Esta ha sido, sin duda, la semana de la Educación. Nunca la comunidad educativa había estado tan unida ni había mostrado tanta firmeza contra la política decidida por un Gobierno. El día 22 miles de profesores, estudiantes, padres y madres de alumnos y ciudadanos en general participaron en las movilizaciones que, por primera vez en la historia de la democracia, convocaron todos los sindicatos representativos y en todos los niveles educativos, desde infantil hasta universidad. El miércoles 23 el ministro de Educación, José Ignacio Wert, vio como la Conferencia de Rectores se negaba a acudir al Consejo de Universidades por negarse a debatir con ellos la política de “racionalización del gasto”.
Es evidente que a nadie nos gusta que nos recorten derechos o prestaciones que considerábamos consolidadas, pero cuando estos recortes no son equitativos, se hacen al margen de las instituciones y colectivos afectados y se quieren imponer hasta el punto de negar, no solo la negociación sino incluso el diálogo, todo hace pensar que estamos ante una operación de mayor calado
Porque el problema, con ser grave, no es solo que los recortes previstos supongan un deterioro apreciable en la calidad de la educación y dificulten el acceso a la Universidad a quienes carecen de recursos económicos, sino que, poco a poco se está configurando algo que algunos sospechábamos desde el principio: la situación económica está sirviendo de coartada para introducir cambios estructurales en los pilares básicos del Estado del Bienestar. Por eso los dirigentes populares han pasado de justificar los recortes en la necesidad de reducir el déficit a criticar el sistema educativo por caro y de baja calidad, a hacerlo responsable de un fracaso escolar achacable fundamentalmente al modelo productivo, basado en el ladrillo, que propicio Aznar
Sin duda hay margen de mejora tanto en la calidad como en el coste, pero cuando el porcentaje del PIB que dedica el Estado a educación, el 4,6, es inferior en más de un punto a la media de la OCDE (y entre 1,5 y 2,2 con los países nórdicos), ¿qué sentido tiene querer reducirlo hasta el 3,9? Esto supone ponernos al nivel de El Salvador o la República Dominicana. ¿De dónde se va a recortar? ¿Qué modelo económico y social se pretende?
Los conservadores y sus voceros parece que han llegado a la conclusión de que la enseñanza en los años sesenta no era tan mala, que, a pesar de formarnos en las aulas de 40 alumnos, las personas de aquella época no hemos tenido problemas ni sociales ni laborales. Se olvidan, interesadamente, de que entonces la sociedad española era mucho más homogénea, que la enseñanza no era obligatoria hasta los 16 años, que solo el 35% de los niños y niñas estudiaban bachiller elemental (14 años) y que el porcentaje se reducía al 25% en el caso del superior.
Con este modelo se renuncia a utilizar la enseñanza como factor de equilibrio social. Ya se está poniendo en cuestión la conveniencia de la educación infantil, de cero a seis años, justo el periodo más importante para disminuir las diferencias por origen de clase social, para equilibrar el punto de partida en la etapa de primaria. También la escuela rural sufriría un fuerte retroceso y no tendrían cabida proyectos como el de diversificación, que ha permitido rescatar del fracaso escolar a muchos alumnos con especiales problemas formativos o sociales.
Es normal que la derecha y la clase dominante no tengan ningún interés por disminuir las diferencias sociales, al fin y al cabo su ideología implica una sociedad clasista. Con que la enseñanza pública sirva para formar buenos eslabones del proceso productivo es suficiente. Sus hijos, perpetuarán el dominio de clase formándose en la privada.
Lo que no parecen tener en cuenta quienes apuestan por el sistema de enseñanza de hace 50 años, es que sociedad actual es mucho más compleja y exigente, que los puestos de trabajo requieren más formación y más polivalencia y que el modelo educativo de la dictadura, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el retraso económico de España, el débil modelo productivo, las dificultades para competir en productos con alto valor añadido. Y la estrategia de competir en salarios tiene ya poco recorrido.
El ministro Wert aludía el miércoles a la mayoría absoluta del PP para hacer lo que quiera sin consultarlo con nadie. Es cierto que tiene los instrumentos legales para hacerlo, pero carece de legitimidad al aplicar una política que ha ocultado en su programa electoral. Sin embargo la ciudadanía, aunque carezcamos de instrumentos legales tenemos toda legitimidad para oponernos con todas nuestras fuerzas. Y estas, afortunadamente, crecen día a día.
Enrique Tordesillas (Colaborador de El Periódico de Aragón y Radio Zaragoza)Publicado en nuevatribuna.es
