CUPUMA nos envía este comunicado:
La Comunidad de Madrid propone una ley de universidades que invade la autonomía universitaria y dará un golpe definitivo a las Universidades Públicas de Madrid
Se está preparando un Proyecto de Ley que incluye propuestas lesivas para las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, se reunió en julio con los Rectores de las universidades públicas para tratar esta normativa y les presento un resumen de ocho páginas con poca concreción. El documento definitivo tendrá 250 artículos y llevará el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. El borrador de ley no ha contado con la comunidad afectada, representada por (rectores, sindicatos y estudiantes) y la intención es presentarla para su aprobación a finales de 2024.
La futura ley abre la puerta entre otras cuestiones, la mercantilización de los estudios superiores, a la sanción de la protesta estudiantil o a la firma de conciertos y subvenciones para la FINANCIACIÓN pública de las UNIVERSIDADES PRIVADAS, que son instituciones con ánimo de lucro. Se detrae dinero de las Universidades Públicas y se subvenciona a las Privadas para que hagan negocio.
En cambio plantea una financiación de las Universidades Públicas del 70%, para gastos de personal y de funcionamiento en la formación Docente de sus estudiantes, pero no garantiza que la financiación básica se cubra, incluida la investigación estructural. El otro 30% han se obtenerlo incrementando las tasas universitarias, ofertando títulos propios, convenios con empresas, proyectos, etc. que aumentan la dependencia de ámbitos privados de escaso o nulo interés científico.
Esto supone un recorte muy importante, cuando la financiación actual no cubre los gastos de Personal, mantenimiento de infraestructuras, laboratorios, etc. Actualmente, cinco de las seis universidades públicas están con déficit como consecuencia de esos recortes en investigaciones, becas y diversas actividades académicas. La comunidad de Madrid tiene los precios de matrícula más altos. El Consejero de Educación, Ciencia y Universidades adelanto a los sindicatos que la ley, «irá acompañada de un incremento presupuesto de cero euros”, a pesar de la creciente infrafinanciación. Esta política universitaria es contraria a la autonomía e independencia académica de las universidades públicas, y favorece áreas de estudio con mayor rentabilidad económica en detrimento de otras muy importantes para la cultura de este país.
Las universidades públicas madrileñas son las peor financiadas, su inversión por alumno ronda el 71% de la media nacional y es la más baja de todas las comunidades.
En consecuencia no se podrán bajar las tasas académicas, dificultando así los estudios universitarios y cercenando el principio de igualdad de oportunidades. La educación superior será“SOLO PARA ÉLITES ECONÓMICAS”y supone la privatización enmascarada al tener las universidades que mercantilizarse para completar sus presupuestos. A los estudiantes que no tengan recursos familiares solo les queda endeudarse con créditos a devolver en mucho tiempo u olvidarse de los estudios universitarios. La EDUCACIÓN UNIVERSITARIA SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO.
Esta nueva ley va contra la LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, estatal, pretendiendo nombrar un Interventor para la Universidad, quitar al Rector la potestad de elegir al Gerente y regular aspectos que ya están en la Ley estatal o que son del ámbito de la negociación colectiva, lo que supone una ilegalidad.
En una COMUNIDAD AUTÓNOMA UNIPROVINCIAL, con seis universidades públicas, que no crecen desde 1996, ASISTIMOS A UNA EXPANSIÓN DE LAS PRIVADAS que son ya 13 y pronto 15, proliferando Centros adscritos a universidades, como el de la U. Católica de Murcia en Torrejón de Ardoz.
La proposición de Ley no nace de una necesidad para mejorar la calidad, ni la investigación, ni llegar a su pretendida excelencia, ni por supuesto mejorar la financiación, ni rendición de cuentas, tiene como objetivo su controversia política con el Gobierno Central. Con estas políticas pierden los ciudadanos madrileños.
El borrador de Ley del Gobierno de la Comunidad pretende establecer un Régimen Sancionador contra la libertad de expresión y opinión de los Estudiantes en los campus universitarios, con sanciones leves, graves o muy graves. Los rectores han hecho llegar una respuesta muy crítica de 18 páginas al consejero Emilio Viciana y le recuerdan la Ley de Convivencia Universitaria de 2022, donde están previstas sanciones y el Estatuto Básico del Empleado Público de 1986 para el personal de las universidades.
Todo el Personal Docente e Investigador, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios, tenemos que OPONERNOS frontalmente contra este Proyecto de Ley, expresando su RECHAZO en Asambleas, Departamentos, Juntas de Facultad y de Escuelas, Claustros Universitarios y Consejos de Gobierno de nuestras Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.
CUPUMA (Coordinadora de las Universidades Públicas de Madrid)
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