@IdiazAyuso aprobando gastos sin pasar por la @asambleamadrid, con un presupuesto que además no resuelve la gran demanda existente, mucha de ella pendiente desde hace años, y deja fuera a #LaGarena, #Montecarmelo, #GetafeCervantes o #AmpliaciónRejas.
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
lunes, 30 de diciembre de 2019
Centros Calidad (@CtrosPublicosYa) tuiteó el 27 de diciembre:
@IdiazAyuso aprobando gastos sin pasar por la @asambleamadrid, con un presupuesto que además no resuelve la gran demanda existente, mucha de ella pendiente desde hace años, y deja fuera a #LaGarena, #Montecarmelo, #GetafeCervantes o #AmpliaciónRejas.
Y muchos de esos @CtrosPublicosYa que, ahora incluye, llevan años esperando esta aprobación que, además de llegar muy tarde, tampoco resolverá la enorme falta de plazas públicas que hay en #Valdebebas, #Parla, #LasTablas o #Alpedrete. Migajas para una #EducaciónPública asfixiada.
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@IdiazAyuso aprobando gastos sin pasar por la @asambleamadrid, con un presupuesto que además no resuelve la gran demanda existente, mucha de ella pendiente desde hace años, y deja fuera a #LaGarena, #Montecarmelo, #GetafeCervantes o #AmpliaciónRejas.
sábado, 28 de diciembre de 2019
"Las pensiones no corren peligro si no se saquea el sistema" (Ana Martín y Agustín Moreno en cuartopoder.es)
Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado el 26 de diciembre en cuartopoder.es
- "Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados"
- "Las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado"
- "La Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales"
Ana Martín Arahuetes, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social; y Agustín Moreno, es profesor de Historia.
Hay una obscena campaña de miedo sobre el futuro del sistema público de pensiones que busca su recorte y privatización a través de planes y fondos privados. Para ello se tiene que mantener y ocultar el saqueo al que se viene sometiendo al sistema adjudicándole la financiación de partidas sociales que no deberían pagarse a cargo del presupuesto de la Seguridad Social.
Veamos. El presupuesto de la Seguridad Social se nutre fundamentalmente de las cotizaciones sociales y le corresponde el pago de las pensiones contributivas previstas, cuando se producen las contingencias de jubilación y/o incapacidad en sus diferentes grados. Es evidente que para garantizar las pensiones es necesario aumentar los ingresos de las cotizaciones sociales.
Para ello se precisa no solo mayor, sino también mejor contratación (control del abuso indebido de los contratos a tiempo parcial, adopción de medidas contra la precariedad y la temporalidad); incremento de salarios; y derogación de las medidas más perniciosas de las últimas reformas laborales (sobre todo la de 2012). Es también urgente la lucha contra el fraude en materia de cotización, entre otros el exceso de horas extras sin control y la situación de los falsos autónomos, así como acabar con la infracotización, estableciendo para ello todos los mecanismos y medidas legales necesarias.
Sin embargo, hay una cuestión fundamental de la que apenas se habla: la separación de fuentes en cuanto a la financiación del Sistema de Seguridad Social y la verificación o no de su cumplimiento. Y esta es la clave.
Los Pactos de Toledo de 1995 recogían como primera recomendación la separación de fuentes y patrimonios. Esto es, se configuraban dos presupuestos distintos, el del Estado y el de la Seguridad Social, con una aportación finalista del Estado a la Seguridad Social. Dicha aportación debía ser expresamente dedicada a la financiación de la asistencia sanitaria, las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, los servicios sociales (IMSERSO), los complementos para mínimos de las pensiones y las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de Seguridad Social.
Expresamente delimitadas ambas fuentes y patrimonios, a la Seguridad Social corresponde en exclusiva el pago de las pensiones en el nivel contributivo, como ya quedo dicho.
Para garantizarlas es obligado mejorar la gestión y administración de todo el sistema (recomendación que también figuraba en el Pacto de Toledo) y que la lucha contra la infracotización sea real y efectiva. Pero, sobre todo, que no se cargue al Sistema de Seguridad Social con pagos que exceden, no competen y deberían estar al margen de su concepto y finalidad.
Así, corresponderían a los Presupuestos Generales del Estado y NO al Presupuesto de la Seguridad Social, entre otros, los siguientes gastos:
Medidas de Fomento de Empleo: desde las bonificaciones y reducciones de la cuota empresarial de los contratos, hasta tarifas planas para empresas y/o autónomos, o los incrementos de pensión por prolongación de la vida laboral después de los 65 años.
Políticas de Igualdad de Género: prestaciones de Maternidad/Paternidad, Bonificación y Cotizaciones del RETA por conciliación de la vida familiar y laboral; contrato de Interinidad por maternidad, o excedencia por cuidado de hijos y familiares; reducción de cuotas por riesgo durante el embarazo; el incremento al 100% de la cotización durante los dos primeros años en los supuestos de guarda legal o cuidado directo de un familiar; bonificación en la jubilación por maternidad e incremento de la pensión para madres con 2 o más hijos
Políticas de Empleo para Discapacitados: bonificaciones y reducciones en las cuotas de Seguridad Social.
Tesorería de la Seguridad Social: coste de personal y mantenimiento, con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, en lugar de a los PGE, como ocurre con el resto de los Ministerios y Organismos de la Administración Central del Estado
Igualmente procedería ser objeto de debate si las pensiones de viudedad y las de orfandad deberían ir a cargo del Sistema de Seguridad Social. O, si por el contrario, deberían ser a cargo de los PGE, al igual que las Pensiones no contributivas, en coherencia con el hecho de que la Seguridad Social en su modalidad contributiva tiene un ámbito profesional y se financia exclusivamente a través de trabajadores y empresarios, mientras que en la modalidad no contributiva o asistencial es de ámbito universal y se financia a cargo de las aportaciones de los PGE.
En definitiva, se deben apoyar todas las políticas sociales que emprenda el Estado. Pero en ningún caso deben ser sufragadas, ni siquiera en parte, con las cotizaciones sociales abonadas por trabajadores y empresarios, cuya única finalidad es el mantenimiento del Sistema de Seguridad Social y asegurar las pensiones públicas legalmente determinadas; máxime cuando los trabajadores, también como ciudadanos, contribuimos a la efectividad de los PGE a través de la correspondiente tributación.
Las pensiones son una prioridad social y económica (participan del consumo, del crecimiento de la actividad y en el PIB). Su defensa es una cuestión política: las pensiones contributivas se financian exclusivamente con cotizaciones sociales pero, de ser necesario, deben ser garantizadas con todos los ingresos del Estado. Hay que recordar que las pensiones en España son menos generosas que en la Unión Europa, que nuestro gasto en ellas es muy inferior a la mayoría de los países de Europa Occidental, y que la presión fiscal española se sitúa 8 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea.
Estos son los datos. En los Presupuestos de la Seguridad Social para 2019, se estimaban unos ingresos de 123.584 millones de euros por cotizaciones sociales. De ellos, 76.277 millones de euros se gastarían en pagar jubilaciones contributivas y 12.913,8 millones en pensiones de invalidez, que sumados al gasto en incapacidad temporal dejaría un sobrante de unos 16.000 millones de euros al año, ajustable en función del grado de ejecución de los ingresos y gastos.
Dicho de otra manera: la Seguridad Social tendría superávit si solo tuviera que pagar las prestaciones contributivas cuyo derecho ha sido generado por cotizaciones sociales. De esta forma se daría exacto cumplimiento a la separación de fuentes y patrimonios, fruto de los Pactos de Toledo y se alejaría del horizonte ese fantasma de “quiebra del sistema de seguridad social”, tan falso como reiteradamente aireado por intereses espurios, ajenos y contrarios a los trabajadores. Este es un reto inaplazable del nuevo Gobierno progresista.
La Plataforma en defensa de la Educación Pública de Majadahonda denuncia la posible supresión del Taller de refuerzo escolar y reclama su puesta en marcha inmediata
Os enviamos nota de prensa y cartel sobre la posible supresión del taller de deberes.
Un saludo.
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAJADAHONDA DENUNCIA LA POSIBLE SUPRESIÓN DEL TALLER DE REFUERZO ESCOLAR Y RECLAMA SU PUESTA EN MARCHA INMEDIATA.
El pasado mes de noviembre, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda denunció públicamente el injustificado retraso en la puesta en marcha del taller de refuerzo educativo en los colegios públicos de nuestro municipio. Ahora nos enteramos con sorpresa e indignación de que el procedimiento seguido al efecto por el actual equipo de gobierno (PP-Vox) ha estado plagado de errores y ello puede conllevar, no ya un considerable retraso, sino la supresión de una actividad que cumple una importante función social al beneficiar especialmente a los niños y niñas que más la necesitan.
El taller de refuerzo escolar, sufragado íntegramente por el Ayuntamiento, a raíz de una moción de Izquierda Unida aprobada por unanimidad hace ya cuatro años, tiene por objeto ofrecer apoyo educativo al alumnado con dificultades de aprendizaje a lo largo de todo el curso. Y ha tenido muy buena acogida en todos los colegios por tratarse de una actividad extraescolar que permite mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado que requiere ese tipo de ayuda, contribuyendo así a evitar el fracaso escolar de muchos alumnos y alumnas.
Desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública denunciamos la incompetencia del gobierno municipal a la hora de tramitar un asunto de sobra conocido y consideramos totalmente inaceptable que los fallos cometidos puedan acarrear la supresión del taller este curso. Eso supondría perjudicar a los alumnos y alumnas que se vean privados de recibir un apoyo educativo al que tiene derecho. Por ello reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para la puesta en marcha inmediata del taller de refuerzo escolar.
Un saludo.
Plataforma en Defensa de la Educación Pública Majadahonda
NOTA DE PRENSA, diciembre 2019.
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAJADAHONDA DENUNCIA LA POSIBLE SUPRESIÓN DEL TALLER DE REFUERZO ESCOLAR Y RECLAMA SU PUESTA EN MARCHA INMEDIATA.
El pasado mes de noviembre, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda denunció públicamente el injustificado retraso en la puesta en marcha del taller de refuerzo educativo en los colegios públicos de nuestro municipio. Ahora nos enteramos con sorpresa e indignación de que el procedimiento seguido al efecto por el actual equipo de gobierno (PP-Vox) ha estado plagado de errores y ello puede conllevar, no ya un considerable retraso, sino la supresión de una actividad que cumple una importante función social al beneficiar especialmente a los niños y niñas que más la necesitan.
El taller de refuerzo escolar, sufragado íntegramente por el Ayuntamiento, a raíz de una moción de Izquierda Unida aprobada por unanimidad hace ya cuatro años, tiene por objeto ofrecer apoyo educativo al alumnado con dificultades de aprendizaje a lo largo de todo el curso. Y ha tenido muy buena acogida en todos los colegios por tratarse de una actividad extraescolar que permite mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado que requiere ese tipo de ayuda, contribuyendo así a evitar el fracaso escolar de muchos alumnos y alumnas.
Desde la Plataforma en Defensa de la Educación Pública denunciamos la incompetencia del gobierno municipal a la hora de tramitar un asunto de sobra conocido y consideramos totalmente inaceptable que los fallos cometidos puedan acarrear la supresión del taller este curso. Eso supondría perjudicar a los alumnos y alumnas que se vean privados de recibir un apoyo educativo al que tiene derecho. Por ello reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias para la puesta en marcha inmediata del taller de refuerzo escolar.
viernes, 27 de diciembre de 2019
15-1-2020: Asamblea ordinaria de la Plataforma en defensa de la Educación Pública de Arganzuela-Lavapiés(17:30 h, en el "terrario" de "Matadero". P° de la Chopera, 14)
Uno de los puntos más importantes a tratar será el de la necesidad de infraestructuras educativas públicas aquí, teniendo en cuenta, especialmente, los gigantescos desarrollos urbanísticos de la "Operación #Mahou- Calderón" y en el entorno de Delicias, Méndez Álvaro, Legazpi, ARGANZUELA-Planetario, los Puertos y el retraso en ejecutar el plan general urbanístico de Madrid de 1997 (vigente en la actualidad) que reservaba suelo dotacional público, para necesidades vecinales, en los terrenos contiguos a ls estación de cercanías De Delicias y el Museo del Ferrocarril (https://stopespaciodelicias.blogspot.com/p/lo-que-queremos.html?m=1 y https://stopespaciodelicias.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1 ).
Saludos
PLATAFORMA de EDUCACIÓN PÚBLICA de ARGANZUELA-LAVAPIÉS
Saludos
PLATAFORMA de EDUCACIÓN PÚBLICA de ARGANZUELA-LAVAPIÉS
Hacia el autoritarismo (Manuel Menor)
Los caminos del
autoritarismo están abiertos
Crecen las maneras
propicias para que la convivencia ciudadana se altere profund.amente. Aumentan las posibilidades de educar en la
ignorancia.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido no reparar bien a las víctimas del franquismo diluyéndolas en un genérico recuerdo a
quienes, entre 1936 y 1944, “sufrieron la violencia por razones políticas,
ideológicas o por creencias religiosas”, dedicatoria a que han añadido una
conocida invocación de Azaña casi al final de aquella guerra golpista: “Paz,
piedad y perdón”. En el memorial que se había pensado antes de que Almeida
llegara a la alcaldía madrileña figuraban los 2.937 nombres de las personas
fusiladas por el franquismo después de que el ejército sublevado contra la
legalidad republicana entrara en la ciudad el 28 de marzo de 1938. Ya no
llevará esos nombres concretos ni la causa específica de su muerte.
Memoriales del olvido
Era excesivo suprimirlo todo, pero con este apaño se pretende que
resulten absurdas y subjetivas tres de las palabras del párrafo anterior: “golpista”,
“sublevado” y “legalidad republicana”. El
relato del supuesto monumento deja intacto, sin embargo, lo que significaron
términos que la larga historia franquista empleó en su propaganda: “Guerra de
liberación”, “Victoria”, “Triunfo” y otras similares, que los libros de texto
de “Historia de España”, “El Libro de España”, la “Historia del Imperio español”
y similares –además de los que regían en las asignaturas “marías”- repitieron
incesantes durante cuarenta años. La inspiración de Pemán, del Instituto de
España y del CSIC –activo desde 1939 en sus revistas y folletos, como algunos
de la serie “Temas españoles” que publicaba el Ministerio de Información y
Turismo-, oficializaron las etapas históricas de la contemporaneidad española
de modo equívoco, como si la Guerra Civil fuese consecuencia lógica de una
supuestamente antinatural II República de la que el Franquismo posterior nos
hubiera redimido. Qué se decía o no en los demás períodos históricos iba a
conveniencia del mito y los símbolos que se querían exaltar.
El equipo de Almeida
pretendiendo la asepsia, prefiere .como si no hubiera argumentación histórica
sobradamente consistente- distorsionar
una vez más lo acontecido en aquellos infaustos años bajo una torpe equidistancia
del pasado que no logra. Amén de otras incongruencias en la nueva inscripción,
no ha querido dejar fuera de este recuerdo, por ejemplo, la connotación católica
de algunas muertes –tan desgraciadas como las de los fusilados cuyos nombres
ahora no se mencionan-, pero que ya han sido diferencialmente homenajeadas en
otras conmemoraciones, monumentos, inscripciones, cruces y hasta canonizaciones
generadas durante bastantes más años que los cuarenta del control cultural
nacionalcatólico. Este modo de prevalencia simbólica sobre quienes murieron
después de terminada la guerra, es un modo de falsear el incómodo pasado, contribuyendo
a que el silencio y no la comprensión histórica sigan vivos, propensos al
silencio y a la no reparación democrática.
No es raro que los alcaldes y demás autoridades –elegidas en las
urnas- olviden que, con sus actos, hacen pedagogía. El problema es que, cuando
se les va del pensamiento suelen generar desastres entre sus representados. Un
desentendimiento ignorante, más peligroso cuando la enseñanza histórica en
escuelas y colegios sigue siendo floja en demasiados casos. Fernando Hernández, después de analizarlo en El
bulldozer negro del General Franco (Crítica,2016),
decía que muchos profesores tienen especiales dificultades para que asuntos
como el de lo realmente acontecido en la Guerra y postguerra entren bien en sus
clases de Historia, lo que indudablemente “repercute en la vida cívica”. Al
parecer, muchos dijeron que podrían tener problemas con su alumnado y, sobre
todo, con sus familias, mal informadas de lo que se deba estudiar en Ciencias
Sociales. Por otro lado, como sobre todo el temario de segundo de Bachillerato,
muy largo, era de obligado conocimiento para la prueba de selectividad, había
quienes pasaban de puntillas sobre los últimos temas o proponían prepararlos en
casa con el libro de texto. Sabido es, por otro lado, que el tratamiento de
este material escolar –habitualmente controlado por empresas vinculadas a
sectores conservadores- no destaca por su calidad historiográfica. Hay muchas
investigaciones –accesibles desde Internet- al respecto, pero para hacerse una
somera idea de este problema, lean:
“Estudiar a Franco: el miedo a enfrentar el pasado”, en este enlace: fe.ccoo.es
¿Silencio programado?
El alcalde de Madrid tiene en quienes le ayudan a sostener su
bastón de mando un problema. Que puedan expresarse los concejales de VOX –y que
voten lo que les place- no les confiere dignidad democrática para avalar esta
decisión. Contrarios a cuanto tenga que ver con la llamada “memoria histórica”,
junto con Hazte Oír y similares ya actúan en las escuelas y colegios de Madrid
y Andalucía como espacios de agitación propagandística. En Madrid, han hecho
llegar a las AMPAS y direcciones de los centros distintos módulos publicitarios con
quejas contra quienes lleven a las aulas estas cuestiones y las de violencia de
género. Lo más reciente -aparte de haber intentado romper distintas
manifestaciones-, es su actitud palmera ante la denuncia de una familia cordobesa contra un profesor. Este educador había
visionado a su alumnado una grabación de 35 minutos en que una mujer con un
largo calvario familiar –Ana Orantes- lo había contado en Canal Sur antes de
que en 1997 hubiera sido asesinada por su marido. Concurría en la grabación, que la conmoción por esta noticia
había llevado a que, en 2004, saliera adelante la Ley de violencia de género, gracias a la cual -y pese a sus deficiencias-
conocemos mejor la falta de civilización que padecemos, como prueban las
muertas que, desde entonces, ha sido posible contabilizar, además de los daños colaterales a menores.
Vox y sus adláteres –amigos de Almeida- no quieren que se hable de
esta violencia, como no quieren que se mencione la memoria histórica. Como si
invisivilizando ambos asuntos, desaparecieran del mapa, prefieren una
legislación adaptada a sus gustos personales, apropiada a que un orden
“natural” y sacralizado, ajeno a la cultura política de “la palabra” –y no de
las voces” animalescas, que diferenciaba Aristóteles-, debiera regir la sociedad.
Y, para no montar espectáculos de adictos, exigen a los gobiernos en que
colaboran un peaje: que impongan su capricho a los demás ciudadanos. Puro
dogmatismo autoritario que, por mucho que
se adorne, remite a los aires de la mona a que ya se refería Esopo en el siglo
VII a. C. y que no han cesado nunca de existir de diversos modos, como repite
el refranero español.
Con la publicidad que van a tener a mano desde el Parlamento, la
escuela española va a tener que emplearse a fondo para contrarrestarlos. Salvo
que lo que se prefiera sea una enseñanza de la ignorancia, para la que ya
trabajan voces plenas de narcisismos desbordados en las redes sociales. O que
se desarrolle en la sociedad española aquella somnolencia cobarde que, después
de tanto patrioterismo pardo, hizo que el pastor protestante Martin Niemöller se lamentara en 1946 diciendo: “Vinieron a por mí… y no
había nadie” para protestar.
Manuel Menor Currás
Madrid, 20.12.2019
Nota de prensa sobre la retirada de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a la FAPA Francisco Giner de los Ríos
Estimadas/os amigas/os:
Difundimos nota de prensa sobre la retirada de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”.
La Federación de Asociaciones Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” lamenta la situación que ha creado el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid al tomar una decisión absolutamente política y sin sentido, con gran desconocimiento de lo que son las asociaciones de madres, padres y tutores y a quienes representan.
Enlace a la nota e prensa:
www.fapaginerdelosrios.org/documentos?EntryId=2161&Command=Core_Download
Recibid un cordial saludo
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
twitter.com/FAPA_Giner_Rios
www.facebook.com/fapaginerdelosrios
www.youtube.com/user/FAPAGinerdelosRios
Difundimos nota de prensa sobre la retirada de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid a la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”.
La Federación de Asociaciones Padres y Madres del Alumnado “Francisco Giner de los Ríos” lamenta la situación que ha creado el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid al tomar una decisión absolutamente política y sin sentido, con gran desconocimiento de lo que son las asociaciones de madres, padres y tutores y a quienes representan.
Enlace a la nota e prensa:
www.fapaginerdelosrios.org/documentos?EntryId=2161&Command=Core_Download
Recibid un cordial saludo
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
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martes, 24 de diciembre de 2019
El Ayuntamiento de Madrid aprueba becas de hasta 200 euros para escuelas infantiles privadas (ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta noticia:
La ciudad de Madrid tendrá una beca propia para escuelas infantiles privadas, de cero a tres años, destinada a las familias que solicitaron una plaza en la red pública y no la consiguieron. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid autorizó este jueves el gasto de 3,3 millones de euros destinado a la financiación de becas infantiles en el curso escolar 2019-2020 y se aplicará con efecto retroactivo desde el inicio de curso.
La ayuda está recogida en los presupuestos de 2020 y, por tanto, solo podrá hacerse efectiva si las cuentas salen adelante en los próximos días con el apoyo de Vox. La beca serán de 200 euros mensuales para las familias de rentas más bajas y de 100 euros para el resto. El plazo para solicitarlas se abrirá a lo largo de enero. Ya existen becas para este mismo fin en la Comunidad de Madrid, el llamado cheque guardería, cuya cuantía ha crecido exponencialmente en los últimos años.
El objetivo de la beca, según ha explicado la vicealcaldesa, Begoña Villacís, es "avanzar hacia la universalidad de la etapa educativa de cero a tres años". En este sentido, Villacís ha apuntado que esta iniciativa "refuerza la igualdad de oportunidades". Sin embargo, la vicealcaldesa también ha reconocido que las plazas públicas son tan escasas en la ciudad que solo alcanzan al "10% de las familias" que demandan este servicio. "No abordan la totalidad de los niños que hay en Madrid. El porcentaje es muy pequeño".
Madrid cuenta con una red de 68 escuelas infantiles con 7.801 plazas, que establece unos estándares muy elevados en todos los aspectos, desde el número de alumnos por docente hasta el modelo educativo. En paralelo a la beca infantil, el equipo de Gobierno asegura que mantiene su compromiso de aumentar esta red con nuevos centros.
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"Esto no es una fundación, es una SL": así fuerza la concertada a las familias a pagar sus cuotas (Daniel Sáncez Caballero para ELDIARIO.ES)
Reroducimos esta información de ELDIARIO.ES
"Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)". "Es el proyecto educativo de este colegio, si no, hay tres colegios públicos en Humanes a los que se puede ir que no ofrecen este complemento".
Respuestas como estas se han encontrado los autores del informe Estudio de Precios de Colegios Concertados, realizado por la Fapa Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), cuando han acudido de incógnito (fingiendo ser padres de futuros alumnos) a centros privados sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid a preguntar por las condiciones de acceso.
El informe se ha basado en esta edición en la llamada "nueva concertada" en la comunidad, colegios creados desde 2001 a partir de la cesión de suelo público en la región sin tener en cuenta siquiera el proyecto educativo del centro, según los definen desde la FAPA. Son centros en muchas ocasiones de ideología ultraconservadora y que en parte fueron los elegidos por Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para obtener sus mordidas, en ocasiones de hasta un millón de euros.
Las conclusiones del informe son claras: el 100% de los centros piden una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, algo que prohíbe expresamente la ley. Los autores del informe han visitado 50 centros en la comunidad y se han encontrado que se les exigía cuotas de 153 euros de media (la horquilla va desde los 90 a los 205 euros), cantidad que sube hasta los 3.000 euros por hijo y año cuando se le añade la cuota complementaria y el comedor, según el texto.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional "no coinciden" con los de este estudio. Desde 2015 los inspectores han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y un solo procedimiento sancionador". Además, explican que no tienen "constancia" de que "ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria". Sin embargo, aclaran: "Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa".
"Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)". "Es el proyecto educativo de este colegio, si no, hay tres colegios públicos en Humanes a los que se puede ir que no ofrecen este complemento".
Respuestas como estas se han encontrado los autores del informe Estudio de Precios de Colegios Concertados, realizado por la Fapa Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), cuando han acudido de incógnito (fingiendo ser padres de futuros alumnos) a centros privados sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid a preguntar por las condiciones de acceso.
El informe se ha basado en esta edición en la llamada "nueva concertada" en la comunidad, colegios creados desde 2001 a partir de la cesión de suelo público en la región sin tener en cuenta siquiera el proyecto educativo del centro, según los definen desde la FAPA. Son centros en muchas ocasiones de ideología ultraconservadora y que en parte fueron los elegidos por Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para obtener sus mordidas, en ocasiones de hasta un millón de euros.
Las conclusiones del informe son claras: el 100% de los centros piden una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, algo que prohíbe expresamente la ley. Los autores del informe han visitado 50 centros en la comunidad y se han encontrado que se les exigía cuotas de 153 euros de media (la horquilla va desde los 90 a los 205 euros), cantidad que sube hasta los 3.000 euros por hijo y año cuando se le añade la cuota complementaria y el comedor, según el texto.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional "no coinciden" con los de este estudio. Desde 2015 los inspectores han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y un solo procedimiento sancionador". Además, explican que no tienen "constancia" de que "ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria". Sin embargo, aclaran: "Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa".
Los 'argumentos' de los colegios
Las visitas a los centros también han revelado que cuando los supuestos padres preguntaban qué les pasaría a sus hijos si no pagaban la cuota (al estar prohibidas por ley esto no puede ser motivo directo de exclusión), "en el 44% de los colegios analizados, el impago implica la exclusión del alumno; estos centros manifiestan que el niño no podrá asistir a determinadas actividades".
El informe agrupa los centros visitados en cuatro categorías en función de las consecuencias de no pagar la cuota: los que excluyen a los alumnos, los que realmente no ofrecen la opción de no pagar, los que son flexibles y aquellos en los que sí es realmente voluntario (estas dos últimas categorías suman entre las dos seis colegios de un total de 50).
Los motivos que los supuestos padres que han elaborado el informe han recibido para pagar las cuotas sí o sí suelen ser similares, según se desprende de las notas tomadas por los autores. "Dicen que no se les ha dado ningún caso, pero no habría problema, ya que los padres pueden ir a recoger a los niños a las 12.30 y volver al colegio a las 15 horas". Este es uno de los argumentos clásicos: ven a por tu hijo durante esas horas.
Otro es: sin problema, no pagues, que no haga las actividades complementarias: "Generalmente lo hacen todas las familias, ya que comen, siesta y después vendría la actividad del complemento voluntario, pero si no la quieren, se irían al patio con todos los niños de su edad que no hacen el complemento y que al final están muchas horas en el patio y se aburren".
Una tercera línea es que es "parte del proyecto educativo" y eso les "diferencia" de otros centros: "Este colegio tiene unas características educativas que otros no tienen y es la cuota por acudir a él".
La escuela concertada justifica el pago de las cuotas (las patronales siempre afirman que son voluntarias) a partir de dos argumentos, habitualmente. Por un lado, que la financiación que reciben del estado es insuficiente para sufragar sus gastos. Por otro, que ofrecen actividades complementarias al proyecto educativo obligatorio que los centros públicos no tienen, ofreciendo una educación "de calidad".
Los dos argumentos tienen parte de cierto si se atiende a la literalidad, pero ambos pierden fuerza por el mismo motivo. Que la financiación de los centros es menor que la de los centros privados es cierto (17,7% del total de financiación educativa para atender al 25% de los alumnos), pero también lo es que atienden a una población privilegiada que requiere menos gasto que la que atiende los centros públicos (y pagan menos a los profesores, por ejemplo).
El argumento de la "educación de calidad" lo tumbó PISA hace dos semanas por un motivo parecido. Eliminado el factor socioeconómico y la distorsión sobre los resultados que genera, los alumnos de los centros públicos rinden exactamente igual (o un poco mejor, incluso) que los de los privados.
Camilo Jené, presidente de la Fapa Giner de los Ríos, lamenta que la mayoría de los colegios no informa adecuadamente a los padres sobre la no obligatoriedad de pagar las cuotas. "Las familias no son bien informadas de que tienen derecho a no pagar esas cuotas y la mayoría las paga de una manera engañosa", explica. "E incluso si te dicen que es voluntaria, si separan a tu hijo en algunas actividades todo el mundo acabará pagando".
Jené explica que tras anteriores ediciones de este mismo informe, la Comunidad de Madrid "se sintió obligada a que el Servicio de Inspección trabajase sobre ello. Lo hicieron durante un año, pero lo dejaron y este estudio demuestra que la mala praxis se sigue realizando", asegura.
Las visitas a los centros también han revelado que cuando los supuestos padres preguntaban qué les pasaría a sus hijos si no pagaban la cuota (al estar prohibidas por ley esto no puede ser motivo directo de exclusión), "en el 44% de los colegios analizados, el impago implica la exclusión del alumno; estos centros manifiestan que el niño no podrá asistir a determinadas actividades".
El informe agrupa los centros visitados en cuatro categorías en función de las consecuencias de no pagar la cuota: los que excluyen a los alumnos, los que realmente no ofrecen la opción de no pagar, los que son flexibles y aquellos en los que sí es realmente voluntario (estas dos últimas categorías suman entre las dos seis colegios de un total de 50).
Los motivos que los supuestos padres que han elaborado el informe han recibido para pagar las cuotas sí o sí suelen ser similares, según se desprende de las notas tomadas por los autores. "Dicen que no se les ha dado ningún caso, pero no habría problema, ya que los padres pueden ir a recoger a los niños a las 12.30 y volver al colegio a las 15 horas". Este es uno de los argumentos clásicos: ven a por tu hijo durante esas horas.
Otro es: sin problema, no pagues, que no haga las actividades complementarias: "Generalmente lo hacen todas las familias, ya que comen, siesta y después vendría la actividad del complemento voluntario, pero si no la quieren, se irían al patio con todos los niños de su edad que no hacen el complemento y que al final están muchas horas en el patio y se aburren".
Una tercera línea es que es "parte del proyecto educativo" y eso les "diferencia" de otros centros: "Este colegio tiene unas características educativas que otros no tienen y es la cuota por acudir a él".
La escuela concertada justifica el pago de las cuotas (las patronales siempre afirman que son voluntarias) a partir de dos argumentos, habitualmente. Por un lado, que la financiación que reciben del estado es insuficiente para sufragar sus gastos. Por otro, que ofrecen actividades complementarias al proyecto educativo obligatorio que los centros públicos no tienen, ofreciendo una educación "de calidad".
Los dos argumentos tienen parte de cierto si se atiende a la literalidad, pero ambos pierden fuerza por el mismo motivo. Que la financiación de los centros es menor que la de los centros privados es cierto (17,7% del total de financiación educativa para atender al 25% de los alumnos), pero también lo es que atienden a una población privilegiada que requiere menos gasto que la que atiende los centros públicos (y pagan menos a los profesores, por ejemplo).
El argumento de la "educación de calidad" lo tumbó PISA hace dos semanas por un motivo parecido. Eliminado el factor socioeconómico y la distorsión sobre los resultados que genera, los alumnos de los centros públicos rinden exactamente igual (o un poco mejor, incluso) que los de los privados.
Camilo Jené, presidente de la Fapa Giner de los Ríos, lamenta que la mayoría de los colegios no informa adecuadamente a los padres sobre la no obligatoriedad de pagar las cuotas. "Las familias no son bien informadas de que tienen derecho a no pagar esas cuotas y la mayoría las paga de una manera engañosa", explica. "E incluso si te dicen que es voluntaria, si separan a tu hijo en algunas actividades todo el mundo acabará pagando".
Jené explica que tras anteriores ediciones de este mismo informe, la Comunidad de Madrid "se sintió obligada a que el Servicio de Inspección trabajase sobre ello. Lo hicieron durante un año, pero lo dejaron y este estudio demuestra que la mala praxis se sigue realizando", asegura.
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