- Entre las preocupaciones de las y los docentes están cómo, con qué medidas de seguridad contarán quienes tengan que volver a los centros en las próximas semanas. Aunque todavía no está establecida, la ministra Isabel Celaá asegura que lo están tratando con Sanidad y que tendrán que ser las comunidades las que provean de dicho material de protección. Hablamos con la ministra, además, de otras cuestiones como quién tendrá que volver exactamente, o cómo pueden organizarse los centros en las próximas semanas.
El Ministerio de Educación y FP se encuentra en el centro de la ciudad de Madrid. Es un vetusto edificio que con el tiempo ha ido anexionando algunos de los inmuebles colindantes. Es una mole en la que es fácil perderse y que, estos días, además, está prácticamente deshabitada. Algunos agentes de seguridad en los accesos y muy poca gente más.
La ministra Isabel Celaá nos recibe en la Sala Goya, utilizada comúnmente para las Conferencias Sectoriales con todas las comunidades autónomas. Es un gran salón en el que resulta muy fácil mantener la distancia de seguridad que rige toda la vida cotidiana hoy día. La situación, en esta recta final del curso, se ha complicado con una buena cantidad de dudas organizativas, pero no solo, con respecto a cómo podrán volver chicas y chicos, al menos, algunos, y su profesorado a unas aulas que llevan casi dos meses cerradas a cal y canto.
En un par de semanas, los alumnos que quieran, de los cursos terminales, podrán ir a clase…
Se supone que en la fase 1, que es donde situamos la apertura administrativa de los centros. Los centros han de ser desinfectados y estar limpios, en condiciones idóneas. Tienen muchas tareas administrativas pendientes: certificaciones, propuestas de títulos, apertura de matrículas… toda esa organización del nuevo curso tiene que ser realizada por la dirección, por la administración de los centros y por el profesorado.
La apertura administrativa empezará en la fase 1. Dos semanas después, algunas zonas, puesto que tenemos una desescalada compleja, gradual y asimétrica, que estén en fase 2 y que cumplan las normas para luchar contra la epidemia podrán abrir el centro para alumnos que van a enfrentarse a sus exámenes: 4º de la ESO, 2º de bachillerato para la EVAU, 2º de FPGM, de GS. Para estos será voluntario, pero los centros que estén en fase 2 han de estar abiertos. Esos alumnos serán convenientemente distanciados dentro de los centros; como estos estarán prácticamente vacíos, podrán ser distanciados en aulas contiguas y un profesor trabajar consecutivamente con los dos grupos.
Además, en esas fase 2 se abrirán las escuelas infantiles, 0-3 y 3-6, con el fin de ayudar a los padres y madres en la conciliación de la vida laboral y familiar. Nos gustaría mucho que las escuelas pudieran abrirse a más, pero no pueden estar llenas en este momento de la epidemia. Los otros cursos de primaria o secundaria, cuando algún centro se encuentre en condiciones óptimas para abordar unos cursos de refuerzo a esos niveles, también podrá hacerlo.
Estamos hablando ya casi del mes de junio.
Sí, sí. El curso escolar termina en junio.
En relación a la apertura administrativa ¿quiénes son quienes deben ir a los centros?
El equipo directivo y a quienes llame este para hacer las labores administrativas propias del centro. El centro debe prepararse para acoger a sus alumnos, de situarse el centro en una fase 2, y que vendrá a ser en junio. Dependerá de la situación epidemiológica.
¿Habrá EPI para esos docentes?
Tiene que haber una protección. Estoy trabajando con Sanidad. No sabemos en qué consistirá, pero los profesores evidentemente tendrán la protección que la autoridad sanitaria estime oportuna para el trabajo que han de hacer.
¿Esos equipos los pondrá el Ministerio de Sanidad o las CCAA?
Eso no lo tenemos prefijado. Son las CCAA las que tienen la dotación de recursos para dar ese servicio. Pero el Ministerio de Sanidad será quien tenga que determinar qué equipo concreto se precisa. Hemos de pensar que están con niños, no están con enfermos de coronavirus. Están con niños.
Bueno, es una de las preocupaciones que nos llegan desde el anuncio… ¿cómo llegarán a los centros?
Protegidos, evidentemente. Determinaremos con precisión con qué protección. Lo estoy trabajando con el Ministerio de Sanidad.
En cuanto a las escuelas infantiles, ¿se está barajando alguna ratio máxima por aula?
No hemos barajado cifra porque las unidades de infantil, dependiendo de la edad, pueden ser pequeñas. El centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, con las reglas sanitarias que hemos de proveer, adecuará los espacios a los niños que tiene que atender. Hemos de pensar que habrá mucho espacio en el centro, en general.
Algunas patronales de centros de infantil han calculado que con menos del 70% de las criaturas en las aulas, económicamente no pueden mantenerse…
La escuela no lo puede hacer todo. La escuela tiene una labor subsidiaria de conciliación de la vida labora y familiar, pero su objetivo es educar, enseñar. Por tanto, se requieren otros apoyos de otras administraciones públicas para poder efectuar toda la tarea que tenemos que hacer en esta pandemia. En esto no podemos entrar. Primero porque son autónomas, están en su CCAA y esta verá en qué condiciones, cómo, por qué, por qué no y dónde atenderá.
¿Ha supuesto un problema la gestión con 17 CCAA, con la vista en el acuerdo de la Sectorial del que se han descolgado algunas?
Las normativas que han publicado y que hemos visto se acomodan al acuerdo perfectamente. Hay dos principios: el acuerdo no altera la legislación vigente. Esta queda como está, porque es una Ley orgánica y estas son competencia del Congreso de los Diputados. Lo que hace el acuerdo, por mor de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, es adaptar, con medidas de flexibilidad, la forma de evaluar a los alumnos. ¿Cómo? Atienda usted más a los cualitativo que a lo cuantitativo. Fíjese sobre todo si ese alumno ha sido capaz de superar los objetivos generales de la evaluación, o si es de FP, si ha desarrollado las destrezas, las competencias necesarias para pasar de curso. Estamos en la esencia, en los aprendizajes esenciales, competenciales, estamos casi más hablando de ámbitos que de materias específicas. Haga usted una evaluación cualitativa, especializada, del alumno. Pero la va a hacer usted con el resto de colegas en la junta de evaluación. Entre todos ustedes, que conocen perfectamente al alumno, el eqipo docente que trata a ese alumno, son capaces de saber de manera muy consciente y clara, si está preparado para pasar, promocionar, o si repetir le hace mayor beneficio a su proceso educativo.
La repetición ha de ser excepcional, dice la legislación.
Nosotros no somos partidarios de la repetición porque pensamos que no arregla. Arrastramos un sistema napoleónico en el sistema educativo español. De manera demasiado asidua recurre a la repetición. De facto tenemos tres veces más repetidores que los países de nuestro entorno. Y eso no significa falta de esfuerzo del alumnado, sino falta de esfuerzo del sistema. Lo que dice el acuerdo es eso: todas las normas que hemos ido viendo de las distintas CCAA recogen esa adaptabilidad, esa flexibilidad. Y las comunidades mantienen, en el estado de alarma, sus competencias autonómicas intactas, evidentemente. Ahora, no son las comunidades las que van a evaluar, son los equipos docentes. Por cierto, como siempre. Esos equipos docentes son los que tienen que determinar si el alumno promociona o si repite. Lo que decimos, habida cuenta de las circunstancias excepcionales que hay, que la regla general siempre es promocionar. Ahora subráyese con intensidad. Y la excepción es repetir. ¿Cuándo se repetirá? Cuando la junta de evaluación considere que es lo mejor para el alumno. Hay que trabajar con todos estos elementos, por eso es complejo, evidentemente. Pero no estamos en un Estado unitario, sino compuesto, y no tenemos más remedio que trabajar con todas las fichas.
Ha habido quienes han echado de menos más liderazgo del Ministerio. ¿Podría haberse tomado para sí las competencias de educación de las autonomías?
En absoluto. Estamos afrontando una crisis sanitaria, epidemiológica y lo que hace la declaración del estado de alarma es atribuir a Sanidad la autoridad, solo a Sanidad. Es el mando. Todos tenemos que subordinar y adecuar nuestra práctica al interés de salvar vidas.
En Educación las competencias están en las CCAA y, por ello, la forma en la que hemos operado ha sido a través del acuerdo. Porque el Ministerio no modifica las leyes orgánicas, lo hace el Congreso y para ese objetivo ya tenemos enunciada la LOMLOE. Una ley que, por cierto, acomoda todas aquellas cuestiones que ahora vemos necesarias: la digitalización, la enseñanza personalizada, un currículo mucho más competencial y menos enciclopédico, una formación del profesorado, también online para atender al alumnado desde que está en casa… Esto nos está dando, precisamente, de manera real, la evidencia de la necesidad de los cambios en clave de modernización. Necesitamos esos cambios. Una formación del profesorado mucho más intensa, un curriculo múcho más competencial… todos esos cambios están recogidos en la ley
Volviendo sobre el profesorado. En este tiempo, varias CCAA no están cubriendo las bajas docentes con interinos.
Ese es un asunto que quizá se está percibiendo ahora. Hemos estado trabajando en otras tareas como la identificación de aquellos alumnos que estaban sin recursos, cómo proveerles de programas en abierto como el de TVE, lo que significa aportar un repositorio de materiales que hemos podido hacer en un tiempo récord… Toda la práctica que ha venido haciendo el profesorado es ejemplar: en 24 horas cambiaron de una modalidad presencial a una modalidad a distancia. Están haciendo un trabajo inmenso, ingente.
Han empezado a aflorar situaciones en las que, estando profesores enfermos, no han sido sustituidos. De nuevo es una competencia de las CCAA, pero lo vamos a valorar. No nos han llegado más que algunas noticias, pero no conocemos, no hemos identificado, porque no nos corresponde a nosotros sino a las CCAA, la magnitud y cómo proceder a la sustitución. Evidentemente, un profesor que está trabajando a distancia y está enfermo, ha de ser sustituido.
El que vuelvan los alumnos a las aulas obligará a algunos docentes a estar atendiendo físicamente en el centro mientras han de sostener la actividad a distancia con sus otros grupos que permanecerán en sus casas. Esto dificulta aún más su situación…
Obviamente los centros educativos son autónomos, y en el ejercicio de su autonomía habrán de proveer esta casuística. No se trata de explotar a ningún profesor, se trata de abrir, de desconfinarnos en la escuela, también, en la medida de las posibilidades. Se trata de mejorar la presencialidad de un grupo de alumnos sin perjudicar la marcha de la salud. Eso es una combinación compleja, pero que hay que abordar.
Lo que no podemos hacer, por la salud de alumnos y docentes, es llenar el centro educativo. Tenemos que ir asumiendo grupos pequeños y valorando cuál es la repercusión que tiene la presencia de esos alumnos. Por eso hablamos de fases y no de fechas. Por mantener la métrica común, a pesar de la asimetría en los tiempos y en las zonas.
Si llenamos todos los centros, no podremos luchar contra la enfermedad. En este punto estamos protegiendo al profesorado y a los alumnos. Tratemos de ser sensatos e impedir que aquel profesor que está dando 2º de bachillerato tenga que dar tambén en otros cursos. Tratemos de hacerlo de una manera sensata.
Pero muchos enseñan en diferentes cursos que pueden ser 1º y 4º de la ESO. No sé si una posibilidad es que los centros decidan no reabrir esas aulas porque no tienen cómo hacer frente a una doble enseñanza…
Ya decimos que no es obligatorio. Esa posibilidad la tendrá que encauzar con su comunidad autónoma. Imaginemos zonas como la costa vasca, que conozco bien, que no ha tenido casos. Ahí las escuelas podrán abrir. Zonas rurales de alta montaña, podrán abrir probablemente en su totalidad y los docentes podrán ir a la escuela e ir observando las distancias porque la escuela tiene pocos alumnos.
No se va a hacer nada que sea imposible. Yo, si fuera un director de un centro, no trataría a nadie injustamente. No le obligaría a hacer cosas que no son adecuadas. Por lo tanto, el profesorado será tratado con justicia en esta última etapa que, por cierto, no será superior a dos semanas y media. Esperemos que todo el mundo pueda encajar de una manera razonable. El que está trabajando en primaria seguirá como hasta ahora. El que trabaja en 1º y 2º de bachiller puede o no ser recibido en el centro, tendrá que adecuarse, en su horario, a las circunstancias. No estamos ahora programando para un curso, estamos tratando de desconfinar, de abordar una entrada en el centro educativo que sea razonable, evaluable, que traiga más bienestar que malestar y que, sobre todo, salvaguarde la salud de profesores como de alumnos.
Me gustaría hacer un ejercicio de ciencia ficción sobre septiembre. Con estos mimbres que tenemos ahora, ¿cree que será posible una vuelta normal en septiembre? ¿que todos los niños y niñas vuelvan a las aulas?
Si no tenemos vacuna o remedio, no a la vez. Estamos en un momento en el que todo puede hacerse pero no todo a la vez. Estamos pensando en un modelo educativo combinado, entre lo presencial y lo a distancia. De tal manera que los espacios de los centros tengan una cobertura de aproximadamente el 50%. Eso significa una organización muy específica del centro para saber cómo alternar: si alterna por semanas, por días… de tal manera que unos alumnos sean atendidos presencialmente y otros a distancia. Pero hay que salvaguardar las distancias y la protección hasta que tengamos la vacuna o remedio.
¿Hay posibilidad de revisar las ratios?
De facto, tal y como vamos a abordar esta fase, va a ser un cambio de ratios. Va a significar materialmente una atención del grupo de alumnos diferente. Si tuviéramos aulas como esta (el salón Goya es el lugar que habitualmente se utiliza para las Conferencias Sectoriales) aquí pueden estar perfectamente grupos mayores, más separados, pero en vez de atendidos por un profesional, por dos. Este es otro de los cambios sobre los que nosotros reflexionamos. No para atender a la pandemia sino para una enseñanza personalizada que gravita sobre nuestra ley; una enseñanza personalizada en la que dos profesionales están atendiendo a un grupo mayor y deteniéndose con quien va más rápido y con quien va más lento. Que trabaja con elementos telemáticos, digitales, en que se puede establecer un trabajo por proyectos, un trabajo en ámbitos, más que en materias… eso requiere fórmulas diferentes, a nivel espacial, apertura de puertas entre aulas… todo esto forma parte de la reflexión de la nueva ley.
Pensando en esta sala y en las aulas de un centro, habría que hacer un esfuerzo ingente también en infraestructura…
Hay que hacer un esfuerzo en infraestructura. Que lo tenemos en la cabeza, pero son las CCAA las que tienen los recursos. Esto también lo vamos a orientar; el que quiera que lo recoja, pero obviamente nuestras aulas, nuestros centros (por cierto, como en el resto de Europa) responden a estructuras un poco anticuadas. Hay que abrir espacios, que se abran puertas, que para determinadas agrupaciones para ciertos ámbitos de trabajo se trabaje con más alumnos y más profesionales a la vez. Esto requiere, también, un trabajo importante sobre ese profesorado que ha venido trabajando en el sistema de manera muy individualizada y que queremos que trabaje de manera más colegiada. Con colegas que dan las mismas materias o distintas, y abordando proyectos multidisciplinares. Eso ya lo están haciendo, esto no es utopía. Hay centros educativos, muchos, que lo están haciendo. Se trata de impulsar esas buenas prácticas y que se trabaje en red e impulsar que eso, que ha podido ser una buena práctia en un determinado momento, vaya instalándose. Ese es el futuro de la educación. El futuro de la educación no es establecerlo todo por materias que van alineandose y que caen en cascada en el horario. Tenemos que buscar distintas fórmulas que nos permitan maximizar los resultados. Y eso supone un trabajo colegiado de los docentes. Tenemos muchas confianza en los profesionales. Los hay magníficos en el sistema que están haciendo una práctica extraordinaria que merece la pena iluminar; establecerla en red para que se estandarice.
Volviendo al mes de septiembre. Se ha hablado de retomar los PROA de la LOE. No sé si se ha pensado durante cuánto tiempo y si se ha pensado en la misma fórmula de financiación: al 50% con las CCAA.
No hemos pensado en la fórmula de financiación porque estará en función de los recursos que tengamos cada uno. Como sabe no tenemos presupuesto todavía. Evidentemente, vamos a intensificar de manera muy significativa el programa, que durará, muy probablemente, casi todo el curso por no decir todo porque los alumnos que han vivido este 19-20 tan excepcional entrarán al 20-21 con un diagnóstico realizado precisamente ahora. Que tendrá valor diagnóstico y formativo, como dice el acuerdo. Todos ellos van a necesitar un refuerzo en sus conocimientos; es muy importante que este gravite sobre todo el curso, no solo en las materias como Lengua o Matemáticas, que necesiten de un refuerzo para abordar el currículo del próximo curso, sino en otras que pueden tener mucho interés y que no han podido ser profundizadas. Por eso, para nosotros el PROA es muy importante y tiene que entrar con fuerza el próximo curso. Lo tenemos dialogado con las CCAA de manera general, no específica, pero haremos otra Conferencia para poderlo asentar.
Quería preguntarle por la tramitación de la ley. Estos días ha habido críticas por parte de la concertada, también de los centros de educación especial.
Es una ley suficientemente conocida. Entró en el Consejo de Ministros a primeros del 19, todas las conversaciones estaban hechas. Se suspendió su tramitación por las elecciones generales, vuelve a ser aprobada por el Consejo de Ministros, vuelve al Congreso exactamente el mismo proyecto que era conocido. Habíamos hablado con todos los sectores, también con la concertada. Pero hemos venido hablando con todos, con la concertada, con la pública, sindicatos… ¿que se necesita más conversación?, habrá más durante el periodo de tramitación. Ahora bien, una vez que el Gobierno ha residenciado ya el proyecto de ley en el congreso, los plazos los pone el congreso, es su proyecto de ley.
Pensamos que va a haber tiempo para tramitar y trabajar las enmiendas parciales, que es donde estamos. Pero nadie ha tenido un obstáculo, ni una falta de tiempo para presentar sus enmiendas totales tal como ha hecho el PP, C’s y Vox y nadie ha dicho nada. Han sido los propios parlamentarios los que han pedido que se reinicien los plazos generales del Congreso. Los diputados tienen que trabajar, que los plazos se tienen que reiniciar… por lo tanto este proyecto de ley que ya estaba depositado y cuyo plazo de enmiendas había sido detenido, se reinicia y sigue su tramitación.
Precisamente el trámite de enmiendas se ha vuelvo a retrasar unos días (hasta el día 6)…
Y si hace falta un poco más, también se aceptará, entiendo. Eso lo decidirán los grupos.
¿Qué ha pasado con la disposición adicional cuarta? Tan contestada por los centros de educación especial…
Pues no sabemos lo que ha pasado exactamente. Era suficientemente conocida, y además suficientemente argumentada. Hemos estado con todos los grupos: con las familias, con los grupos de inclusión… no se van a cerrar los centros de educación especial. Que no se cierren estos no significa que no podamos avanzar en la dotación de recursos a los centros ordinarios para que también puedan tratar, como están haciendo, pero con mayores recursos y de más calidad, a los niños y niñas con algún tipo de calidad. Lo mismo que hay petición para que los centros de educación especial se mantengan, hay una legítima petición para que esos centros puedan tratar a la diversidad. Que todos los centros ordinarios puedan tratar la diversidad. La de quienes van más lento, más rápido… todas las personas son distintas. Eso es lo que ha pasado, pero se ha convertido, por lo que nos llega por las redes, en una gran bola.
La disposición, efectivamente, no habla del cierre de centros, pero el aumento de la inclusión en la ordinaria, puede leerse como un cierre encubierto…
No es un cierre encubierto. Concretamente, la disposición adicional cuarta dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios se dotarán de recursos. Los centros de educación especial tienen un conocimiento experto acumulado muy, muy importante para el sistema. Además, la ley incorpora algo que no tenía la ley Wert en 2013 ni antes ninguna ley: es el hecho de que los padres, junto con los profesionales, atendiendo al interés superior del menor, puedan invtervenir para dirigir a los alumnos a unos centros u otros. Esta cuestión de la participación de los padres y madres no existía en la legislación anterior. Seamos razonables, la escuela ordinaria tiene que ser inclusiva; esto es una directriz y una ordenación que viene de Naciones Unidas. La escuela ha de ser inclusiva. Al mismo tiempo, los centros de educación especial tienen sentido. No los vamos a cerrar, tienen conocimiento experto. Y tienen alumnos. Que nadie tenga preocupación.
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