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martes, 21 de julio de 2020

Un elefante en el aula (Antonio Maestre para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica este artículo

La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer

Cataluña y Aragón están empezando a perder el control de una segunda ola de la pandemia cuando solo se atisban los efectos de la desescalada. Madrid es posible que esté igual, pero como Isabel Díaz Ayuso ha desistido de contratar a rastreadores que hagan seguimiento de los casos no lo podemos saber. Ayuso con la pandemia es el mono que se tapa los ojos, lo fue con las residencias y lo está siendo ahora. Mientras, Quim Torra se sigue peleando con la ley. Se sorprende cuando un juez le niega que pueda ordenar a los ciudadanos quedarse en casa y, con tal de no pedir ayuda al Gobierno de España, se le ocurre recomendar a la gente que no salga, mostrando la incapacidad argumental de los que negaban el estado de alarma como única herramienta legal posible. Los del estado de alarma como 155 encubierto se han dado de bruces contra el virus. Contra esta enfermedad no sirve la política procesista efectista, inútil y de confrontación que es norma en Cataluña, quién lo iba a decir.

Pero no nos perdamos en disquisiciones irrelevantes. Lo que está ocurriendo no será nada comparado con los riesgos que se correrán en septiembre y sus previsibles consecuencias. El curso escolar comenzará sin que se haya tomado ninguna decisión que no sea abjurar de la propia responsabilidad y asumir que no son capaces de garantizar la seguridad en las aulas para estudiantes y docentes. Las familias tienen que saber que cuando lleven a su hijo a la escuela o al instituto lo harán sin ningún tipo de garantías sanitarias más allá de la profilaxis que todos estamos siguiendo estos días pero en entornos mucho menos higiénicos que el aire libre, la playa o una terraza. El Ministerio de Educación de Isabel Celáa y las consejerías de educación de distinto signo político han tirado la toalla, no son capaces de aportar soluciones efectivas para que el curso se reanude en septiembre con unas mínimas condiciones sanitarias exigibles.

La realidad de la educación pública es que es completamente imposible aportar unos criterios mínimos de seguridad sanitaria sin realizar una aportación de recursos y fondos que ninguna administración está dispuesta a hacer. La legislación estatal en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, establece que las aulas deben disponer de un espacio de 1,5 metros cuadrados por persona, esto en una situación normal, sin necesidad de distanciamiento social. Es decir, en condiciones normales una clase de Bachillerato con sus 36 alumnos tendría que disponer de un aula de 54 m2. Para mantener la distancia que marcan las pautas sanitarias de dos metros entre alumnos no cabrían en las aulas tipo de un centro público más de 12 alumnos, lo que supondría reducir la capacidad hasta un tercio. La única manera de que los alumnos y profesores no estén en riesgo es duplicar o triplicar recursos humanos y materiales.

¿Cómo se va a mantener la distancia de seguridad con ratios de 30 a 38 alumnos por clase? En la EVAU se han realizado las pruebas con unos aforos de sala del 30%. Ese porcentaje supondría meter en un aula solo a 12 estudiantes en una clase de Bachillerato de 38 alumnos, el máximo permitido por la CAM. Esa es la ratio de seguridad que las administraciones públicas han fijado para la EVAU pero han desistido de hacerlo al comienzo del curso porque eso supondría tener que aumentar los recursos por tres. En profesores y en espacio. Si no son capaces de hacerlo porque no hay dinero, que lo digan. Que sean claros, no pueden garantizar la seguridad de los menores ni de sus trabajadores.

La Comunidad de Madrid ha establecido unos escenarios tan ambiciosos para reanudar las clases en septiembre que van de llevar mascarilla a que no exista el virus. El consejero de Educación se ha lavado las manos dejando a los centros toda la responsabilidad en la gestión y dejando a los profesores la decisión de controlar los síntomas de los alumnos: tendrán que sacarlos del aula cada vez que uno muestre síntomas. Convierte a los profesores en personal sanitario y tendrán que llamar al 112 cada vez que un alumno tosa. Un plan sin fisuras.

Queda poco más de un mes para que se reanuden las clases y el cuidado plan de contingencia contra el COVID es embadurnarse de gel. Hay un elefante en el medio del aula y nadie parece prestarle atención. Lo único cierto y concreto de las previsiones es que cuando lleven a sus hijos al colegio estarán comprando un billete para una truculenta lotería.

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