jueves, 31 de octubre de 2019

La justicia reconoce el derecho del profesorado interino a media jornada a cobrar todo el plus de tutoría y bilingüismo (Laura Olías eldiario.es)

Artículo de Laura Olías publicado en eldiario.es
  • Las denuncias fueron presentadas por una profesora interina de Secundaria en la Comunidad de Madrid, defendida por CCOO, que pidió cobrar la totalidad del complemento por tutoría y bilingüismo
  • La Conserjería madrileña de Educación abona estos pluses reducidos en proporción a la jornada reducida, pero dos juzgados han reconocido el derecho de la trabajadora a cobrarlo íntegro
  • Desde el sindicato piden a la Comunidad de Madrid que actúe de oficio eliminando "esta discriminación" hacia los interinos, que podría afectar a "unos 3.000 profesores" de la región en la actualidad
Dos sentencias han reconocido el derecho de una profesora interina de Secundaria en la Comunidad de Madrid con jornada a tiempo parcial a cobrar en su totalidad los complementos por tutoría y bilingüismo. La Consejería madrileña de Educación abona estos pluses económicos reducidos en función de la jornada parcial de los interinos, una situación "discriminatoria" en opinión de CCOO, que defendió a la docente en los tribunales. Dos jueces han dado la razón a la denunciante y le han reconocido el derecho a cobrar los complementos retributivos en su integridad.

"Son dos sentencias extraordinariamente importantes", destaca Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid. Según los cálculos del sindicato hay en la actualidad "unos 3.000" profesores interinos con jornadas parciales en la Comunidad de Madrid que pueden estar afectados por lo que consideran una "discriminación" en la política retributiva de la Educación madrileña.

Esta profesora de la ESO, al igual que el resto de interinos con jornadas parciales, cobró los pluses por ejercer como tutora y por dar clase en inglés en el programa bilingüe con cuantías reducidas. La docente reclamó el cobro íntegro de ambos complementos de productividad, que le fue denegado por la Administración madrileña.

Los dos jueces que han estudiado sus recursos ante la justicia, Pablo Álvarez López y Alfonso Villagómez Cebrián, concluyen en sendas reclamaciones (plus de tutoría y bilingüismo) que la docente tiene derecho a cobrar la cuantía total de los complementos.
"Las tutorías se realizaron de forma completa"

En el caso de las funciones de tutoría, en el que la Comunidad de Madrid no compareció en el juicio, el magistrado Álvarez López dicta "el derecho al abono íntegro del complemento" ya que "aunque aquella en determinados periodos tuviera un nombramiento a tiempo parcial, no obstante, hay que entender que las tutorías se realizaron de forma completa".

En este sentido, "nada se ha acreditado por la Administración demandada respecto a que las funciones desempeñadas por dicha funcionaria en sus tutorías se hicieran sólo parcialmente", explica el juez.

El magistrado Villagómez Cebrián llega al mismo resultado y reconoce el derecho de la profesora a recibir el plus completo de bilingüismo. El juez destaca que "es claro" que el complemento por bilingüismo "viene a retribuir las condiciones singulares de estos puestos de trabajo consistentes en la complejidad de impartir una asignatura en otro idioma, y que se concretan en un número de horas semanales, sin que puedan existir diferenciaciones de alcance normativo sobre si dicha
docencia se presta a jornada completa o parcial".

El sindicato anima a reclamar
Desde CCOO celebran el resultado de ambos fallos y destacan su trascendencia de cara al resto de profesores en la Comunidad de Madrid que enfrentan la misma situación de pluses reducidos. Isabel Galvín explica a este medio que el sindicato se va a "dirigir a Recursos Humanos para que ponga en marcha el cumplimiento de este criterio de oficio".

Más allá de que la Administración madrileña modifique su actuación de ahora en adelante, desde CCOO animan a exigir las cantidades dejadas de percibir en "los últimos cuatro años" por aquellos docentes interinos con contratos a tiempo parcial que hayan recibido los complementos reducidos. En el caso de la profesora denunciante en este caso, la Comunidad le debe "453,04 euros" por sus funciones como tutora en dos cursos escolares.

Estas sentencias son resultado de la campaña de reclamaciones que está llevando a cabo el sindicato para "hacer extensiva a otros complementos que quedan por ganar" a los interinos.

El responsable de Enseñanza Pública de CCOO a nivel estatal, José María Ruiz, recuerda que la organización defiende que la función de tutor no se desempeña a medias aunque el interino ejerce a media jornada, "se hace toda la labor y para todos los alumnos". La Federación va a revisar si hay otras Comunidades Autónomas que apliquen una reducción similar en los pluses de productividad, para reclamar su cobro íntegro.

domingo, 27 de octubre de 2019

Calendario de acciones Marea Verde para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019. Próximas convocatorias

Lunes 28
28-10-2019: Asambleas de docentes. Zona DAT-Norte (17:00 h, IES Joan Miró)

Martes 29  

Miércoles 30 > Día de la camiseta verde

Jueves 31

Viernes 1
Sábado 2

Domingo 3

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Próximas convocatorias:
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Puedes enviarnos información de las acciones de tu centro/zona a accionesmareaverde@gmail.com y las publicaremos y les daremos difusión.
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En el curso 2019-20... 
...volvemos al verde. Ponte la camiseta: ¡pública sí!
...¡SEGUIMOS!
¡Movilízate!

‘Redes por una Nueva Política Educativa’ denuncia la segregación escolar de las actuales políticas educativas (Comunicado de prensa)

COMUNICADO DE PRENSA

Redes por una Nueva Política Educativa’ denuncia 
la segregación escolar de las actuales políticas educativas

- ‘Redes por una Nueva Política Educativa’ ante el nuevo ciclo político se ha reunido en asamblea, el pasado viernes 28 de octubre, reclamando del gobierno que se constituya políticas educativas activas de promoción de una educación pública, laica e inclusiva.


- Se planteó la necesidad de establecer un calendario de acciones y movilizaciones para exigir una ley educativa consensuada con la comunidad escolar que sustituya a la LOE-LOMCE, desde el bien común y la garantía del derecho a la educación de todos los niños y niñas sin exclusiones.

El viernes 18 de octubre se ha celebrado en el Ateneo de Madrid la primera reunión de coordinación de este curso 2019/20 de ‘Redes por una Nueva Política Educativa’.


En la primera parte se celebró una Mesa Redonda titulada "Qué hacemos con la segregación escolar", organizada por el ‘Foro de Sevilla. Por Otra Política educativa’.

Se pusieron de manifiesto las políticas segregadoras, y actitudes, que están profundizando en la desigualdad en los centros escolares. Con la participación de la profesora de la Universidad de Málaga, Carmen Rodríguez, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Javier Murillo y el profesor José M. Martín, Maestro del Colegio de Educación Infantil Primaria “Carlos Cano” de Fuenlabrada, con la coordinación de Julio Rogero de Movimientos de Renovación Pedagógica. Primero se esbozó el contexto de las políticas educativas donde se sitúa la segregación escolar, las consecuencias que tienen para la equidad en educación y su presencia en sistemas educativos de todo el mundo. Para continuar con las diversas formas en que se produce la segregación escolar y las políticas que se están llevando a cabo en ayuntamientos como el de Victoria, Barcelona… y en Cataluña. Se destacó la investigación realizada sobre mapas escolares en Valencia por José Manuel Rodríguez y Borja de Madría y la persecución mediática y judicial a la que están siendo sometidos sus autores. Finalmente se habló sobre segregación o derecho, poniendo de relieve la Proposición de ley que se puso en marcha en Madrid, con el reconocimiento del derecho a la inclusión, la propuesta de oferta educativa con equidad, un censo ponderado de ratios y una formación docente dirigida hacia la diversidad y la inclusión.

En la segunda parte se analizó la situación educativa actual, donde se denunció la permanente falta de financiación de la educación pública y el mantenimiento de los recortes, a pesar de las reiteradas promesas incumplidas por el gobierno en funciones de revertirlos; que está propiciando una situación de merma sostenida de recursos, agravada por la falta de gratuidad. Todo esto se traduce en un aumento de: la segregación, el mantenimiento de la educación privada-concertada a costa del cierre de la pública, la negación del derecho de libertad de conciencia del alumnado por la continuidad de la religión en la escuela y las actuaciones impunes de asociaciones que acusan de adoctrinamiento. 

A pesar de las luchas y el posicionamiento social en contra de la LOMCE legislativamente seguimos en la misma situación de hace cinco años. Esto ha llevado a la asamblea de ‘Redes por una Nueva Política Educativa’ a calificar la situación actual de “emergencia educativa” y a la plantear la necesidad de establecer un calendario de acciones y movilizaciones encaminados hacia el objetivo final que es la elaboración de una ley educativa consensuada con la comunidad escolar que sustituya a la LOE-LOMCE, desde el bien común y la garantía del derecho a la educación de todos los niños y niñas.

Para ello se diseñó una campaña que dará a conocer los diez puntos de nuestro decálogo combinada con una campaña para desmontar las mentiras que el sistema educativo está soportando.


Terminamos la reunión convocándonos para el próximo 7 de febrero de 2020.

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Concentración "Por la defensa de lo Público y los Derechos Sociales y Laborales". Intervención de Sandra Villa (Asamblea Marea Verde Madrid) e imágenes 26 O




Queremos y exigimos:

EDUCACIÓN de titularidad y gestión PÚBLICA, inclusiva, laica, democrática, científica, feminista, ecologista, basada en los principios de equidad, solidaridad, diversidad, convivencia, coeducación, sostenibilidad y autonomía, en todas las etapas y en todas las enseñanzas, garantizando plazas públicas para todo el alumnado. 

Financiación del 7% del PIB. 
Derogación de la LOMCE y de los decretos de Universidad. 
Derogación de los conciertos educativos: el dinero público para la Escuela Pública. 
Recuperar los empleos perdidos y asegurar condiciones laborales dignas. 
Democracia en los centros educativos.

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26-10-2019: Concentración "Por la defensa de lo Público y los Derechos Sociales y Laborales (18:00 h, en SOL). Manifiesto y carteles

TODOS LOS VIERNES, sentada silenciosa en apoyo al equipo directivo cesado del CEIP Blas de Lezo (16:15 h, en el colegio. C/ Frómista, 27.Madrid)

Las familias del CEIP Blas de Lezo nos piden difusión para esta acción que realizan cada semana: 

Todos los viernes a las 16.15, sentada silenciosa en apoyo del equipo directivo cesado.

Paralelamente, siempre se organizan también a esa hora actividades para los más pequeños, a fin de que todos los padres puedan acudir a la cita.

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CARTA DEL CEIP BLAS DE LEZO CONTRA LAS POLÍTICAS DE CORAL BAEZ


Las famlias del CEIP Blas de Lezo piden difusión para esta carta


Queridos Centros Educativos Públicos de Madrid,
Como representación de la mayoría de los padres del colegio Blas de Lezo de Las Tablas de Madrid, queremos exponer nuestra situación esperando su apoyo y ayuda.
No sabemos si conocen nuestro caso, pero el 31 de mayo suspendieron al Director, Javier Montellano, que levantó de la nada el Centro hace 4 años. La evaluación, fue arbitraria en la composición del tribunal y con motivaciones particulares de trasfondo.
Nuestro Director, tanto en méritos objetivos reconocidos por la Administración como los resultados de convivencia, académicos y de gestión no tenía tacha ninguna.
La responsable última y que ha impuesto una Directora sin mérito ninguno, ni experiencia, ni profesionalidad suficiente para continuar con el proyecto educativo, que está hundiendo el colegio en cualquier ámbito que le compete, de manera irregular y arbitraria ha sido la Sra.Coral Báez
Somos afectados de la negligente y partidista gestión de Coral Báez. El fin de su actuación en nuestro centro ha sido eliminar un modelo educativo innovador, liderado y promovido por un equipo directivo de incalculable valor profesional y comprometido. Para abocar al centro al fracaso escolar de nuestros hijos, destruyendo la convivencia y la calidad a costa del nombramiento de una docente sin cualificación, aislada de la comunidad educativa que utiliza
prácticas de coacción al claustro y a los padres, además de desmotivación a los niños.
Estamos intentando recabar apoyos desde otros centros educativos que hayan sufrido o sufran las irregularidades cometidas desde la DAT Madrid para unificar e intensificar la protesta y lograr la destitución de Coral.
Necesitamos apoyo para dar visibilidad a nuestra petición de
change.org:
Pretendemos para ello, que sea representativa de todas las actuaciones ilícitas que haya cometido desde la DAT. Ya que consideramos que está contribuyendo de manera activa a la destrucción de la educación pública y menoscabando su calidad. Y queremos ampliar el texto de manera que nos represente a todos los afectados.
Queremos apoyar actuaciones que ayuden a visibilizar el menosprecio que está sufriendo la educación pública.
Como continuación a nuestras numerosas acciones, protestas y reclamaciones, hemos acudido a la manifestación llevada a cabo el 26 de octubre en apoyo de los servicios públicos, identificados pero como parte afectada de la indefensión que sufren hoy en día los servicios públicos tan desprestigiados y desconsiderados por parte de la Administración.
Seguiremos promoviendo movilizaciones y manifestaciones para dar visibilidad a nuestro caso particular pero que, deseamos sea ejemplo y nexo de unión de las resoluciones injustas que azotan desde la DAT Madrid a la educación pública.
Agradecemos y solicitamos cualquier propuesta o iniciativa que pueda precipitar y ayudarnos a la salida de Coral Báez de la DAT para lograr proteger el derecho a la libre elección de centro que lleva asociado un proyecto educativo. Tanto a los padres, alumnos y docentes.
Muchas gracias por su atención, reciban un cordial saludo.

Fdo. : Madres y padres del Colegio Blas de Lezo Las Tablas
E-mail:
Tribublasdelezo@gmail.com


7-11-19: Proyección de "Sanfelices" en los cines Renoir Princesa (20:00 h, Cines Renoir Princesa

Gracias al apoyo de muchos de vosotros, la película "Sanfelices" ha completado aforo en la sala de cine de los Renoir Princesa todos los jueves desde el 12 de septiembre. Esto permite que el largometraje producido y realizado por profesores y alumnos de dosinstitutos públicos de la Comunidad de Madrid se haya vuelto a programar para el próximo jueves 7 de noviembre a las 20:00 h en la sala 03.

Puedes adquirir tus entradas en https://www.pillalas.com/pelicula/6902/2019-11-07/

Tienes más información de este proyecto en https://sanfeliceslapelicula.com/



CARTEL Sanfelices

"La cara oculta de las políticas educativas: el caso de la zona única" (José Gimeno Sacristán para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

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II Mapa escolar de Valencia


¿Qué es la zonificación y en qué consiste cuando se refiere a la educación?

Zonificar consiste en delimitar los espacios a los cuales se les puede dar un trato diferenciado en la prestación de servicios, aprovechar la dotación de recursos para el desarrollo de la educación en general o para resolver necesidades más específicas de las políticas educativas. La zonificación facilita diseñar el currículum o cualquier intervención tomando en consideración las necesidades y las propuestas de los grupos que viven en una zona.


Es un punto central de las propuestas conservadoras, las cuales, han buscado arroparse con argumentos que constituyen una narrativa o visión del mundo de la educación que naturaliza el carácter conservador y economicista: es lo que se entiende por libertad de elección en la educación. El éxito del modelo de “Poder decidir” requiere la supresión de la zonificación existente. Esta narrativa ha penetrado en el sentido común de la sociedad y de las fuerzas ideológicas de derecha que quieren convertirlo en un derecho de las familias.

El debate sobre la elección de centro no es nuevo. Fue ideado por el Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, en su trabajo El papel del gobierno en la educación (1955), en el que se propone la idea de que la educación se pueda entender como un Mercado en el que las familias tienen que elegir para combatir el tedio en el que están sumidos los sistemas públicos. El Estado como defensor del sistema público es el primer objetivo a batir.


Lo que se pretende con la zona única es reorganizar el sistema de adscripción de los alumnos a los centros, para que las familias tengan la posibilidad de elegir en cuál educar a sus hijos sin que tengan que someterse a las normas vigentes; las cuales utilizan, básicamente, el criterio de cercanía del centro al domicilio familiar.

En las comunidades autónomas donde ha gobernado el Partido Popular, representante del nuevo conservadurismo, se pueden apreciar efectos no muy alentadores. La Comunidad de Madrid (y se anuncia también en la de Andalucía), es “pionera” en experimentar esa aplicación que quieren extenderla para todo el país.

El artículo 27 de la Constitución dice: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza» (no de elección de centro).


Estamos ante una propuesta que se justifica por querer salvaguardar lo que consideran un derecho de la familia: la libertad para elegir. Este hipotético derecho conviene a algunas familias, pero puede ser perjudicial para otras, pues no todos puedan elegir en igualdad de condiciones. No creemos que sea conveniente que los sistemas educativos puedan, ni deban, mover los equilibrios existentes en un complejo entramado de normas que regulan la igualdad de oportunidades, la vertebración y cohesión social, la calidad de todo el sistema y a la misma democracia.

Las condiciones culturales y sociales de las familias, las desigualdades territoriales (la lejanía de los centros, mundo rural o urbano), las diferencias económicas (el coste del transporte, comedor escolar, actividades culturales), la sensibilidad de las familias (conocimiento de lo que representa la educación), la inexistencia de centros entre los que elegir…, todo ello hace que la elección no sea un derecho. Al no ser igual para todos, no puede constituirse en un derecho universal. El elegir no es un mecanismo que mejore al sistema educativo sino que busca el beneficio individual, al tiempo que es una inoportuna forma de “desorganizar” el sistema, hasta el punto de hacer imposible la elección misma.


Si cada familia ejerciese el hipotético derecho a elegir centro se produciría el caos. En Andalucía, por ejemplo, existen 1.835 centros de educación primaria, en los cuales están escolarizados 564.088 alumnos. Imaginemos el caos que se provocaría en el sistema educativo si todas las familias quisieran elegir centro. La desregulación que provocaría esa medida la convierte en imposible.

Por otro lado, puede decirse que no es real esa aspiración en las familias. Existen estudios que concluyen que una parte importante de padres y madres se sienten bastante cómodos y a gusto con la educación que reciben sus hijos, tanto en el caso de los centros públicos como en el de los privados. Un 80% de los padres y madres están bastante o muy satisfechos con el centro al que van los menores.


Las políticas conservadoras se pueden valorar con pocas palabras y algunos números. Una anécdota: hemos escuchado con estupor y asombro a una persona responsable de la Consejería de Educación de Madrid, en la pasada campaña electoral, que la solución para los males que sufre nuestro sistema educativo se superarían tomando tres medidas: que cada estudiante tuviese una tableta, una mochila digital y someter a los centros educativos a una evaluación externa rigurosa. Quedé impactado por la “claridad” que mostraba la simplificación que tenia el informador.

La verdad de los hechos es que, en los últimos 20 años de gobierno conservador, se han incrementado las desigualdades en el sistema educativo como consecuencia de la erosión de los valores en los que se fundamenta el sistema público. Nos referimos a la universalidad, la justicia redistributiva, la laicidad, la evaluación formativa que quiere saber y no seleccionar, la solidaridad, la calidad y excelencia para todos, la participación en vez de la elección… Son los valores de la educación pública, que no se ajustan al pragmatismo que exige la sociedad actual.
Si nos ceñimos a los logros concretos y palpables, siguiendo con la política madrileña, nos parece esclarecedor el dominio que ha tomado la iniciativa privada. En la Comunidad de Madrid el 45,7% de los alumnos están escolarizados en centros privados, porcentaje significativamente más alto que la media nacional (33%).


En el sector universitario, incluyendo las universidades de la Iglesia Católica, la Comunidad Madrid cuenta con 11 universidades privadas frente a las 6 públicas. En el periodo de 1997 a 2017 las privadas han pasado de contar con 26.609 alumnos a tener ahora 71.573.

Elegir algo o a alguien sólo es posible si se tienen alternativas entre las que se pueda elegir. Es decir, se precisa diversidad como algo previo y esencial para que la elección sea razonable. ¿Qué rasgos diáfanos tienen los centros que marquen la diferencia y los distingan? ¿Cuáles pueden ser los rasgos de un centro para que funcione como un “objeto del deseo” en algunos padres y madres?

El rasgo más evidente cuando se trata de identificar a un centro educativo es su carácter público o privado. Es un criterio muy visible para todos. El vivir la experiencia de la escolaridad en uno u otro de los dos marca la diferencia entre ambos, quizá no tanto para el alumno como para padres y madres. Ambas modalidades de enseñanza se perfilan por la identificación ideológica, por sus creencias religiosas, por tener un proyecto profesional y de vida más claro, por el peso que tiene el componente racial,… Las familias que reivindican el derecho a la elección de centro, lo que están pidiendo es el poder elegir con quiénes se socializan, se desarrollan y viven sus hijos.

Pensamos que la realidad de los centros educativos es, aparentemente, bastante homogénea. La razón por la cual se ha creado una imagen de superioridad del sector privado se fundamenta en la construcción de una visión interesada a favor de estos centros. No se puede evitar la confrontación entre el sector público y el privado concertado, pues éste pretende gozar de un doble estatuto: por un lado quiere mantener el estatus y la autonomía de lo privado, al tiempo que se aprovecha de la seguridad que da la financiación pública, sometiéndose a unas condiciones mínimas. Esto es lo que les da ventajas sobre el sector público. La OCDE insiste en que los resultados ligeramente superiores en la enseñanza privada se deben a las desigualdades socioeconómicas y culturales. Esto explica el interés de un sector de familias por la elección del centro.

La Comunidad de Madrid, condenada por racismo en la escuela (Sara Plaza Casares EL SALTO DIARIO)

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Una sentencia condena a la Comunidad de Madrid por el acoso racista que sufrió una niña en el CEIP Cardenal Herrera Oria.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de la Comunidad de Madrid comunicaba hoy a Petra Ferreyra una sentencia pionera con la que se condena a la Comunidad de Madrid por el acoso racista al que fue sometido su hija en el CEIP Cardenal Herrera Oria. La sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto, considera probado tanto que la menor, Camila, sufre “ansiedad, miedo, baja autoestima, pesadillas, problemas sociales, desconfianza… “como consecuencia de las situaciones vividas en el colegio, como que ha existido un “funcionamiento anormal del servicio público, causante de un daño al perjudicado que no tiene el deber jurídico de soportar”. Así condena a esta administración a indemnizar a la parte afectada con 7.500 euros.

Petra Ferreyra, que atiende al teléfono emocionada, afirma que la satisfacción es plena. “Estamos muy contentas y satisfechas porque conseguir el reconocimiento era lo primero para nosotras; también para la recuperación de Camila es indispensables”, asegura Ferreyra. “Se ha hecho justicia, se ha reconocido tanto el acoso escolar racista como que no tomaron las medidas necesarias. La falta de acción ha quedado en relieve”, concluye.

Camila, quien llevaba soportando insultos como “negra de mierda” o “hueles mal” desde los tres años, sufrió la “indefensión” de las instituciones, tras dos protocolos de acoso que no consiguieron frenar la situación y que se realizaron con constatadas deficiencias que hoy reconoce la justicia. La menor, que finalmente ha tenido que abandonar el centro, pasó graves episodios de ansiedad que acabaron con un diagnóstico de estrés postraumático. Su madre relata como en el colegio pasaron de los insultos a rodearla en los recreos, “tirarla balones en la tripa en clase de Educación Física” o “correr para chocarse con ella”.

La sentencia, ante la que no cabe recurso, es contundente en sus conclusiones. En ella se afirma que “ni la dirección del centro ni siquiera el profesorado, indagó sobre lo que realmente estaba sucediendo, tratando de relativizar el problema a cosas de niños, calificados, en el acto de la vista, como ‘hechos puntuales normales dentro del colegio’”.

La sentencia expone también que la propia inspección educativa puso en duda la actuación del centro al reconocer el incumplimiento de los pasos que establece la guía de acoso de Madrid para activar los protocolos contra el bullying. La inspección educativa afirma que no se dio traslado de la apertura del protocolo, tampoco hay constancia de las entrevistas a las familias y no se hizo seguimiento de las medidas tomadas. “Ni siquiera se tomó declaración a la menor afectada”, destaca la sentencia.

Utilizando la causa de Camila, pionera en llegar hasta la justicia, madres con hijas e hijos afrodescendientes han puesto en marcha la campaña “#SuspensoAlRacismo” para denunciar el trato discriminatorio dentro de las aulas que muchas veces queda camuflado como “cosas de niños”. La campaña, que cuenta con el impulso de la asociación de madres antirracistas UKUAJI, ha conseguido recabar y difundir más testimonios de niñas y niños quienes denuncian que se enfrentan al racismo en ausencia de protocolos específicos.

Breve panorama de la segregación escolar ((Pablo Gutiérrez del Álamo para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN))

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Una mesa redonda reúne a diferentes profesionales para hacer un mapa de la segregación escolar, uno de los problemas más importantes del sistema educativo.

«La segregación escolar es el proceso que más influye en el fracaso y el abandono educativo temprano», decía Carmen Rodríguez, profesora de la universidad de Málaga y miembro del Foro de Sevilla, organizadora de la mesa redonda “¿Qué hacemos con las políticas de segregación escolar?”, celebrada el pasado viernes en Madrid para analizar la situación de la segregación escolar en España. Junto a ella, Javier Murillo, profesor e investigador de la Universidad Auónoma de Madrid y Jose Miguel Martín, docente de primaria en la Comunidad de Madrid miembro del grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos que consiguió elevar hasta la Asamblea de Madrid un proyecto de ley para reducir de la segregación escolares y generar un sistema educativo más inclusivo.
Entre los tres compusieron la imagen del proceso segregador, de más a menos. Mientras Carmen Rodríguez construía el marco conceptual en el que se pueden dar los importantes procesos de separación del alumnado según su capacidad adquisitiva (que no solo), Javier Murillo dedicó más tiempo a poner sobre la mesa algunas de las posibles soluciones a unas políticas que están causando graves diferencias entre la población. José Miguel Martín se centró en explicar el proceso que llevó hasta la iniciativa de los ayuntamientos y sobre la base jurídica que sustenta el derecho a la inclusión.
En un contexto de economía globalizada, la educación, sostuvo Carmen Rodríguez, se convierte en un «instrumnto para el desarrollo económico, motor de riqueza, dirigida al mundo del trabajo». Esto ha supuesto la simplificación de conceptos en lo educativo confundiendo, por ejemplo, innovación con tecnología, o el hecho de que lo más importante sea aquello que puede medirse en evaluaciones estandarizadas.
La educación, como un elemento más dentro de la sociedad neoliberal tiende a la competitividad y la escuela «deja de encargarse del éxito para hacerlo sólo del rendimiento».
Una de las consecuencias de esta situación es el aumento de la segregación por situación socioeconómica del alumnado, «el aspecto que más contribuye al fracaso y a abandono escolar temprano». Una segregación que, además, se alimenta, según la docente de la Universidad de Málaga de la privatización. Un proceso que pasa por el trasvase de financiación de la escuela pública a la pivada concertada vía cheques escolares, desgravaciones fiscales, etc, con la desregulación de los distritos escolares la publicación de rankings,… Estos proceso empujan a las familias de clase media a una competición en la que lo importante es que sus hijos mantengan el estatus conseguido, o lo mejoren. Eso pasa por tener libertad de elegir centro educativo, con lo que puedan huir de centros con alumnado demasiado heterogéneo o que pueda suponer un freno en esta carrera.
Murillo señaló  tres elementos que están apoyando estos procesos segregadores: las  políticas de cuasi mercado, la diferenciación de los centros para que entren en competición y la existencia de la escuela concertada.
De las diferentes formas de segregación que se dan en el sistema educativo (por género, por origen cultural o nacional…) Murillo cree que la que más impacta es la segregación socioeconómica.
El investigador de la Autónoma puso sobre la mesa algunas posibles soluciones, empezando por tratar a las escuelas según sus necesidades, y no a todas igual. «Las escuelas en peor situación deben recibir una atención preferencial». También señaló la necesidad de que en los centros con mayores dificultades dejen de ir de manera masiva profesorado interino o con oca experiencia. Algo queno ocurriría en otras profesiones, explicava Murillo»¿Quién hace el trabajo más complicado en medicina? Quien más sabe y más  gana». A esto, claro, se une el poner más recursos en la educación, reducir los grupos, aumentar el personal de apoyo, reconocer el difícil desempeño…
«Si queremos una sociedad justa, sin exclusión, tenemos que hacer lo mismo en el sistema educativo», terminó Murillo quien también habló de la necesidad de que los datos que no se facilitan desde las administraciones se publiquen.
José Miguel Martín insitió, como miembro del grupo motor de la ILA sobre escuela inclusiva en la Comunidad de Madrid, en la necesidad, primero, de reconocer la educación inclusiva como un derecho recogido en nuestro ordenamiento jurídico desde que se suscribió la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde ahí, el viaje tiene que realizarse pensando en un cambio de paradigma que deje de abordar la cuestión de la discapacidad desde un paradigma médico hacia uno social. Desde ese punto de vista, no es el niño o la niña con necesidades educativas quien ha de adaptarse al sistema educativo, sino ese a quellos.
Es necesario que el sistema deje de generar grupos homogéneos de alumnos, que los divida en aulas en función de su rendimiento, dejar de utilizar «prácticas de talla única» o abandone su «obsesión por clasificar». Frente a esto, Martín defendiól reconocimiento de la diversidad, las metodologías activas y flexibles o la puesta en marcha del diseño universal para el aprendizaje.

"La inclusión, un concepto que se invoca pero no se practica" (Pablo Gutiérrez del Álamo para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

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En los últimos años, el crecimiento del discurso alrededor de la inclusión educativa no para de crecer. Lo ha hecho tanto que el tema ha llegado a diferentes tribunales (a algunos tribunales superiores de justicia, al Supremo…), al Parlamento Europeo o al Comité que vigila el compromiso de los estados con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se ha levantado la polémica y la patronal de centros educativos especiales, así como familiares reunidos en torno a asociaciones como Inclusiva Sí, Especial También, han saltado a la palestra para denunciar el presunto cierre de sus centros por orden del Ministerio.
Lo malo es que las cifras son tozudas, como demuestra el trabajo que ha publicado hace pocas semanas la profesora Teresa Núñez Mayán en la Revista Nacional e Internacional de Educación inclusiva. El título de su trabajo no puede ser más claro: El estancamiento de la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Revisión de su escolarizaciónntre 1985 y 2015.
Se trata de un texto que en 30 páginas resume y aclara cómo se ha producido el proceso, primero de integración y, después, de inclusión del alumnado con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. Según los datos que ha recabado, de fuentes oficiales, este proceso comenzó con fuerza en 1985 y, aunque no ha parado, alrededor de 1999 se paralizó virtualmente. Hasta nuestros días.
De hecho, a pesar de que en este tiempo, los centros de educación especial se han seguido cerrando (cada vez con menos velocidad), su alumnado no ha disminuido, todo lo contrario. «Creo que hay un incremento del alumnado que está reincorporándose a los centros de educación especial, desgraciadamente», asegura la profesora universitaria que, en tiempos, fue maestra de educación especial. «Algunos de estos niños fracasan en la escuela ordinaria y sus padres se encuentran en el dilema: ¿sigo luchando por la inclusión?». Para Teresa Núñez Mayán «a veces la respuesta es la vuelta a los centros especiales».
Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derecho Humanos, lo tiene claro también. «No se trata de desmantelar nada, todo vale. Los centros de educación especial hacen y han hecho una labor encomiable» todo este tiempo. Pero «la educación tenemos que repensarla para que acoja a todas las niñas y niños, independientemente de su origen, de su condición (…), tenemos que idear un modelo de educación pensado en clave de vida en común, en comunidad porque la escuela debe ser el primer contexto, junto a la familia, de lo que luego será la vida».
«La inclusión es un concepto que se invoca pero no se practica». A pesar de que en 2008 España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que afirma que todas las personas tienen derecho a estar escolarizadas en centros ordinarios con los recursos y apoyos suficientes, esta situación no termina de cuajar desde hace 20 años. «Al mismo tiempo que esas leyes invocan la inclusión, dicen que a los niños y niñas con discapacidad hay que clasificarlos y se les puede llevar a centros de educación especial, lo que no deja de ser educación segregada».
El sistema educativo debe cambiar su forma de mirar al alumnado. Así lo ven ambos expertos. «Tenemos que empezar a ir a otro modelo en el que nos demos cuenta de que es el sistema es el que tiene que ofrecer otras cosas, un modelo más acorde con el modelo social de la discapacidad», asegura Núñez Mayán, quien cree también que estamos demasiado centrados en el individuo: «Mientras sigamos moviéndonos en modelos individuales en los que es el niño quien tiene el problema y le ponemos una etiqueta, mientras sigamos buscando la razón en el alumno y la respuesta también como individual, creo que va a ser difícil de resolver el problema».
«La enseñanza de personas con discapacidad ha sido la pariente pobre, la gran olvidada de las políticas públicas en educación como revelan esas cifras de las últimas décadas» según Jesús Martín. Una idea que comparte Teresa Núñez: «La discapacidad y la exclusión la construimos socialmente cuando no le damos a los niños lo que necesitan. Mientras pensemos que vamos a arreglar los problemas con ayudas individuales en lugar de pensar que tenemos que hacer un cambio del sistema, de los centros, de las aulas para que quepan todos los alumnos, es difícil mejorar».
Para Núñez, a pesar del gran impulso que en un primer momento recibió la integración entre el 85 y el 95, «luego las políticas que se hicieron a nivel estatal y autonómico fueron muy complacientes con lo que se había conseguido, como si se hubiera logrado el objetivo. Lo convertimos en una palabra, lo pusimos en todos los textos legales, pero de ahí nos movimos muy poco». Martín está de acuerdo: «Son las administraciones educativas las que nos han llevado donde estamos. No pueden inhibirse o hacer dejación de responsabilidades para el éxito de este proceso».
La solución a esta situación no es sencilla. Para Núñez Mayán hay tres focos claros para mejorar la situación: «Los factores sociales, las familias y la política educativa son clave, los tres elementos». Para ella, en los primeros años el papel del movimiento asociativo, aún hoy, fue crucial. Su lucha porque niñas y niños con discapacidad estuvieran en centros ordinarios. También la Administración en aquel momento hizo una apuesta importante, pero la complacencia ha dejado el proceso sin terminar. «Estamos todavía en la idea de que el niño se adapte al centro en vez de adaptar al centro al niño. Tenemos que demostrarle a las familias que se puede cambiar para que puedan confiar y que sus niños estén bien en los centros».
A estos esfuerzos que las administraciones no han realizado en relación con crear un sistema ordinario que sea capaz de adaptarse a las necesidades de su alumnado, estén relacionadas con la discapacidad o con otras trabas como la situación socioeconómica o la procesdencia del alumnado, se suma el hecho de que la docble red, pública y concertada, no está asumiendo de la misma manera las dificultades.
La pública sigue escolarizando a la mayor parte del alumnado con necesidades educativas especiales relacionadas con la discapacidad en una proporción de 75-25%. Para Núñez Mayán el escenario idóneo sería que ambas escolarizaran a una proporción más equilibrada de estas chicas y chicos en relación a su número dentro del conjunto de alumnado.
Es decir, la pública tiene entre sus paredes alrededor de un 2% de alumnado con discapacidad. En la concertada esta cifra es del 1,2%. Para ella, deberían estar más cerca una de otra. Esta situación, además, ha sido así durante muchos años.
«Hay una distribución desigual entre la pública y la concertada, afirma Núñez Mayán, y creo que esta distribución francamente contradice la inclusión. Por una parte hacemos leyes inclusivas y por otra consentimos que no se cumplan por una distribución desigual, y llevamos mucho tiempo consintiéndolo».
Todo esto sin contar a la escuela privada no financiada con fondos públicos. «La privada no concertada podemos considerar que no hace nada, no parece darse cuenta de que existen políticas inclusivas realmente», asegura la profesora universitaria.
Tanto Jesús Martín como Teresa Núñez tiene claro que la inclusión es un proceso más o menos lento. «Es un derecho pero también es un proceso en el que hay que tener claro que el proceso no madura solo, hay que empujar, no es como la maduración de la fruta. Hay que incentivarlo. Si no hubiéramos hecho más de lo que parecía posible, por ejemplo», ciertos alumnos no hubieran llegado nunca a la universidad, asegura Núñez.
«Nosotros, desde aquí, alentamos a este proceso evolutivo, sensato, que sea ordenado, productivo y, sobre todo, dialogado con toda la comunidad educativa. Y tiene que ser liderado por las administraciones. Que no tengamos que ir la sociedad civil denunciando estas cuestiones», afirma Martín. El responsable del CERMI también asegura que ahora es un buen momento, con las elecciones cerca, «para promover y debatir y alcanzar este gran acuerdo en materia de educación de las personas con discapacidad. Con todos los agentes, no sobra nadie».

CAMPAÑA AGUA DEL GRIFO, POR FAVOR (acta de presentación de la campaña el 17-10-19)

Difundimos acta de la presentación de la campaña "Agua del grifo, por favor".


CAMPAÑA AGUA DEL GRIFO, POR FAVOR
ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES INTERESADAS
17 DE OCTUBRE DE 2019
En lo que sigue se concretan los aspectos más relevantes y las principales conclusiones a que se llegó en el acto de presentación de la campaña Agua del grifo, por favor, que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en la sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, en Lavapiés. A la misma asistieron representantes de la FRAVM, Ecologistas en Acción, RAPMadrid, PCPCYII, CC.OO., ATTAC y ONGAWA. Excusaron su asistencia, Amigos de la Tierra, UGT, FNCA, FACUA y Observatorio del patrimonio de la Sierra del Guadarrama.
TEMAS TRATADOS
1.  Documento de presentación de la campaña
No hubo objeciones al documento. Algunas intervenciones hicieron hincapié en la importancia de conseguir los objetivos específicos recogidos en el final del documento.      
2.  Adhesión a la campaña
A fecha de la reunión se habían adherido a la campaña las siguientes organizaciones: Ecologistas en Acción, FRAVM, RAPMadrid, PCPCYII, CC.OO., ATTAC, Amigos de la Tierra, FNCA, Observatorio del patrimonio de la Sierra del Guadarrama, GRAMA y Jarama Vivo.
Se acordó dar un plazo de 10 días para que las organizaciones sociales que lo deseen, confirmen su adhesión a esta campaña.
3.  Organización y coordinación de la campaña
-     La campaña tendrá un carácter unitario (lema, logo, objetivos, materiales de comunicación, actuaciones conjuntas, etc.), pero a la vez será descentralizada (las distintas organizaciones podrán realizar campañas específicas en sectores afines), por lo que es necesario constituir un órgano estable de organización y coordinación de la campaña.
-     Se propone crear un grupo de coordinación, cuyas tareas sean, entre otras:  organizar la campaña; realizar su seguimiento y la evaluación periódica de sus resultados; coordinar las actividades de las organizaciones implicadas, elaborar un mapa con las acciones en desarrollo y garantizar las tareas de comunicación y establecer una estrategia al respecto.
-     La importancia de elaborar una estrategia de comunicación que incidiera en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales, fue un tema recurrente en varias intervenciones.
-     El grupo de coordinación, que hasta ahora ha estado integrado provisionalmente por seis  personas, se conformará definitivamente con las personas de las organizaciones implicadas que quieran participar en él. Se decidió dar un plazo de 10 días, para cerrar el grupo de coordinación.
-     En todo caso, el grupo de coordinación estará siempre abierto a la participación de cualquier organización adherida a la campaña, que quiera plantear cualquier idea o propuesta sobre el desarrollo de la campaña. El grupo de coordinación comunicará, con antelación, las fechas y horarios de sus reuniones.
-     Para garantizar la coordinación con las organizaciones implicadas se creará un sistema de comunicación consistente en una lista de correo, WhatsApp o Telegram. En este sentido, se acuerda pedir a las organizaciones adheridas a la campaña, que designen una persona de contacto a efectos de la comunicación con el grupo de coordinación.
-     Periódicamente, el grupo de coordinación rendirá cuentas de su trabajo y del desarrollo de la campaña, a las organizaciones que participan en la misma.
4.  Alcance de la campaña
-     El ámbito de la campaña será la Comunidad de Madrid, pudiéndose desarrollar a nivel territorial (en municipios o distritos) o sectorial
-     Se analizaron los sectores que podrían ser objeto de la campaña: educativo (escuelas, institutos y universidades), deportivo, sanitario, comercial, cultural, social, administraciones públicas (ayuntamientos, administración autonómica y central) y los organismos y servicios públicos dependientes de ellas. Por su especial incidencia, conviene resaltar el sector de la hostelería y la restauración.
-     Se informa que se están seleccionado casos piloto, tanto en el ámbito territorial, como en el sectorial, con el objetivo de ir desarrollando buenas prácticas, que ayuden a implementar la campaña. En Madrid, se está seleccionando un distrito que disponga de un tejido asociativo importante, y en la zona de la sierra de Guadarrama, se están teniendo conversaciones con asociaciones y alcaldes de Cercedilla y El Boalo. A nivel sectorial, existe la posibilidad de lanzar la campaña en la Universidad Politécnica de Madrid.
-     Se acuerda, que las organizaciones implicadas en la campaña, decidirán, a la mayor brevedad posible, su dedicación a la misma y el tipo de actividades que están dispuestas a realizar. Esta decisión se trasladará al grupo de coordinación de la campaña.
5.  Financiación de la campaña
Los gastos de la campaña, que serán los mínimos imprescindibles, se financiarán con aportaciones de las organizaciones participantes, en función de las posibilidades de cada una.
6.  Formación de los activistas
Para mejorar el conocimiento de las personas implicadas en la campaña, se propone:
-     La elaboración de un argumentario sobre los temas clave relativos a esta campaña.
-     La realización de un taller de formación sobre dichos temas.