La
“Ley Wert” afianza su camino hacia el BOE con dudosa expectativa: que
vaya a “mejorar” el sistema educativo español sólo lo creen sus
promotores.
El trámite legislativo de esta ley no ha podido borrar la mimetización rápida de que iba
precedida. Llamada “ley WERT”, adelanta percepciones diversas que condicionan
su lectura. No es la primera vez que esto sucede: en el campo educativo, es muy
significativo que la primera ley española relevante sea conocida por el nombre de su promotor. Y
no es que el Sr. Moyano fuese persona experimentada en estas lides. Lo suyo era
más bien “Fomento”, con todo lo que esta palabra significaba en 1857: la
educación no pasaba de ser una secretaría más de aquel variopinto Departamento.
Que hubiera uno específico para cuestiones de “Instrucción” todavía habría de
esperar casi medio siglo. Más tardarían aún los maestros de aquellas pocas
escuelas primeras en ver garantizado un
salario estatal mínimo y, respecto al objetivo de la alfabetización básica de
los españoles, todavía parece que estemos en ello, o eso se quiere dar a
entender a menudo. Vista así, sólo es deseable que esta transnominación última
entre WERT y su ley no sea un presagio de lo que fue la primera.
Esta “Ley WERT” no ha venido a denominarse así antes de su sanción última por
casualidad. Desde que se anunció, siempre ha parecido proyecto personal suyo.
En el Parlamento y en los medios, siempre ha sido WERT su gran hacedor estratégico, cada día un poco
más recrecido. No es difícil saber –ni leer- en qué corrientes sociales y
económicas bebe esta inminente ley próxima, pero es singular se sepa poco de
quienes la hayan cocinado. Se sospecha de personas con currículum pero con poca
biografía comprometida con un reconocido acerbo de saberes en este terreno y
más bien poco interesada en que la sustancia de una educación de calidad para todos sobrepase el ritual propagandista. Algo más corporativo que personalizado
-empeñado en maximizar la coyuntura-, colateral a la compleja comunidad
educativa existente, le ha convencido para que proponga a una solitaria mayoría
parlamentaria la defensa de la LOMCE. Debe tratarse de un secreto de partido;
no de que tenga que ver con lo que, según el saber científico contrastado,
debiera primar en un objetivo de Estado
de esta envergadura. Por otra parte, si se tiene en cuenta que el “corpus”
legislativo generado en el campo educativo desde aquella “Ley Moyano”, ya
sobrepasa la centena de leyes principales, todo apunta a que ansían consolidar
la más arraigada tradición -de un ministro/una ley ex novo-,
sólo productiva para la historiografía ocupada en desvelar las parsimonias de
tanta “mejora”.
Sería injusto, de todos modos, que esta Ley pasara a la posteridad con el nombre
exclusivo del Sr. WERT. Su segunda en el Ministerio ha salido varias veces a
consolidar, con modales y estilo similares, que creciera esa metonimia.
Debiera, pues, incluirse a Gomendio en la denominación, por su demostrada
identificación con este proyecto. La
impresión es que la LOMCE fuera cosa de
ambos. Desde la madrileña c/ de Alcalá
34/36, donde, por ahora, hacen y deshacen, se contagian su desparpajo para
maquillar o sesgar datos, presentar informes “adecuados”, quitar y poner
asignaturas e itinerarios de un día para otro, y sorprenderse de que su
“diálogo” con los implicados tenga escaso eco. Son muy parecidas sus
convicciones, ajenas al discurrir de los asuntos educativos en un país
democrático moderno, y al análisis de sus investigadores más reconocidos. Lo dos son
intercambiables, también, en el orgullo
de asegurar que con lo suyo esto mejorará muchísimo y en no razonar en qué ni
en quiénes vayan a ser los beneficiarios
de tanta “mejora” como sobrevendrá, o en quiénes quedarán fuera de ella.
El esfuerzo coincidente de esta pareja en
promover nuestra fe en sus ideas, no disipa, sin embargo, serias dubitaciones.
¿Han leído bien las distintos Informes PISA y PIACC que tanto invocan? ¿Su
hermenéutica sobre la Convención de la UNESCO en 1960 es la más sensata? Cuando
hablan de la eficiencia de la LOMCE respecto a los compromisos de EUROPA-2020,
¿nos cuentan una película? ¿Están siendo razonables en su negacionismo hacia
toda enmienda no prefijada por el PP, hasta el punto de que no sea improbable
que muchas ni se hayan leído? ¿Tras los 408 millones en que cifran la memoria
económica –cargando casi el doble a las Comunidades- esconden nuevos recortes
en profesorado y en medios indispensables para atender a todos los estudiantes?
¿Por qué la propia Comisión Europea, según informe del pasado 29-0, duda ya de
que España pueda “mejorar” su sistema educativo? ¿La última enmienda de este
pasado 31-O, retardando un año la aplicación de la LOMCE, indica fe o profunda duda? Tales interrogantes hacen
desconfiar de tanta promesa renovada estos días en el Senado. Los desafíos de
“mejora” planteados no casan bien con que, sin haber alcanzado la media de
gasto europeo en educación, se esté rebajando aceleradamente. Nadie debiera
extrañarse, pues, de que gran parte de la comunidad educativa desmienta hoy
que, con esta Ley WERT, “mejorar” en
educación vaya a estar, por fin, al
alcance de todos los españoles.
Madrid, 31/10/2013
Manuel Menor Currás
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