- El Defensor de Pueblo alerta de un recorte presupuestario de casi el 45% en cuatro años
- El organismo defiende los programas de préstamo y reutilización
Las ayudas públicas para los libros de texto en la educación obligatoria han caído en picado durante la crisis. Una crisis que “explica aunque no justifica esta reducción”, dice un informe del Defensor del Pueblo, que constata un descenso del 45% en la financiación en los últimos cuatro años, de tal manera que, solo el curso pasado, más de 1,1 millones de alumnos perdieron estos apoyos, es decir, un 36,4% de los beneficiarios. Y esto ocurre en un momento en el que la capacidad económica de los ciudadanos “se ha visto severamente mermada”. “Son muchas las familias sin ingresos o con ingresos muy precarios [...] que precisan más que nunca que la previsión constitucional de una educación básica gratuita para sus hijos sea una realidad”.
Fuente: Defensor de Pueblo. / EL PAÍS
Hay dos modelos básicos de ayuda, de préstamo y reutilización, y la beca de dinero, que oscila entre 70 y 180 euros, dependiendo de la etapa y de la comunidad autónoma. El informe del Defensor, fechado en octubre de 2013, al que ha tenido acceso EL PAÍS, repasa lo que ha ocurrido con estas ayudas desde el curso 2008-2009 hasta el 2012-2013, y en él se puede ver cómo la aportación del Ministerio de Educación se redujo en ese tiempo un 74% y la del conjunto de las autonomías, un 34%, aunque con enormes diferencias. Por ejemplo, un descenso de más del 90% en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja, mientras que ha habido aumentos en Andalucía y el País Vasco del 13,3% y 6,2%, respectivamente. Al final, el resultado es que, en 2008, el 68,5% de los alumnos de enseñanza obligatoria tenía ayuda y el curso pasado fue el 44%.
“La aportación de las comunidades en su conjunto fue siempre notablemente superior a la efectuada por el Estado, aportación esta que sufrió, además, una severa disminución en el último de los cursos analizados: tras haberse mantenido relativamente constante en los cursos anteriores en cuantías próximas a los 80 millones de euros descendió en 2012-2013 a la cuarta parte”, explica el informe del Defensor.
Y las cifras empeorarán sin duda este curso, pues el ministerio ha eliminado casi completamente su presupuesto para libros de texto en 2014: serán 1,4 millones de euros, es decir, un 92% menos que en 2011. De ese modo, el dinero estatal pasó de ser un cuarto del total en 2008-2009 (303 millones) al 11% en 2012-2013 (166,2 millones) y será prácticamente nada este curso.
“La aportación de las comunidades en su conjunto fue siempre notablemente superior a la efectuada por el Estado, aportación esta que sufrió, además, una severa disminución en el último de los cursos analizados: tras haberse mantenido relativamente constante en los cursos anteriores en cuantías próximas a los 80 millones de euros descendió en 2012-2013 a la cuarta parte”, explica el informe del Defensor.
Y las cifras empeorarán sin duda este curso, pues el ministerio ha eliminado casi completamente su presupuesto para libros de texto en 2014: serán 1,4 millones de euros, es decir, un 92% menos que en 2011. De ese modo, el dinero estatal pasó de ser un cuarto del total en 2008-2009 (303 millones) al 11% en 2012-2013 (166,2 millones) y será prácticamente nada este curso.
Fuente: Defensor de Pueblo. / EL PAÍS
En cuanto a los recortes, el informe asegura: “Resulta evidente que se han priorizado otros gastos sin tomar en consideración las consecuencias que a medio y largo plazo se derivan de la insuficiente inversión en los niveles de educación obligatoria [de seis a 16 años]”. Las propuestas solidarias de mercadillos de segunda mano y de donación, préstamo e intercambio de libros se han multiplicado. Pero, por muy loables que sean estas, no “deben sustituir a la responsabilidad pública en la materia, ni eliminar la inversión en libros y el fomento que ello conlleva para la industria editorial”, dice el informe antes de mencionar también problemas de derechos de autor.
La idea sobre la que gira el trabajo (y después sus recomendaciones) es que si la escolarización es obligatoria y gratuita, eso incluye todos los medios de escolarización, que han de empezar por la gratuidad de los libros de texto. Así, ante “la ausencia de criterios y objetivos comunes” entre las comunidades para lograr esa gratuidad, lo cual “genera inseguridad en las expectativas de los alumnos y en el contenido real de sus derechos”, el informe reclama “aplicar preferentemente sistemas de préstamo y reutilización de libros de texto”.
Los programas de las comunidades se dividen básicamente en dos: los ya señalados de préstamo (los alumnos reciben el manual de la Administración, en algunos casos los padres pagan algo en concepto de alquiler, y al año siguiente se devuelven y reutilizan) y los de ayudas (bien en dinero, bien en cheques, para que las familias los compren) para los hogares con menos recursos. Algunas comunidades combinan ambas.
El de ayudas es el sistema preferido por algunos padres, dice el informe, porque el libro en propiedad se puede subrayar, rellenar, etcétera, y por algunos equipos directivos, que consideran que su gestión es mucho más sencilla que con el otro modelo. Además, las editoriales también la prefieren porque contribuye a fomentar “el aprecio” del alumno hacia los libros y responde “a los objetivos de promoción” de una industria, la editorial, cuya producción en España depende en un 25% de los libros de texto.
Sin embargo, muchas familias y el propio informe recuerdan que las ayudas de dinero no suelen cubrir el coste completo de los materiales, que el sistema de préstamo y reutilización es más barato (aunque se tengan que reponer habitualmente) y promueve en los estudiantes “actitudes de respeto, buen uso y conservación de bienes comunes”, asegura el texto.
La idea sobre la que gira el trabajo (y después sus recomendaciones) es que si la escolarización es obligatoria y gratuita, eso incluye todos los medios de escolarización, que han de empezar por la gratuidad de los libros de texto. Así, ante “la ausencia de criterios y objetivos comunes” entre las comunidades para lograr esa gratuidad, lo cual “genera inseguridad en las expectativas de los alumnos y en el contenido real de sus derechos”, el informe reclama “aplicar preferentemente sistemas de préstamo y reutilización de libros de texto”.
Los programas de las comunidades se dividen básicamente en dos: los ya señalados de préstamo (los alumnos reciben el manual de la Administración, en algunos casos los padres pagan algo en concepto de alquiler, y al año siguiente se devuelven y reutilizan) y los de ayudas (bien en dinero, bien en cheques, para que las familias los compren) para los hogares con menos recursos. Algunas comunidades combinan ambas.
El de ayudas es el sistema preferido por algunos padres, dice el informe, porque el libro en propiedad se puede subrayar, rellenar, etcétera, y por algunos equipos directivos, que consideran que su gestión es mucho más sencilla que con el otro modelo. Además, las editoriales también la prefieren porque contribuye a fomentar “el aprecio” del alumno hacia los libros y responde “a los objetivos de promoción” de una industria, la editorial, cuya producción en España depende en un 25% de los libros de texto.
Sin embargo, muchas familias y el propio informe recuerdan que las ayudas de dinero no suelen cubrir el coste completo de los materiales, que el sistema de préstamo y reutilización es más barato (aunque se tengan que reponer habitualmente) y promueve en los estudiantes “actitudes de respeto, buen uso y conservación de bienes comunes”, asegura el texto.
Mihaela Hilohi ha tenido que hacer auténticos malabarismos para poder pagar los libros de sus tres hijos en edad escolar (tiene otro más, pero de 19 años). Un total de 594 euros ha abonado por ellos. Lo ha hecho gracias a un trabajo que consiguió en agosto como ayudante de cocina en una residencia. Todavía no sabe nada sobre las becas para libros que la Generalitat de Cataluña ha prometido convocar, después de que el año pasado no lo hiciera.
La falta de ayudas ha complicado la vida a muchas familias con una economía precaria, como la de Mihaela, una madre soltera de 33 años, de origen rumano, que vive en Cataluña desde hace ocho. Desde su domicilio en Santa Coloma de Farners (Girona), cuenta que los 589 euros que cobra de la renta mínima de inserción los dedica a pagar “alquiler, agua y luz”. La comida la consigue de Cruz Roja o Cáritas. “Con tan poco dinero, es hacer magia”.
Mihaela arrastra esta precariedad desde hace un tiempo. No siempre ha tenido “la suerte” de conseguir un trabajo para pagar los libros, y la ayuda de 100 euros que le dieron para material no llegaba para todo. Esta mujer recuerda que tuvo que dejar de abonar el alquiler del piso dos meses para pagar los libros de dos hijas. El dinero no le llegó para el tercer hijo. “Tuvo que ir a clase con fotocopias”, admite apesadumbrada. “Pero tiras con lo que tienes. Te sientes inútil y no sabes cómo salir”. Finalmente, el año pasado pudo salvar la situación con unas ayudas de la Cruz Roja (este año la entidad no las ha podido renovar por falta de fondos).
“Nadie quiere estas ayudas, porque la gente quiere trabajar para tener una vida digna. Pero la situación es la que es”. Mihaela no pide la beca comedor porque no puede asumir los 3,2 euros diarios que no cubre la ayuda. “Cuando las Administraciones deciden no convocar estas ayudas quienes acaban pagándolo son los niños”, lamenta esta madre, que se ha hecho voluntaria de la Cruz Roja.
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