EL MUNDO.ES: Entran en la Conselleria de Educación para regalar carbón a Bosch
Alrededor de 70 personas de la Plataforma Crida han regalado esta mañana carbón al conseller de Educación, Cultura y Universidades, Rafael Bosch, para mostrar así su rechazo a las medidas impulsadas por este departamento, sobre todo, en lo que hace referencia a la lengua y a la utilización de símbolos.
Así, en un acto en el que los participantes portaban camisetas verdes con el lema 'Crida por una educación pública de calidad', cinco integrantes de la citada Plataforma han entrado en la sede de la Conselleria para dejar en la recepción un trozo de carbón a nombre de Bosch.
Posteriormente, la Plataforma ha leído un manifiesto en el que pide a los Reyes Magos todo lo que la Conselleria de Educación les ha "quitado", de forma que les ha reclamado que "paren todos los recortes que se han hecho hasta ahora y que afectan al sistema educativo".
Asimismo, han solicitado a los Reyes Magos que se retiren diversos proyectos. Entre ellos, el anteproyecto de utilización de símbolos, así como el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el Decreto de tratamiento integrado de lenguas, y la Ley reguladora de la convivencia escolar y autoridad del profesorado. Con eso, exigen que se aumente la inversión en la educación pública.
EL PAÍS.COM: Fapa Valencia entrega a Educación su carta a los Reyes Magos
Fapa Valencia (Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes Província de València) ha entregado esta mañana su particular carta de Reyes a la consejera de Educación, María José Català. Disfrazados de Reyes Magos, madres y padres de alumnos han protagonizado un acto de protesta ante las puertas de la consejería.
En la carta a Català pide, entre otras cosas, "más ayudas al alumnado y las familias en estos tiempos de crisis asfixiante" en forma de becas de libros, de comedor escolar, de transporte, etc., o que no se aumenten los días de baja necesarios para disponer de un profesor sustituto. Fapa Valencia también pide a la consejera que "no aumente la ratio" de alumnos por aula y se evite "la correspondiente supresión de grupos en todos los niveles".
Al lado de reivindicaciones más concretas de familias que llevaban sus propias pancartas, como las del colegio Sant Joan de Ribera que llevan "veinte años de espera" y piden "un colegio nuevo", el listado de peticiones incluía también la no eliminación de grupos de educación compensatoria, acogida diversificación y desdobles", para despedirse la organización con sus "mejores deseos para la escuela publica", recalcando que es "la única que garantiza la igualdad de oportunidades". [...]
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Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
sábado, 5 de enero de 2013
Wert pidió a Cataluña que creara cuatro centros de escolarización en castellano y el TSJC ordena a la Consellería que adapte ahora el sistema al castellano para seis alumnos
CUARTO PODER.ES: Wert ofreció a Cataluña zanjar la polémica educativa con un “gesto”
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ofreció a la consellera del ramo en Cataluña, Irene Rigau, una solución pactada para zanjar la polémica de la escolarización en español en su Comunidad, para aquella familias que así lo soliciten. Según fuentes gubernamentales, el ministro Wert pidió a la consellera apenas un “gesto”. De acuerdo con la versión de estas mismas fuentes, el ministro de Educación habría sugerido a la consellera que con sólo poner a disposición de aquellas familias que deseasen escolarizar a sus hijos en castellano dos centros educativos en Barcelona, uno en Tarragona y algún otro más donde lo estimasen oportuno, el gobierno de Mariano Rajoy se daría por satisfecho e interpretaría, con buena voluntad, que el Gobierno de Artur Mas daba cumplimiento a las sentencias que entienden que los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial que estimen oportuno. Se trataba de hacer apenas un pequeño gesto, para rebajar la crispación y el enfrentamiento abierto provocado por la aparición del borrador de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza).
La oferta de Wert se produjo el pasado 13 de diciembre, apenas 9 días después de que Rigau diese plantón al ministro en la Conferencia sectorial de educación. El jueves 13 de diciembre, ministro y consellera mantuvieron una reunión bilateral durante dos horas y media. Durante el encuentro, Wert trató de convencer a Rigau de que sólo necesitaba un pequeño gesto del gobierno de la Generalitat de Cataluña. para zanjar sus diferencias. Un dirigente del PP ha asegurado además a cuartopoder.es que “Wert ha adoptado esta nueva actitud conciliadora porque así se lo pidió el presidente”. Pero la respuesta de Rigau fue un no rotundo.
Fuentes del gobierno catalán, por su parte, aseguran que la consellera Rigau le dijo a Wert que no podía hacer ese “pequeño gesto” que le pedía, porque mantener la política de inmersión lingüística era una cuestión “de principios” y que en Cataluña se interpretaría, en cualquier caso, como una imposición y un ataque.
Tras esta conversación, Rigau y Wert no han tenido proximidad alguna: ni física, ni ideológica. El desencuentro entre ambos gobiernos permanece y no tiene visos de mejorar. Desde que Wert y Rigau mantuvieran dicho encuentro y el ministro lo diese por finalizado asegurando que “no ha habido aproximación ni avances materiales, pero seguimos comprometidos en seguir hablando para lograr algún acuerdo”, las posiciones siguen enfrentadas. Y el enfrentamiento va para largo.
El borrador de la LOMCE tiene el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el PP, pero mantiene la oposición de otras cuatro, además de Cataluña. Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias se oponen también a ese borrador que, antes de ser siquiera anteproyecto de ley, ha puesto en pie de guerra a parte de los territorios y otra parte de la comunidad educativa. Pero , sin duda, el enfrentamiento político entre las administraciones catalana y central promete ser el más sonado de todos ellos.
RTVE.ES: El TSJC ordena adaptar la educación en castellano y catalán para seis alumnos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al departamento de Enseñanza que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.
En seis autos distintos, que se han notificado este viernes, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a Enseñanza para que dé, de forma cautelar, este trato a los alumnos hasta que se resuelva la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la consellería que desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria.
En estos seis casos concretos, el TSJC requiere a la consellería para que, de forma cautelar, adopte "cuantas medidas sean precisas" para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo de los recurrentes, a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ofreció a la consellera del ramo en Cataluña, Irene Rigau, una solución pactada para zanjar la polémica de la escolarización en español en su Comunidad, para aquella familias que así lo soliciten. Según fuentes gubernamentales, el ministro Wert pidió a la consellera apenas un “gesto”. De acuerdo con la versión de estas mismas fuentes, el ministro de Educación habría sugerido a la consellera que con sólo poner a disposición de aquellas familias que deseasen escolarizar a sus hijos en castellano dos centros educativos en Barcelona, uno en Tarragona y algún otro más donde lo estimasen oportuno, el gobierno de Mariano Rajoy se daría por satisfecho e interpretaría, con buena voluntad, que el Gobierno de Artur Mas daba cumplimiento a las sentencias que entienden que los padres tienen derecho a escolarizar a sus hijos en la lengua oficial que estimen oportuno. Se trataba de hacer apenas un pequeño gesto, para rebajar la crispación y el enfrentamiento abierto provocado por la aparición del borrador de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza).
La oferta de Wert se produjo el pasado 13 de diciembre, apenas 9 días después de que Rigau diese plantón al ministro en la Conferencia sectorial de educación. El jueves 13 de diciembre, ministro y consellera mantuvieron una reunión bilateral durante dos horas y media. Durante el encuentro, Wert trató de convencer a Rigau de que sólo necesitaba un pequeño gesto del gobierno de la Generalitat de Cataluña. para zanjar sus diferencias. Un dirigente del PP ha asegurado además a cuartopoder.es que “Wert ha adoptado esta nueva actitud conciliadora porque así se lo pidió el presidente”. Pero la respuesta de Rigau fue un no rotundo.
Fuentes del gobierno catalán, por su parte, aseguran que la consellera Rigau le dijo a Wert que no podía hacer ese “pequeño gesto” que le pedía, porque mantener la política de inmersión lingüística era una cuestión “de principios” y que en Cataluña se interpretaría, en cualquier caso, como una imposición y un ataque.
Tras esta conversación, Rigau y Wert no han tenido proximidad alguna: ni física, ni ideológica. El desencuentro entre ambos gobiernos permanece y no tiene visos de mejorar. Desde que Wert y Rigau mantuvieran dicho encuentro y el ministro lo diese por finalizado asegurando que “no ha habido aproximación ni avances materiales, pero seguimos comprometidos en seguir hablando para lograr algún acuerdo”, las posiciones siguen enfrentadas. Y el enfrentamiento va para largo.
El borrador de la LOMCE tiene el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el PP, pero mantiene la oposición de otras cuatro, además de Cataluña. Andalucía, Asturias, País Vasco y Canarias se oponen también a ese borrador que, antes de ser siquiera anteproyecto de ley, ha puesto en pie de guerra a parte de los territorios y otra parte de la comunidad educativa. Pero , sin duda, el enfrentamiento político entre las administraciones catalana y central promete ser el más sonado de todos ellos.
RTVE.ES: El TSJC ordena adaptar la educación en castellano y catalán para seis alumnos
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado al departamento de Enseñanza que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.
En seis autos distintos, que se han notificado este viernes, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC requiere a Enseñanza para que dé, de forma cautelar, este trato a los alumnos hasta que se resuelva la impugnación que sus padres plantearon a una resolución de la consellería que desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria.
En estos seis casos concretos, el TSJC requiere a la consellería para que, de forma cautelar, adopte "cuantas medidas sean precisas" para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo de los recurrentes, a la nueva situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán.
"Queridos Reyes Magos,este año sólo quiero una piedra..."
Ester nos envía esta carta dirigida a los Reyes Magos:
viernes, 4 de enero de 2013
Los propósitos de año nuevo de Wert no se quedan en financiar la LOMCE... ¡Ahora va a por el estatuto del docente y la Universidad!
ABC.ES: El dinero para la reforma educativa, primera batalla de Wert en 2013
El Ministerio de Educación, que dirige José Ignacio Wert, ha sido uno de los más activos en el pasado 2012. Wert ha puesto en marcha una reforma educativa que trata de sacar a España de los puestos de cola que ahora ocupa.
En primer lugar está el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Hasta ahora, a la Lomce se la conoce más porque, según algunos, ataca el modelo de inmersión lingüística, y por aquellas palabras de Wert el el Congreso, el pasado 10 de octubre: «Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes».
Pero, en realidad, la Lomce es un proyecto muy ambicioso para hacer de la ESO y del Bachillerato españoles marcas de calidad, para acabar con el fracaso escolar y para prestigiar y fomentar la Formación Profesional.
Wert insiste en que el anteproyecto de la Lomce no es ideológico, sino que selecciona las mejores experiencias de los mejores países. De ahí que introduzca las evaluaciones obligatorios, homogéneas y externas en todo el territorio nacional para que se pueda pasar de ciclo educativo, se potencie la autonomía de los centros y se simplifiquen las vías de elección. Con una Formación Profesional anticipada y un tutelaje más pensado del alumno, se pretende evitar la alta tasa de fracaso escolar en España.
Está previsto que dentro de tres semanas Wert se vea con los consejeros autonómicos de Enseñanza de las comunidades para estudiar la memoria económica de la Lomce. De ahí, el anteproyecto pasaría a ser revisado por el Consejo de Estado, entraría a examen del Consejo de Ministros y finalmente se remitiría al Congreso. Como muy pronto, el primer año para su aplicación sería el curso que viene. Pero a la vista de las pasiones que la Lomce levanta, quizá sea precipitado pensar en esa fecha como la de su puesta en marcha.
Paralelamente a la Lomce, el ministerio está trabajando en dos proyectos legislativos más de gran envergadura. Se trata de la reforma universitaria y del estatuto docente.
Comité de expertos
Wert ha encargado a un grupo de expertos un borrador para la reforma de la universidad. Probablemente ese estudio ya esté en su mesa de despacho o llegue a ella en los próximos días. Basándose en ese informe, se redactará un borrador para acabar con las enormes ineficiencias y duplicidades de las universidades públicas españolas, y se pondrán los fundamentos de su futura financiación.
La tercera pata de reforma educativa es el estatuto del docente. Wert pretende prestigiar tanto esta carrera que solo los mejores se sientan atraídos por ella. El modelo aquí es Finlandia, donde la docencia es la carrera más valorada.
Noticia relacionada:
La LOMCE: desfasada, ideologizada... y muy cara
EL PERIÓDICO.COM: La implantación de la LOMCE costará 7,5 millones en los dos primeros años
Que José Ignacio Wert no se lleve a engaño. El apoyo que los consejeros de Enseñanza de las comunidades gobernadas por el PP otorgaron el pasado día 19 a su reforma no es un cheque en blanco.
A cambio de lograr su voto favorable a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), el titular de Educación se ha tenido que comprometer por escrito a que "el ministerio asumirá con cargo a su propio presupuesto la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley".
La estimación inicial del Gobierno es que los dos primeros años de la LOMCE (que Wert quiere que entre en vigor en el curso 2014-2015) supondrán un sobrecoste de 7,5 millones de euros.
El compromiso de financiación -que tanto inquietaba hasta hace unos días a los consejeros- figura en la memoria del borrador de la ley, que, sin embargo, no despeja las dudas sobre quién pagará la segunda fase del despliegue de la ley, los denominados «costes de consolidación de la reforma». La respuesta se espera que la dé el ministro en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación convocada para la tercera semana de enero.
EL PRIMER AHORRO / El ministerio espera que en el primer ejercicio completo de la ley, el del 2015, se consiga incluso un ahorro de 3,8 millones, gracias al nuevo diseño que la LOMCE hace del bachillerato, que de las actuales nueve vías de estos estudios posobligatorios pasa a tan solo cuatro modalidades. El propósito es que cada instituto se especialice en una de estas modalidades y que, por lo tanto, se abaraten los gastos corrientes y de personal.
El verdadero sobrecoste, admite la misma memoria, llegará en el segundo año de la reforma, el 2016, cuando el ahorro de 44,6 millones que se conseguirá con el desarrollo completo del nuevo bachillerato no será suficiente para compensar los 52,8 millones que costará la puesta en marcha de la formación profesional básica, hacia la que se encaminará a los alumnos de 15 años que «no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso de la ESO», según recoge la LOMCE. El gasto estimado para ese año es de 11,3 millones.
«Lo cierto es que son estimaciones que no se sabe muy bien en qué elementos están basadas, pero, al margen de eso y de las dudas que se puedan plantear sobre el importe, no parece que la implantación de la LOMCE vaya a requerir unas cifras de inversión sustantivas. Parece, a priori, un presupuesto asumible», valora Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona (UB) y expresidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Catalunya. Quizá por eso, porque no es una cantidad desorbitada, y porque no se tendrá que empezar a pagar hasta dentro de tres años, el ministerio ha aceptado hacerse cargo del importe.
LA CONSOLIDACIÓN / Pero más que la implantación, lo que realmente preocupa a las comunidades autónomas es lo que el Gobierno ha bautizado como «costes de consolidación de la reforma educativa», un proceso que se prolongaría hasta el año 2020 y que, en teoría, tendría que confirmar el éxito de la LOMCE. «Para esa fecha, el 2020, la Unión Europea ha pedido a los países miembros que hayan reducido sus tasas de abandono escolar temprano al 10%», recuerda Calero. Los últimos datos del ministerio hablan de una tasa actual del 30,6%. El camino que hay que recorrer antes del fin de la década promete ser, pues, complicado.
Wert confía en que, solo con la entrada en vigor de la LOMCE, el porcentaje de jóvenes que aprueben para entonces el bachillerato sea, como mínimo, del 50% de los alumnos de estudios posobligatorios (ahora es del 48,6%) y de al menos el 20% en la formación profesional de grado medio (actualmente es del 18,9%). La tasa de titulados de la nueva formación profesional básica sería del 8%.
Pero eso, prosigue la memoria, tiene también un coste. ¿Cuánto? «Incrementar un punto la tasa de titulación en bachiller supone un coste de 74,36 millones de euros y un punto [...] en ciclos formativos de grado medio sería de 88,5 millones», dice el texto, que a renglón seguido añade que el importe «dependerá de las decisiones de cada administración educativa» o, lo que es lo mismo, que será cada autonomía quien tendrá que decidir, en función del resultado de sus alumnos, cuánto quiere invertir. Otra cosa, observa el profesor de la UB, «es saber quién pondrá aquí el dinero».
Que José Ignacio Wert no se lleve a engaño. El apoyo que los consejeros de Enseñanza de las comunidades gobernadas por el PP otorgaron el pasado día 19 a su reforma no es un cheque en blanco.
A cambio de lograr su voto favorable a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), el titular de Educación se ha tenido que comprometer por escrito a que "el ministerio asumirá con cargo a su propio presupuesto la financiación de los gastos directamente relacionados con la implantación de la ley".
La estimación inicial del Gobierno es que los dos primeros años de la LOMCE (que Wert quiere que entre en vigor en el curso 2014-2015) supondrán un sobrecoste de 7,5 millones de euros.
El compromiso de financiación -que tanto inquietaba hasta hace unos días a los consejeros- figura en la memoria del borrador de la ley, que, sin embargo, no despeja las dudas sobre quién pagará la segunda fase del despliegue de la ley, los denominados «costes de consolidación de la reforma». La respuesta se espera que la dé el ministro en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación convocada para la tercera semana de enero.
EL PRIMER AHORRO / El ministerio espera que en el primer ejercicio completo de la ley, el del 2015, se consiga incluso un ahorro de 3,8 millones, gracias al nuevo diseño que la LOMCE hace del bachillerato, que de las actuales nueve vías de estos estudios posobligatorios pasa a tan solo cuatro modalidades. El propósito es que cada instituto se especialice en una de estas modalidades y que, por lo tanto, se abaraten los gastos corrientes y de personal.
El verdadero sobrecoste, admite la misma memoria, llegará en el segundo año de la reforma, el 2016, cuando el ahorro de 44,6 millones que se conseguirá con el desarrollo completo del nuevo bachillerato no será suficiente para compensar los 52,8 millones que costará la puesta en marcha de la formación profesional básica, hacia la que se encaminará a los alumnos de 15 años que «no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso de la ESO», según recoge la LOMCE. El gasto estimado para ese año es de 11,3 millones.
«Lo cierto es que son estimaciones que no se sabe muy bien en qué elementos están basadas, pero, al margen de eso y de las dudas que se puedan plantear sobre el importe, no parece que la implantación de la LOMCE vaya a requerir unas cifras de inversión sustantivas. Parece, a priori, un presupuesto asumible», valora Jorge Calero, profesor de Economía Aplicada en la Universitat de Barcelona (UB) y expresidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Catalunya. Quizá por eso, porque no es una cantidad desorbitada, y porque no se tendrá que empezar a pagar hasta dentro de tres años, el ministerio ha aceptado hacerse cargo del importe.
LA CONSOLIDACIÓN / Pero más que la implantación, lo que realmente preocupa a las comunidades autónomas es lo que el Gobierno ha bautizado como «costes de consolidación de la reforma educativa», un proceso que se prolongaría hasta el año 2020 y que, en teoría, tendría que confirmar el éxito de la LOMCE. «Para esa fecha, el 2020, la Unión Europea ha pedido a los países miembros que hayan reducido sus tasas de abandono escolar temprano al 10%», recuerda Calero. Los últimos datos del ministerio hablan de una tasa actual del 30,6%. El camino que hay que recorrer antes del fin de la década promete ser, pues, complicado.
Wert confía en que, solo con la entrada en vigor de la LOMCE, el porcentaje de jóvenes que aprueben para entonces el bachillerato sea, como mínimo, del 50% de los alumnos de estudios posobligatorios (ahora es del 48,6%) y de al menos el 20% en la formación profesional de grado medio (actualmente es del 18,9%). La tasa de titulados de la nueva formación profesional básica sería del 8%.
Pero eso, prosigue la memoria, tiene también un coste. ¿Cuánto? «Incrementar un punto la tasa de titulación en bachiller supone un coste de 74,36 millones de euros y un punto [...] en ciclos formativos de grado medio sería de 88,5 millones», dice el texto, que a renglón seguido añade que el importe «dependerá de las decisiones de cada administración educativa» o, lo que es lo mismo, que será cada autonomía quien tendrá que decidir, en función del resultado de sus alumnos, cuánto quiere invertir. Otra cosa, observa el profesor de la UB, «es saber quién pondrá aquí el dinero».
"Pocas bromas con Wert" (artículo de Rafael Reig)
Rafael Reig firma esta entrada en el blog "Cartas con Respuesta"
EL DIARIO.ES: Pocas bromas con Wert
¿Hacer pensar a Wert? ¿Estás seguro de que ese energúmeno piensa (al menos con coherencia)? Este año deberíamos sacar de una puta vez la guillotina. Luciagar51
No es más que un ejemplo cualquiera de los comentarios que sin parar acusan a Wert de todas las barbaridades concebibles. Hasta de ser feo le acusan; un insulto que dice demasiado (y nada bueno) sobre quien lo utiliza. Le amenazan con la guillotina y le desean las siete plagas de Egipto y alguna más. A mí esa agresividad facilona expresada a ladridos no sólo me aburre, sino que me parece característica de la derecha y por eso me sonroja un poco verla entre quienes se dicen de izquierdas. Es verdad que el ministro Wert también es faltón, prepotente y va muy sobrado, y que adora la provocación. Pues por eso mismo: como decía Marco Aurelio, la mejor venganza es no parecerse a ellos.
Quizá con méritos de sobra, Wert se ha convertido en el payaso de las bofetadas, el tonto oficial y el blanco de todos los vituperios. A mí me parece una equivocación, porque creo que el verdadero peligro de Wert es que no es nada tonto. Ni desde luego inculto. Si fuera ese memo ignorante y rudimentario del que hablan tantos lectores, a mí no me preocuparía tanto. Lo grave es que Wert es casi de extrema derecha y sabe lo que está haciendo, ése es el peligro. Ministros botarates hemos tenido y tenemos a patadas en la derecha. Lo grave es cuando son inteligentes y eficaces, pero les toman por idiotas, como a Wert, porque el menosprecio generalizado le protege, distrae la atención de lo que hace para fijarla en cuatro frases polémicas (quizá lanzadas por el propio Wert como señuelo) y le da impunidad para lograr lo que se propone sin que nadie le estorbe.
La veda abierta para insultar a Wert me recuerda, por su virulencia, el caso de Fernando Morán (muy distinto en todo lo demás). La derecha se lanzó enloquecida a denostarle y lo más asombroso es que le acusaban de tonto. Hasta hubo una epidemia de chistes de Morán. La derecha es así, pero ¿por qué tenemos que imitarla nosotros?
Cuando le nombraron ministro, yo había leído un par de libros de Morán, entre ellos el notable Novela y semidesarrollo, y estaba asombrado: me pareció que de él se podía decir cualquier cosa, menos que era tonto. Con el tiempo me convencí de que, por fortuna, la derecha se había equivocado de estrategia: los chistes de Morán impidieron una crítica seria a su rediseño de la política exterior y le ayudaron mucho, pudo hacer en paz su tarea mientras los fachas rivalizaban entre sí en soltar chirigotas. ¿No podría suceder algo parecido con Wert? Con una diferencia muy notable: la tarea que se ha propuesto Wert es catastrófica.
De Wert en cambio no he leído nada y me repele lo que dice, pero más aún lo que está queriendo hacer en su ministerio. Sí he procurado leer enteras las entrevistas que le hacen (no sólo los destacados polémicos) y mi impresión es que de tonto no tiene nada. Claro que piensa, Luiagar51: ¡eso es lo grave! Por eso, este año, en lugar de la guillotina, deberíamos tomarnos a Wert en serio y responderle con argumentos contundentes, en lugar de chocarrerías, insultos y menosprecio.
Más competitivos, menos humanistas
- Los planes de estudios tienden cada vez más hacia lo práctico y relegan otras materias clásicas
- Los especialistas defienden su trascendencia para formar conciencias críticas y reflexivas
También el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert tiene su idea para la escuela. De lo diseñado se confirma un rumbo que sí han compartido los sucesivos Gobiernos, junto a la hiperactividad legisladora (reveladora de que la educación nunca ha sido política de Estado): el refuerzo de una visión pragmática de la enseñanza, de su aproximación a las exigencias del mundo real, de encauzar cuanto antes a los alumnos hacia aquello que les facilitará el acceso a un empleo. Y el griego, por más que le espante al reciente premio Nacional de las Letras, el helenista Francisco Rodríguez-Adrados (“si no se tiene esa base se desdeña uno de los aspectos esenciales y ejemplares para aprender a razonar”), no se ve como una catapulta hacia el futuro.
Quienes defienden las humanidades suelen mirar al espíritu. Quienes propugnan pegarse a lo práctico miran al mercado de trabajo. Un bipartidismo casi perfecto. “Lo que nos estamos jugando no es un problema de que salgan más o menos eruditos, sino que salgan personas más libres”, advierte Víctor García de la Concha, actual director del Instituto Cervantes y antes de la Real Academia Española. “Se ha pensado que lo más útil es lo inmediatamente práctico, y no se consideran las ciencias del espíritu que es lo que configura al hombre”, agrega.
“Sin entender modelos matemáticos sencillos, lo que estos pueden predecir y lo que no, los supuestos que requieren, la confianza que merecen, es prácticamente imposible participar activamente en campos aparentemente tan poco matemáticos como la biología, la economía, las finanzas, la contabilidad, la sociología, la ciencia climática, la ciencia política, la medicina o el marketing”, defendía con vehemencia en un artículo publicado en este periódico Luis Garicano, catedrático de Economía y Estrategia de la London School of Economics.
A grandes rasgos, la reforma de Wert contentará más a Garicano que a García de la Concha. El tronco sobre el que pivotará la enseñanza serán las matemáticas, la lengua y el inglés. Se revalorizan los idiomas (novedoso campo de las humanidades muy apreciado por el mercado) y se minimizan las clásicas, que cotizan cada vez más a la baja. Saber latín no es un pilar elemental de la formación. No digamos griego. En el anteproyecto, el latín aparece por vez primera en el currículo en 4º de la ESO, pero será solo opcional para aquellos alumnos que elijan el bloque de enseñanzas académicas para el Bachillerato. Filosofía, otra clásica de las Humanidades, será también una asignatura específica a elegir.
En el Bachillerato, Filosofía (1º) e Historia de España (2º) son troncales, y el latín se limita a los estudiantes de Humanidades. El griego es optativo en dos ramas. Junto a otros barridos, Wert también ha suprimido la Economía —lo que podría hacer pensar que corre contra los tiempos—, pero la ha sustituido con una materia de título pragmático: Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
Para Charo Macías, profesora de Inglés en secundaria desde hace 28 años, el viento de los tiempos sopla a su favor: el inglés es capital, aunque su enseñanza siga dando pie a extrañas contradicciones, como el hecho de que la evaluación en Selectividad se limite a una prueba escrita y no se contemple un examen oral. A pesar de dedicarse a una materia en alza, Macías, acaso porque su formación original fue la Historia, lamenta el arrinconamiento de las Humanidades. “En estos años han sufrido una devaluación, vaivenes continuos y poca reflexión. Es una devaluación que cala en el alumnado, que siente cierta presión para estudiar contenidos que los padres y la sociedad consideran útiles. Ha calado tan hondo que se preguntan para qué sirve estudiar Literatura o Filosofía y las Humanidades van contra el pragmatismo de la enseñanza”, reflexiona. Considera que por el camino de las reformas educativas se ha caído algo sustancial: “El objetivo de contribuir a la formación integral de la persona”. “Falta una conciencia del individuo sobre sí mismo, se pierde la capacidad de reflexión y de crítica”, añade.
En las aulas está ganando la batalla el partido de lo útil, aunque no se trata de un endemismo español. En opinión de Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, “el mundo humanístico está devaluado a escala universal, no solo es un problema de España”. Y añade con rotundidad: “Para nosotros el alumno ideal es el latinoamericano, que está enormemente interesado por la Historia, ávido por saber. El nuestro es apático, más maleado por la influencia del entorno y nuestro mundo de fantasmas políticos”.
Ha de concederse a quienes legislan que el problema reside en priorizar. La entrada de nuevos conocimientos implica el arrinconamiento de otros. La jornada escolar es finita, aunque a veces la sociedad no parezca darse cuenta. “En cuanto surge un problema social, ya sea vial o sexual, se empieza a decir que hay que enseñarlo en el colegio. Eso me horroriza, porque no todo tiene que estar ahí”, advierte Charo Macías.
Contra la sobrecarga lectiva se pronuncia también Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Carlos III: “Comparados con otros países, nuestros chicos dan ahora más horas de clase que la media de los países de la OCDE, pero dan menos horas de Lengua y Matemáticas. Yo me centraría en estas asignaturas instrumentales en exclusiva. Eso es lo que hay que proteger. En el resto tener unos mínimos y a partir de ahí permitir que los estudiantes se construyan un currículum más flexible”.
Cabrales, además, no se arredra a la hora de denunciar presiones interesadas para mantener unas materias determinadas por los colectivos de profesionales que las imparten. Ya sean latinistas, historiadores o economistas. “Cada pequeño grupúsculo considera que su materia es más importante que las demás. En estas críticas influyen quienes defienden intereses particulares, pero el Gobierno tiene que defender el interés general”, subraya.
Sin embargo, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, disiente, aunque concede que las protestas pueden parecer corporativas —en su gremio se movilizaron cuando trascendió que la primera intentona de Wert era convertir la Historia Contemporánea en una asignatura optativa para determinados bachilleratos—. “La historia es una poderosa herramienta de búsqueda e interpretación, sobre las causas de los hechos, pero también sobre el cambio y la continuidad. La historia no trata sobre el pasado muerto, sino que es una disciplina dinámica, que plantea constantemente nuevas preguntas y que resulta muy molesta a quienes quieren simplificar las cosas y no les gusta explorar en profundidad la condición humana”, señala. Y añade: “Uno puede conmemorar el bicentenario de la guerra de la independencia, pero si es sobre la dictadura de Franco, entonces sale a la luz el famoso argumento de que es mejor no remover el pasado. La historia reciente, no la actual, es incómoda. En realidad, cuando se aplican los instrumentos críticos, como decía Edward H. Carr, toda historia es historia contemporánea. Por eso es mejor relegar la historia obligatoria a las instituciones medievales o a la España de Viriato”.
Más allá del informe PISA, que constata un nivel insuficiente en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica entre los escolares españoles, ¿hay evidencias de la influencia de las asignaturas?
No, según el economista Antonio Cabrales. Cuando los profesores de Economía alentaron la protesta por la supresión de su asignatura del Bachillerato —reconvertida en algo de título imposible, la ya citada Iniciación a la Actividad...—, el catedrático de la Carlos III decidió hacer unas pesquisas. “Me puse a buscar la evidencia del impacto de las asignaturas. Se dice que es un desastre que quiten esto o aquello, pero no sabemos si es más importante tener latín, historia o física. No hay evidencias. Nadie se ha preocupado hasta ahora de evaluar la importancia de las materias”, explica.
De lo que sí tiene evidencias Ricardo García Cárcel, tras cuatro décadas de enseñanza de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, es del deterioro del conocimiento histórico con el que llegan sus nuevos alumnos. Da un ejemplo ilustrativo: “Tienen dificultades para ubicar cronológicamente a Felipe II”. Su pesimista diagnóstico se debe sobre todo a la situación de su especialidad en los programas educativos. “Tenemos algunos alumnos muy politizados, impregnados de discursos nacionalistas. En mi ámbito veo que no solo ignoran la historia de España, sino también la historia de Cataluña. La reducen a símbolos, a una historia de buenos y malos. Conocen por ejemplo la figura de Companys en su aspecto simbólico de mártir, pero apenas saben la historia de la Segunda República o la Guerra Civil”, plantea.
Víctor García de la Concha recurre a algo tan poco científico como un poeta, Pedro Salinas, para apoyar una de sus impresiones, que tampoco es literatura de la evidencia, pero sí fineza de oído: “Muchos muchachos apenas articulan una frase, eso significa un empobrecimiento del ciudadano y, al final, de la sociedad. Muchos muchachos son, como decía Salinas, ‘tullidos de la expresión”.
Publicado en elpais.com
"A la Asamblea voy a jugar" (Carta al director de El País)
Cualquier alumno, al menos del sistema público, sabe que si utiliza cualquier artilugio electrónico en clase, este puede ser incautado —según los reglamentos de régimen interno de los centros— y que además puede recibir la correspondiente sanción: expulsión de clase, amonestación, etcétera.
Qué pena que algunos de los parlamentarios autonómicos no encuentren nada mejor que hacer que jugar con el dinero del contribuyente. Me gustaría oír esas voces de políticos y periodistas-contertulios que reclaman más disciplina en la escuela mientras pasan por alto actitudes inadmisibles, irrespetuosas y de las que no se deriva ninguna consecuencia para sus protagonistas. O ¿la coartada es que “son de los nuestros”? Estamos los ciudadanos demasiado acostumbrados a ver en nuestros políticos conductas en el Parlamento o en las televisiones que serían directamente sancionables o reprobables en otros aspectos de la vida.
Muchos de ustedes tienen todavía mucho que aprender de esas escuelas-institutos y profesores a los que ponen en la picota.—
Carta escrita por José Ángel Ramírez y publicada en El País.
jueves, 3 de enero de 2013
Científicos, médicos, profesores... encabezan el listado de prestigio social de Metroscopia
EL PAÍS.COM: La justicia recupera prestigio
Del desamparo ciudadano por el desprestigio de las instituciones del Estado surge un proceso de búsqueda de contrapoderes que puedan frenar a quienes toman las decisiones más impopulares. Mientras el prestigio del Gobierno, los partidos y los políticos en general sigue cayendo, la justicia ha remontado en su valoración, según el estudio de Metroscopia para EL PAÍS sobre el grado de aprobación ciudadana de instituciones y grupos sociales.
Según los datos de la encuesta, de 37 instituciones o grupos sobre los que se pregunta, los últimos lugares son ocupados por políticos y por instituciones que tienen que ver con la actividad política. Solo compiten en rechazo con la banca, que al igual que ellos es vista como responsable directa de la crisis económica, que este año ha derivado en crisis política e institucional, por sus decisiones y por la gestión previa al derrumbe de la economía española.
[...]
El listado del prestigio social lo siguen encabezando los grupos altruistas o protectores, como los científicos, los médicos y los profesores, entre otros. Todos ellos son, precisamente, los que más están sufriendo los efectos de los recortes y las políticas de privatizaciones.
En el caso de los médicos, son también protagonistas de las movilizaciones y protestas contra medidas del Gobierno. Según la encuesta, no les afecta negativamente esa posición crítica o la realización de huelgas que terminan por complicar la vida de los ciudadanos.
[...]
Respecto a la encuesta del pasado mes de junio, el gran descenso en valoración lo sufre la policía. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Desde la fecha de realización del anterior estudio, ha habido controversia pública respecto a la actuación de la policía en manifestaciones o actos de protesta como los del 25-S y sus posteriores secuelas, y también se ha discutido su función en lo que respecta a la investigación de supuestos casos de corrupción.
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Lee la noticia completa aquí
Del desamparo ciudadano por el desprestigio de las instituciones del Estado surge un proceso de búsqueda de contrapoderes que puedan frenar a quienes toman las decisiones más impopulares. Mientras el prestigio del Gobierno, los partidos y los políticos en general sigue cayendo, la justicia ha remontado en su valoración, según el estudio de Metroscopia para EL PAÍS sobre el grado de aprobación ciudadana de instituciones y grupos sociales.
Según los datos de la encuesta, de 37 instituciones o grupos sobre los que se pregunta, los últimos lugares son ocupados por políticos y por instituciones que tienen que ver con la actividad política. Solo compiten en rechazo con la banca, que al igual que ellos es vista como responsable directa de la crisis económica, que este año ha derivado en crisis política e institucional, por sus decisiones y por la gestión previa al derrumbe de la economía española.
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El listado del prestigio social lo siguen encabezando los grupos altruistas o protectores, como los científicos, los médicos y los profesores, entre otros. Todos ellos son, precisamente, los que más están sufriendo los efectos de los recortes y las políticas de privatizaciones.
En el caso de los médicos, son también protagonistas de las movilizaciones y protestas contra medidas del Gobierno. Según la encuesta, no les afecta negativamente esa posición crítica o la realización de huelgas que terminan por complicar la vida de los ciudadanos.
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Respecto a la encuesta del pasado mes de junio, el gran descenso en valoración lo sufre la policía. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Desde la fecha de realización del anterior estudio, ha habido controversia pública respecto a la actuación de la policía en manifestaciones o actos de protesta como los del 25-S y sus posteriores secuelas, y también se ha discutido su función en lo que respecta a la investigación de supuestos casos de corrupción.
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Firma para pedir un instituto público en el Ensanche de Vallecas
Lucia Figar. Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid: Un Instituto Público en el Ensanche de Vallecas
El Ensanche de Vallecas es uno de los nuevos barrios de MAdrid, en concreto el más extenso, y se prevee que tenga hasta 80.000 habitantes cuando esté plenamente habitado. En la actualidad, parte importante de las viviendas ya están habitadas y la mayor parte por familias jóvenes con hijos en edad escolar. Ante esta realidad, no se ha construido aún ningún Instituto público. El problema se agrava según pasan los años y aumenta la demanda de enseñanza media (Secundaria, Bachillerato y FP de grado medio).
En el barrio existen centros privados-concertados; pero, en primer lugar, no garantizan la gratuidad de la enseñanza con el cobro de cuotas, y, en segundo, no permiten la libertad de elección de centro para los padres que queremos una enseñanza pública y de calidad para nuestros hijos. Los centros públicos que acogen alumnado del Ensanche (IES Villa de Vallecas, IES Santa Eugenia e IES Palomeras) están a una gran distancia de parte del barrio, incluso a más de 4 kilómetros, excesiva para chicos/as de 12 años que tienen que desplazarse en autobus o en metro lejos de sus casas a una edad tan temprana. Además, estos centros ya acogen alumnos de otros colegios y tienen un serio problema de masificación en sus aulas e instalaciones.
La construcción de un instituto está presupuestada desde hace años, con una dotación de 3,5 millones de euros, lo cual ha aparecido publicado en el BOCAM. Pero a día de hoy el solarl asignado para tal construcción (lindando con el colegio público Agustín Rodríguez-Sahagún) sigue vacío y el presupuesto asignado sin destino.
El próximo curso varios alumnos que terminan 6º de primaria en centros públicos se verán privados de su derecho a la educación secundaria en su barrio y tendrán que desplazarse lejos para poder cursar 1º de ESO por la falta de previsión o por la negativa ideológica de la consejería de educación. Por eso, como madre de una de estas chicas, quiero pedir a la consejera de educación que ponga en marcha ya el instituto que este barrio necesita.
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