Una cifra aislada, sin apellidos y sin contexto, nos dice entre poco y nada. Madrid dedica 4.727 euros a cada estudiante no universitario en la enseñanza pública. ¿Es poco? ¿Suficiente? ¿Demasiado? Para entendernos, es la comunidad que menos gasta por alumno, a pesar de ser la más rica de España en PIB (ver aquí). Mil euros por debajo de la media nacional, que está en 5.779 euros según las últimas estadísticas (que diría Dámaso Alonso).
El primer apellido de este número aislado se llama "concertada". Ahí sí que han demostrado músculo los gobiernos conservadores madrileños de los últimos 25 años. Si el "gasto" (ojalá lo creyeran inversión) total en educación ha subido entre 2009 y 2019 un raquítico 1,3%, los recursos públicos dedicados a los colegios concertados y las subvenciones a los privados han crecido un 26,6%. Para alegría de la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, propietarias de una cuota importante de los conciertos (ver aquí).
El segundo apellido es "negocio". Desde primaria hasta la universidad y más allá. Cuando dicen "libertad" se refieren de facto a su libertad para exprimir hasta el último euro del presupuesto común para beneficios privados. ¿Cómo si no se justifica que Madrid acumule más de un tercio de las universidades privadas de toda España, camino de duplicar el número de centros públicos? En este año y medio de legislatura, el único proyecto de ley en materia de enseñanza llevado por Ayuso a la Asamblea, y aprobado en lectura única (a toda prisa) con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, es el que adjudica otra licencia más para otorgar títulos universitarios, ahora a beneficio de una empresa del Grupo Planeta de Agostini. "Maldita la gota que se desperdicie", que diría el Lazarillo.
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