Artículo publicado en eldiario.es
La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este martes que la futura ley educativa, la llamada ley Celaá, no se va retocar y que solo contará con las aportaciones que se hagan durante su trámite parlamentario.
Celaá ha hecho estas consideraciones tras reunirse, junto con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la educación, un encuentro que se enmarca en la ronda de contactos que inició el líder del PSOE el 1 de agosto con colectivos y asociaciones de la sociedad civil.
Tras la reunión, varios portavoces de la comunidad educativa han sostenido que Pedro Sánchez se ha comprometido a ampliarla la citada ley y la ministra ha precisado que la nueva norma, que el Gobierno tendrá que volver a llevar a las Cortes, se podría actualizar "con algunas miradas" de los colectivos presentes en el encuentro y también de los que no han estado presentes.
La Lomloe, la ley con la que el Gobierno socialista pretendía derogar la Lomce del PP, "se retocará cuando esté en el itinerario del Congreso de los Diputados con las propuestas de las distintas fuerzas políticas", ha asegurado Celaá, quien ha precisado que "el programa está completo y lo estamos actualizando".
Celaá ha asegurado que en la reunión con CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) y la Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE) y sindicatos como CC. OO., UGT, CSIF y STES han coincidido en los objetivos y en "la rapidez con la que necesitamos activar los cambios".
En la reunión se ha abordado también la "incardinación" de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa y no socioasistencial "porque la educación empieza a los cero años y no acaba en ninguna parte", ha dicho Celaá, quien ha recalcado que la formación a lo largo de la vida es un derecho.
La ministra también ha hablado de la importancia de la digitalización que se va a ver reflejada en la formación profesional y ha recordado que el año que viene se va a poner en marcha un módulo de digitalización en cada uno de los ciclos formativos existentes.
Algunos de los representantes del sector educativo han sostenido que Sánchez se ha comprometido a ampliar y mejorar la Lomloe, aunque sin concretar medidas, como ha dicho el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.
El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha asegurado que Sánchez tiene la intención de situar a la educación en el eje vertebrador de todos los proyectos que querría acometer en la próxima legislatura.
Además, ha explicado que Sánchez se ha mostrado receptivo a su petición de acometer una reforma educativa "más profunda y global", ya que, según ha comentado, "parece que la idea es ampliar la ley mucho más".
Sin embargo, la representante de Ceapa, Leticia Cardenal, ha indicado que el Gobierno "no tiene intención de hacer grandes cambios" en la ley y ha defendido la necesidad de formar un Ejecutivo progresista para que en septiembre "podamos darle carpetazo a la Lomce y los alumnos la dejen de lado".
Cardenal no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que los representantes de la escuela concertada hayan denunciado que no han sido convocados a esta reunión.
La representante de Ceapa ha afirmado que Sánchez se ha comprometido a dialogar y a recoger sus propuestas, y ha rechazado sentirse "intrumentalizada" por ser invitada a este encuentro.
El portavoz de CSIF ha trasladado a Sánchez las "carencias" del sistema educativo, fruto de que no hay una ley estable, que cambia cada vez que cambia el Gobierno, por lo que ha abogado por un pacto político y por situar a la educación en el centro de la agenda.
Según Gutiérrez, Sánchez se ha comprometido a dedicar el 5 % del PIB a educación, pero ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo para que alcance el 6 %.
Por su parte, CC. OO. ha pedido a Sánchez más inversión para una escuela pública inclusiva, laica y participativa en el sistema educativo, así como situar los derechos humanos y de la infancia en el corazón de la nueva ley.
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
jueves, 8 de agosto de 2019
miércoles, 7 de agosto de 2019
QUEREMOS UN GOBIERNO DE IZQUIERDAS (Redes por una nueva política educativa)
Las personas que formamos parte de Redes por otra política educativa, profesorado y profesionales de diferentes niveles educativos que pertenecen a movimientos sociales (como Mareas por la Educación Pública, MRPs, Europa Laica...), sindicatos de estudiantes, la Confederación española de asociaciones de padres y madres del alumnado CEAPA, las organizaciones sindicales (CCOO, STES y CGT) y partidos políticos (Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña), venimos trabajando de una forma coordinada desde hace 5 años para derogar la LOMCE y crear un acuerdo social, político y educativo por una nueva ley de educación [2].
La organización y acuerdos desarrollados entre grupos afines, pero también diferentes, no se pueden ver defraudadas por la falta de cesión y entendimiento por los partidos políticos de izquierdas. Siempre hemos contado con el PSOE, PODEMOS, IU y Esquerra Republicana, porque comparten en lo fundamental su defensa de la escuela pública y su rechazo a la LOMCE, auténtico ataque a una educación democrática, plural y laica. Sabemos que la incapacidad para lograr un acuerdo que suponga un gobierno de izquierdas nos conducirá a unas nuevas elecciones que nos llevarían a un gobierno de los partidos conservadores o, en todo caso, a una situación similar a la actual. Por eso, persistimos en la necesidad de que la izquierda llegue a un acuerdo, o de lo contrario todo el trabajo, todos los apoyos y toda la esperanza en una educación progresista que restituya la democracia y equidad en nuestro sistema educativo sufrirán un serio revés.
No es nuestra labor hablar sobre la fórmula del acuerdo imprescindible, pero creemos que los partidos políticos pierden la perspectiva sobre el bien común y el interés de la ciudadanía, que sería conseguir que todos los niños y niñas tengan, desde el nacimiento, el mismo derecho a una educación de calidad y eso solo se consigue con una escuela plural y pública y con una inversión educativa adecuada que proporcione las plazas públicas necesarias, el profesorado y profesionales de la educación y las condiciones materiales suficientes para un sistema educativo que garantice la inclusión educativa.
La educación se está privatizando (la inversión pública dedicada a conciertos aumentó un 28,4% en 10 años mientras el gasto por estudiante en centros públicos se reducía un 7,5%) y la enseñanza de la religión sigue aumentando en la escuela pública y concertada, negando el derecho de libertad de conciencia al alumnado. Con la LOMCE y las políticas llevadas a cabo en los últimos años los currículos se estandarizan y los colegios compiten entre sí para conseguir los mejores alumnos y alumnas creando un sistema educativo segregado por niveles sociales (España ocupa en segregación escolar la quinta posición por la cola de la OCDE y la antepenúltima de los países de la OCDE en Europa), que solo conduce a la desigualdad y al fracaso escolar.
Necesitamos un gobierno de izquierdas para una nueva ley de Educación que asuma lo aprobado por toda la izquierda parlamentaria en la Comisión de Educación de febrero de 2018, en cuanto a la derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979, que nos sitúe en un sistema educativo laico y, además, una ley que establezca que los poderes públicos dejen de financiar las escuelas con ideario propio.
Por todo esto reclamamos la conformación de un gobierno de izquierdas que asuma un compromiso por la educación pública, plural, laica y democrática que requiere la derogación de la LOMCE, el aumento de la financiación educativa y la construcción de una nueva ley educativa consensuada por las fuerzas políticas progresistas, sociales y la comunidad educativa.
● Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Asociación INCLUYE, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), %Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana) Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Colectivo Infancia, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Ecologistas en Acción, Europa Laica, Foro de Sevilla, Foro Mundial de Educación, Junta de Portavoces de educación infantil, Juventud Sin Futuro, Mareas por la educación pública, Movimiento Cooperativo Escuela Popular (MCEP), OXFAM Intermón, Plataforma Crida de las Illes Balears, Plataforma Estatal de Educación Infantil 0-6, Proyecto Roma, Yo Estudié en la Pública, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Stop Ley Wert,
● Sindicatos de Estudiantes
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino, Estudiantes en Movimiento.
● Asociaciones de Madres y Padres
● Organizaciones Sindicales
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y Federación de Enseñanza de CGT.
● Partidos Políticos
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martes, 6 de agosto de 2019
Estudiantes de Aranjuez participarán en el Concurso Internacional de Biología Sintética
La Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez nos envía esta información:
Nueve alumnos de bachillerato del IES Alpajés está trabajando en un proyecto de fabricación de tintas a través de elementos naturales, titulado STAIN, junto con profesores del instituto y de la Universidad Complutense para participar en el concurso internacional de biología sintética (IGEM). Es la segunda ocasión que participa un equipo español y expondrán su trabajo en el MIT de Massachussets, en Boston, en noviembre.
Además de estar trabajando en los laboratorios de la Complutense, están difundiendo su proyecto y recabando apoyos para poder reunir los fondos necesarios para todo el proceso, a través de asociaciones y empresas de Aranjuez.
Nueve alumnos de bachillerato del IES Alpajés está trabajando en un proyecto de fabricación de tintas a través de elementos naturales, titulado STAIN, junto con profesores del instituto y de la Universidad Complutense para participar en el concurso internacional de biología sintética (IGEM). Es la segunda ocasión que participa un equipo español y expondrán su trabajo en el MIT de Massachussets, en Boston, en noviembre.
Además de estar trabajando en los laboratorios de la Complutense, están difundiendo su proyecto y recabando apoyos para poder reunir los fondos necesarios para todo el proceso, a través de asociaciones y empresas de Aranjuez.
También están realizando un crowdfunding al que podéis acceder a través de https://www.gofundme.com/f/
Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez
Web: http://aranjuezescuelapublica.
Facebook: http://www.facebook.com/
Twitter: https://twitter.com/
Web: http://aranjuezescuelapublica.
Facebook: http://www.facebook.com/
Twitter: https://twitter.com/
lunes, 5 de agosto de 2019
Avanzan las políticas privatizadoras en educación, avanza la injusticia (Julio Rogero en eldiario.es)
Artículo de Julio Rogero en eldiario.es
Queda claro que entre 2006 y 2016, el gasto público dedicado a conciertos aumentó un 28,4%, al tiempo que el gasto por estudiante en centros públicos se reducía un 7,5%. Así, desde el inicio de la crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado a conciertos no ha parado de crecer, mientras que la educación pública ha estado sometida a un duro recorte presupuestario. Además, el informe no computa o distribuye de forma inadecuada algunos gastos –por ejemplo, algunas partidas de gestión e investigación educativas, becas, infraestructuras y desgravaciones fiscales– que supondrían un aumento aún mayor del dinero público que revierte en educación privada.
Los datos son muy relevantes porque nos muestran que en todos los años de crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado a conciertos no ha dejado de crecer mientras los gastos en la educación pública han estado sometidos a un duro recorte presupuestario. Estos datos confirman la opción clara de las administraciones publicas por políticas educativas favorecedoras de la privatización de la educación.
Esta tendencia en las políticas educativas ha ido de la mano de un aumento de la segregación socioeconómica del alumnado y de otros indicadores que revelan un incremento de las desigualdades educativas en nuestro país. La escuela pública acoge cada vez más alumnado vulnerable y con necesidades educativas especiales, y lo hace con cada vez menos recursos. El resultado es un deterioro profundo de la equidad, la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación de todo el sistema. El derecho de todos a una educación pública de calidad queda profundamente dañado. La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad.
Las necesidades en la escuela pública, provocadas por los continuados recortes durante los últimos años, se hacen cada día más evidentes: entre otros, se necesitan plantillas más estables, reducir el profesorado interino, reducir el número de alumnas/os por docente, garantizar las sustituciones desde el primer momento, más profesorado especializado, mejorar la formación inicial y permanente del profesorado, y mejores infraestructuras y equipamientos. Es urgente retomar políticas que hagan efectivo el derecho a la educación a través de la educación pública y que se encaminen hacia la justicia social, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la calidad educativa para todos y todas sin exclusión.
Las consecuencias para la educación pública son lamentables y se muestran de forma cada vez más evidente. Crecen los centros educativos en los que se muestra la concentración de alumnado con mayores necesidades de todo tipo, donde aumenta la desigualdad y la falta de oportunidades. En lugar de potenciar la escuela pública como el lugar de realización del derecho de todos a la educación, se la está utilizando para profundizar la segregación y la exclusión social. La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad.
En las condiciones actuales es difícil hacer viables políticas educativas inclusivas para lo que se necesitaría que se reduzcan las ratios en todos los niveles, etapas y modalidades de escolarización y atención educativa, siguiendo las recomendaciones de Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea. Se requiere el profesorado especializado (AL, PT…) necesario en la plantilla fija de todos los centros. Es imprescindible que se aumente la oferta escolar pública (de titularidad y gestión) para que obtengan estas plazas todas las familias que lo solicitan.
Por todo ello se hace imprescindible revertir esta situación y hacer que los recursos públicos vayan dirigidos prioritariamente a quien más lo necesita, de tal manera que sea la educación concertada la que sea en realidad subsidiaria de la escuela pública y no al revés como vemos que sucede ahora. Ello implica detener la inequidad, la segregación, la injusticia social y educativa que vivimos actualmente.
- La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad
- Nos parece necesario reclamar políticas que hagan real la opción clara y decidida por una escuela pública que haga efectivo el derecho a la educación, mejor atención a la diversidad y mayores índices de inclusión
Queda claro que entre 2006 y 2016, el gasto público dedicado a conciertos aumentó un 28,4%, al tiempo que el gasto por estudiante en centros públicos se reducía un 7,5%. Así, desde el inicio de la crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado a conciertos no ha parado de crecer, mientras que la educación pública ha estado sometida a un duro recorte presupuestario. Además, el informe no computa o distribuye de forma inadecuada algunos gastos –por ejemplo, algunas partidas de gestión e investigación educativas, becas, infraestructuras y desgravaciones fiscales– que supondrían un aumento aún mayor del dinero público que revierte en educación privada.
Los datos son muy relevantes porque nos muestran que en todos los años de crisis económica hasta el momento actual el gasto público dedicado a conciertos no ha dejado de crecer mientras los gastos en la educación pública han estado sometidos a un duro recorte presupuestario. Estos datos confirman la opción clara de las administraciones publicas por políticas educativas favorecedoras de la privatización de la educación.
Esta tendencia en las políticas educativas ha ido de la mano de un aumento de la segregación socioeconómica del alumnado y de otros indicadores que revelan un incremento de las desigualdades educativas en nuestro país. La escuela pública acoge cada vez más alumnado vulnerable y con necesidades educativas especiales, y lo hace con cada vez menos recursos. El resultado es un deterioro profundo de la equidad, la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación de todo el sistema. El derecho de todos a una educación pública de calidad queda profundamente dañado. La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad.
Las necesidades en la escuela pública, provocadas por los continuados recortes durante los últimos años, se hacen cada día más evidentes: entre otros, se necesitan plantillas más estables, reducir el profesorado interino, reducir el número de alumnas/os por docente, garantizar las sustituciones desde el primer momento, más profesorado especializado, mejorar la formación inicial y permanente del profesorado, y mejores infraestructuras y equipamientos. Es urgente retomar políticas que hagan efectivo el derecho a la educación a través de la educación pública y que se encaminen hacia la justicia social, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la calidad educativa para todos y todas sin exclusión.
Las consecuencias para la educación pública son lamentables y se muestran de forma cada vez más evidente. Crecen los centros educativos en los que se muestra la concentración de alumnado con mayores necesidades de todo tipo, donde aumenta la desigualdad y la falta de oportunidades. En lugar de potenciar la escuela pública como el lugar de realización del derecho de todos a la educación, se la está utilizando para profundizar la segregación y la exclusión social. La escuela de titularidad pública ha de ser la garante de que los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social y económica puedan acceder a la educación de mayor calidad.
En las condiciones actuales es difícil hacer viables políticas educativas inclusivas para lo que se necesitaría que se reduzcan las ratios en todos los niveles, etapas y modalidades de escolarización y atención educativa, siguiendo las recomendaciones de Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea. Se requiere el profesorado especializado (AL, PT…) necesario en la plantilla fija de todos los centros. Es imprescindible que se aumente la oferta escolar pública (de titularidad y gestión) para que obtengan estas plazas todas las familias que lo solicitan.
Por todo ello se hace imprescindible revertir esta situación y hacer que los recursos públicos vayan dirigidos prioritariamente a quien más lo necesita, de tal manera que sea la educación concertada la que sea en realidad subsidiaria de la escuela pública y no al revés como vemos que sucede ahora. Ello implica detener la inequidad, la segregación, la injusticia social y educativa que vivimos actualmente.
Entradas relacionadas:
Sistema estatal de indicadores de la educación -SEIE- 2019 (Ministerio de Educación y Formación Profesional)
Inicio de curso insostenible (Comunicado de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid)
Federación MRP (Movimiento de Renovación Pedagógica) nos envía este comunicado:
Compañeros y compañeras en defensa de la escuela pública:
Tras finalizar el curso todas las etapas educativas la Federación de MRP de Madrid, queremos visibilizar la precariedad de los recursos y políticas educativas que se desarrollan en nuestra Comunidad.
Pensamos que la reivindicación por una Escuela Pública e Inclusiva de Calidad (con los recursos necesarios), Laica, Democrática y Equitativa precisa de condiciones y recursos imprescindibles para dar la respuesta que nuestro alumnado necesita y a la que tiene derecho. Sin embargo nuestra realidad como profesionales de la educación es cada día más difícil de gestionar, frecuentemente casi imposible.
Os adjuntamos por ello un documento con las dificultades que encontramos para alcanzar esos objetivos que perseguimos. Nos sumaremos a todas las acciones coordinadas que se promuevan en colectivo, como hemos estado haciendo hasta ahora.
Un cordial saludo. Recuperemos fuerzas porque las necesitaremos.
Soraya Chapinal
Federación MRP (Movimiento de Renovación Pedagógica)
Puedes leer el comunicado completo en este enlace.
Compañeros y compañeras en defensa de la escuela pública:
Tras finalizar el curso todas las etapas educativas la Federación de MRP de Madrid, queremos visibilizar la precariedad de los recursos y políticas educativas que se desarrollan en nuestra Comunidad.
Pensamos que la reivindicación por una Escuela Pública e Inclusiva de Calidad (con los recursos necesarios), Laica, Democrática y Equitativa precisa de condiciones y recursos imprescindibles para dar la respuesta que nuestro alumnado necesita y a la que tiene derecho. Sin embargo nuestra realidad como profesionales de la educación es cada día más difícil de gestionar, frecuentemente casi imposible.
Os adjuntamos por ello un documento con las dificultades que encontramos para alcanzar esos objetivos que perseguimos. Nos sumaremos a todas las acciones coordinadas que se promuevan en colectivo, como hemos estado haciendo hasta ahora.
Un cordial saludo. Recuperemos fuerzas porque las necesitaremos.
Soraya Chapinal
Federación MRP (Movimiento de Renovación Pedagógica)
PAG WEB:
http://
www.fundacionangelllorca.org
www.accioneducativa-mrp.org/
http://
www.fundacionangelllorca.org
www.accioneducativa-mrp.org/
Oposiciones de un interino 'de mierda' (Carlos Candel en eldiariodelaeducacion.com)
Artículo de Carlos Candel en eldiariodelaeducacion.com
El día que los interinos e interinas de este país plantemos cara, no sólo a una oposición injusta, sino a un sistema que no garantiza las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas, tal vez seamos capaces de transformar la educación.
El pasado 22 de junio se celebró la primera fase de las oposiciones al cuerpo de maestros de la Comunidad de Madrid y parece que cada año que se llevan a cabo se reabre el debate de la validez de este sistema de elección del profesorado. Era la tercera vez que me presentaba, a pesar de llevar ya cuatro cursos como interino y ocho colegios a mis espaldas.
Recuerdo perfectamente el primer día de trabajo en un colegio de Fuenlabrada. Me habían citado en la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital (Calle Vitruvio), a las 9:00 de la mañana, a un acto en el que normalmente te ofrecen varias sustituciones o vacantes y se va eligiendo por orden de nota (aunque el interino citado el día anterior tenga mejor nota que tú y la sustitución que le haya tocado sea peor). No sabía ni en qué curso iba a estar ni durante cuánto tiempo.
Me recibió muy amablemente la jefa de estudios y me contó por encima que iba a sustituir como tutor en un 4 º de primaria a una compañera, que por razones que no vienen al caso, se encontraba de baja. Impartiría todas las asignaturas, excepto Inglés, Música y Educación Física. Y, además, les daría clase de Plástica y Ciencias Naturales y Sociales a otros dos cuartos. Me enseñó el aula y me indicó dónde había dejado los libros de texto la maestra a la que iba a sustituir, que también era interina. Al día siguiente llegué un poco antes de las nueve de la mañana, me presenté a los alumnos y cerré la puerta de mi aula para impartirles clase. Yo no les conocía. Ellos a mí tampoco.
La tutora de aquel grupo tardó aproximadamente un mes en incorporarse a su puesto de trabajo. Un mes en el que la única orientación fueron los diferentes libros de texto, tuve que evaluar a cada uno de los alumnos y enfrentarme a una de las situaciones más duras de mi carrera como docente: el fallecimiento de una de las niñas de clase debido a una enfermedad incurable (acompañado por un equipo directivo que vivió aquello igual que yo). Llevo muchos años en esto de la educación y confieso que no tenía ni idea de cómo enfrentarme a todo aquello. Y sigo sin tenerla.
Volviendo a la cuestión de las oposiciones: suspendí en esta primera fase por segunda vez. Proponer en una hora y media un plan de trabajo (con objetivos, contenidos de un currículum inabarcable, relacionarlo con unas competencias que nadie termina de entender del todo y diseñar diversas actividades globalizadas y secuenciadas en fases; incluyendo en este plan a todo el equipo docente, a las familias e, incluso, a entidades locales, así como atendiendo a una alumna TEA, un TDAH, varios repetidores e inmigrantes recién llegados) y, en la prueba del temario, abordar algunas de las cuestiones que, como responsable de biblioteca en dos de los centros donde he estado, me he ido encontrado, parece que no ha sido suficiente para sacar un 5.
No voy a hacer ahora, al calor de la frustración que supone no aprobar, un alegato sobre lo terriblemente injusto que es este sistema de evaluación del profesorado y lo mucho que yo me merecía haber obtenido una plaza. De hecho, lo cierto es que no sería justo decir esto, porque, en primer lugar, no tengo muy claro cómo sería un sistema más justo y, por otra parte, en esta ocasión he decidido centrarme en aumentar los puntos de concurso, que son imprescindibles para competir en esta carrera de fondo con compañeros y compañeras que cuentan con muchos más años de experiencia y formación que yo.
Tampoco voy a hablar de lo sospechoso que me parece todo esto de que la Administración nos plantee una prueba con veinticinco temas que estudiar (que se concretan en simples titulares), que se elegirán por sorteo, que nos dé libertad para desarrollarlos a nuestro gusto y que, finalmente, casi todos los aspirantes terminen por pagar a una academia para que les dé el temario ya confeccionado por ellos mismos. Un temario que no puedes encontrar en ninguna parte si no es pagando, en el que la administración no interfiere para nada y que, como opositor, no sabes si está bien o mal planteado hasta que el examinador te lo valide con un aprobado o te lo invalide con un suspenso. Un negocio en toda regla.
Y mucho menos voy a comentar lo que me parece que muchos compañeros y compañeras sean obligados a juzgarnos de este modo.
Las oposiciones valoran la experiencia, la formación y los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo esta difícil e importantísima labor. Y lo hacen mediante un concurso y una prueba, dividida en 2 fases: el examen escrito (en el que uno tiene que saber un montón de contenidos de cultura general incluidos en el currículum; la normativa actual, detallada en varias leyes, y cómo plasmar todo esto en un caso práctico) y el oral, en el que tienes que exponer una programación anual de aula de una materia (que previamente debes haber plasmado en un documento de 60 páginas) y una unidad didáctica (incluida por separado en el citado documento), en la que, además, se valora positivamente que aportes materiales didácticos creados por ti.
No está nada mal para tratarse de una prueba “injusta” que nos clasifica en un apto o no apto. No sé si es justa o injusta pero, desde luego, es bastante completa.
Sin embargo, cada año que asisto aumenta en mí la sensación de que las oposiciones se han convertido en una declaración de intenciones, en la fachada de lo que se espera de un buen docente, en un simple escaparate de la educación de cara a la opinión pública. Se nos exige saber un montón de cosas que después, en la práctica diaria, parecen no tener demasiada importancia. Lo digo porque, pase lo que pase, es muy probable que yo siga haciendo suplencias el año que viene en la educación pública. Yo, que he aprobado en una ocasión y he suspendido en dos. Yo que, a estas alturas, sigo sin haber entrado en clase de otros compañeros y compañeras que llevan muchos años en esto y así saber realmente de qué va esto de la educación. Yo, que cada curso me enfrento, el día que corresponda, a un nuevo y desconocido grupo, cuyo tutor o tutora se encuentra de baja. Alumnos y alumnas que no me conocen de nada, que no tienen ningún vínculo conmigo y para los que no soy un referente. Yo que, a pesar de ser un interino no apto (en esta ocasión), voy a tener las mismas funciones que el resto de funcionarios de carrera a lo largo de los días de sustitución. Al que se le va a exigir exactamente lo mismo, y se le va a evaluar de la misma manera. Yo, que en estos cuatro años de interinidad, he comprobado que el trabajo en equipo, imprescindible en esta profesión (sobre todo teniendo en cuenta las elevadas ratios y los escasos recursos con los que contamos), no parece ser una prioridad para nuestra Administración.
Este curso, previo a las oposiciones, he tenido mucha suerte. He tenido la oportunidad de trabajar en un Aula de Compensación Educativa, con un equipo multidisciplinar. Un proyecto en el que alumnos y alumnas de 15 años que, por las razones que sean, no han tenido mucho éxito en su proceso educativo y han optado por probar suerte en un programa más vinculado a lo laboral.
Digo que he tenido suerte porque he podido trabajar en equipo y desarrollar varios proyectos de esos que defendería a muerte delante de un tribunal de oposición, porque sí han tenido en cuenta el trabajo en equipo, por competencias, globalizado y con una metodología activa y motivadora, tal y como recomienda la LOMCE en su Preámbulo.
Uno de esos proyectos que, por otra parte, son tan difíciles (o yo casi diría, imposible) de llevar a cabo en un centro de educación infantil y primaria, con una ratio de más de 25 alumnos. En primer lugar porque el trabajo en equipo, inevitablemente, se suele reducir a poner en común algunos contenidos, ritmos y métodos de evaluación. En este centro, al igual que yo, estarían encantados de recibirme el curso que viene y poder seguir desarrollando, juntos, lo que este año hemos iniciado. Pero, desgraciadamente, el curso que viene sucederá lo mismo.
Me nombrarán desde la DAT pertinente (aunque este año parece que, como novedad, se va a hacer telemáticamente). Alguien del equipo directivo me recibirá con entusiasmo. No olvidemos que muchas bajas tardan en cubrirse 15 días y, durante ese tiempo, el equipo de maestros se ve en la obligación de cubrir (aumentando su carga lectiva) el hueco que se deja. La persona en cuestión me explicará, en el escaso tiempo del que disponga, a qué grupo tendré que dar clase, dónde están las cosas y la organización general del centro, para más tarde o como mucho al día siguiente, abandonarme a mi suerte con un grupo de 25 a 28 niños y niñas a los que tendré la responsabilidad de enseñar algo. Y todo esto sucederá así, cada año, para miles de interinos “de mierda” (así nos llaman de forma cariñosa y sin mala intención algunos compañeros funcionarios que saben lo injusta que es esta situación). Interinos e interinas como yo que, si todo va bien, cuando consigamos una plaza fija en el sistema educativo y logremos que alguien supervise nuestro trabajo “en prácticas” (con un objetivo que en muchas ocasiones se aleja del acompañamiento y que se lleva a cabo por tutores que en ocasiones han sido compañeros durante varios cursos), habremos pasado ya algunos años entrando en clases para hacer sustituciones. Unas sustituciones que pueden durar desde un día hasta los nueves meses de curso.
No sé si estas oposiciones son injustas, pero de lo que sí estoy plenamente convencido es de que los niños y niñas de esta Comunidad Autónoma no reciben el trato que se merecen. Y el día que los interinos e interinas de este país plantemos cara, no sólo a una oposición injusta, sino a un sistema que no garantiza las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas, tal vez seamos capaces de transformar la educación.
Recuerdo perfectamente el primer día de trabajo en un colegio de Fuenlabrada. Me habían citado en la Dirección de Área Territorial de Madrid Capital (Calle Vitruvio), a las 9:00 de la mañana, a un acto en el que normalmente te ofrecen varias sustituciones o vacantes y se va eligiendo por orden de nota (aunque el interino citado el día anterior tenga mejor nota que tú y la sustitución que le haya tocado sea peor). No sabía ni en qué curso iba a estar ni durante cuánto tiempo.
Me recibió muy amablemente la jefa de estudios y me contó por encima que iba a sustituir como tutor en un 4 º de primaria a una compañera, que por razones que no vienen al caso, se encontraba de baja. Impartiría todas las asignaturas, excepto Inglés, Música y Educación Física. Y, además, les daría clase de Plástica y Ciencias Naturales y Sociales a otros dos cuartos. Me enseñó el aula y me indicó dónde había dejado los libros de texto la maestra a la que iba a sustituir, que también era interina. Al día siguiente llegué un poco antes de las nueve de la mañana, me presenté a los alumnos y cerré la puerta de mi aula para impartirles clase. Yo no les conocía. Ellos a mí tampoco.
La tutora de aquel grupo tardó aproximadamente un mes en incorporarse a su puesto de trabajo. Un mes en el que la única orientación fueron los diferentes libros de texto, tuve que evaluar a cada uno de los alumnos y enfrentarme a una de las situaciones más duras de mi carrera como docente: el fallecimiento de una de las niñas de clase debido a una enfermedad incurable (acompañado por un equipo directivo que vivió aquello igual que yo). Llevo muchos años en esto de la educación y confieso que no tenía ni idea de cómo enfrentarme a todo aquello. Y sigo sin tenerla.
Volviendo a la cuestión de las oposiciones: suspendí en esta primera fase por segunda vez. Proponer en una hora y media un plan de trabajo (con objetivos, contenidos de un currículum inabarcable, relacionarlo con unas competencias que nadie termina de entender del todo y diseñar diversas actividades globalizadas y secuenciadas en fases; incluyendo en este plan a todo el equipo docente, a las familias e, incluso, a entidades locales, así como atendiendo a una alumna TEA, un TDAH, varios repetidores e inmigrantes recién llegados) y, en la prueba del temario, abordar algunas de las cuestiones que, como responsable de biblioteca en dos de los centros donde he estado, me he ido encontrado, parece que no ha sido suficiente para sacar un 5.
No voy a hacer ahora, al calor de la frustración que supone no aprobar, un alegato sobre lo terriblemente injusto que es este sistema de evaluación del profesorado y lo mucho que yo me merecía haber obtenido una plaza. De hecho, lo cierto es que no sería justo decir esto, porque, en primer lugar, no tengo muy claro cómo sería un sistema más justo y, por otra parte, en esta ocasión he decidido centrarme en aumentar los puntos de concurso, que son imprescindibles para competir en esta carrera de fondo con compañeros y compañeras que cuentan con muchos más años de experiencia y formación que yo.
Tampoco voy a hablar de lo sospechoso que me parece todo esto de que la Administración nos plantee una prueba con veinticinco temas que estudiar (que se concretan en simples titulares), que se elegirán por sorteo, que nos dé libertad para desarrollarlos a nuestro gusto y que, finalmente, casi todos los aspirantes terminen por pagar a una academia para que les dé el temario ya confeccionado por ellos mismos. Un temario que no puedes encontrar en ninguna parte si no es pagando, en el que la administración no interfiere para nada y que, como opositor, no sabes si está bien o mal planteado hasta que el examinador te lo valide con un aprobado o te lo invalide con un suspenso. Un negocio en toda regla.
Y mucho menos voy a comentar lo que me parece que muchos compañeros y compañeras sean obligados a juzgarnos de este modo.
Las oposiciones valoran la experiencia, la formación y los conocimientos teóricos y prácticos para llevar a cabo esta difícil e importantísima labor. Y lo hacen mediante un concurso y una prueba, dividida en 2 fases: el examen escrito (en el que uno tiene que saber un montón de contenidos de cultura general incluidos en el currículum; la normativa actual, detallada en varias leyes, y cómo plasmar todo esto en un caso práctico) y el oral, en el que tienes que exponer una programación anual de aula de una materia (que previamente debes haber plasmado en un documento de 60 páginas) y una unidad didáctica (incluida por separado en el citado documento), en la que, además, se valora positivamente que aportes materiales didácticos creados por ti.
No está nada mal para tratarse de una prueba “injusta” que nos clasifica en un apto o no apto. No sé si es justa o injusta pero, desde luego, es bastante completa.
Sin embargo, cada año que asisto aumenta en mí la sensación de que las oposiciones se han convertido en una declaración de intenciones, en la fachada de lo que se espera de un buen docente, en un simple escaparate de la educación de cara a la opinión pública. Se nos exige saber un montón de cosas que después, en la práctica diaria, parecen no tener demasiada importancia. Lo digo porque, pase lo que pase, es muy probable que yo siga haciendo suplencias el año que viene en la educación pública. Yo, que he aprobado en una ocasión y he suspendido en dos. Yo que, a estas alturas, sigo sin haber entrado en clase de otros compañeros y compañeras que llevan muchos años en esto y así saber realmente de qué va esto de la educación. Yo, que cada curso me enfrento, el día que corresponda, a un nuevo y desconocido grupo, cuyo tutor o tutora se encuentra de baja. Alumnos y alumnas que no me conocen de nada, que no tienen ningún vínculo conmigo y para los que no soy un referente. Yo que, a pesar de ser un interino no apto (en esta ocasión), voy a tener las mismas funciones que el resto de funcionarios de carrera a lo largo de los días de sustitución. Al que se le va a exigir exactamente lo mismo, y se le va a evaluar de la misma manera. Yo, que en estos cuatro años de interinidad, he comprobado que el trabajo en equipo, imprescindible en esta profesión (sobre todo teniendo en cuenta las elevadas ratios y los escasos recursos con los que contamos), no parece ser una prioridad para nuestra Administración.
Este curso, previo a las oposiciones, he tenido mucha suerte. He tenido la oportunidad de trabajar en un Aula de Compensación Educativa, con un equipo multidisciplinar. Un proyecto en el que alumnos y alumnas de 15 años que, por las razones que sean, no han tenido mucho éxito en su proceso educativo y han optado por probar suerte en un programa más vinculado a lo laboral.
Digo que he tenido suerte porque he podido trabajar en equipo y desarrollar varios proyectos de esos que defendería a muerte delante de un tribunal de oposición, porque sí han tenido en cuenta el trabajo en equipo, por competencias, globalizado y con una metodología activa y motivadora, tal y como recomienda la LOMCE en su Preámbulo.
Uno de esos proyectos que, por otra parte, son tan difíciles (o yo casi diría, imposible) de llevar a cabo en un centro de educación infantil y primaria, con una ratio de más de 25 alumnos. En primer lugar porque el trabajo en equipo, inevitablemente, se suele reducir a poner en común algunos contenidos, ritmos y métodos de evaluación. En este centro, al igual que yo, estarían encantados de recibirme el curso que viene y poder seguir desarrollando, juntos, lo que este año hemos iniciado. Pero, desgraciadamente, el curso que viene sucederá lo mismo.
Me nombrarán desde la DAT pertinente (aunque este año parece que, como novedad, se va a hacer telemáticamente). Alguien del equipo directivo me recibirá con entusiasmo. No olvidemos que muchas bajas tardan en cubrirse 15 días y, durante ese tiempo, el equipo de maestros se ve en la obligación de cubrir (aumentando su carga lectiva) el hueco que se deja. La persona en cuestión me explicará, en el escaso tiempo del que disponga, a qué grupo tendré que dar clase, dónde están las cosas y la organización general del centro, para más tarde o como mucho al día siguiente, abandonarme a mi suerte con un grupo de 25 a 28 niños y niñas a los que tendré la responsabilidad de enseñar algo. Y todo esto sucederá así, cada año, para miles de interinos “de mierda” (así nos llaman de forma cariñosa y sin mala intención algunos compañeros funcionarios que saben lo injusta que es esta situación). Interinos e interinas como yo que, si todo va bien, cuando consigamos una plaza fija en el sistema educativo y logremos que alguien supervise nuestro trabajo “en prácticas” (con un objetivo que en muchas ocasiones se aleja del acompañamiento y que se lleva a cabo por tutores que en ocasiones han sido compañeros durante varios cursos), habremos pasado ya algunos años entrando en clases para hacer sustituciones. Unas sustituciones que pueden durar desde un día hasta los nueves meses de curso.
No sé si estas oposiciones son injustas, pero de lo que sí estoy plenamente convencido es de que los niños y niñas de esta Comunidad Autónoma no reciben el trato que se merecen. Y el día que los interinos e interinas de este país plantemos cara, no sólo a una oposición injusta, sino a un sistema que no garantiza las necesidades educativas de nuestros alumnos y alumnas, tal vez seamos capaces de transformar la educación.
Una recogida de firmas por una escuela no segregadora (eldiariodelaeducacion.com)
Artículo publicado en eldiariodelaeducacion.com
La Plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Celaá, una apuesta decidida por la escuela inclusiva.
La Plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Celaá, una apuesta decidida por la escuela inclusiva.
La Plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Celáa, una apuesta decidida por la escuela inclusiva.
La petición, en change.org, que espera recoger 5.000 firmas y ya se encuentra en las 3.400, tiene por objetivo que el Ministerio de Educación se comprometa a que ningún alumno sea escolarizado en centros especiales o aulas específicas dentro de los centros ordinarios y a que inste a que las comunidades autónomas hagan lo propio.
Según la petición, las administraciones fomentan la segregación del alumnado por vía directa, es decir, mediante dictámenes que justifican esta segregación al hablar de los déficits o discapacidades que tienen. Pero no solo, también lo hacen de forma indirecta al no proporcionar los apoyos necesarios en las aulas ordinarias y defendiendo la necesidad de que se matriculen en centros especiales o aulas específicas para que estén bien atendidos.
La plataforma impulsora de la petición defiende que se trata de evitar el sufrimiento de las familias que no pueden elegir el centro educativo para sus hijos «porque presentan una diversidad funcional»; para que no tengan que acudir a la justicia para que haga valer su derecho a la educación iclusiva, como hemos ido viendo en los últimos meses y para enriquecer y beneficiar a todo el alumnado aumentando la diversidad en las aulas. Una situación, según dicen, que fomenta las «capacidades y actitudes cooperativas, de ayuda mutua y tolerancia».
La Plataforma justifica esta petición en el hecho de que el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental recogido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, así como en el informe del Comité de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad que instaba hace dos años al Estado a acabar con la segregación de este alumnado.
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