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EL DIARIO FENIX.COM: LOMCE, una ley controWERTida
Juan Manuel Vidal
El informe PISA sobre el “fracaso escolar” en España supuestamente ha sido el motor de la LOMCE, la nueva reforma de la enseñanza por la que apuesta el PP, con un sistema educativo basado “en la calidad, el mérito, el esfuerzo y la mejora de contenidos”, pero en vez de apostar por la educación pública de calidad, se deja llevar por la innegable influencia de la Iglesia Católica, promotora de que la religión, católica naturalmente, recupere su situación de privilegio en el sistema educativo, pautando el resto de la reforma. Sin más consenso que la mayoría absoluta, el PP impone por rodillo la 7ª reforma de la Democracia.
“La religión, la creencia en la omnipotencia de Dios para el castigo o el premio, nunca tiene por sí misma un efecto civilizador o moderador de los afectos. Al contrario, la religión es siempre exactamente tan civilizada como la sociedad o clase que la sostiene”. Apelamos al sociólogo judío-alemán Norbert Elias para abordar un asunto controvertido o por seguir el juego del título, controWERTido, como es la aprobación de la 7ª reforma educativa de la Democracia, que más parece un nuevo adoctrinamiento y un guiño a la Iglesia Católica que una medida necesaria para ajustar al alumnado en el camino de la perfección educativa.
El origen de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el pasado 17 de mayo, parte de unos argumentos según los cuales la educación española queda malparada en el informe PISA de la OCDE (2012), criterio justificativo usado como argumento en su preámbulo y justificación. Sin embargo, algunas voces discordantes señalan que “no estamos tan mal, pues no hay diferencias significativas entre la media de la OCDE y la nuestra”, como apuntaba Jesús Jornet, Catedrático de Medición y Evaluación Educativas del departamento MIDE en la Universitat de Valencia, en una conferencia sobre “Igualdad y educación” pronunciada el pasado mes de enero de 2013 en Valencia.
Según Jornet, la “opinión generalizada” derivada del informe PISA, y que la LOMCE usa como excusa, apunta que “el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de la calidad educativa, como ponen en evidencia los pobres resultados obtenidos por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación internacionales como PISA”, cuando para Jornet los resultados “demuestran que la posición española se sitúa en la media” de la OCDE en las diferentes oleadas evaluadas (de 2000 a 2009).
El informe PISA 2009 incorporaba el análisis a cerca del estatus socio-económico y cultural (ESEC) de regiones y familias puesto que “el logro medio en un país o en un centro está condicionado por el tipo de población a la que pertenece”. En el mismo, “España obtiene mejores resultados que los esperados por su ESEC”, lo que implica que “la escuela aporta un valor compensatorio de mejora y equidad social”. Jornet afirmaba entonces que “en España el % de alumnos que se sitúa en niveles medios supera el promedio de la OCDE, igualando a países como Finlandia”, que está en lo más alto, pero sí es cierto que “nos falta un mayor número de estudiantes excelentes”.
Nos encontramos pues no ante la garantía de una educación generalizada, sino ante la búsqueda de la excelencia y, para ampliar ese cupo de excelentes, como señala el catedrático de la UV, hay 2 opciones: “La de Finlandia, inclusiva, da más oportunidades a todos; mientras la de Estados Unidos busca la excelencia por la selección de estudiantes”. Pero la opción inclusiva precisa ayudas. “La LOMCE sugiere programas de refuerzo, cierto, pero ¿con qué dinero? Si se opta por una política inclusiva, se requerirá un esfuerzo económico importante”, se pregunta Jornet.
¿Acabar con el fracaso escolar?
Según indicó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el 17 de mayo, día de la aprobación en CCMM, “la inversión en educación se ha duplicado en la última década y el fracaso educativo también. Por eso hemos aprobado este proyecto de ley. Necesitamos la remodelación urgente de nuestro sistema educativo porque no nos podemos permitir las cifras de fracaso, abandono y paro juvenil”. La reforma tiene entre sus múltiples objetivos el refuerzo de conocimientos instrumentales, flexibilizar de las trayectorias, incorporación y desarrollo de sistemas de evaluación externa, promoción de la autonomía en los centros docentes, frenar la repetición de curso, aumentar las tasas de titulación en secundaria, fortalecer la labor directiva y docente, potenciar las tecnologías de la información y mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras.
El President Artur Mas ha llamado a la confrontación directa de la Ley Wert. Foto: Agencias
La nueva ley incorpora también las dos modalidades de 4º de ESO, una para los que optan a acceder a la FP y la otra para preparar el acceso al Bachillerato y las pruebas externas al concluir la ESO, a fin de motivar al alumno a esforzarse más, asegurando que quien acceden al Bachillerato o a la FP está suficientemente preparado. En ello incidió el ministro Wert al indicar que una de las nuevas aportaciones al concluir cada ciclo educativo será la evaluación externa en todo el país, si bien éste quiso en todo momento eludir la palabra tabú reválida, anacronismo que retrotrae ineludiblemente a muchas generaciones al pasado, negando la mayor y recurriendo a eufemismos al afirmar que “no son reválidas, ni pruebas de conocimiento, sino de consecución de objetivos”.
Dicho así parecería una reforma estrictamente técnica. Lo controWERTido se halla debajo, cuando se escarba en los argumentos y se encuentra el verdadero carácter doctrinal e instrumental de la reforma. El primer punto polémico es la enseñanza en castellano. El Estado abonará por adelantado el coste de enseñar en castellano en los centros privados para los estudiantes que se decanten por esa lengua como principal cuando la comunidad regional no la ofrezca ni en el sistema público ni en el concertado, según denuncian algunos padres en Cataluña. La medida será transitoria, recuperándose el dinero, unos 5M€/1.000 alumnos, desviándolo de lo devengado a la correspondiente comunidad autónoma. Esta medida ha generado amplio rechazo en Cataluña, donde incluso el Presidente Mas ha llamado a hacer un frente común contra la LOMCE al considerarla una agresión contra Cataluña. Tengo curiosidad por saber cuál será la postura del Arzobispo de Barcelona, Lluis Mª Martínez i Sistach, o de los mismísimos abades de Montserrat.
La Ley WERT ya es calificada por algunos como “un atentado” contra el modelo público, que apuesta por la segregación escolar por sexos, pero sobre todo por la religión como asignatura o su alternativa, Valores Sociales y Cívicos en Primaria y Valores Éticos en Secundaria. Pero es que esta ley contradictoria, porque por un lado la religión será optativa, pero por otro lado puntuará en el expediente académico, como las matemáticas o la historia, incluso para obtener becas o para los procesos de admisión de alumnos, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los niños deben estudiar las creencias e ideologías que sus padres decidan hasta su emancipación, sin imponerse obligatoriamente por el sistema escolar.
Esta decisión incurre en una “evangelización” programada desde la propia Iglesia, es decir, que sea la Jefatura de la Iglesia quien rija en la enseñanza de la educación religiosa, lo cual no ocurre ningún otro país europeo, donde las directrices, incluso en materias similares, las da el propio Estado. Recordemos que el Concordato firmado por España con la Santa Sede en 1979 contemplaba la existencia en el expediente escolar de la asignatura de religión católica pero sin carácter obligatorio, pero también albergaba la existencia de colegios concertados, aunque sostenidos con dinero público, lo cual fue una interpretación contradictoria sólo existente en Bélgica y España.
Pese a todo, José Ignacio Wert afirmó el pasado lunes en los micrófonos de la Cadena SER que “esta ley es un antídoto contra el abandono escolar y contra los resultados mediocres en las evalucaciones internacionales” y que él no se ha plegado a la Conferencia Episcopal, “solo he recogido el acuerdo con la Santa Sede” cuando, según la Oposición, esta ley no solo hace un guiño a la Iglesia sino que impone la religión con el mismo valor que la historia, las matemáticas, etc.
En el colmo del cinismo, Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, señaló que los modelos educativos socialista y nacionalista “han estado más pendientes de la ideología y el adoctrinamiento que de la formación de calidad… estas cosas son las que luego se pagan en las evaluaciones internacionales”. Por eso, desde la Oposición, Rubalcaba se pregunta “¿qué tiene que ver la calidad de la educación con que la religión cuente para una beca o para entrar en medicina?”, ahondando en que “la iglesia ha ganado y la derecha, de manos de la Conferencia episcopal, nos devuelve a los 80”, y anuncia que de seguir esta ley pedirá la ruptura del Concordato, cuando el PSOE tampoco lo abordó hasta ahora.
Una reforma anacrónica
La Religión, tradicional e histórica “maría”, en un país aún con fuertes ataduras católicas, se ve manifiestamente privilegiada en esta nueva ley, pasando a contar como asignatura evaluable. Cínicamente, cabría señalar que mejor no quejarse demasiado, porque ello no hará sino mejorar los expedientes de alumnos que así verán infladas aún más sus calificaciones, de por sí reflejo en muchos casos de un trabajo cada vez menos exigente. Pero el asunto, ya sin frivolidades, no es baladí. Como apunta Francisco Salvador, Profesor de Literatura con amplio bagaje en la enseñanza secundaria española, “aquí lo educativo es secundario. Estamos ante un problema de poder político e influencia clerical manifiesta en el ámbito de la sociedad civil. La legislatura actual es clave para que la jerarquía eclesiástica católica, que reclama desde 1990 con la LOGSE un mayor peso de la asignatura de Religión en las aulas, lance su órdago”.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Antonio Mª Rouco Varela, parece el gran ganador con esta Ley. Foto: Agencias
El Concordato español es un anacronismo impropio de una educación pública de carácter laico, pero la Conferencia Episcopal decidió hace tiempo sacar el mayor partido no solo a sus prerrogativas, sino a su influyente posición en el actual gobierno del PP. Por eso Salvador incide en que se trata de un “bandazo ideológico vinculado a la mayoría del PP y mientras dure esa mayoría existirá esta ley, por lo que no debemos descartar una 8ª reforma, y luego una 9ª, pues el consenso, parece imposible, dado que la educación parece un arma arrojadiza, carente del pacto de Estado necesario, donde prime lo educativo y sus reformas sean mínimas, en fondo y forma, y nunca sustanciales como la reforma que ahora se pretende”.
Dejando de lado sospechosas e interesadas actitudes, esta norma supone cuando menos ignorar el agnosticismo o indiferencia socialmente crecientes entre los jóvenes y en el conjunto de la sociedad, amén de un obvio y manifiesto laicismo. Ante este panorama, si toda la apuesta de la Iglesia oficial para frenar un irreversible proceso de secularización radica en ampliar el peso de la asignatura de Religión, flaco servicio se le está haciendo a un espíritu evangélico y auténticamente cristiano.
Más allá de la clericalización o secularización educativa, debíamos cuestionarnos qué clase de ciudadanos estamos formando y si modificaciones legales de estas características son contraproducentes para el normal desarrollo educativo de un país. La educación es uno de los pilares de todo Estado y su estabilidad condiciona la arquitectura interna durante generaciones. No debía por tanto frivolizarse con su alteración tan a la ligera. Esta reforma se une a los recortes hechos en 2012 recabando protestas en todas las direcciones contra Wert. La Plataforma por la Escuela Pública (FETE-UGT, CCOO, Sindicato de Estudiantes, CEAPA y STES) ha vuelto a tomar la calle al considerar la LOMCE la otra cara de los recortes, con un sistema más barato que separa y selecciona, adelantando itinerarios y recuperando las reválidas, en vez de ofertar una mayor atención a la diversidad con ayudas, refuerzos, etc., más costosa.
La convivencia pacífica y simultánea de la educación pública y privada ha garantizado la escolaridad de los más pequeños, independientemente del poder adquisitivo de sus progenitores, si bien algunos gobiernos autonómicos han mostrado cierta tendencia a la concesión de facilidades a intereses privados, especialmente religiosos y, dentro de éstos, a ciertas órdenes con las que comulgan algunos altos responsables. Esta ley discrimina a los alumnos y privilegia a la enseñanza privada frente a la enseñanza pública. Es una ley ideológica disfrazada bajo excusas técnicas, sobre todo cuando no hay imposiciones desde Bruselas, pero tampoco un ápice de consenso con la bancada de la Oposición, ni siquiera aproximaciones para su aprobación en el Congreso.
El debate secular sobre las virtudes de lo público y lo privado ha llegado con este gobierno del PP a su máxima expresión, supeditando los recortes educativos y la austeridad al avance de la grave situación económica, como si la educación fuera un derroche y privilegio al alcance de unos pocos elegidos y no un derecho universal como reconoce la UNESCO. La educación requiere proyectos estables, duraderos y normalidad tanto para padres, como para profesores y alumnos. Solo una reflexión final: si la jerarquía eclesiástica piensa que la invitación a la fe y a la evangelización va a poder hacerse desde el marco de una asignatura obligatoria, deberían revisar seriamente sus criterios educativos. La propia UNESCO indica que “educar es contribuir a la formación de personas libres y responsables”, no adoctrinadas ni gregarias.
