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domingo, 26 de febrero de 2017
"El Gobierno toma como rehenes a miles de opositores e interinos para conseguir aprobar los Presupuestos" (el diario.es)
Reproducios esta información de EL DIARIO
La dificultad de un Gobierno en minoría para sacar adelante sus leyes en el Congreso está poniendo en apuros a miles de personas, tanto interinos como opositores, que están a la espera de que se oferten plazas este año. La ley establece que ninguna administración (estatal, autonómica o local) puede convocar las oposiciones que necesite –ni siquiera las que determinen las tasas de reposición– mientras se siga trabajando con las cuentas de 2016 prorrogadas.
Para ofertar estas plazas, antes deben entrar en vigor los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. El calendario tentativo es que se presente el proyecto en marzo y las cuentas se aprueben en junio. Para ello el PP necesitará el apoyo de otros grupos, a poder ser el PSOE, a quien le puede resultar complicado justificar un 'no' a esta ley y dejar en la estacada a miles de aspirantes a la función pública.
Los sindicatos consideran que esta situación roza el chantaje, y han pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que idee un mecanismo alternativo –por ejemplo un decreto-ley– que permita la celebración de los exámenes con el suficiente margen.
De momento, la respuesta del departamento ministerial es que el escenario que se contempla es la aprobación de los PGE para solventar este y otros temas. Las fuentes ministeriales consultadas afirman que la ley de Presupuestos dice que, mientras no estén aprobadas las cuentas públicas, ninguna Administración puede convocar plazas, y que se está trabajando en una solución.
Ofertar puestos como los de profesor pasado junio hace casi imposible que los docentes estén en sus plazas en septiembre y condena a las administraciones autonómicas a aumentar, aún más, el grave problema de personal interino que tienen.
Educación
En medio de esta incertidumbre, cada comunidad autónoma está tomando medidas por su cuenta, aunque no estén bajo el paraguas de la legislación estatal. Por ejemplo, Andalucía acaba de convocar 2.468 plazas docentes y su Gobierno ha advertido de que no van a aceptar "el chantaje intolerable del Gobierno de la Nación vinculando la convocatoria de oposiciones del cuerpo de maestros a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".
La consejera de Educación y Empleo de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha admitido que lo que va a determinar que haya o no oposiciones de Secundaria será el pronunciamiento sobre la legalidad de la convocatoria por parte del Ministerio de Educación. "Queremos que sea cuanto antes, porque sabemos que está en juego el tiempo y el dinero de los opositores, así como el esfuerzo que llevan dedicando" a la preparación de estos exámenes, ha dicho.
El secretario de Enseñanza Pública no Universitaria de CCOO, Francisco García Cruz, explica que las comunidades que están sacando estas ofertas "se están arriesgando" porque se trata de un "desideratum". Según asegura, son ofertas de empleo público, lo cual no implica que se vayan a celebrar las oposiciones, que son dos cosas distintas, y están al albur de la aprobación de los PGE.
En todo caso, no parece que el escenario más plausible sea que el Gobierno central esté por la labor de plantear ningún tipo de recurso contra las comunidades, con las que dice que pretende trabajar para solucionar este embrollo.
En años normales, en el caso de la educación, se planteaban las ofertas de empleo público en febrero, se convocaban las oposiciones en marzo y se realizaban los exámenes en junio, para que los docentes se incorporasen en septiembre al curso escolar. Con el actual panorama, este proceso parece complicarse, aunque siempre podrían acortarse los plazos.
Sanidad
No es mejor la situación en el sector sanitario. La secretaria general de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez, explica que la bolsa de interinidad en este campo es tan grande que hay médicos que han tenido 500 contratos en dos años. Hay tasas de temporalidad del 35%-40% en la mayoría de las comunidades autónomas, y de más del 50% en Canarias.
Como resultado, los propios profesionales se encuentran en una situación de precariedad, pero también los pacientes ven dificultado un seguimiento adecuado de sus patologías al estar atendidos por distintos doctores de atención primaria cada poco tiempo.
Reunión con los sindicatos
La última reunión de CCOO, UGT y CSIF con Montoro y la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se produjo el 14 de febrero. En ella el Gobierno reclamó a los sindicatos que redactasen sus propuestas de solución para el sector público. CSIF pidió además una subida salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo acumulado durante la crisis económica.
El próximo encuentro podría celebrarse en marzo, en vísperas de la presentación del proyecto de presupuestos en el que se especificará la tasa de reposición de los puestos para 2017. Y en caso de no aprobarse antes una ley específica, como reclaman los sindicatos, será el texto que determine el futuro próximo de miles de aspirantes a funcionario, con bastante tardanza respecto a los plazos habituales.
IU apoya la Huelga General de Enseñanza del 9M. #HuelgaEducación9M
Izquierda Unida apoya la huelga general educativa del 9M
Izquierda Unida se movilizará con la comunidad educativa el 9 de marzo por la reversión de los recortes, la inversión en educación pública y la derogación de la LOMCE.
Se pueden descargar todos los materiales de la campaña en http://www.izquierda-unida.es/
Izquierda Unida, desde su irrenunciable compromiso con la educación pública, ha venido desarrollando durante los últimos años una intensa campaña contra la LOMCE y contra los recortes educativos por entender que suponen un ataque frontal a la educación pública que promueve un modelo educativo inclusivo, laico y democrático que garantice el derecho de todos y todas a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Por ello, Izquierda Unida se une al conjunto de la comunidad educativa que exige la reversión de los recortes en educación, que han supuesto pasar de 53.375 millones de euros invertidos en 2009 a 46.000 en 2014, es decir, del 5% a solo el 4,1% del PIB (8.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea, situándonos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE. En resumen, durante este saqueo llamado crisis los gobiernos han reducido uno de cada cinco euros (20,3%) el gasto por estudiante en la educación pública no universitaria.
Con las últimas políticas realizadas por sucesivos gobiernos en materia educativa, estamos sufriendo un fuerte deterioro a todos los niveles, cada vez con menos profesorado y en peores condiciones laborales, donde el material escolar se ha convertido en un lujo, las becas de transporte se están recortando hasta su desaparición y las familias se endeudan para poder costearse los estudios de sus hijos/as.
Este proceso también se da en las universidades públicas, donde en los dos últimos años el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Se ha llegado a un punto en el que el primer curso de la carrera más barata costará 1620€, y repitiendo asignatura, se necesita pagar hasta cinco veces más. Si a esto añadimos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros. Y el recorte en los gastos de personal ha supuesto una disminución de 7.500 empleos públicos y que los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008 con una media del 24,6%. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidades Públicas.
Por otro lado, el estudiantado de FP se ha visto afectado por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480€, y una de grado medio entre 120€ y 220€ de media. Además, encontramos las nuevas tasas de la PAU que suponen una barrera económica más para acceder a la educación superior.
Cada vez parece más evidente que la crisis es una excusa más para privatizar y desmantelar el sistema público educativo, pues mientras se rescatan bancos, se recorta en algo tan imprescindible como el derecho a la educación. Por ello esta huelga también reivindica la derogación de la LOMCE, que prosigue implantándose, pese a haber sido rechazada por la gran mayoría de la comunidad educativa y por el Congreso de los Diputados en diversas ocasiones.
Hay sobradas razones para que Izquierda Unida impulse y participe activamente en la esta huelga general y unitaria convocada por todos los sectores de la comunidad educativa el 9 de marzo y apoyada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y STES; los Movimientos de Renovación Pedagógica; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa); el Sindicato de Estudiantes (SE); la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest); Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes.
Izquierda Unida llama a secundar la huelga y a participar en las convocatorias del próximo 26 de octubre. La lucha es el camino.
Hoy más que nunca
LOMCE NO!
EDUCACIÓN PÚBLICA DE TOD@S Y PARA TOD@S.
"La Iglesia quiere que el pacto educativo no toque la clase de religión ni los conciertos" (EL DIARIO.ES)
Reproducimos este artículo publicado en EL DIARIO
"Queremos un Pacto Educativo que responda a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo". Los obispos quieren entrar de lleno en el debate para una ley de educación consensuada, pero que al tiempo no toque el tema de la clase de Religión o la educación concertada. El secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, defendió la relevancia de lo católico en la enseñanza en España.
La Iglesia, de momento, "no se la ha citado" en la subcomisión parlamentaria que aborda este pacto educativo, aunque sí algunas de sus instituciones, como Concapa o Escuelas Católicas. Sin embargo, los obispos han convocado una reunión, el próximo 2 de marzo, para "arrimar el hombro y repartir papeles" en un debate en el que los temas más polémicos ( clase de Religión, conciertos y financiación de la Iglesia) podrían quedar fuera.
"No hemos de ir a un pacto que hemos deseado todos con miedo, sino con un objetivo común: el bien de la educación en nuestro país", recalcó Gil Tamayo, quien no negó que dichos temas pudieran quedar fuera del debate. "Si quedaran fuera del pacto porque no son importantes, no lo aceptamos. Si quedan fuera porque están estabilizados y no se tocan, pues... es otro tema. Tenemos que defender que lo religioso no sea una moneda de cambio".
El portavoz sí denunció la "anarquía de horarios y el tratamiento de los profesores", así como determinadas "situaciones de indefensión" de la escuela concertada católica "en Andalucía o Murcia". "Pedimos que esta situación de inseguridad de los profesores, de la asignatura y su status no esté a merced de variaciones políticas o del lugar del país en que se viva.", recacló Gil Tamayo
"Estamos en el ambiente del Pacto Educativo, pedido por todas las partes, para poner estabilidad, serenidad y eficacia en esta política de Estado, que es la educación. Que responda a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo, que pueda desarrollarse con unos niveles de calidad de un país desarrollado como el nuestro", insistió, reivindicando el "aporte" de la Iglesia, que "tiene un peso en el sistema educativo".
"Queremos diálogo y vamos con espíritu constructivo, apostando por una educación integral desde la libertad, que lleva consigo el aporte del hecho religioso" y que, en su opinión, "está arropado por un marco jurídico que ampara la presencia del hecho religioso y la aportación de la educación católica". Al tiempo, reclamó la defensa del status de sus profesores de Religión, pues "el permanente recurso a lo judicial está aflorando una patología que debemos dar por superada".
"Los hijos no son derecho sino un don"
"Condenamos de forma rotunda, en nombre de la Conferencia Episcopal, la violencia doméstica que estamos sufriendo en la sociedad española". Gil Tamayo se refirió a las cinco mujeres asesinadas por sus ex parejas las últimas 72 horas. "Detrás hay mucho sufrimiento, mucho dolor, seis hijos huérfanos, un bebé muerto... Esto nos duele y nos tiene que hacer pensar como sociedad. Es un problema social que debemos afrontar con educación y sensibilización, con la denuncia clara y firme, y con rigor legal y policial".
"Este tema tiene que estar en un primer plano", recalcó el portavoz, quien pidió una mayor "concienciación social de este problema" y "hacer siempre una opción por las víctimas".
En lo tocante a la maternidad subrogada, Gil Tamayo fue muy duro. "Creemos que la maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer, y del niño, que se convierte en un objeto de consumo", recalcó, insistiendo en que "los niños y las mujeres no tienen precio. Un hijo no es un derecho, ni es un deseo. Es un don", y denunciando la "mercantilización" que se da en todos los casos, sea mediante dinero o por donación. .
"Hablemos a las cosas por su nombre. Si es vientre de alquiler es viente de alquiler; si es aborto, es aborto, no es interrupción del embarazo", apuntó el portavoz episcopal, quien recalcó que "al margen de vinculaciones afectivas entre la madre gestante y el niño gestado, será siempre fruto de una transacción al servicio de un derecho falso, que es el derecho a tener un hijo. Tanto si se paga el servicio de gestación como si no se hiciera, contraviene el orden natural de la procreación humana, no se cura la infertilidad, se trata de un medio alternativo que la Iglesia no acepta".
"La España recortada" (Manuel Menor)
Reproducimos este nuevo artículo de Manuel Menor:
La España vaciada crece recortada y expulsa gente: no es “una
gran nación”
Este sintagma apenas se
acomoda a la perspectiva del 20% de españoles. Muchos, privilegiados en los
Presupuestos, lo son más si se recortan derechos y libertades al resto.
“España es una gran nación”, suele decir Rajoy cuando
le preguntan sobre cuestiones que le afectan, sobre las que no tiene la menor
intención de aclarar su postura. En un mitin sevillano
en mayo de 2015 añadió: “y los españoles muy
españoles y mucho españoles”. Ha vuelto a repetir este mantra en la sesión de control sobre asuntos de corrupción el pasado día 22.
Un tópico
ideologizado
Desde Geografía, los analistas de la “España vacía”
tendrían mucho que matizar sobre tan genérica tesis. Desde la Historia, es difícil
de asumir sin añadir largos considerandos a una afirmación que rezuma
connotaciones de cuando lo de “Una, Grande y Libre”. El Libro de España de obligada lectura en nuestra infancia escolar
trató de inculcárnosla siguiendo la dinámica de José María Pemán en su Historia de España contada con sencillez
(1939). Dio de comer a acreditados cómplices de aquellos victoriosos años, como
Demetrio Ramos, con su Historia del
Imperio. Adaptada al cuestionario para sexto curso de bachillerato (Burgos,
Aldecoa, 1942). Y nutrió los exámenes de muchísimos estudiantes hasta no hace mucho,
pues docentes ha habido que, pese a investigadores como J. H. Elliot (La España Imperial (1469-1716), 1970),
han seguido exigiendo lo que había contado la Enciclopedia Álvarez en sus diversos grados. De 1952 a 1966, más de 20 millones de ejemplares de este libro,
sin contar las ediciones facsímiles de finales de los noventa, contribuyeron a
que aquella “España eterna” –nacionalcatólica y antidemocrática- se asentara
bien después de la inmediata postguerra. Tanto, que no es infrecuente encontrarla
frente a toda evidencia que la ponga en entredicho.
En el debate político, lo de España como “gran nación”
no alcanza la categoría de tópico, aunque a Rajoy le sirva para salirse por la
tangente y minimizar daños. Pertenece a esa estrategia del “arte de tener
siempre razón” y, a veces, es rentable. Expresa esa “cultura de la satisfacción”, de que hablaba Galbraith, pero no imposibilita que le devuelvan la
pelota: si fuera grande lo sería “pese al PP”. Y sí es seguro que, a base de
echar balones fuera, se desvirtúa el juego parlamentario, el sistema se hace
insostenible y crece la desafección y el descontento. Es posible, de todos modos, que sea eso lo que
se busca, porque hay una España silenciada, fruto del vaciado de sentido que
pudiera atesorar el sintagma “gran nación”. Es la España que expulsa jóvenes al
exterior, la que acrecienta como litigio su diversidad autonómica y la que, a
diario, muestra heridas relevantes en que la plenitud democrática está siendo
desinflada.
Al ritmo que va esta desertización interna, pronto la
pérdida de atractivo hará que resulte una España irreconocible. Es un proceso
de larga genealogía, perfectamente cartografiable, en que los desistimientos
actuales se suman a tradiciones de rasgos estructurales. Es sintomática en este
sentido la situación de las mujeres, más dura si cabe en muchas zonas rurales
de la “España vacía” como ha estudiado Mª Ángeles Martínez. Esa inclemencia fue recordada el pasado día 23 al
presentarse un libro colectivo coordinado por Julia Varela, Memorias para
hacer camino
(Morata, 2016). Los relatos de vida
de once mujeres representativas de la generación del 68 mostraban sus
extraordinarios esfuerzos para sacar adelante sus vidas y las de sus hijos e
hijas. Y aquellas dificultades siguen lastrando lo diferentes que siguen siendo
las vidas de las españolas de hoy respecto a las de los varones en cuanto a
salarios, expectativas laborales y profesionales, naturalización de roles
femeninos y, sobre todo, en cuanto a violencia de género, una lacra que, en lo
que va de año ha causado 14 muertes.
El de la igualdad es el portillo principal por
donde se sigue vaciando España por dentro. El próximo día ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a recordarse que más de la mitad de la ciudadanía
es objeto específico de discriminación y violencia. Pero el incumplimiento de
los derechos y libertades de las mujeres también ejemplifica se violenta la
equidad de todos en otros ámbitos. Respecto a corrupción, por ejemplo, nuestra
posición, en el puesto nº 19 de países de la UE, es sonrojante para merecer el calificativo de “gran
nación”. Y en cuanto a igualdad y exclusión, Bruselas acaba
de alertarnos del alza de serios
incumplimientos: el 13.1% de nuestros trabajadores están en riesgo de pobreza y
los niños (de 0 a 17 años) en riesgo de exclusión andan en el 34,4%; la pobreza
severa afecta al 6% de la población total (el riesgo de pobreza afecta ya al
28,6%) y el coeficiente GINI es del 52,9%. Es decir, que la desigualdad entre
el 20% más rico y el 20% más pobre, es uno de los más altos de la UE. Se
advierte de manera significativa en el acceso a la Sanidad o a la Educación, entre
otros muchos servicios, o en que nuestra tasa de temporalidad en el empleo es
casi la más alta de Europa: sólo es peor en Grecia. Todo lo cual no parece propio
de “una gran nación” respetuosa con los derechos y libertades de todos sus
ciudadanos.
Poder de
clase
Concuerdan con ese panorama las reacciones que los múltiples asuntos bajo competencia judicial o
fiscal han suscitado en los últimos días. Banal y muy poco pedagógico ha sido
para la gran mayoría que, ante las sentencias del caso Nóos, se dijera que “el Estado funciona”. No faltó tiempo para que muchos se preguntaran “cómo
funciona” y que cundiera la idea de que no todo el mundo es igual ante la ley por la disyuntiva aplicación del mismo Código Penal a poderosos
o a pobres, humildes y miserables. En este ámbito –que no excluye muchos otros-, el mal
sabor que han dejado el caso de las tarjetas black, el caso del 3% o los oportunistas
cambios de fiscales no difiere mucho.
Indignación social acumula esta “cultura feliz” del
bonus sobre bonus. Porque si la delincuencia sale barata según quién se sea, o
si el nacimiento y razones de distinción tergiversan su tratamiento fiscal y
judicial, se ejemplifica que no somos iguales ante la ley aunque esta lo
aparente. Más que “gran nación” esto parece un cortijo de unos pocos con
privilegios y trato muy inferior a los demás. Una parábola para enseñarnos
cuánto hayamos avanzado desde el Antiguo Régimen estamental en que, al menos,
los dos estamentos privilegiados no hacían ostentación hipócrita: todos sabían
que tenían sus leyes y tribunales particulares. Cuando Rajoy empezó su
trayectoria política hablaba de “la envidia igualitaria” para zafarse
villanamente de estos distingos. Ahora está con lo de “gran nación”, un
constructo donde dudosamente caben los pobres, pues “los pobres sacan peores notas”. Después de tanto
tiempo en coche oficial no entenderá que el capital cultural heredado es lo que
mejor discrimina los resultados de “literacia” en PISA: por eso se ha empeñado en legislar la discriminatoria LOMCE.
Menos admitirá que son los recursos económicos los que determinan –más que el
esfuerzo y el saber individual- el acceso a las universidades prestigiosas: por
eso está en que el acceso a las públicas sea cada vez más difícil para todos. Hace
más de 40 años, los teóricos de la “reproducción social”, Bowles y Gintis, entre otros (1976), lo
explicaron bien. Pese a ello, ahí está la LOMCE de Rajoy y su cohorte de
decretos recortadores de una educación digna para todos como si nada.
Un reciente
artículo de Vicenç Navarro muestra lo determinante que es este “poder de clase”
-como el que ejerce Rajoy- en el subdesarrollo social de España. Según el catedrático de la Pompeu Fabra, “el gasto
público social –tanto en su totalidad, como por cada capítulo- está por detrás
del promedio de otros países, y muy por detrás de lo que debería ser por el
nivel de riqueza que tiene España”. La razón principal de ello estaría en que
la mayoría de la población no es de clase media: menos de un 1% controla las
grandes empresas; les sigue una pequeña burguesía: propietarios y gestores de empresas de tamaño
menor y una clase media de rentas altas, compuesta por profesionales de
educación superior y sectores mediáticos. Ambos se encargan de la reproducción
del sistema de poder y de publicitar su escala de valores. En total, este conjunto de las rentas superiores
representa, según el cálculo de Navarro, en torno a un 20% de la población. Por debajo, estarían las clases medias de
renta media y baja, con unas condiciones de trabajo en proceso de deterioro y
“proletarización”; y más abajo, la clase trabajadora propiamente tal en su
variada diversidad, incluida la de los falsos autónomos. En total, rondan el
80% de la población.
No todos reman en el mismo barco de “la gran nación”:
los intereses son contrapuestos y poco tiene que ver lo que interesa al grupo
dominante con lo que conviene al 80% restante. No obstante, aquellos tratan de
convencer a estos de que si les va bien a ellos le irá bien a todos, cuestión
que se dilucida mejor si se examinan los presupuestos del Estado. La disparidad
originaria marcaría la disminución del Estado de Bienestar en asuntos tan
significativos como Sanidad o Educación. Los posicionamientos encontrados entre
sanidad pública y sanidad privada o entre educación pública y educación privada
siguen creciendo pese a que esta división sea “enormemente ineficiente e
ineficaz”. Mejor sería un sistema público que ofreciera una buena asistencia
personalizada, pero se requeriría un gasto público mayor, lo que no conviene a
los intereses privatizadores ni al poder que confiere el pertenecer o creer que
se pertenece a la clase superior. En Educación, ese “poder de clase” sigue
polarizando el sistema educativo por clase social: “descohesiona el país y crea
ciudadanos de 1ª y de 2ª desde la infancia”. Según Navarro, al final resulta
que “las personas educadas en la privada están sobrerrepresentadas –en
porcentajes superiores al 20%- en los círculos de poder”. Aunque los resultados
sean negativos incluso desde la perspectiva de la más estricta eficiencia, a nadie
parece importarle; el grupo dominante tiene poder para llevar la atención hacia
otra parte. Y así, mientras los datos de la CEOE apuntan a que la privatización sanitaria sigue creciendo, se cae un techo de La Paz encima de los pacientes. Un
contexto en que inscribir, con Víctor de la Serna, que los dos partidos
alternantes desde la Transición han mutado ”en organizaciones de funcionarios
dedicadas a su autopreservación y mantenimiento, y no al servicio público”.
El sistema social ha sido dañado, y una parte
sensible de España fácilmente vaciada de los derechos y lealtad mutuos que deben
regir en toda “gran nación”. El mal ejemplo ha cundido dentro del propio
sistema educativo y tiende a crecer. Valgan dos casos últimos. Al abrir la web
de la URJC, lo primero que salta a la vista es que está “en el listado de las 10
mejores universidades españolas”;
pero se compadece mal con una gestión y trayectoria clientelar que, según han
destacado los medios en este mes de febrero,
socava la moral de quienes allí asisten y también el sistema científico que propugna. ¿Qué decir, por
otra parte, del enjuiciamiento a los cinco profesores del IES Buero Vallejo de
Guadalajara porque habían protestado ante unos desmedidos recortes? Parece que
hubiera gente a la que la dignidad de la Escuela pública le ofenda, pero los cinco del Buero se merecen otro respeto por parte de las autoridades que dicen querer “mejorar”
el sistema educativo. ¿El obediente silencio de estos profesionales del Buero, habría mejorado
el ranking de España como “gran nación”?
Gran nación y
Pacto educativo
El modelo de la España que mejor cumple al ser de “gran
nación” que propugnan Rajoy y los suyos quedó reflejado con motivo de la
comparecencia de Agustín Moreno en la Subcomisión del Congreso de Diputados
para el Pacto Social y Político de la Educación el pasado día 21. La exposición
cuidada, precisa y optimista de este profesor, que representaba a Mareaverde,
evidenció los planos del deterioro
último a que ha sido sometida la educación escolar, especialmente la pública, y
cuáles, por tanto, debían ser los elementos primeros a restituir para que todos
los ciudadanos se puedan se sientan parte de una sociedad bien trabada. En
buena lógica, por tanto, todos los ingredientes y dispositivos utilizados para
construir un sistema segregador deberían ser eliminados y, en su lugar,
potenciar cuantos faculten la equidad y cohesión social. Ese objetivo debería
guiar a los representantes parlamentarios que quieran “hacer historia”, acompañados
–recomendó- por los colectivos sociales
que pugnan por sacar partido a la escolarización en el día a día. Seis puntos concretos señaló Agustín como imprescindibles en el empeño:
Financiación adecuada (7% PIB); Profesorado comprometido y reconocido (no
peones de la administración, sino buenos profesionales); Currículo sin idearios
particulares (laico y sin dogmas, pluricultural e integral, sin los Acuerdos
con el Vaticano); Educación inclusiva; Universalizar el derecho a la educación
de 0 a 6 años; y partir de la Educación como derecho del niño, con una red única
de centros de titularidad y gestión públicas.
Las primeras reacciones a esta propuesta pudieron
verse entre los parlamentarios presentes. Solamente uno la aceptó bien y otro casi; cuatro hubo
que navegaron entre tópicos y doctrina prefijada. La disparidadades quedaron claras: lo que a
un interviniente le pareció una aportación “valiente” suscitó, entre formalidades
de buena educación, que otro advirtiera algún aspecto “sectario” y, por tanto,
que lo que correspondía a este “diálogo” era oír sin obligarse a casi nada más.
Quien repase despacio cuanto allí se dijo o se sugirió, podrá calibrar el juego
de fuerzas existente en esta Subcomisión. No se llega al empate que
posibilitaría una construcción de una “gran nación” educativa para todos: los parlamentarios
allí reunidos no reinterpretarán a la luz del presente lo escrito en el art. 27
hace 39 años.
En apoyo de esta perspectiva de sostenella y no
enmendalla, merece atención otra reacción importante. Aparentó no serlo, porque
no estaba en el Congreso, la del portavoz de la Conferencia Episcopal. Todavía no han comparecido ni la Concapa, ni “Colegios
Católicos” ni algún representante explícito de la Comisión Episcopal de
Enseñanza, pero la CEE ya ha cerrando el oído a dos de las propuestas
principales de Mareaverde: la clase de Religión y los conciertos educativos
(dentro de la financiación de la Iglesia). Es más, esos asuntos principales seguramente
quedarán fuera de este pacto tan proclamado como deseable. Para los obispos,
estas cuestiones pertenecen al “bien de la educación en nuestro país”. Funcionarios
hermeneutas de las esencias, quieren diálogo y dicen ir a él con espíritu
constructivo, pero sin apearse de que la “educación integral en la libertad
lleva consigo el aporte del hecho religioso”, concretamente desde el ángulo
católico. Entienden que hay cosas que “mejorar” –su listado de peticiones y
recursos es muy largo, dada su eterna accidentalidad de paso por este mundo-,
pero el pacto educativo en que piensan ha de responder “a una tradición
cultural gloriosa de nuestro pueblo”.
Después de tantos siglos controlando conciencias, el
balance cualitativo de su contribución a esa “gloriosa tradición cultural” no
debiera fiarse a tanta autocomplacencia. Para cuantos tienen memoria o se han
documentado, esa “tradición” muestra abundantes flancos de indubitable colaboración
entusiasta a la desconfiada incomprensión de toda emancipación liberadora en
este “valle de lágrimas”, sin que haya constancia de su eficiencia salvífica.
Pero si se tira de ese “glorioso” hilo cultural mentado por el monseñor, se
entenderá mejor –sin recurrir a otros factores sociológicos, políticos y
económicos de signo crítico- a qué se refiere Rajoy cuando enfatiza que “España
es una gran nación”. También ayuda a descifrar qué sugiere este estribillo a
quienes le hayan votado y esperen un Pacto educativo en que las virtudes de la
LOMCE permanezcan intactas. Si excluyera que el 80% del personal tuviera que
asentir a cómo ve los derechos y libertades cívicos en Educación el 20% del
nivel de rentas más alto, habrían de olvidar su fraterna colaboración en esta
peculiar “mejora educativa”. Claro que todo es provisional, pues la Historia
continúa y el paranoico Trump está ahí para que, junto a sus palurdos fanáticos, no nos
hagamos ilusiones con nuestra real dimensión.
Manuel Menor
Currás
Madrid,
25.02.2017
jueves, 23 de febrero de 2017
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