La entrada en vigor de la ley de Educación confiere a los docentes presunción de veracidad, asistencia jurídica y cobertura de responsabilidad civil en caso de conflicto en las aulas
MAR RUIZ 01-01-2014
Tras las vacaciones de Navidad, los casi 700.000 maestros y profesores de las enseñanzas no universitarias volverán a clase con la consideración de autoridad pública, según establece la nueva ley de Educación que entró en vigor el pasado 30 de diciembre. Se trata de un respaldo legal en el ejercicio de su actividad que puede convertirse en papel mojado, según los sindicatos, si no mejora el contexto de trabajo de los profesores, afectados por unos recortes que están incrementando la conflictividad en las aulas y empeorando la calidad de la atención que se presta a los alumnos.
Incorporada finalmente a la ley a través de una enmienda pactada entre PP y UPyD, la LOMCE amplía a todos los directores y profesores de España una consideración legal de autoridad pública que ya habían incorporado en normativas autonómicas Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Aragón, Castilla la Mancha, Asturias y Cataluña. Una reivindicación histórica del sindicato de profesores ANPE que llega en un momento de especial dificultad para los profesores, denostados y cuestionados por algunos dirigentes políticos, y muy perjudicados por los recortes y sus efectos en las aulas, que se traducen en un aumento de la conflictividad, según denuncia Inmaculada Suárez, coordinadora del Defensor del Profesor del sindicato ANPE. "No es lo mismo mantener el orden y la atención teniendo 25, 27, 30 o más alumnos. Las aulas están masificadas y además falta personal especializado. Además, si a un profesor enfermo no se le sustituye durante quince días eso también supone un problema que acaba repercutiendo sobre los docentes, porque afecta al rendimiento de la clase, retrasa el ritmo y suscita las quejas de los padres", señala Suárez. "Los profesores pagan los platos rotos de casi todo, también notamos que, aunque los recortes son culpa de las administraciones, muchas veces los centros y sus equipos directivos son el único lugar al que las familias pueden trasladar su queja porque sus hijos se han quedado sin becas de comedor o ayudas para libros de texto".
Así las cosas, Inmaculada Suárez considera que el reconocimiento de la autoridad del profesor quedará convertida en papel mojado si las administraciones no la dotan de contenido real. "Se tendrá que dotar económicamente para que se puede llevar a cabo y desarrollar plenamente la ley, en todo lo que contempla de asistencia legal al profesorado, si no, servirá de poco", explica.
Las quejas por faltas de respeto, insultos, acoso y amenazas y falsas acusaciones por parte de alumnos y profesores se incrementaron el curso pasado, según el último informe del Defensor del Profesor, que también constata cómo se ha doblado el porcentaje de profesores que se está planteando abandonar su profesión. Un porcentaje que ha pasado del 4 al 8% en los dos últimos años.
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