No es casualidad que lo más casposo de la ultraderecha internacional y el capital financiero se sientan atraídos al festín, como buenos carroñeros.
Durante 15 años el PP ha cambiado el mapa educativo, reduciendo premeditadamente el sector público.
Las primeras universidades privadas se inauguran en Madrid con el gobierno de Felipe González en el año 1993, bajo cuyo mandato se facilitan las condiciones previas para la privatización y los conciertos educativos y es el PP madrileño quien impulsa la legalización de nuevas universidades hasta duplicar a las públicas y se ha pasado a una relación 6 públicas/13 privadas que se disputan al alumnado prácticamente en una lógica de mercado. Llevadas a la bancarrota por la propia administración, reduciendo su presupuesto para forzar su asfixia económica, las universidades públicas están listas para caer en manos de sus depredadores, especuladores financieros. El gobierno madrileño sirve a los intereses buitres para proporcionar una desigualdad calculada a favor de las privadas que les disputan 377.840 alumnos (según los datos de la Comunidad de Madrid del curso escolar 2024-2025). A esto hay que añadir la suculenta tajada de la formación profesional de grado superior para todo tipo de tiburones financieros a quienes el gobierno de Ayuso ha dejado la puerta abierta.
Este mecanismo de privatización y deprivación de recursos para la educación pública no universitaria, que se inicia desde 2008, lo venía denunciando la Marea Verde en guardia permanente desde 2011, señalando a sus responsables por acción u omisión. En la formación profesional de grado medio, también la iglesia católica tenía intereses en el sector.
En el campo educativo convergen intereses de la iglesia católica, de la especulación urbanística e inmobiliaria y la corrupción ligada a las concesiones para construir colegios privados y privado-concertados. Estos factores han orientado los intereses de la derecha desde que Esperanza Aguirre subiera al poder tras el Tamayazo y han definido la política del Partido Popular en Madrid en materia educativa.
Por otra parte la educación infantil y la educación especial fueron a menudo expulsadas del sistema educativo (con la LOMCE fue atroz) para despojarla de su caracter pedagógico y desregularizarla y así posibilitar la privatización de su gestión e incrementar el margen de lucro, llevando a sus trabajadoras a una precarización extrema, rebajando los requisitos mínimos necesarios para crear una escuela (superficie mínima por alumno, el tamaño de las aulas, los patios, áreas comunes, ratios… etc) y degradando las condiciones laborales de sus profesionales hasta una situación insostenible.
En el actual conflicto el Ejecutivo madrileño abandona a la educación pública de forma premeditada y desprestigia a sus docentes para que se vea con buenos ojos a la privada concertada.
Defienden sus intereses y las prácticas corruptas cuya impunidad condujeron a actuar con imprudencia hasta desvelarse el caso del Ático.
El error de cálculo ha llevado al PP madrileño a enrocarse en sus posiciones y usar las mismas estrategias para adquirir protagonismo, empantanando la comunicación, vomitando basura y criminalizando la protesta.
En Madrid un ídolo de barro tiene sus días contados y ni siquiera la justicia servil puede sostener sus desmanes ni ocultar el olor a podredumbre. Esto solo puede revertirse si actuamos, porque para la educación pública es una cuestión de supervivencia.
