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sábado, 11 de junio de 2022
viernes, 10 de junio de 2022
DECRETO 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil (BOCM 9-6-2022)
CONFAPA-Madrid reclama e inicia campaña sobre la nueva figura del Coordinador/a de BIENESTAR y PROTECCIÓN.
La Confederación Autonómica de AMPA y AFA de Madrid (CONFAPA) inicia una campaña para que se reclame que la figura de la Coordinación de Bienestar y Protección, que tiene que empezar a implantarse para el curso 22/23, sea contemplada en el Cupo de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia donde se especifican su funciones, esa responsabilidad sea ocupada por un PTSC.
Para ello, hace un llamamiento a las AMPA y AFA para que, a través de sus representantes en los próximos Consejos Escolares, presenten escritos para su aprobación por estos órganos de representación de toda la Comunidad Educativa reclamando dicho incremento del Cupo.
De la misma manera, han presentado por registro una petición al Consejero de Educación para que esto se realice. En su blog también enlazan con un modelo de petición de inclusión en los órdenes del día de los próximos Consejos Escolares para AMPA y AFA.
Más información en su propia página web:
COORDINADOR/A DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
20-6-2022: Concentración "28 alumn@s sin libertad para elegir centro" (de 16:00 a 19:00, frente al IES José Luis López Aranguren)
@VenaMareaVerde @educacmadrid
jueves, 9 de junio de 2022
Ruido y furia: una polémica inventada en torno al currículum y los manuales escolares (Fernando Hernández Sánchez para El Salto)
Artículo de Fernando Hernández Sánchez para elsaltodiario.com
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por una solución homeopática, pero reinterpretada a su manera: ingerir en grandes dosis el programa de Vox para dejar a su competidor como una cáscara hueca.Prueba número 2, manual de editorial Anaya, 4º ESO, páginas 310 y 311: Hacia la igualdad de género. Doble página de introducción de conceptos sesgados como la brecha salarial , de representación política, académica y científica.
Prueba número 3, libro de editorial Edelvives, 4º ESO, página 277: la agenda globalista y el mantra del cambio climático a toda plana.
Prueba 4, y definitiva: el mismo manual, en portada: collage de indudable influencia soviética en el que figura, de forma destacada, el cartel del célebre agitador bolchevique Alexander Rodchenko y, de forma subliminal, una insignia de los pioneros del Konsomol. ¿Cabe alguna duda más, Señoría, acerca de la voluntad adoctrinadora del currículum y de los libros de texto que de él se derivan?”.
Si la Comunidad de Madrid, como parece pretender, eleva un recurso de amparo ante instancias judiciales superiores para suspender la implantación del currículum de la LOMLOE, quizás debería argumentar qué diferencias insalvables existen entre este y el de la LOMCE. Porque los ejemplos citados proceden de libros de texto que desarrollaron los contenidos de esta última norma, aprobada en 2013 a iniciativa del ministro Juan Ignacio Wert, de infeliz recuerdo, cuando formaba parte de un gobierno encabezado por M. Rajoy —sea quien sea—, presidente del mismo partido en el que milita la señora Díaz Ayuso. Y tendría que justificar por qué entonces estos textos fueron autorizados para su uso en el ámbito educativo que la Comunidad de Madrid gestiona en el ejercicio de sus competencias. Es un suponer…
De no ser así, cabría pensar entonces que nos encontramos ante la enésima maniobra de un sector del Partido Popular que ha decidido erigirse en doble poder, al más puro estilo leninista, y asumir la impugnación total de la política del gobierno central, incluso —si es preciso— en lo tocante a la previsión del tiempo para mañana de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es una actitud que no sorprende a nadie. El soviet de Madridgrado decidió hace mucho lanzarse a la guerra cultural con todas las armas que le brinde cada oportunidad de hacerlo. Ello tiene una doble lectura, hacia afuera y hacia adentro del PP. Por una parte, Díaz Ayuso plantea una estrategia de competencia con la ultraderecha distinta a la de otras baronías territoriales. Frente al alineamiento inequívocamente democrático del presidente de Ceuta; la compra de un vicepresidente sin competencias y tres consejeros-florero a cargo del contribuyente por el Maquiavelo de mercadillo de Castilla y León; y la encomienda de Moreno Bonilla a la virgen del Rocío para que no le haga apurar ese cáliz, la presidenta de la Comunidad más libre de España ha optado por una solución homeopática, pero reinterpretada a su manera: ingerir en grandes dosis el programa de Vox para dejar a su competidor como una cáscara hueca.
Los postulados que Díaz Ayuso defiende sin rubor cada vez que comparece en público leyendo con aplicación las fichas que le prepara su think tank, evidencian una concepción de la historia de inconfundibles matices reaccionarios: una sucesión cronológica de episodios que, como decía Marc Bloch respecto a la pedante historia factual francesa del XIX, “suceden porque suceden”, una galería de personajes de referencia —reyes taumaturgos, tullidos heroicos, aventureros inescrupulosos— legatarios de un alma nacional, un Volksgeist, que se remonta a la Prehistoria, una teleología de sacristía según la cual todo ocurrió de la mejor forma posible para conducirnos hasta el aquí y ahora.
Lo que pretende la amalgama de enemigos de España es recodificar ese espíritu secular de la Patria que dio a luz a héroes y santos. Globalismo, feminismo, multiculturalidad y memoria cívica no son sino cabezas de una hidra que busca subyugar a las nuevas generaciones para desvirtuar la auténtica identidad española, la única que la derecha patrimonializa.
Cualquiera que este mínimamente familiarizado con la historiografía reciente y con lo que se enseña en las aulas no dejará de ruborizarse por semejante retorno a los preceptos de aprendizaje de la Enciclopedia Álvarez y concluirá si no estamos ante la confirmación de la cita de Shakespeare en Macbeth de que “la vida es una historia contada por un necio, llena de ruido y furia”. Pero, para entender esta política gesticulante, hay que atender también a su uso doméstico.
Díaz Ayuso y sus suministradores de bronca saben perfectamente que sus apelaciones no tienen recorrido alguno. Ya han sido derrotadas judicialmente las tentativas de enmendar una Ley orgánica mediante una norma autonómica de rango inferior. La batalla del currículum y los manuales se disolverá en el olvido en el momento en que surja una nuevo escándalo mediático explotable. El sentido último de agitar la charca desde Madrid es demostrarle al flamante nuevo presidente del PP que ella tiene agenda propia. Feijóo, recién desembarcado en el ecosistema político madrileño, mantiene aún un cierto nivel de estupor, como el de aquellos emperadores proclamados por las legiones del limes cuando hacían su entrada en la Roma decadente y corrupta del siglo III. Tiene poco margen de tiempo para decidir entre decapitar a su lideresa regional o nombrarla cónsul. Mientras tanto, ella le profesa encendidas muestras de devoción filial. Como Bruto a César.
lunes, 6 de junio de 2022
Educación, el último campo de batalla en la cruzada de Ayuso contra el Gobierno (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
- La Comunidad de Madrid pelea contra el Ejecutivo de Sánchez en todos los frentes educativos: ha hecho una ley específica contra la Lomloe, ha tratado de modificar la forma de evaluar hasta que la Justicia lo suspendió y amenaza con revisar los libros de texto por “adoctrinar”
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha echado al monte de manera definitiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación de Pilar Alegría. No le está yendo tan bien: hablar puede no tener consecuencias, pero actuar sí. La Justicia ha suspendido de manera cautelar en la última semana un decreto y una instrucción a los centros por invadir competencias del Estado (e ir contra los designios del Ejecutivo plasmados en una ley). Ambos tenían el mismo objetivo: entorpecer la implantación de la conocida como ley Celaá.
Cualquier cuestión es susceptible de servir de campo de batalla, aunque la propia realidad te deje en mal lugar. Por ejemplo, Madrid protesta porque el Gobierno permita al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas cuando el 14% de sus estudiantes se sacan el título de la ESO sin todas las materias aprobadas, un dato peor que el de otras seis comunidades autónomas.
Otro frente: los currículos del Ministerio, de los que se dijo que adoctrinan y que se han tratado de enmendar con el desarrollo que debe hacer cada comunidad autónoma (el Gobierno realiza un currículo general con el 60% de los contenidos y a las comunidades les corresponde ampliarlo en el 40% restante).
La Consejería de Educación anunció que había retirado una treintena de conceptos que había incluido el Gobierno en el Bachillerato por adoctrinadores, entre los que se incluyen términos como “ciudadanía resiliente” o “emergencia climática”. “Hay párrafos que yo, como consejero de Educación, no entiendo lo que dicen”, explicó Enrique Ossorio hablando del currículo. Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por 'adoctrinadores e ideológicos' he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los 'desafíos científicos' del futuro en sus recientemente publicados Libros Blancos”, escribía en Twitter.
Pero el Gobierno regional manda cartas a Europa lamentando la ideologización de los currículos. Kyriakos Tsirimiagos, jefe de unidad en el Comité Europeo de las Regiones, ha tenido que leer una en la que el consejero le explica que “el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción [esto es cierto, afirmó que eran ”complejos y abstractos“] y por su sesgo ideológico [esto no lo dijo el Consejo], dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid”. Y eso también da titulares.
El ultimísimo elemento sobre el que percutir es la reforma de la ley universitaria. El consejero Enrique Ossorio se encargó el jueves de hacer pública su discrepancia con el proyecto tras la reunión del Consejo General de Política Universitaria. Los argumentos del máximo responsable educativo sorprenderán a pocos que sigan la política madrileña: “Ampara la politización de los campus”, explicó el responsable de que el PP utilice colegios como lugares desde los que cargar contra el Gobierno mientras impide a la ministra Montero intervenir en un acto el 8M. “Daña la calidad y la excelencia”, añadió, aunque su gestión está siendo criticada por la aprobación de Universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio y rechazadas por los rectores de las públicas.
Ahora les toca a los libros de texto. En su campaña contra Sánchez, el Gobierno regional ha conseguido enfrentarse con la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que también se ha acusado de adoctrinamiento. Ayuso explicó el miércoles que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento [en el 'sanchismo'] que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto” y anunció una orden a la inspección educativa para que retire todos los “que contengan material sectario”.
La presidenta madrileña ha encontrado una seguidora para esta idea: al día siguiente de su anuncio, la consejera murciana de Educación, Mabel Campuzano, ex representante de Vox, anunció que haría lo propio en la región para asegurar la “neutralidad ideológica”.
El Gobierno reaccionó al anuncio de Ayuso explicando lo evidente: los libros los hacen las editoriales en base a los currículos, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Además, la ley ya prevé que las administraciones controlen qué se publica en los libros, precisamente porque no los hacen ellas. Dice el artículo 153 bis de la Lomloe: “La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley”. Qué libros se utilizan en cada clase es una decisión que se toma a nivel colegio, empezando por la opción de si utilizar libros o no, que no son obligatorios.
Tras 20 años sin una ley educativa propia –todo el siglo XXI, no la tiene desde que ostenta las competencias en Educación– o saltándosela para ceder parcelas gratis para levantar colegios privados, el Gobierno regional sintió la necesidad de tener una justo después de que se aprobara la Lomloe. El objetivo de la norma madrileña es blindar la escuela concertada, que veía amenazada por la ley estatal. Así nació la Ley Maestra, que directamente va contra varios preceptos incluidos en la Lomloe de impulso de la escuela pública, pensados para favorecer a la privada sostenida con fondos públicos: en Madrid todos los alumnos “tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos”, dice el artículo 5 en un sutil pero clave cambio para incluir a la escuela concertada como garante de las plazas escolares, rol que la Lomloe reserva para la escuela pública.
Todo esto –aprobar la Ley Maestra, lanzar y que te suspendan dos normas de desarrollo de la Lomloe, intentar boicotear los currículos del Gobierno, cargar contra la Ley de Universidades y contra los libros de texto– ha ocurrido en cuatro meses. El siguiente frente que se prevé puede ser el Estatuto del docente, tarea en la que está embarcado el Ministerio de Educación. Quedan 17 meses de legislatura.




