Ha empezado la cuenta atrás. El Consejo de Ministros del 27 de septiembre aprobó el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Este mismo mes había presentado a los sindicatos y patronal el contenido de la reforma que consiste básicamente en desindiciar las subidas de las pensiones respecto al IPC y considerar la esperanza de vida a la hora de calcular la pensión de inicio. Las dos medidas llevan a una pérdida de poder adquisitivo que puede ser de hasta el 20% en una década y a una pensión inicial bastante más baja para los actuales trabajadores. El propio gobierno ha calculado el recorte del poder adquisitivo en 33.000 millones de euros. Lo que llamamos recortes no es otra cosa que el trasvase de recursos públicos al sector privado. Para este tremendo ataque a las pensiones se basan en las recomendaciones de unos supuestos “expertos” cuya vinculación con la banca y las compañías aseguradoras es notoria. Esto explica que el objetivo de fondo sea abrir espacio al negocio de los planes y fondos privados de pensiones degradando previamente el conjunto de las pensiones públicas. También persigue ahorrar gasto en pensiones para reducir el déficit público y para pagar la deuda cuyos intereses ascienden a 36.590 millones de euros en 2014. Es curioso cómo la cifra se aproxima al recorte de poder adquisitivo previsto por el gobierno.
Lo más grave de esta decisión del gobierno es que se aprueba dos días después de que el Consejo Económico y Social (CES) diera a conocer un dictamen que planteaba la retirada de la reforma. El acuerdo del CES se tomó por una amplísima mayoría que comprendía a los sindicatos y la patronal y otros sectores profesionales y de consumidores. Pero el gobierno del PP ha hecho oídos sordos, considerando la posición del CES no vinculante y aprobando el anteproyecto de ley que defenderá el 1 de octubre Báñez en el Congreso. Al mismo tiempo, el gobierno no enseña sus cartas en relación a la subida de las pensiones en los restrictivos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014. Pero hay algo claro: quieren empezar ya a aplicar la reforma y todo hace suponer que la revalorización será del 0,25% con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo.
También hace unos días se conoció un estudio demoledor en contra de la reforma realizado por una veintena de economistas y juristas, estos sí son expertos independientes. Con 17 tesis llegan a estas conclusiones:
- Las pensiones son un derecho constitucional y se debe garantizar políticamente su suficiencia.
- No es admisible que se aproveche la coyuntura económica para desmantelar el sistema de pensiones y el estado social.
- El sistema español no es generoso y degradándolo se pretende favorecer los planes y fondos privados de pensiones.
- Es perfectamente sostenible siempre que se apueste por políticas de creación de empleos con salarios dignos y aumentando la tasa de actividad, permitiendo el aumento de ingresos por cotizaciones sociales.
- Es necesaria una política fiscal de mayor progresividad que permita financiar, en su caso, las prestaciones.
El informe concluye con una llamada a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento. Un auténtico programa en el que deberían apoyarse los sindicatos para organizar la movilización.
Así las cosas, no cabe ninguna duda de las malas intenciones del gobierno del PP de recorte y privatización de las pensiones. Tiene voluntad decidida de aprobarlo este otoño y aplicarlo a partir de 2014. Su estrategia es realizar en paralelo la tramitación parlamentaria y la supuesta “negociación” con los sindicatos, patronal y oposición; no busca alcanzar ningún tipo de acuerdo relevante, sino aprobar a la carrera un tremendo recorte de las pensiones aprovechando su mayoría absoluta. Estamos, pues, ante la crónica de un saqueo anunciado que nos afecta a todos: pensionistas actuales y trabajadores en activo o pensionistas futuros.
Y ante esta estrategia y ataque tan descarado no basta decir no estamos de acuerdo con la reforma o no firmar ningún pacto. La pregunta es ¿a qué esperan los sindicatos para convocar la movilización, para preparar la Huelga General? También hay otras preguntas cómo ¿qué hacen sentándose en una mesa con el gobierno que no sea para recuperar derechos sociales y laborales? Hay que tener en cuenta que hay múltiples razones para movilizarse: unos PGE muy restrictivos para 2014, la cuarta congelación salarial consecutiva de los empleados públicos, la renuncia a aplicar políticas de reactivación y de creación de empleo, que la previsión de paro es de un 26%; los ataques continuos a la educación, la sanidad pública, la dependencia y otros servicios esenciales; los desahucios de miles de familias de sus viviendas y un largo etcétera. Los sindicatos no deben olvidar que la responsabilidad que tienen ante los trabajadores y pensionistas es muy grande y que no pueden defraudarlos por acción (por ejemplo, firmando la reforma de pensiones) o por omisión (no firmar, pero no movilizar en serio).
Es posible que los sindicatos tengan problemas de diferente índole, pero ello no les puede llevar a sentirse derrotados ideológicamente, a estar perdidos y sin dirección ni a ponerse de perfil. Que los expliquen de forma sincera y valiente a los trabajadores y ciudadanos; que pidan ayuda. Que reconozcan autocríticamente sus errores de estrategia, y su defensa del llamado diálogo social con gobiernos intransigentes que no quieren negociar nada. Como dice el preocupante informe de la DGB alemana sobre el sindicalismo en España, “sólo podrán volver a ser una oposición y una amenaza creíble a las fuerzas antisociales y antilaborales si regresan al redil de la sociedad”. Es la única manera de recuperar el prestigio y, sobre todo, de ser útiles a los trabajadores en la defensa de sus derechos. Y para ello deben de saber a dónde van, porque, si no, ningún camino que escojan es bueno. No deben de olvidar una cosa: en política como en el mar no existen huecos, los que dejan unas olas se rellenan inmediatamente por otras. Si los sindicatos no convocan, lo tendrán que hacer los movimientos sociales y la izquierda digna de tal nombre para dar cauce a la indignación de los trabajadores y la ciudadanía.
Artículo de Agustín Moreno publicado en cuartopoder.es
