Reproducimos esta información de ELSALTODIARIO.COM
Dos meses después de que más de cuatrocientos docentes escribieran a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid solicitando una mediación para restituir el suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana y así “asegurar el derecho a la educación” de las niñas y niños afectados por el corte de luz, el consejero Enrique Ossorio Crespo ha respondido desentendiéndose de cualquier responsabilidad y dictando algunas “recomendaciones” para que sigan siendo los centros educativos los que asuman la delicada situación.
Casi como si no corriera prisa, Ossorio se ha tomado más de sesenta días para responder a una plantilla docente que ha tenido que extremar sus recursos e ideas para solventar una situación inédita, que una parte importante de su alumnado tenga que vivir —hace ahora seis meses— sin energía eléctrica en sus hogares. La carta ha sido recibida por la dirección de los colegios a donde asiste alumnado que reside en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, afectados desde hace seis meses por la falta de energía.
En respuesta a la carta de más de cuatrocientos profesores para pedirle una mediación por la infancia de la Cañada Real, Enrique Ossorio les sugiere que compren y presten tarjetas móvil de datos
“Quiero agradecerles todas las actuaciones desarrolladas que han favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta situación crítica, minimizando, en la medida de lo posible, los efectos que ha causado la interrupción del suministro eléctrico en este entorno madrileño de la Cañada Real Galiana. Somos conscientes de que los centros han respondido con entrega a estas dificultades, dentro de las posibilidades que les otorga su autonomía organizativa y metodológica”, ha respondido el consejero sin hacer mención al problema de fondo: que 4.500 personas, entre ellas 1.812 menores de edad, se están viendo obligadas a vivir sin luz por el corte producido el 2 de octubre de 2020.
En el escrito presentado el 9 de febrero por el claustro docente de una veintena de centros de educación primaria y secundaria ubicados en los distritos de Vicálvaro, Villa de Vallecas, y del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se denunciaba que no se estaba respetando “el interés superior del menor” y que a consecuencia de la situación temían “por la seguridad y salud de estos niños por los problemas de habitabilidad que presentan sus hogares”.
“Actualmente habitan en una zona marginal comparable a la de los campos de refugiados, que no les permite tener una educación cerca de sus viviendas, a pesar de vivir tan solo a 10 kilómetros de la capital de España, y donde carecen de los servicios básicos (imposibilidad de acceso al agua caliente impidiendo el aseo diario, dificultad para realizar la colada conllevando la falta de higiene y apariencia adecuada, falta de una alimentación equilibrada, falta de calefacción generando casos de hipotermia, etc.)”. denunciaba el profesorado en el documento firmado.
Enrique Ossorio, pese a que la Consejería de Educación y Juventud participa en la Comisión de Trabajo Social del Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana, solo admite que desde su área han “estado analizando las consecuencias de la interrupción del suministro eléctrico”, pero no da ninguna respuesta ni especifica ninguna actuación que pudiera beneficiar la educación de los menores.
En tal sentido se limita a puntualizar cinco recomendaciones en las que destacan priorizar tutorías, habilitar zonas para que el alumnado pueda recargar sus dispositivos electrónicos y reorganizar clases “con el objeto de que los escolares que tienen problemas para conectarse telemáticamente desde sus casas, puedan hacer efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje”.
La más singular, la que invita a “facilitar los medios materiales a su alcance para mitigar la situación de desventaja, como por ejemplo la adquisición y préstamo de tarjeta móvil de datos”.
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