En septiembre vuelven a
ser patentes las desigualdades del sistema educativo
Nuestra versión
universalizadora de los derechos educativos sostiene múltiples resabios de
diferencia, segregación e, incluso, exclusión. De entrada, tiene dos –o, según
se mire, tres- redes bien distintas.
El mes de septiembre es el que mejor muestra una de las desigualdades
más persistentes en España a lo largo de la edad contemporánea y actual. Antes
de 1857, se correspondía con las características económicas y sociales que marcaba
la rígida y jerarquizada sociedad del Antiguo Régimen. Incluso las superaba,
pues pocos –y especialmente muy pocas- eran quienes tenían acceso al
conocimiento. Y desde 1857, en que Claudio Moyano hizo la primera ley general de
Educación, hasta el presente en que tiene vigencia la LOMCE, seguimos
manteniendo, con apariencias ligeramente diferentes, un amplio paisaje de
desigualdades en la prestación de los medios adecuados para dar cobertura a
este derecho esencial de acceso al saber. Verdad es que se ha logrado la
escolarización universal pero, pese a todo, la educación que reciben unos y
otros españoles dista mucho todavía de tener las características de la equidad
como supuestamente se pactó en la última Constitución.
Duplicidad, no igualdad
Desde antes de la ley Moyano y a lo largo de los 160 años últimos,
la estructura del sistema educativo español ha tenido siempre una amplia
duplicidad, atenta a la reproducción de características sociales muy diferenciadas.
En la etapa de la II República y en la dinámica de lo acontecido en Francia y
otros países, se intentó reducir el desequilibrio, pero en los 40 años que
siguieron hasta la Constitución de 1978 se fortaleció la situación previa, de
modo que cuando se debatió el artc. 27, el peso que tenía la enseñanza privada
en el conjunto del sistema educativo español –en gran medida propiedad de congregaciones católicas-, fue muy superior
al de quienes defendieron la escuela pública. Esto explica que fuera redactado
de modo ambiguo y, sobre todo, que de entonces a hoy sigamos con evidentes
diferencias entre ambas redes y, lo que es peor, con una fuerte propensión a
reducir, desde los años 90 los recursos
de la red pública. En un reciente informe de FE-CCOO, puede seguirse gráficamente en detalle la secuencia de
esta disminución desde 2009, tanto en personal como en medios para atender a
los ciudadanos más desfavorecidos. Pese a que la crisis ha hecho aumentar los
demandantes de educación pública, la tendencia es que, en el afán de reducir
costes, los presupuestos han favorecido a la enseñanza privada mientras los de
la pública han disminuido. Ha sucedido especialmente en la atención a la
diversidad, las becas y las ratios por aula.
En la primavera, los padres primerizos dedican parte de su tiempo
a buscar información para que sus vástagos tengan acceso a lo que consideran una
buena inversión de futuro. El boca a boca suele ser el medio más prestigiado
para decidir a dónde se lleva al niño o, sobre todo, a la niña. La publicidad
escolar también hace lo suyo: prolifera entonces de manera más aguda para
idealizar las cualidades que tienen determinados centros. Un brillo al que los
rankings de centros que algunas comunidades han impuesto también contribuye.
Así se ha ido configurando una fuente documental de primer orden para observar
cuáles son las preferencias de este mercadeo y cuáles sus pulsiones cambiantes
a fin de que la demanda escolar tenga una ficción referencial. Convertida la
escolarización en mercancía, la demanda suele acabar ajustándose a lo que la
oferta proporciona. La pluralidad que ofrecen instancias privadas diversas, en
que el negocio suele mezclarse con razones ideológicas predominantemente
religiosas que lo fortalecen, es relativamente amplia, pues da acceso –con
variaciones crecientes según etapas y comunidades autonómicas- a más de un tercio de la población en edad de escolarizar, perteneciente en
su gran mayoría a las clases medias y medio altas.
Tras la ardua decisión y el cálculo de oportunidad pertinente, para
los padres más preocupados septiembre viene a ser ya el momento de comprobar de
qué vaya el producto que hayan elegido, sobre todo si han decidido llevar a los
niños a la enseñanza privada o concertada. Disfrutan estas en menor o mayor
medida del dinero público, pero conviene no olvidar que la red pública también
la pagan los ciudadanos, aunque por la
vía presupuestaria. Quienes por razones económicas o de muy meritoria elección
personal han decidido enviar sus hijos a este subsistema no suelen tener en
septiembre una tensión tan estricta con la rentabilidad de su elección
inversora. Nadie les quitará, sin
embargo, que, cuando hablan con allegados o familiares, les surjan de la gama
del prestigio y demostración social dudas de si habrán hecho lo correcto.
Reproducción más que
educación
Vista históricamente, entre las condiciones de nuestro sistema educativo,
la de la desigualdad sigue siendo una de las más significativas. Si para que
desaparezca hemos de esperar el mismo tiempo que llevó universalizar la escolarización,
nos queda todavía para rato. En 1989, estaba lograda hasta los 14 años y, en
torno a 1996 -después de que se ampliara a los 16 en un momento en que la
educación pública tuvo un fuerte impulso- se alcanzó esa preciada aspiración de
los más ilustrados del XIX. El problema es que en muchos casos no se ha sabido
bien qué hacer con ese crecido tiempo de la escolarización y que, entretanto,
han pervivido muchos recovecos del sistema para mantener la diferencia. Uno de
los más sutiles y astutos, por ejemplo, ha sido el de la “igualdad de
oportunidades”, constructo en que –como explicó Ángel Puyol en 2010- escondió Napoleón para su delirio imperialista las aspiraciones de
millones de individuos que, antes de la Revolución, estaban condenados desde
antes de nacer, a seguir soñando con la posible emancipación. En realidad, la
carrera abierta a los más talentosos bajo un rubro distinto del linaje persigue
aprovechar al máximo –eso es el esforzado meritaje- las posibilidades de mayor
rentabilidad social, política y económica. A cambio, sigue dejando fuera
de juego a la gran mayoría de
individuos, y más en tiempos de crisis.
Por su parte, José Saturnino Martínez acaba de publicar La equidad y la educación, en que incide sobre las inequidades actuales que
cabe deducir de un riguroso análisis estadístico. Buen momento, pues, el de
este septiembre para reconsiderar el carácter discriminatorio que sigue mostrando
el sistema educativo español, donde un 33,3% de críos está en clara situación de desventaja social y en grave riesgo de
pobreza educativa. Ahí sí que no ha
llegado en modo alguno la supuesta bonanza del crecimiento económico. Comunidades como la madrileña, de nivel
alto en su contribución al PIB, siguen siendo paradigmáticas en cuanto al
maltrato hacia la escuela pública en beneficio creciente de la privacidad
educadora. Valga de prueba lo que en este septiembre tienen que soportar los
padres de miles de niños sin posibilidad de “elección de centro”, ese ideologizado
eslogan que tanto instrumentó Esperanza Aguirre y que sigue utilizando agresivamente Cifuentes. Han aumentado las subvenciones a colegios que segregan por sexos. Hay unos 19 centros escolares en obras
donde, incluso, empezarán las clases en barracones. Persisten bastantes “centros de difícil desempeño” y, además, en una precariedad laboral donde hay
profesores interinos, como Eloy Garavís,
que ha circulado durante un mismo año académico hasta por siete centros diferentes.
En este septiembre sigue urgiendo replantear, por tanto, las
políticas educativas que se llevan a cabo. Sobre todo, las que induce el MECD
con legislación y proyectos como el de un “pacto” en que este tipo de
cuestiones ni se mencionen o lo hagan de manera tan suave que todo siga como ha
sido. La pretensión del PP de preservar y aumentar los privilegios de los conciertos educativos y otras
subvenciones a centros privados, es la regresión perpetua. No se contentan con
que los derechos educativos se reduzcan a preservar en puridad las reformas que
había puesto en marcha la UCD, particularmente la LOECE (1980). De ser posible,
tratarán de ir más atrás: para los más conservadores, la ley de 1970 habría
sido el origen de la “gran estafa” educativa. También las primeras huelgas
obreras de la etapa franquista llevaron a decir a algunos: -“¡A dónde vamos a
parar; si hasta los obreros quieren vestir abrigo!”.
Igualdad y propiedad
La igualdad sigue siendo, en todo caso, un indicador esencial para
entender de qué van la calidad educativa o la democrática en general, aunque el
fondo de esta cuestión ya quedó sentenciado en la peripecia acomodaticia que adoptó la Revolución Francesa antes de que terminara
el siglo XIX. Roberspierre, para quien la pobreza era incompatible con la independencia
personal que presupone ser ciudadano, antes de que le estigmatizaran sentenció
que el derecho más imprescindible del hombre es el de existir: “la primera ley
social es, pues, la que asegura a todos los miembros de la sociedad los medios
de existir; todas las demás se subordinan a esta”. Ahí conectaría el de la
educación, imprescindible para no ser esclavo de múltiples formas de dominación
y dependencia. Sin embargo, como analiza Puyol, el triunfo de los intereses
burgueses sobre los del estado llano en esa Revolución tan crucial hizo pronto
que el significado de libertad e igualdad se acomodara a las exigencias de
aquellos. “La libertad” se redujo a la libertad económica de los propietarios; “la
igualdad” se transformó en formalista igualdad ante la ley, por mor de la
seguridad jurídica contractual. Y de “la fraternidad”, el otro gran referente, patente
es que ha quedado más proclive a la aleatoria continuidad de la beneficencia
particular que a las exigencias de una justicia distributiva. En cuanto a la
propuesta de la igualdad de oportunidades antedicha, a la vista está lo lejos
que nos encontramos de erradicar las contradicciones que nuestro sistema
educativo acarrea
Ahí seguimos en este septiembre, cuando arranca este nuevo curso
académico y el imaginario nacionalista pretende distraernos con otras
nostalgias. Sus cómplices, que ahora se rasgan las vestiduras, tanto guerrearon
con que España se rompía que no se sabe dónde están en vísperas del 1-O.
¿Andarán buscando los 40.000 millones de Euros que dijeron no pesarían sobre el erario
público? ¿Por qué se amparan en neolenguajes vacuos para que no nos fijemos en
que promueven descarnadas asimetrías sociales y que, en coherencia, la
escolarizaión pedestre que patrocinan no tiene interés alguno en una equidad
digna para todos?
Manuel Menor Currás
Madrid, 09.09.2017
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