo, convencer al personal docente de que siga arriesgando su voluntariedad una vez más en pro de un supuesto bien común como el de la educación pública, del que sus verdaderos beneficiarios son quienes no necesitan que el Estado proteja y defienda este su derecho principal de ciudadanos. De hecho, les da igual que se arruine y privatice cada vez un poco más el sistema de la educación pública, dentro de la gloriosa “libertad de mercado” con que está siendo concebida y desarrollada por instancias privilegiadas de nuestra vida social, cultural y política; ya tienen lo que anhelan para sus hijos o fieles seguidores, y a sostenerlo va esta animosidad por recobrar “la normalidad” de antes restableciendo al máximo “la competencia”, la “calidad educativa”, “la excelencia” y cuanto encierra de mercantilismo económico su bandera de la “libre elección de centro”.
Desangelamiento
Algunos sindicatos han emitido comunicados de protesta: CCOO lo acaba de hacer estos días, y los socios de la Mareaverde en la Plataforma por la Educación Pública lo reivindicaron este pasado sábado en la calle…. Pudo comprobarse, de todos modos, que estos signos de disconformidad, un poco desangelados, han dejado la sensación de que los asuntos de educación siguen siendo, incluso en un contexto de cambio profundo como el actual, una cuestión menor, muy alejada de la movilización que suscitan las precariedades laborales, las vueltas y revueltas que esté dando el paro, la curva de la evolución económica, urgencias de sectores económicos como el Turismo y otras mil historias capaces de conmovernos y motivar críticas airadas… La educación parece que, como siempre, haya de seguir siendo algo a lo que a algunos les viene dado por clase social, mientras que a otros les sobrara con atender un poco a su escolarización para que no estorben demasiado en la calle y en las casas.
Con los recortes que muchos responsables de las Comunidades autonómicas están prefiriendo de nuevo –e, indirectamente, también la LOMLOE por lo que no modifica-, es fácil deducir que la educación como clave del Estado social de bienestar y de la justicia distributiva, tratando de conciliar libertad y universalidad educadoras, seguirá en el limbo que ha estado en los años de las crisis anteriores. Nadie parece creer en serio en que lo que se predica sobre su importancia para modernizar el país de modo acorde con las urgencias del presente, fortalecer la convivencia democrática y erradicar los vicios y problemas que subyacen en nuestras relaciones sociopolíticas, pueda subsanarse con algo decididamente mejor.
Se prefiere el castizo que “inventen ellos”. Coherente parece,
pues, que, incluso ahora que hay recursos y créditos europeos para apoyar
consistentes medidas de cambio, haya tantos responsables en estas materias
aplicados, antes que nada, a que su función primordial consista en recortar de nuevo
lo que debe ser inversión de futuro. Tales gestos evidencian, una vez más, que
el sueño de toda servilleta por ser mantel no se cumplirá impunemente; y que el
modelo a seguir tampoco puede ser como el que ha operado, también en los
últimos más de mil días, respecto a la renovación del Consejo General del Poder
Judicial; el desapego y descolo demostrado
permite aventurar que el curso que acaba de iniciarse no puede sino ver estancada la necesaria
renovación estructural de la Justicia en España. Atentos.
Manuel Menor Currás
Madrid, 06.09.2021.
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