Publicamos este manifiesto y convocatoria
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
sábado, 21 de noviembre de 2020
Ayuso no renovará en diciembre a 1.300 profesores de refuerzo que contrató para la pandemia (Fátima Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta noticia
El Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no renovará el contrato de 1.300 profesores de refuerzo que contrató para hacer frente a la pandemia. Lo ha confirmado este martes el consejero de Educación, Enrique Ossorio, que ha reiterado que los contratos de esos profesionales para impartir refuerzo se hicieron "solo para el primer trimestre del curso escolar", con el fin de compensar las "mermas en la educación" de los alumnos por los meses de confinamiento.
El contrato de 1.300 profesores vence el 22 de diciembre. Los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT ya se han puesto en guerra ya que consideran "imprescindible la prórroga de estos contratos hasta fin de curso por el papel fundamental" de estos docentes en los centros. Según explican los sindicatos, estos profesores están desempeñando otras funciones como sustituir a otros docentes que se quedan en cuarentena, entre otras funciones.
"Este profesorado estaba destinado a reforzar los contenidos que no se habían podido impartir adecuadamente en el último trimestre del curso pasado, debido al confinamiento. Sin embargo, por el agotamiento de las listas de interinos en varias especialidades, estos docentes han debido desempeñar funciones como sustituciones, tareas de tutor o especialista, en el caso de Primaria, y guardias u otras labores en Secundaria", explicaron los sindicatos de la mesa sectorial este lunes en un comunicado.
Según exponen, todas estas tareas de más "ha dificultado su plena dedicación a atender las carencias que debían subsanar, un cometido que sigue pendiente y en el que deberán seguir trabajando hasta la finalización del curso". Los colectivos sociales han pedido una reunión con Ossorio pero aún no han obtenido respuesta.
El consejero de Educación sin embargo ha explicado en un desayuno informativo este martes organizado por Europa Press que "una de las medidas más importantes para el inicio de curso era el refuerzo, dado que los alumnos sufrieron mermas en la educación" por el confinamiento. Para Ossorio, esta función ya está cubierta.
CCOO ha convocado esta tarde una concentración, con el apoyo de UGT, frente a la Consejería de Educación para protestar contra estos despidos que "dejarán a 20.000 alumnos madrileños sin profesores de refuerzo".
El Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso no renovará el contrato de 1.300 profesores de refuerzo que contrató para hacer frente a la pandemia. Lo ha confirmado este martes el consejero de Educación, Enrique Ossorio, que ha reiterado que los contratos de esos profesionales para impartir refuerzo se hicieron "solo para el primer trimestre del curso escolar", con el fin de compensar las "mermas en la educación" de los alumnos por los meses de confinamiento.
El contrato de 1.300 profesores vence el 22 de diciembre. Los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT ya se han puesto en guerra ya que consideran "imprescindible la prórroga de estos contratos hasta fin de curso por el papel fundamental" de estos docentes en los centros. Según explican los sindicatos, estos profesores están desempeñando otras funciones como sustituir a otros docentes que se quedan en cuarentena, entre otras funciones.
"Este profesorado estaba destinado a reforzar los contenidos que no se habían podido impartir adecuadamente en el último trimestre del curso pasado, debido al confinamiento. Sin embargo, por el agotamiento de las listas de interinos en varias especialidades, estos docentes han debido desempeñar funciones como sustituciones, tareas de tutor o especialista, en el caso de Primaria, y guardias u otras labores en Secundaria", explicaron los sindicatos de la mesa sectorial este lunes en un comunicado.
Según exponen, todas estas tareas de más "ha dificultado su plena dedicación a atender las carencias que debían subsanar, un cometido que sigue pendiente y en el que deberán seguir trabajando hasta la finalización del curso". Los colectivos sociales han pedido una reunión con Ossorio pero aún no han obtenido respuesta.
El consejero de Educación sin embargo ha explicado en un desayuno informativo este martes organizado por Europa Press que "una de las medidas más importantes para el inicio de curso era el refuerzo, dado que los alumnos sufrieron mermas en la educación" por el confinamiento. Para Ossorio, esta función ya está cubierta.
CCOO ha convocado esta tarde una concentración, con el apoyo de UGT, frente a la Consejería de Educación para protestar contra estos despidos que "dejarán a 20.000 alumnos madrileños sin profesores de refuerzo".
Boletín de TEMA nº 2 (Trabajadorxs de la Enseñanza de Madrid en Asamblea)
N°2 del Boletín de "Trabajadorxs de la Enseñanza de Madrid en Asamblea"
viernes, 20 de noviembre de 2020
La concertada se echa a la calle y utiliza a alumnos menores de edad para protestar contra la 'ley Celaá' (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES
La escuela concertada va con todo contra la ley Celaá (LOMLOE). La plataforma Más plurales, más libres, más iguales, formada por varias asociaciones de la patronal de escuelas concertadas, organizaciones de familias católicas, sindicatos y alguna exfalangista, ha sacado este miércoles a su comunidad educativa a la calle, alumnado incluido, para mostrar su rechazo a la nueva ley de Educación, que se aprobará previsiblemente este jueves en el Congreso camino del Senado. La plataforma no se está guardando nada en su lucha contra la nueva ley educativa: instó a los centros a mostrar su rechazo e incluir al alumnado, da igual la edad, en las protestas. Muchos colegios acogieron la idea con entusiasmo y en los últimos días las imágenes de menores, tan pequeños como de unos cinco años, portando los lazos naranjas identificativos de la campaña o participando en acciones están por todas las redes.
La patronal Escuelas Católicas, brazo educativo de la Iglesia y que posee en torno al 60% de la escuela concertada, envió una misiva a sus centros hace diez días –al menos alguna de sus delegaciones territoriales lo hizo– en la que les explicaba que la plataforma había decidido convocar un paro con dos minutos de silencio frente a las puertas de los colegios, y les instaba a que "haya una representación de la comunidad educativa (directivos, profesores, PAS y alumnos)". Al final de la protesta se ha leído, en aquellos centros que la han seguido, el manifiesto elaborado por Más plurales con los motivos de su rechazo a la LOMLOE.
Los elementos que han motivado la campaña de la escuela privada sostenida con fondos públicos contra la LOMLOE son conocidos y se pueden resumir en estos argumentos, incluidos en el comunicado que se ha leído en la puerta de los colegios: "Es una reforma que conduce hacia el dominio sistémico del Estado (...). La LOMLOE permite distribuir a los alumnos por centros reduciendo significativamente la elección educativa de sus padres, un derecho avalado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sostiene, pese a que en ningún sitio de tal Declaración pone que la sociedad tenga que pagar a los padres su elección educativa. "Se inventa un derecho a la educación pública –cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación–", continúa, aunque en realidad se limita a poner la escuela pública como garante de la oferta de plazas públicas; "la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa", obviando que la mayoría de los países Europeos tienen poca escuela concertada o nada y que solo tres tienen más que España; "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un laicismo impropio", la ley deja a la materia sin contar para la media, pero sigue siendo de oferta obligatoria por los centros; "y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial", que es su interpretación de que la ley dé un plazo de diez años para dotar a los centros ordinarios de recursos manteniendo los de educación especial.
El Gobierno está indignado con la campaña. Fuentes del ministerio y del PSOE explican que pueden llegar a entender la campaña, aunque no la compartan por estar basada, aseguran, en falsedades, pero añaden que el uso de menores –hay fotos en las redes de pequeños con apariencia de estar en Educación Infantil– supera todas las líneas. "Luego dicen que en Catalunya se adoctrina", se sorprenden. También añaden las fuentes que la escuela concertada, sobre todo en ciertas zonas como Madrid, recibe a familias de todo tipo de ideologías que no necesariamente tienen por qué estar en contra de la nueva ley.
Escuela concertada, Religión, el castellano o las repeticiones: estas son las principales novedades que trae la ley Celaá
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
- La aprobación definitiva por el Congreso de la LOMLOE pone a la que será la octava ley de la democracia a un mes aproximado de su publicación en el BOE y entrada en vigor
19 de noviembre de 2020
La ley Celaá (Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, Lomloe) ya ha sido aprobada por un Congreso dividido en la que será su versión definitiva, o casi. La nueva norma, que será la octava de la democracia para el sector, viene a sustituir a la Lomce de José Ignacio Wert, aprobada en solitario por el PP haciendo uso de su mayoría absoluta en 2013. El texto aún tiene que viajar al Senado, donde puede ser enmendado aunque la mayoría del PSOE en la Cámara Alta lleva a intuir que sufrirá pocos cambios, antes de su aprobación definitiva. El Gobierno espera que en aproximadamente un mes esté el nuevo texto publicado en el BOE y por tanto vigente, de manera que las partes organizativas y de gestión de la ley entren en vigor ya el próximo curso. Para los cambios curriculares habrá que esperar al desarrollo reglamentario por lo menos otro curso más.
El Congreso aprueba la ley Celaá con el apoyo de ERC y el PNV y la amenaza de la derecha de llevarla al Constitucional SABER MÁS
La Lomloe trae novedades en muchos ámbitos. Reorganiza los estudios y modifica asignaturas, como la Religión o la Ética, cambia el reparto de asignaturas entre el Gobierno central y los autonómicos, elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, limita la expansión de la escuela con conciertos (privada sostenida con fondos públicos) y rebaja su peso en el sistema dando un papel preponderante a la escuela pública, intenta repartir mejor al alumnado entre las dos redes para reducir la segregación, incorpora medidas para reducir la repetición, recupera un papel más fuerte de los Consejos Escolares e impulsa el primer ciclo de Educación Infantil, entre otras novedades. Además, introduce elementos de manera transversal a toda la educación, como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
Además de estas novedades –y muchos otros cambios que ellos meterían– el profesorado echa en falta una rebaja por ley de las ratios de alumnos por clase, probablemente una de las principales reivindicaciones, si no la principal, de los docentes. Unidas Podemos intentó enmendar la ley en este sentido, pero lo hizo sin el apoyo del PSOE y la idea no salió adelante. Todo sigue igual en este aspecto: las ratios se mantendrán en un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato (ampliables todas un 10% en situaciones excepcionales que a veces no lo son tanto). El Ministerio de Educación y el PSOE aducen que las cifras son un máximo y que en manos de las comunidades autónomas está bajarlas, si es su deseo.
Rebajar la repetición
La norma pretende abordar el problema que tiene España con la repetición de curso. Aproximadamente un tercio del alumnado de 15 años no está en el curso que por edad le correspondería, según datos oficiales, y además la repetición ejerce de elemento segregador: no todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de repetir ni siquiera en condiciones de igualdad de competencias. La Lomloe establece que la repetición será un recurso "excepcional" y lo limita a lo largo del ciclo educativo: será posible como máximo una vez en Primaria y dos en el ciclo obligatorio (hasta 4º de la ESO). La repetición ya no estará sujeta necesariamente, como hasta ahora, a un número máximo de suspensos: el claustro decidirá de manera colegiada si el alumno está preparado o no para seguir avanzando por el sistema. "Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación", reza el texto.
La norma pretende abordar el problema que tiene España con la repetición de curso. Aproximadamente un tercio del alumnado de 15 años no está en el curso que por edad le correspondería, según datos oficiales, y además la repetición ejerce de elemento segregador: no todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de repetir ni siquiera en condiciones de igualdad de competencias. La Lomloe establece que la repetición será un recurso "excepcional" y lo limita a lo largo del ciclo educativo: será posible como máximo una vez en Primaria y dos en el ciclo obligatorio (hasta 4º de la ESO). La repetición ya no estará sujeta necesariamente, como hasta ahora, a un número máximo de suspensos: el claustro decidirá de manera colegiada si el alumno está preparado o no para seguir avanzando por el sistema. "Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación", reza el texto.
Promoción de curso y titulación
El Gobierno pretende rebajar también el fracaso escolar y que haya más titulados al menos de Secundaria Obligatoria. Para ello, permitirá titular con algún suspenso, de nuevo bajo la premisa de que "obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa", sin más mención al límite de suspensos en 4º de la ESO que los referidos a la promoción de curso, y vuelve sobre la decisión "colegiada" del profesorado. La Lomloe también otorgará el título de la ESO a todos los alumnos que concluyan la Formación Profesionales Básica (hasta ahora se le otorgaba este título solo a algunos de estos alumnos).
En Bachillerato, se permite pasar de 1º a 2º con hasta dos materias suspendidas, que tendrán que ser cursadas en el siguiente curso. Los alumnos de Bachillerato podrán graduarse de manera excepcional con una asignatura suspendida "siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título". También aparece como novedad que quien tenga el título en Técnico en Formación Profesional y Técnico en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachillerato si superan las materias necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa.
El Gobierno pretende rebajar también el fracaso escolar y que haya más titulados al menos de Secundaria Obligatoria. Para ello, permitirá titular con algún suspenso, de nuevo bajo la premisa de que "obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa", sin más mención al límite de suspensos en 4º de la ESO que los referidos a la promoción de curso, y vuelve sobre la decisión "colegiada" del profesorado. La Lomloe también otorgará el título de la ESO a todos los alumnos que concluyan la Formación Profesionales Básica (hasta ahora se le otorgaba este título solo a algunos de estos alumnos).
En Bachillerato, se permite pasar de 1º a 2º con hasta dos materias suspendidas, que tendrán que ser cursadas en el siguiente curso. Los alumnos de Bachillerato podrán graduarse de manera excepcional con una asignatura suspendida "siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título". También aparece como novedad que quien tenga el título en Técnico en Formación Profesional y Técnico en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachillerato si superan las materias necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa.
Vuelven los programas de diversificación curricular en la ESO
La Lomloe recupera los llamados Programas de diversificación curricular (de momento se mantiene el nombre), que la Lomce eliminó. En la LOE, estos programas estaban destinados al alumnado que no fuera capaz de pasar de 2º de la ESO a 3º, tenían muy buena acogida en la comunidad educativa y la Lomloe ahora los recupera. "En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general", explica la ley. Se trata de una vía diferente a la general para lograr que el alumnado con necesidades de apoyo educativo no deja los estudios y logre titular en Secundaria Obligatoria.
La Lomloe recupera los llamados Programas de diversificación curricular (de momento se mantiene el nombre), que la Lomce eliminó. En la LOE, estos programas estaban destinados al alumnado que no fuera capaz de pasar de 2º de la ESO a 3º, tenían muy buena acogida en la comunidad educativa y la Lomloe ahora los recupera. "En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general", explica la ley. Se trata de una vía diferente a la general para lograr que el alumnado con necesidades de apoyo educativo no deja los estudios y logre titular en Secundaria Obligatoria.
El castellano deja de ser vehicular
Es a la vez una de las modificaciones que más ruido ha provocado y que menos efectos reales va a tener a priori en las aulas. Una enmienda pactada por el PSOE, UP y ERC elimina la referencia a que el castellano sea lengua vehicular de la Educación (expresión que se inventó José Ignacio Wert, antes de su Lomce, en 2013, no existía). El nuevo texto reza: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable", junto al compromiso, no especificado en la forma, de que el alumnado dominará ambas lenguas donde las haya y si no, se tomarán medidas correctoras. Los conocedores del sistema de inmersión lingüístico catalán (modelo en el que se estaba pensando cuando se incluyó este cambio) destacan que esto ya funcionaba así de facto y que en cualquier caso los tribunales ya han establecido que las familias que así lo pidan tienen derecho a recibir un 25% de sus clases en castellano. Apenas un centenar de ellas lo solicita al año en toda Catalunya.
Es a la vez una de las modificaciones que más ruido ha provocado y que menos efectos reales va a tener a priori en las aulas. Una enmienda pactada por el PSOE, UP y ERC elimina la referencia a que el castellano sea lengua vehicular de la Educación (expresión que se inventó José Ignacio Wert, antes de su Lomce, en 2013, no existía). El nuevo texto reza: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable", junto al compromiso, no especificado en la forma, de que el alumnado dominará ambas lenguas donde las haya y si no, se tomarán medidas correctoras. Los conocedores del sistema de inmersión lingüístico catalán (modelo en el que se estaba pensando cuando se incluyó este cambio) destacan que esto ya funcionaba así de facto y que en cualquier caso los tribunales ya han establecido que las familias que así lo pidan tienen derecho a recibir un 25% de sus clases en castellano. Apenas un centenar de ellas lo solicita al año en toda Catalunya.
Religión y Cultura de las religiones
Otro de los elementos ruidosos pero que parece generar más debate a nivel social que en los propios colegios. La Lomloe mantiene la asignatura como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para el alumnado. La norma le resta peso en el sistema a la materia: no contará para la nota media final, como había introducido la ley Wert, y no tendrá asignatura alternativa como hasta ahora, lo que promete causar quebraderos de cabeza la dirección de los centros, que se verán forzados básicamente a ponerla al principio o final de la jornada escolar porque no puede haber alumnos sin clase en mitad del horario escolar.
Además, una enmienda de PSOE y ERC establece que "en el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones". No hay más información en la ley, y fuentes socialistas aclaran que se regulará posteriormente, que no será obligatoria ni tampoco ejercerá de alternativa a Religión.
Otro de los elementos ruidosos pero que parece generar más debate a nivel social que en los propios colegios. La Lomloe mantiene la asignatura como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para el alumnado. La norma le resta peso en el sistema a la materia: no contará para la nota media final, como había introducido la ley Wert, y no tendrá asignatura alternativa como hasta ahora, lo que promete causar quebraderos de cabeza la dirección de los centros, que se verán forzados básicamente a ponerla al principio o final de la jornada escolar porque no puede haber alumnos sin clase en mitad del horario escolar.
Además, una enmienda de PSOE y ERC establece que "en el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones". No hay más información en la ley, y fuentes socialistas aclaran que se regulará posteriormente, que no será obligatoria ni tampoco ejercerá de alternativa a Religión.
Ética y filosofía
Descontados los cambios en Religión, la Ética es la materia de la que más se ha hablado en la última semana. El PSOE ha roto en la Lomloe el consenso que alcanzó el Congreso para recuperar el ciclo de formación filosófica (una sucesión de asignaturas en cursos consecutivos con un sentido conjunto) que rompió la Lomce, según denuncia la Red Española de Filosofía, que agrupa a profesionales de todo tipo relacionados con la Filosofía. La redacción de la nueva ley no prevé ninguna asignatura con estos contenidos en la Secundaria Obligatoria –las comunidades autónomas podrán incluir alguna optativa dentro de su margen de actuación–, pero sí una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, "que prestará especial atención a la reflexión ética y se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible", etc. La materia tiene, a falta del desarrollo del currículo, un aire a la extinta Educación para la Ciudadanía y amenaza con provocar los mismos desencuentros que aquella, que la derecha tachó de ideologizante y adoctrinadora. La REF sostiene que, diga lo que diga el Gobierno, no es la materia de Ética que ellos piden.
La Lomloe sí recupera la obligatoriedad de dos asignaturas de Filosofía en Bachillerato, una en 1º y otra en 2º, que laminó Wert.
Descontados los cambios en Religión, la Ética es la materia de la que más se ha hablado en la última semana. El PSOE ha roto en la Lomloe el consenso que alcanzó el Congreso para recuperar el ciclo de formación filosófica (una sucesión de asignaturas en cursos consecutivos con un sentido conjunto) que rompió la Lomce, según denuncia la Red Española de Filosofía, que agrupa a profesionales de todo tipo relacionados con la Filosofía. La redacción de la nueva ley no prevé ninguna asignatura con estos contenidos en la Secundaria Obligatoria –las comunidades autónomas podrán incluir alguna optativa dentro de su margen de actuación–, pero sí una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, "que prestará especial atención a la reflexión ética y se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible", etc. La materia tiene, a falta del desarrollo del currículo, un aire a la extinta Educación para la Ciudadanía y amenaza con provocar los mismos desencuentros que aquella, que la derecha tachó de ideologizante y adoctrinadora. La REF sostiene que, diga lo que diga el Gobierno, no es la materia de Ética que ellos piden.
La Lomloe sí recupera la obligatoriedad de dos asignaturas de Filosofía en Bachillerato, una en 1º y otra en 2º, que laminó Wert.
Agrupación de asignaturas por ámbitos
Otra de las novedades más puramente educativas que trae la Lomloe es que permitirá la agrupación de las asignaturas por ámbitos de conocimiento, de manera que no haya que impartir necesariamente una materia de Biología y otra de Física y Química, podrán ir juntas. "Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo", explicita la ley. Esto supone darle carácter normativo a algo que se venía haciendo en ciertos lugares. Queda exento de esta práctica el 4º curso de la ESO.
Otra de las novedades más puramente educativas que trae la Lomloe es que permitirá la agrupación de las asignaturas por ámbitos de conocimiento, de manera que no haya que impartir necesariamente una materia de Biología y otra de Física y Química, podrán ir juntas. "Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo", explicita la ley. Esto supone darle carácter normativo a algo que se venía haciendo en ciertos lugares. Queda exento de esta práctica el 4º curso de la ESO.
Límites a la escuela concertada
La Lomloe incluye varias novedades respecto a la situación, extensión y rol de la escuela concertada en el sistema educativo. Algunas de ellas se han realizado pensando exclusivamente en ciertas prácticas que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid por los centros privados sostenidos con fondos públicos, según explican fuentes socialistas y del Gobierno. Dos de las que más demandaban los defensores de la pública son la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y la prohibición de concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. La ley Celaá incluye ambas medidas, que había introducido la ley Wert. La plataforma Más plurales no ha dado la batalla especialmente con estos dos asuntos.
Además, el Gobierno quiere poner fin a esa práctica irregular pero asumida de que la escuela concertada cobre cuotas a las familias de manera más o menos transparente. Para ello, la Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias dentro del horario lectivo (se cobran aparte y pone a las familias en el brete de pagarlas o ver cómo su hijo es excluido, a veces en mitad de la jornada escolar) y obliga a las administraciones educativas a controlar que no se paguen cuotas.
La Lomloe incluye varias novedades respecto a la situación, extensión y rol de la escuela concertada en el sistema educativo. Algunas de ellas se han realizado pensando exclusivamente en ciertas prácticas que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid por los centros privados sostenidos con fondos públicos, según explican fuentes socialistas y del Gobierno. Dos de las que más demandaban los defensores de la pública son la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y la prohibición de concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. La ley Celaá incluye ambas medidas, que había introducido la ley Wert. La plataforma Más plurales no ha dado la batalla especialmente con estos dos asuntos.
Además, el Gobierno quiere poner fin a esa práctica irregular pero asumida de que la escuela concertada cobre cuotas a las familias de manera más o menos transparente. Para ello, la Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias dentro del horario lectivo (se cobran aparte y pone a las familias en el brete de pagarlas o ver cómo su hijo es excluido, a veces en mitad de la jornada escolar) y obliga a las administraciones educativas a controlar que no se paguen cuotas.
Reparto de alumnado, "demanda social" y segregación
El Gobierno también pretende reducir la segregación de alumnado en el sistema con varias medidas que también afectan a la escuela concertada agrupadas en dos ámbitos: la gestión de la oferta de plazas y el proceso de admisión y reparto del alumnado por los centros para evitar que los más favorecidos se junten en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en las públicas. En cuanto a la oferta, la Lomloe retira de su articulado la expresión "demanda social", que se inventó la Lomce. José Ignacio Wert incluyó esta fórmula en su ley para determinar qué tipo de plazas debían ofrecerse a la población para garantizar el derecho a la educación que garantiza la Constitución, apelando a que si las familias querían escuela concertada habría que darles escuela concertada. El problema que encuentra el Gobierno es que esta fórmula al revés no funcionaba según dónde (de nuevo, con un ojo en Madrid). Las plazas en centros públicos no estaban garantizadas.
El Gobierno quiere potenciar la escuela pública en la Lomloe. Para ello, ha introducido varios cambios en el articulado. Además de retirar la expresión "demanda social" –una de las medidas más criticadas por los defensores de la concertada, que acusan al Gobierno de restringir la libertad de elección de centro y han realizado una campaña contra la norma que incluye el uso de menores–, se establece por ley que la garantía de que exista una oferta de plazas suficientes corresponde a la escuela pública, mediante fórmulas como que esa garantía se articulará "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" o que "las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas", además de promover "un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".
La otra pata de las políticas para reducir la segregación es el reparto del alumnado por los centros. Los cambios fundamentales en este sentido, para deshacer los que introdujo la Lomce, son primar en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la ley Wert, pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales", dice la Lomloe. La otra medida es establecer "áreas de influencia" de los centros para hacer efectiva la aplicación de los criterios de proximidad y dar a las Comisiones de garantía de escolarización, encargadas de dirimir disputas cuando hay más demanda que oferta de plazas en un centro, el mandato de "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza".
El Gobierno también pretende reducir la segregación de alumnado en el sistema con varias medidas que también afectan a la escuela concertada agrupadas en dos ámbitos: la gestión de la oferta de plazas y el proceso de admisión y reparto del alumnado por los centros para evitar que los más favorecidos se junten en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en las públicas. En cuanto a la oferta, la Lomloe retira de su articulado la expresión "demanda social", que se inventó la Lomce. José Ignacio Wert incluyó esta fórmula en su ley para determinar qué tipo de plazas debían ofrecerse a la población para garantizar el derecho a la educación que garantiza la Constitución, apelando a que si las familias querían escuela concertada habría que darles escuela concertada. El problema que encuentra el Gobierno es que esta fórmula al revés no funcionaba según dónde (de nuevo, con un ojo en Madrid). Las plazas en centros públicos no estaban garantizadas.
El Gobierno quiere potenciar la escuela pública en la Lomloe. Para ello, ha introducido varios cambios en el articulado. Además de retirar la expresión "demanda social" –una de las medidas más criticadas por los defensores de la concertada, que acusan al Gobierno de restringir la libertad de elección de centro y han realizado una campaña contra la norma que incluye el uso de menores–, se establece por ley que la garantía de que exista una oferta de plazas suficientes corresponde a la escuela pública, mediante fórmulas como que esa garantía se articulará "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" o que "las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas", además de promover "un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".
La otra pata de las políticas para reducir la segregación es el reparto del alumnado por los centros. Los cambios fundamentales en este sentido, para deshacer los que introdujo la Lomce, son primar en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la ley Wert, pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales", dice la Lomloe. La otra medida es establecer "áreas de influencia" de los centros para hacer efectiva la aplicación de los criterios de proximidad y dar a las Comisiones de garantía de escolarización, encargadas de dirimir disputas cuando hay más demanda que oferta de plazas en un centro, el mandato de "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza".
Cambios en la educación especial
Otro de los aspectos que más ruido ha hecho, bajo acusaciones al Gobierno de que "los centros de educación especial van a desaparecer". La polémica se centra en torno a la disposición adicional cuarta de la Lomloe. Este apartado fija la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, como marco de referencia (al ser una convención internacional ratificada por el país es obligatorio, en el rango jerárquico está solo por debajo de la Constitución) y establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario.
La disposición cuestionada no llega a tanto. Establece que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años [aquí va la referencia a la Convención] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Esta es la parte que desde la patronal se entiende como una amenaza a su existencia. Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". Además, el articulado de la ley establece que se escuchará a las familias a la hora de matricular al alumnado con necesidades educativas especiales en unos centros u otros, con el fin de evitar situaciones como las que se dan de que las administraciones educativas deciden unilateralmente y luego la justicia corrige la decisión, pero varios años después. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido que los menores con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en centros ordinarios.
Otro de los aspectos que más ruido ha hecho, bajo acusaciones al Gobierno de que "los centros de educación especial van a desaparecer". La polémica se centra en torno a la disposición adicional cuarta de la Lomloe. Este apartado fija la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, como marco de referencia (al ser una convención internacional ratificada por el país es obligatorio, en el rango jerárquico está solo por debajo de la Constitución) y establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario.
La disposición cuestionada no llega a tanto. Establece que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años [aquí va la referencia a la Convención] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Esta es la parte que desde la patronal se entiende como una amenaza a su existencia. Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". Además, el articulado de la ley establece que se escuchará a las familias a la hora de matricular al alumnado con necesidades educativas especiales en unos centros u otros, con el fin de evitar situaciones como las que se dan de que las administraciones educativas deciden unilateralmente y luego la justicia corrige la decisión, pero varios años después. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido que los menores con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en centros ordinarios.
El reparto competencial
La Lomloe modifica también el reparto entre Gobierno y comunidades autónomas sobre el currículum educativo y sustituye el método que instauró Wert (por el que el Gobierno central decretaba un número de asignaturas comunes para toda España y daba a las autonomías capacidad de introducir unas pocas optativas) por uno de porcentajes. Así, tras enmendar el texto original, el Ministerio de Educación se ocupará del 60% del currículo, porcentaje que caerá al 50% en las comunidades con lengua cooficial. También se añade en la ley que los centros educativos "desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas en uso de su autonomía". Algo más de libertad para los centros.
Colegios e institutos también ganarán algo de autonomía respecto a la Lomce. El articulado de la Lomloe recupera el papel de los Consejos Escolares, disminuidos en la ley Wert en favor de la dirección de los centros. La nueva norma establece que "la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar".
La Lomloe modifica también el reparto entre Gobierno y comunidades autónomas sobre el currículum educativo y sustituye el método que instauró Wert (por el que el Gobierno central decretaba un número de asignaturas comunes para toda España y daba a las autonomías capacidad de introducir unas pocas optativas) por uno de porcentajes. Así, tras enmendar el texto original, el Ministerio de Educación se ocupará del 60% del currículo, porcentaje que caerá al 50% en las comunidades con lengua cooficial. También se añade en la ley que los centros educativos "desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas en uso de su autonomía". Algo más de libertad para los centros.
Colegios e institutos también ganarán algo de autonomía respecto a la Lomce. El articulado de la Lomloe recupera el papel de los Consejos Escolares, disminuidos en la ley Wert en favor de la dirección de los centros. La nueva norma establece que "la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar".
Impulso a la Formación Profesional
No es exclusivo de la Lomloe porque vendrá con una ley propia, pero también vienen cambios en la FP. Ya se ha mencionado que titular en la etapa básica, para alumnos de 15 años que tienen problemas para seguir el ritmo en Secundaria, otorgará directamente el título de la ESO para que este alumnado pueda seguir progresando por el sistema o al menos tenga una titulación obligatoria. También habrá una especie de másteres de la FP, para la especialización al modo de los universitarios, y se flexibilizan los estudios para que no tengan que durar necesariamente todos lo mismo, como sucede ahora.
No es exclusivo de la Lomloe porque vendrá con una ley propia, pero también vienen cambios en la FP. Ya se ha mencionado que titular en la etapa básica, para alumnos de 15 años que tienen problemas para seguir el ritmo en Secundaria, otorgará directamente el título de la ESO para que este alumnado pueda seguir progresando por el sistema o al menos tenga una titulación obligatoria. También habrá una especie de másteres de la FP, para la especialización al modo de los universitarios, y se flexibilizan los estudios para que no tengan que durar necesariamente todos lo mismo, como sucede ahora.
Más plazas públicas en la etapa 0-3
El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil, que no es obligatoria pero sí prácticamente universal en el segundo ciclo (3-6 años) aunque flojea en el primero (0-3 años), con una oferta de plazas "pública, suficiente y asequible". El objetivo que se quiere alcanzar, expone la ley, es "atender todas las solicitudes de escolarización" en la etapa inicial. También se recupera parte del carácter educativo de la etapa, que la Lomce laminó por otro más asistencial.
El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil, que no es obligatoria pero sí prácticamente universal en el segundo ciclo (3-6 años) aunque flojea en el primero (0-3 años), con una oferta de plazas "pública, suficiente y asequible". El objetivo que se quiere alcanzar, expone la ley, es "atender todas las solicitudes de escolarización" en la etapa inicial. También se recupera parte del carácter educativo de la etapa, que la Lomce laminó por otro más asistencial.
El profesorado podrá ser apartado
La Lomloe incluye una disposición adicional nueva, la cuadragésima octava, que no ha gustado mucho a los sindicatos porque entienden que corresponde al ámbito del Estatuto docente, aún pendiente de negociar. Es de carácter disciplinar sobre el "cambio de las funciones del personal docente", y dice así: "Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa".
La Lomloe incluye una disposición adicional nueva, la cuadragésima octava, que no ha gustado mucho a los sindicatos porque entienden que corresponde al ámbito del Estatuto docente, aún pendiente de negociar. Es de carácter disciplinar sobre el "cambio de las funciones del personal docente", y dice así: "Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa".
El Gobierno decidió controlar por ley la educación concertada tras los efectos de 20 años de políticas del PP en Madrid (daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta noticia
Cuando se pregunta a altos cargos del Gobierno –o del PSOE o Unidas Podemos– sobre los cambios que afectan a la escuela concertada en la LOMLOE (popularmente, la 'ley Celaá') una muletilla se cuela cada pocas frases a la hora de poner ejemplos concretos: "Como sucede en Madrid". Es una constante que repiten unos y otros y que ha dejado su poso por toda la norma: desde la prohibición de la cesión de suelo público a centros con concierto hasta la pretensión de repartir equitativamente al alumnado por toda la red financiada con fondos públicos para evitar la segregación, pasando por la supresión de la repetida expresión "demanda social" para apuntalar centros concertados o la obligatoriedad de publicitar las plazas libres de profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos.
Buena parte del articulado de la LOMLOE en lo relativo a la concertada se debe por tanto, según fuentes socialistas y del Ejecutivo, a las políticas educativas llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid durante más de dos décadas de gobiernos del Partido Popular. Unas políticas que han elevado a la concertada a base de, por ejemplo, la cesión del suelo público a centros que luego se concertarían pero que no existían previamente lo que contravenía la legislación (y que luego fueron arropadas por la LOMCE de José Ignacio Wert en ciertos casos). ¿Cuánto de la nueva norma respecto a la educación concertada es debido a los efectos observados de la fórmula PP en la Comunidad de Madrid? "Casi todo lo relacionado con la concertada", concede un alto cargo del PSOE. También la ministra, Isabel Celaá, ha criticado en público la cesión de suelo público o, con carácter más general, la segregación de la Lomce.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no es ajena a que la LOMLOE amenaza el modelo educativo madrileño. El pasado viernes, el día que se aprobó la versión casi definitiva de la ley en la Comisión de Educación, anunció que presentará una ley que, "sin fisuras", defenderá "no sólo la sola educación concertada y la libertad de enseñanza en general" sino, sobre todo, la educación especial.
Por la "libertad de elección"
Bajo el lema de la "libertad de elección de las familias" en lo referente a la educación, el PP ha practicado dos décadas de apuesta por la escuela con concierto en Madrid. La expresidenta Esperanza Aguirre fue la paladín de este movimiento, que no perdió un ápice de fuerza con sus sucesores. El actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos, anunció que impulsaría la escuela concertada durante la legislatura. El resultado de estos 20 años es una región que si fuera un país sería el segundo que más segrega a su alumnado de toda Europa, segunda en estudiantes en la escuela concertada y subiendo (en porcentaje y en el total, pese a ser la tercera con más alumnado) y con un gasto en subvencionar centros privados del 20% del presupuesto educativo –sin contar el gasto en profesorado–, cinco puntos superior a la media nacional. Unos centros que, junto a los privados sin concierto, acumulan un tercio de los beneficios que gana el sector en toda España y que contratan a su profesorado sin pasar por el debido proceso de mérito y capacidad que rige las contrataciones que, como estas, se realizan con fondos públicos.
Los datos hablan solos. El alumnado en centros concertados de la región no ha parado de subir en la última década. Lo que en el curso 2007-2008 eran 280.656 alumnos (el 27,2%) diez años después eran 364.168 (29,9%, más que Andalucía, que tiene más población, y los mismos que Catalunya). Los de la escuela pública han pasado del 59,26% al 54,2% en el mismo periodo. El número de centros ha caído en términos relativos: de 524 (15,9%) a 558 15,2%. En el profesorado es más difícil seguir la evolución porque hace diez años no se separaban los de la privada sin concierto de los financiados con fondos públicos. Incluyendo a todos en el mismo saco, han pasado de ser 34.547 (el 40,7%) a 43.005 (45,2%) en una década. Respecto a la financiación, tampoco se distinguía lo dedicado a conciertos hace diez años, pero a día de hoy, la Comunidad traspasa uno de cada cinco euros a fondos privados, un total de 1.018 millones de euros el último año. Un último dato económico: el sector educativo privado madrileño –con o sin concierto– ganó en el curso 2014-15 un total de 122 millones de euros, según la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE. Estos beneficios son casi un tercio del total de lo ganado por el sector en toda España ese curso.
Bajo el lema de la "libertad de elección de las familias" en lo referente a la educación, el PP ha practicado dos décadas de apuesta por la escuela con concierto en Madrid. La expresidenta Esperanza Aguirre fue la paladín de este movimiento, que no perdió un ápice de fuerza con sus sucesores. El actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos, anunció que impulsaría la escuela concertada durante la legislatura. El resultado de estos 20 años es una región que si fuera un país sería el segundo que más segrega a su alumnado de toda Europa, segunda en estudiantes en la escuela concertada y subiendo (en porcentaje y en el total, pese a ser la tercera con más alumnado) y con un gasto en subvencionar centros privados del 20% del presupuesto educativo –sin contar el gasto en profesorado–, cinco puntos superior a la media nacional. Unos centros que, junto a los privados sin concierto, acumulan un tercio de los beneficios que gana el sector en toda España y que contratan a su profesorado sin pasar por el debido proceso de mérito y capacidad que rige las contrataciones que, como estas, se realizan con fondos públicos.
Los datos hablan solos. El alumnado en centros concertados de la región no ha parado de subir en la última década. Lo que en el curso 2007-2008 eran 280.656 alumnos (el 27,2%) diez años después eran 364.168 (29,9%, más que Andalucía, que tiene más población, y los mismos que Catalunya). Los de la escuela pública han pasado del 59,26% al 54,2% en el mismo periodo. El número de centros ha caído en términos relativos: de 524 (15,9%) a 558 15,2%. En el profesorado es más difícil seguir la evolución porque hace diez años no se separaban los de la privada sin concierto de los financiados con fondos públicos. Incluyendo a todos en el mismo saco, han pasado de ser 34.547 (el 40,7%) a 43.005 (45,2%) en una década. Respecto a la financiación, tampoco se distinguía lo dedicado a conciertos hace diez años, pero a día de hoy, la Comunidad traspasa uno de cada cinco euros a fondos privados, un total de 1.018 millones de euros el último año. Un último dato económico: el sector educativo privado madrileño –con o sin concierto– ganó en el curso 2014-15 un total de 122 millones de euros, según la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada del INE. Estos beneficios son casi un tercio del total de lo ganado por el sector en toda España ese curso.
El distrito único y la cesión de suelo, comienzo de todo
El principio de casi todo, o al menos la medida más lesiva si hablamos de segregación, fue la creación del distrito único en toda la Comunidad en 2012, según constató un estudio. Se rompieron las áreas de influencia de los colegios para dar puntos para la escolarización y que las familias pudieran escoger su centro de preferencia en cualquier lugar de la región. En la práctica, según explicó una de las autoras del informe sobre segregación en Madrid, algunas familias pueden elegir más que otras. Esta medida vino acompañada de una rebaja del tope de ingresos mínimos necesarios para recibir un extra de puntos. A la vez, se daría un punto extra por tener un hermano en un centro (esto se modificó al año pasado para dar puntos por cada hermano, antes solo sumaba uno). ¿El resultado de estas medidas? Se disparó la segregación hasta un 13%. La principal segregación es de tipo económico (los ricos por un lado, los pobres por otro), pero no es la única.
La Comunidad también hizo de la cesión de suelo público para la construcción de centros que luego recibirían un concierto una práctica habitual. Una práctica habitual y un supuesto negocio, toda vez que el número tres de Aguirre, Francisco Granados, fue detenido precisamente por cobrar comisiones en la construcción de centros concertados a los que cedía suelo público. Aparte de este supuesto delito, la cesión en sí también exploró los límites de la ley antes de que fuera regulada por José Ignacio Wert en su Lomce. La región pasó años cediendo suelo a centros que no existían previamente, una práctica que la ley no contemplaba. Para dar un concierto, un colegio tenía que existir previamente y pedirlo. Madrid obvió esta parte regalando el uso –a 75 años– de muchas parcelas a centros que no existían más allá del papel.
El principio de casi todo, o al menos la medida más lesiva si hablamos de segregación, fue la creación del distrito único en toda la Comunidad en 2012, según constató un estudio. Se rompieron las áreas de influencia de los colegios para dar puntos para la escolarización y que las familias pudieran escoger su centro de preferencia en cualquier lugar de la región. En la práctica, según explicó una de las autoras del informe sobre segregación en Madrid, algunas familias pueden elegir más que otras. Esta medida vino acompañada de una rebaja del tope de ingresos mínimos necesarios para recibir un extra de puntos. A la vez, se daría un punto extra por tener un hermano en un centro (esto se modificó al año pasado para dar puntos por cada hermano, antes solo sumaba uno). ¿El resultado de estas medidas? Se disparó la segregación hasta un 13%. La principal segregación es de tipo económico (los ricos por un lado, los pobres por otro), pero no es la única.
La Comunidad también hizo de la cesión de suelo público para la construcción de centros que luego recibirían un concierto una práctica habitual. Una práctica habitual y un supuesto negocio, toda vez que el número tres de Aguirre, Francisco Granados, fue detenido precisamente por cobrar comisiones en la construcción de centros concertados a los que cedía suelo público. Aparte de este supuesto delito, la cesión en sí también exploró los límites de la ley antes de que fuera regulada por José Ignacio Wert en su Lomce. La región pasó años cediendo suelo a centros que no existían previamente, una práctica que la ley no contemplaba. Para dar un concierto, un colegio tenía que existir previamente y pedirlo. Madrid obvió esta parte regalando el uso –a 75 años– de muchas parcelas a centros que no existían más allá del papel.
Auge y caída de la "demanda social"
Relacionada con esta práctica está la invención del concepto de "demanda social", que introdujo la Lomce. Este concepto venía a traducirse en que si en una determinada zona la mayoría de las familias solicitaba una escuela concertada, la administración debía dar por bueno que la "demanda social" de esa zona era de más escuela concertada. Lo que no explicaba la ley es cómo se pondera esta "demanda social" en un barrio que tiene tres colegios concertados y uno público (o directamente ninguno), por lo que la mayoría de las familias acudirán al concertado a matricular a sus hijos.
La LOMLOE aborda esta cuestiones que se dan "por ejemplo en Madrid", según citan algunos responsables de la ley y diputados que han trabajado en introducir enmiendas. La ley Celaá prohíbe directamente la cesión de suelo público para construir centros privados, tengan o no concierto, y elimina el concepto de "demanda social" de su articulado, que sustituye por una programación de las plazas por parte de la administración educativa "mediante una oferta suficiente de plazas públicas", según el texto de la ley. El espíritu de la norma es que las plazas educativas se garanticen en centros públicos: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública", se lee en el articulado.
Segregación y "áreas de influencia" de los colegios
La ley Celaá también tratará de evitar la segregación del alumnado, tan madrileña, para que los estudiantes se repartan de manera equitativa por todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada. Se primará de nuevo en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que recogía la LOMCE pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género", dice la LOMLOE.
Asimismo, y esto es novedad, la norma recupera las "áreas de influencia" de los colegios para reforzar este reparto, y encomienda a las Comisiones de garantía de admisión "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza (...). Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación".
Relacionada con esta práctica está la invención del concepto de "demanda social", que introdujo la Lomce. Este concepto venía a traducirse en que si en una determinada zona la mayoría de las familias solicitaba una escuela concertada, la administración debía dar por bueno que la "demanda social" de esa zona era de más escuela concertada. Lo que no explicaba la ley es cómo se pondera esta "demanda social" en un barrio que tiene tres colegios concertados y uno público (o directamente ninguno), por lo que la mayoría de las familias acudirán al concertado a matricular a sus hijos.
La LOMLOE aborda esta cuestiones que se dan "por ejemplo en Madrid", según citan algunos responsables de la ley y diputados que han trabajado en introducir enmiendas. La ley Celaá prohíbe directamente la cesión de suelo público para construir centros privados, tengan o no concierto, y elimina el concepto de "demanda social" de su articulado, que sustituye por una programación de las plazas por parte de la administración educativa "mediante una oferta suficiente de plazas públicas", según el texto de la ley. El espíritu de la norma es que las plazas educativas se garanticen en centros públicos: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública", se lee en el articulado.
Segregación y "áreas de influencia" de los colegios
La ley Celaá también tratará de evitar la segregación del alumnado, tan madrileña, para que los estudiantes se repartan de manera equitativa por todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad pública o privada. Se primará de nuevo en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que recogía la LOMCE pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, una discapacidad sobrevenida de cualquiera de los miembros de la familia o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género", dice la LOMLOE.
Asimismo, y esto es novedad, la norma recupera las "áreas de influencia" de los colegios para reforzar este reparto, y encomienda a las Comisiones de garantía de admisión "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza (...). Particularmente, velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación".
Control de la contratación de profesorado
La LOMLOE también pretende corregir otra circunstancia que se ha creado en Madrid: la falta de transparencia a la hora de contratar profesores de la escuela concertada. Este elemento no es nuevo. Establecía la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 en su artículo 60 que "las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciarán públicamente". El Gobierno quiere velar por su aplicación, y añade que los principios de "mérito y capacidad" a respetar serán "en relación al puesto docente que se va a ocupar". Además, añade que la administración velará porque en los procesos de selección y extinción laboral se realicen de acuerdo a la normativa y procedimientos "que resulten de aplicación", en referencia a la ley. La Comunidad de Madrid no cumple con este precepto, según admitió el Gobierno regional, quizá sin querer, en una respuesta a un docente que solicitó información sobre la cuestión vía Consejo de Transparencia. "Se le ha dado traslado de la información de que la que se dispone actualmente", explicaba la respuesta. La información que se trasladó al docente era que no había información. Otras regiones como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia o Navarra sí las publican a través de la Consejería de Educación.
La LOMLOE también pretende corregir otra circunstancia que se ha creado en Madrid: la falta de transparencia a la hora de contratar profesores de la escuela concertada. Este elemento no es nuevo. Establecía la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 en su artículo 60 que "las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciarán públicamente". El Gobierno quiere velar por su aplicación, y añade que los principios de "mérito y capacidad" a respetar serán "en relación al puesto docente que se va a ocupar". Además, añade que la administración velará porque en los procesos de selección y extinción laboral se realicen de acuerdo a la normativa y procedimientos "que resulten de aplicación", en referencia a la ley. La Comunidad de Madrid no cumple con este precepto, según admitió el Gobierno regional, quizá sin querer, en una respuesta a un docente que solicitó información sobre la cuestión vía Consejo de Transparencia. "Se le ha dado traslado de la información de que la que se dispone actualmente", explicaba la respuesta. La información que se trasladó al docente era que no había información. Otras regiones como Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia o Navarra sí las publican a través de la Consejería de Educación.
jueves, 19 de noviembre de 2020
Las derechas vasca, catalana y española rompen sus vetos cruzados para defender (sin éxito) la educación concertada (Aitor Riveiro / Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publicó esta noticia
Vetos cruzados salvo para las cosas importantes. Eso plantearon el jueves las derechas nacionalistas vasca, catalana y española durante el debate para la aprobación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, que se produjo en el Pleno del Congreso y donde partidos supuestamente antagónicos, que en los últimos meses se han dedicado desde la tribuna gruesas expresiones e incluso amenazas de ilegalización, unieron sus fuerzas para intentar defender a la escuela concertada. Junts, PDeCAT, PNV, PP, Vox y Ciudadanos votaron una enmienda, planteada por los tres primeros, que limitaba la apuesta del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y sus aliados, especialmente ERC, por mejorar la financiación y extensión de la red pública como garante de la oferta educativa. No tuvieron éxito y la enmienda fue rechazada.
El texto de la LOMLOE, bautizada mediáticamente como ley Celaá, ha sido muy criticado desde la derecha política y social por varios aspectos, pero especialmente por dos de ellos. Por un lado, la recuperación de la inmersión lingüística en las comunidades con dos idiomas oficiales, una política que se puso en marcha en los 80 cuando gobernaban algunos de los históricos dirigentes socialistas que hoy reniegan de ella.
Y por otro, por hacer una declaración expresa de que se favorecerá la extensión de plazas de centros de titularidad pública, lo que desde las patronales educativas se ha visto como un ataque a los colegios concertados. Desde la plataforma Más Plurales, que aúna a una decena de asociaciones ultraliberales y ultraconservadoras contrarias a la norma, se ha criticado al Gobierno por "inventarse un derecho a la educación pública" que, dicen, no existe.
Este segundo punto es el que ha propiciado una extraña coalición en favor del actual modelo, impulsado también en los años 80 ante la imposibilidad de atender a todos los escolares en una red pública abandonada durante décadas por el franquismo. Casi toda la derecha parlamentaria, sin importar los odios que se han declarado desde la tribuna, votó a favor de la enmienda promovida por el independentismo catalán de Junts per Catalunya (ahora divididos en Junts y PDeCAT).
PP, Vox y Ciudadanos, así como los minoritarios de UPN, Foro y Coalición Canaria, la apoyaron, aunque unos y otros hicieron poca o ninguna referencia a la enmienda. El primero de los grupos proponentes en hablar, el PNV, mostraba la bandera blanca desde la tribuna. La diputada Josune Gorospe reivindicó el modelo vasco de concertada que, ha dicho, está "alejado" del que se ha planteado en otros lugares. El ejemplo de las ikastolas está siempre en el imaginario del PNV. "Agradezco el apoyo de otros grupos, pero finalmente no ha podido ser", concluyó.
Minutos después, el diputado de JxC Sergi Miquel también subía a la tribuna a defender la posición de su grupo. Miquel lamentó que la LOMLOE no sea una "ley de todos", sino "de un bando". Sobre la concertada, se limitó a señalar la "obsesión de la izquierda a que todo sea tremendamente público" lo que, dijo, ha conducido "a una ley que no garantiza pluralidad en el sistema educativo".
Pese a las críticas, el PNV y JxC (tanto Junts como el PDeCAT) votaron a favor de la aprobación de la LOMLOE. El acuerdo de mínimos fue este jueves acabar con la ley Wert. No lo hicieron así sus aliados ocasionales de este jueves en el Congreso. PP, Vox y Ciudadanos plantearon su rechazo total a la ley e iniciaron la competición por arrogarse la paternidad de los respectivos recursos que, dijeron, van a plantear ante el Tribunal Constitucional.
Esa coalición improvisada para defender la concertada de partidos –donde por un día coincidieron los intereses de Vox y los independentistas de Junts, Ciudadanos y el PNV, así como el Partido Popular– apoyó la enmienda con la boca pequeña. Algunos grupos obviaron la existencia de ese texto en sus respectivas intervenciones. De hecho, el diputado de Vox Joaquín Robles arremetió "contra los independentistas" por querer convertir las escuelas "en un instrumento para la secesión". Robles apenas pronunció una frase expresamente referida a las escuelas concertadas. Similar fue la intervención de la diputada del PP María Sandra Moneo, quien criticó que se va a imponer un "monopolio estatal docente" y que las redes pública y concertada son "complementarias".
Suspense por ERC
La enmienda no sumó finalmente los votos necesarios. Pero durante unas horas, ERC alimentó con su silencio la posibilidad de una abstención que no llegó. Desde el partido republicano señalaban a primera hora del jueves que ERC no se iba a "alinear con las derechas, ni con la catalana ni con la española" y que su voto iba a ser contrario a la enmienda. Punto y final.
Con la enmienda, presentada en el último momento, el PNV y JxCat pretendían devolver algo de aire a la escuela concertada. El cambio propuesto afectaba al artículo 109 de la LOMLOE, el que regula la programación de la red de centros, e introducía principalmente tres modificaciones para mitigar el impulso a la red de titularidad pública que incluye la ley.
La primera era eliminar del punto 1 la referencia a que la programación de la oferta de plazas debe garantizar "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" el derecho de todos a la educación pública. Los partidos de la derecha querían omitir esa referencia a que las plazas sean públicas para, por omisión, incluir a la concertada también.
Además, proponían PNV y JxCat eliminar el punto 5 del artículo 109, por el que se establece un aumento generalizado del número de plazas en centros de titularidad pública y que desde la escuela concertada –y los partidos que la apoyan– se entiende como un ataque a sus centros. Dice este punto: "Las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública". Finalmente, se quedará como está.
Por último, la LOMLOE establece que "las Administraciones educativas programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia de plazas públicas suficientes". La clave está en "públicas". La enmienda rechazada añadía a esa garantía de plazas públicas "aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación", en alusión a las escuelas concertadas, que aunque son de titularidad privada se consideran de servicio público porque están financiadas por las autonomías.
La LOMLOE también es una ley provisional (Manuel Menor)
Publicamos este análisis de Manuel Menor
No ha sido todavía
votada y ya ha sido sentenciada por los grupos conservadores del Congreso de
Diputados.
La LOMLOE –nombre atrabiliario para una ley con pretensión de
servir a una educación de todos- está a
punto de pasar al BOE con la
provisionalidad alternante de las anteriores.
Con ánimo de minusvalorarla, sus opositores han reiterado estos días que
“justo, equitativo y de calidad” es lo que, para cuando vuelvan a gobernar,
dicen tendrá “su” sistema educativo.
Se deduce, por tanto, que, a ojos de la oposición conservadora,
esta nueva ley ni es justa, ni equitativa ni de calidad, supuestamente porque, al
hacer desaparecer con la LOMCE algunos de los aspectos más denostados desde
antes de que naciera en 2013, no quieren que olvidemos los ingredientes que, salvo
ellos, nadie votó. Algunos querrían, también, que una gran mayoría ciudadana se
uniera a quienes han demandado estos días, en la Carrera de San Gerónimo y en
alguna web, seguir gozando de los privilegios que han tenido prácticamente
siempre, muy reforzados en los años del nacionalcatolicismo franquista.
Todavía polarizados
La polarización en torno a la escuela y su cultura sigue viva, no
tanto como en 2005 –en aquella manifestación histórica que arrastró a la calle
a un puñado de obispos en demanda de que la ampliación de derechos civiles no
llegara a buen término-, ni como en 1985, cuando Martínez Fuertes y Carmen
Alvear ponían obstáculos a la LODE, una ley que daba cobertura oficial a sus anteriores
subvenciones y les salvaguardaba de la mano aleatoria del libre mercado. Hoy,
son las mismas organizaciones, con idénticas dependencias orgánicas detrás y
algunos medios informativos más, las que siguen reclamando tan privilegiada
situación, aunque la coyuntura no propicie el dramatismo de entonces para
maximizar su nostalgia.
Se ha de reconocer, de todos modos, la pervivencia del apego a si
es o no es verdad aquel modo de entender lo que es “justo, equitativo y de
calidad” en el mundo educativo escolar. Algunos, al proclamar que tienen de su lado, de siempre, el bien y la verdad,
les cuesta aceptar el principio de realidad, objetivable estadísticamente con
los datos relativos a recortes en la enseñanza pública y paralelo crecimiento
de recursos en la privada que han reflejado los Presupuestos Generales de
Educación entre 2008 y 2018 –vigente todavía-,
sin más justificación que predilecciones de quienes manejaron los dineros de
Hacienda. Si a ello se suma el desafecto que, pese a las facilidades dadas por
la LOMCE, ha tenido la clase de Religión, su sentido de equidad, justicia y calidad,
que vuelven a reivindicar, hace
inexplicable el peculiar baremo de
“función social” que exigen a los repartos de recursos públicos.
Con un razonamiento tan particular como poco equilibrado con las necesidades
reales de la mayoría de ciudadanos, el supuesto “pacto educativo” con que tentaron
al hemiciclo del Congreso en un pasado
no tan antiguo -la última vez fue con
Méndez de Vigo-, seguirá en el alero de
las buenas intenciones, siempre aptas para no entenderse y seguir manteniendo
vivo un espacio siempre a punto para peleas más que simbólicas, con todos los
ingredientes disponibles para ser agitados cuando convenga.
En tono menor
Al común de los ciudadanos, sin embargo, especialmente a ese
tercio de alumnado que, desde antes de nacer, está sentenciado al “abandono” o
al “fracaso escolar”, este debate bizantino no le dice nada. Se siente
abandonado por más que la palabra “equidad” y “justicia” sobrevuele ahora el
combate mediático unida a “calidad”, el constructo que desde los años setenta, sobre
todo, persigue a la educación española sin que alcancen a percibirla los que
más la necesitan.
A los promotores de esta ley, por su parte, parece que no les
inquiete mucho esa situación ni el avaricioso uso de las palabras con
significados contrarios a los que en buena ley reclama su semántica originaria.
Con salvar la cara por los tres años de legislatura que restan, se disponen a
defender el progresismo de esta LOMLOE por haber logrado derogar parte de la
anterior; verdad es que ha sido especialmente ominosa y –como decía Rubalcaba-
técnicamente atroz, capaz de romper los consensos supuestos que encerraba el
art. 27 de la CE78. No les asusta, sin embargo, dejar casi como estaba la
divergencia que suponen los conciertos educativos; esta ley vuelve
prácticamente a lo que decía la LOE en su art. 108.4; se veía venir, además,
por decisiones anteriores de este Gobierno de coalición y por los oportunismos de vascos y catalanes
para tener a mano más cotas de poder
discrecional. Por su parte, el lado más conservador del PSOE ve con buenos ojos
que esa divisoria del sistema se quede en una ambigüedad similar a la de
siempre, acompañada por la que -por razones de supuesta pérdida de votos entre
sus clases medias-, han auspiciado introducir en el currículo como alternativa
a la clase de Religión –y dejando a esta en el currículo- una redundante área sobre “valores de la cultura
religiosa”.
Sobriedad
De salir adelante en el texto definitivo este aspecto normativo –que
también interesa a la jerarquía católica-, los profesores de las áreas de
Historia, Historia del Arte, Historia de la Filosofía e Historia de la Literatura,
debieran alzarse contra esta intrusión tan alevosa en sus especialidades. Los
primeros, los de las facultades universitarias y, a continuación, cuantos como
docentes en otros niveles educativos, o como discentes y lectores, reclamen del
tiempo escolar que se ocupe de lo que debe y no de lo que algunos expertos en
la sofística quieran colar al común de los mortales como imprescindible para
sus vidas. ¿Es hoy el día internacional de la Filosofía? ¡Qué raro!
Si la COVID-19 está reclamando sobriedad y precisión en las
decisiones, no parece que en el ámbito oficial de Educación exista esa
ejemplaridad. Se sigue estilando un paisaje propicio al barroquismo del horror vacui, sin ansia por clarificar
el panorama y a conveniencia provisional. En un momento en que es importante no
confundir lo urgente y lo importante, es lastimoso que, una vez más, los desvelos
de un pasado ya ido determinen improvisaciones para un presente que se
deshilacha por momentos.
Manuel Menor Currás
Madrid, 17.11.2020.
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