Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en eldiario.es
Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos
23 de julio de 2021
Lo venía diciendo la comunidad científica y pedagógica, lo sabemos por nuestra experiencia como docentes a pie de aula, y lo confirma el sentido común: se educa y se enseña mejor de 20 en 20 alumnos que de 33 en 33, o de 38 en 38, que son las ratios que se plantean en ESO y bachillerato en la Comunidad de Madrid (CM) para el curso próximo. Y lo recomienda la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea: 20 estudiantes por grupo-aula en educación primaria y secundaria; 30 en aula universitaria según establece el Plan Bolonia. Pero hemos tenido que vivir una pandemia para comprobarlo con carácter general. Durante la crisis sanitaria de la Covid hemos descubierto el valor de lo esencial en educación, aunque, como decía Antoine de Saint Exupery, a veces lo esencial es invisible a la vista, y eso parece que es lo que le pasa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Los retos para el curso próximo son la total presencialidad, las garantías sanitarias y la mejora de la calidad educativa. Que se alcancen, depende en gran medida de la inversión, de las ratios y de la contratación de profesorado. La Consejería de Educación ha anunciado la contratación de 6.700 profesores y otros profesionales. Estas contrataciones en realidad suponen la reducción en unos 5.000 profesores, con relación a los contratados el curso pasado, que la propia Consejería de Educación reconoce que fueron 10.600.
La Consejería intenta contabilizar como nuevas contrataciones las 3.700 plazas de la oposición de Secundaria, pero son las mismas plazas ya existentes que cambian de naturaleza: pasan de estar cubiertas por profesorado interino a serlo por funcionarios de carrera en prácticas. Pero lo que mide la realidad, no son las cuentas del "Gran Capitán" que haga la Consejería de Educación sobre profesorado contratado, sino los cupos concretos que llegan a los centros. Éstos, no contemplan la reducción de la ratio, ni el aumento del profesorado de refuerzo. Según explican los directores de institutos públicos, se destinan 600 profesores para 353 institutos públicos. Eso viene a suponer un par de profesores más por centro, fuera de cupo, y eso no sirve para realizar desdobles, ni reducir las ratios (que van a estar en 30-33 en ESO y 38 en bachillerato). Dos ejemplos: un IES del centro de Madrid con 1400 alumnos, tendrá 3 profesores más y 0,5 para el departamento de orientación; un IES del Corredor del Henares con 1.300 alumnos, 2,6 profesores y 0,5 en orientación.
Mantener ratios altas tiene consecuencias demoledoras. Por un lado, dado el pequeño tamaño de muchas aulas, es imposible garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado en los escenarios covid que se contemplan con ratios tan altas en clase y con una distancia de seguridad de 1,2 metros. Por otro lado, es seguir apostando por la mediocridad del sistema educativo, algo que se ha puesto de manifiesto con el retroceso de Madrid en los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias.
Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos. Necesitan muchos cuidados en esas etapas tan tempranas de sus vidas. Por no hablar del efecto de mejora de las condiciones de la docencia y la consiguiente reducción del estrés del profesorado.
No es aceptable que, siendo Madrid la comunidad autónoma más rica, sea la que menos invierte en educación. Tan solo un 2,25% del PIB frente al 4,27 % de media en España y al 5% que recomienda la LOMLOE. Con 34.916 euros de PIB per cápita, solo invierte 4.700 euros por alumno/año, 1.000 euros menos que la media de España, 2.000 euros menos que Castilla León, y 4.300 euros menos por alumno que el País Vasco. A lo anterior hay que añadir los Fondos de Recuperación europeos de los que va a disponer la CAM. Por último, hay que hacer una mejor gestión del dinero público. Tres ejemplos de gastos poco útiles: 5 millones de euros en pruebas externas de bilingüismo; 1 millón de euros en algo tan absurdo como un programa para evitar que se copie en los exámenes online; 15 millones en Aula Planeta, una enciclopedia virtual que nadie pidió y que nadie utiliza, un dinero que hubiera permitido contratar a 500 profesores durante todo el curso.
Las Instrucciones de la Consejería que acaban de llegar a los centros educativos para el curso 2021-2022, confirman que el anuncio solemne de Ayuso en la sesión de investidura de que iba a bajar las ratios es una burla cruel. Para que se entienda lo que ha propuesto, imagínense que con la Covid se dijera: tenemos dinero, pero no vamos a comprar vacunas y ni a vacunar hasta septiembre de 2022 y solo a los de 4 años. Por respeto a la ciudadanía y a sí mismo, el Gobierno Ayuso no debería seguir usando un coctel de mentiras y propaganda, anunciando a bombo y platillo una bajada de ratios que tardaría 10 años en llegar a la ESO.
La reducción de ratios tiene que ser algo estructural y no episódico frente al fracaso escolar y a los mediocres resultados educativos. Por ello, es muy escandaloso que habiendo dinero no se invierta en mejorar la educación pública, por una decisión política que ignora y desprecia una educación de calidad en nuestra comunidad. El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid olvida que lo que mide el grado de civilización de una sociedad es cómo cuida a su infancia y a sus mayores, y aquí se les abandona. Y si fue muy grave la muerte de ancianos en las residencias, también lo es que un alumno de Madrid no tenga las mismas oportunidades educativas que otro del País Vasco, Asturias o Castilla León.
La educación es la mejor inversión. Lo demostraba James Heckman, Premio Nobel de Economía del 2000, afirmando que por cada dólar (o euro) invertido por niño, el rendimiento es de entre el 7 y el 10% a lo largo de su vida; es decir, que cada dólar invertido en educación inicial revierte en 8 dólares del producto social en las etapas posteriores; una rentabilidad mucho más elevada, insistía irónicamente Heckman, que los fondos de inversión.
Solo un gobierno incompetente puede ignorarlo. Solo un Gobierno prepotente como el de Ayuso, puede negarse a negociar estos temas, como hacen otras comunidades autónomas. Por ello, hay que decirles dos cosas: primero, que dejen de actuar como si fueran la reserva del neoliberalismo más rampante; y, en segundo lugar, que si les parece que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. En todo caso, desde Unidas Podemos, seguiremos empeñados en defender una educación pública de calidad de todas y para todas.
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