La década perdida en el sistema educativo: de aquellos recortes, esta brecha (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Publicamos este reportaje de ELDIARIO.ES

Ha tenido que desatarse una pandemia para que quedara al descubierto lo que algunos ya venían advirtiendo desde hace tiempo: España es un país de grandes desigualdades socioeconómicas. Y, en el campo de la Educación, ha tenido que ser la escuela pública la que diera la voz de alarma: nuestro sistema educativo, la mejor herramienta –en teoría– de compensación social, no está llegando a todos.

El cierre de los centros educativos en marzo llevó a los periódicos y telediarios casos como el de la familia de Fali, vecina de un barrio humilde del sur de Madrid: cinco miembros conviviendo en 30 metros cuadrados y con un solo punto de acceso al mundo virtual; un móvil que padre e hijo usan por turnos para cumplir con sus respectivas obligaciones. En el caso del pequeño, este dispositivo se convirtió durante el estado de alarma en su única ventana a la educación.

Esta brecha digital no es anecdótica, sino un síntoma más de la brecha social que sigue dejando atrás a los estudiantes que más recursos y atención merecen. La familia de Fali, además, pertenece a la etnia gitana, una minoría especialmente vulnerable en el que el 79% de los hogares no tiene ordenador en casa y el 89% sufre pobreza infantil, según el Secretariado Gitano. Para Guadalupe Jover, profesora de Secundaria en un instituto de la sierra oeste de Madrid, es precisamente esta brecha social contra la que la escuela pública debería ser el más potente mecanismo corrector.

"Cuando hablamos de escuela pública, hablamos principalmente de justicia social y de cohesión social. Entendemos la justicia social como el mecanismo fundamental de reparación de desigualdades. La escuela pública debe favorecer las políticas de equidad, dar más a quien menos tiene. Cuando nos referimos a la cohesión social, hablamos de que cada aula debería ser un reflejo de la heterogeneidad social. Del origen geográfico y cultural, de las creencias religiosas o no... Y eso, hoy, no se da", argumenta.

Para entender la situación actual, hay que remontarse al menos a 2009 y, sobre todo, al 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto 14/2012 que imponía unos recortes sin precedentes en nuestra democracia. Ese año, al calor de la crisis que empezó en 2008, la escuela pública recibió un golpe del que todavía no se ha repuesto. En 2020, cuando por fin estaba el sistema empezando a reparar aquel estropicio diez años después, asumiendo una larga década perdida, ha llegado el coronavirus y se ha hecho evidente para la población en general –quienes trabajan dentro del campo de la Educación ya lo tenían claro– que los recortes no salen gratis.

"La caída de las becas, las ratios, el desmantelamiento de las plantillas y los departamentos de orientación, que proveen de orientación psicológica, pero también median entre niños, han dejado a los más vulnerables desatendidos", explica la profesora Jover. "Se ha ido procediendo a la voladura de todo lo relacionado con las políticas de equidad".

Educación pública en España / Fuentes: Ministerio de Educación y Eurostat

Historia de un tijeretazo

España, a diferencia de otros países de su entorno, decidió afrontar la gran recesión de la década de 2010 recortando en servicios públicos. Se quitaron fondos a la sanidad y a la educación pública en toda su extensión, desde Infantil hasta la Universidad. El gasto total en Educación todavía no se ha recuperado: pasó de un máximo histórico en 2009 de 53.895 millones de euros a 44.789 millones en 2014, una caída del 16,9%. El pasado curso, la partida fue de 50.807 millones, aún por debajo de la que había en 2008, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

El descenso en los fondos se tradujo, entre otras cosas, en un empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes. Los profesores, esos privilegiados, pagaron su parte de la crisis. Como colectivo, se calcula que desaparecieron unas 30.000 plazas. Los profesionales de refuerzo y apoyo educativo se llevaron el peor golpe: Pedagogos Terapeutas (PT) y especialistas en Audición y Lenguaje (AL) desaparecieron de los centros. A nivel individual, todos los docentes sufrieron recortes salariales (desapareció la paga extra y se congelaron los salarios) y hubo un empeoramiento generalizado de sus condiciones laborales. Los interinos perdieron derechos adquiridos, como que se les pagaran las vacaciones de verano. Los trabajadores con medias jornadas –con sus medios salarios– casi se duplicaron, pasando del 5% al 9%. Además, puesto que había menos profesores para el mismo alumnado, a los docentes se les aumentaron las horas lectivas.

La peculiaridad de la respuesta española a la crisis es que mientras el sistema público sufría los recortes, las escuelas concertadas apenas los notaron. Si entre 2008 y 2018 el sistema público ha perdido un 5,8% de financiación, los centros de "iniciativa social" –ese término amable que engloba a empresarios e Iglesia, dueña de dos tercios de los colegios de gestión privada que reciben fondos del Estado– rebotaron tras un pequeño descenso inicial, para acabar ganado un 11,6% de fondos.

Escuela de ricos, escuela de pobres

Si la escuela pública es –debería ser– equidad y justicia social, la concertada y la privada representan, en la mayoría de los casos y con nobles excepciones, la segregación. Los estudios más recientes sobre esta cuestión apuntan todos una tendencia inequívoca. De acuerdo con el informe Diferencias Educativas Regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie de investigaciones educativas, el reparto de alumnos sigue en España una lógica muy clara en función de la titularidad de los centros. Hay una escuela para ricos y otra para pobres: los públicos asumen "casi en exclusiva" la formación de estudiantes que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables; mientras que los privados, tengan o no concierto, apenas reciben al alumnado de extracción humilde. En cifras: la escuela pública tiene un 60% de estudiantes de entornos medios y un 33% con pocos recursos. En la privada estos datos son el 27,1% y el 7,5%, respectivamente, con un 65,4% de alumnado privilegiado. 

Frente a este escenario general donde se repiten ciertos patrones en la distribución de los estudiantes según su origen socioeconómico, cabe también apuntar que, en la España de las autonomías, las realidades educativas difieren por comunidades. Así, cuanto más rica es una región, más escuela concertada tiene: País Vasco, Madrid, Navarra y Catalunya son, por ese orden, las que más porcentaje de alumnos tienen en la concertada y más porcentaje de su gasto educativo público dedican a estos centros.

¿Por qué es esta una cuestión crucial en lo tocante a las desigualdades educativas? Porque los entornos influyen de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos y alumnas. "Son claramente relevantes para sus resultados educativos, tanto en término de competencias alcanzadas como del ritmo de avance de los estudios", escriben los investigadores de la Fundación BBVA y el Instituto Ivie. Los círculos viciosos.

FUENTES: Ministerio de Educación y Formación Profesional y Eurostat.

"Libertad" vs. "beneficio"

En Orcasitas, al sur de Madrid, Fali y su familia son el reflejo de las consecuencias de estas dinámicas. Al cerrar los colegios por la pandemia, la falta de recursos de la familia mostró su lado más implacable. Cuando la tarea empezó a llegar en forma de enlaces y adjuntos en correos electrónicos, el niño, que comparte el único móvil familiar con el padre, se empezó a quedar atrás; la situación se ha visto subsanada, en parte, por la dedicación y compromiso del cuerpo docente que lo atiende este curso. Los profesores han realizado jornadas interminables, con disponibilidad 24/7 para llegar a todos sus alumnos y tratar de minimizar el impacto del confinamiento entre los más vulnerables.

"No tenemos internet en casa y no me llegaban los emails. Conseguí contactar con la maestra para que me los mandara por Whatsapp, utilizando el móvil con los datos de prepago", cuenta la madre de la familia. "Y así hemos estado. Todos los otros chicos tenían tabletas o impresoras, según contaban las madres en el grupo. Y da mucha impotencia ver que tu hijo no cuenta con esos medios, que no está al nivel de los demás, y te preguntas por qué la vida te ha golpeado así".

El de la familia de Fali puede parecer quizá un caso extremo en el que se junta todo: una familia con muy pocos recursos, perteneciente a una minoría étnica cuya plena inclusión en el sistema educativo nacional sigue pendiente, y vecina de la Comunidad de Madrid, una de las regiones que más ha apostado y ha favorecido a la escuela concertada de toda España. (Esperanza Aguirre, la presidenta regional que puso en marcha el sistema que hoy rige en la comunidad, argumentaría para defender su apuesta por la concertada que el artículo 27 de la Constitución ampara la libre elección de las familias a la hora de elegir la educación de sus hijos).

Enrique Díez, profesor de la Universidad de Castilla y León y responsable de Educación de IU, cree que donde dicen "libertad" se refieren a "beneficio". "Lo privado siempre introduce un elemento fundamental: piensa en el beneficio de quien invierte. Nadie invierte en un centro educativo si no quiere un beneficio. La Iglesia, que tiene el 63% de lo concertado, dice que no hace negocio. Yo digo: no hace negocio económico, hace negocio ideológico".

La Universidad no es ajena

Si alguien sabe de beneficio económico en la educación son las universidades privadas. Solo entre 23 de ellas, de las 37 existentes actualmente, ganaron 1.700 millones de euros en el curso 2018-2019, con una rentabilidad media del 9,4%. La educación superior no ha sido ajena al proceso privatizador del sector vivido en España, que se ha dado casi en paralelo al de las etapas obligatorias.

En los últimos meses, el sector universitario privado español ha vivido el desembarco de fondos de inversión internacionales, que han adquirido los campus madrileños de la Universidad Europea o la Alfonso X El Sabio por 1.100 y 770 millones de euros, respetivamente. La educación obligatoria también ha vivido este proceso con la compra de algunos privados, ejemplificados en el caso de los colegios Laude: adquiridos entre 2006 y 2014 por los fondos Dinamia y N+1, fueron revendidos a International School Partnership ese año por entre 35 y 45 millones de euros, según se publicó en prensa. A día de hoy, Colegios Laude S. L. Tiene una facturación anual de 46,8 millones de euros y un resultado de explotación de 3,6 millones.

Históricamente, en el país habían existido cuatro centros privados universitarios: Deusto, la Pontificia de Comillas, la Pontifica de Salamanca y la Universidad de Navarra. Hasta que llegó la LOU del PP en 2001 y empezaron a multiplicarse. A principios de los 90, apenas surgieron unos pocos nuevos. En 1995 eran siete; para 2004, habían aumentado hasta 22. Diez años más tarde, pasaron a ser 33. La aprobación por parte del Gobierno de Aznar de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) incluyó dos decretos que regulaban, por primera vez, los requisitos que debían tener los centros privados de nueva creación. Con un marco legal que los igualaba a las universidades públicas en su capacidad de expedir títulos superiores, estos empezaron a proliferar.

Paso a paso, el sistema fue impulsando a la privada. La reforma del espacio europeo de educación superior (el plan Bolonia), que se implantó en España en 2007, dotó a los másteres de una importancia casi similar a los grados. Además, entre 2008 y 2015 la crisis se llevó por delante el 20% de los ingresos totales de las universidades, según el Observatorio del Sistema Universitario catalán. Para compensar esta caída de la financiación estatal, se subieron las tasas públicas un 31% de media, de modo que los precios, al menos para las familias, se acercaron a los de las universidades privadas.

En paralelo a este proceso, el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema de becas: introdujo los requisitos académicos a la hora de obtener una ayuda, rebajó la cuantía de los importes que se concedían y estableció un umbral máximo de renta para obtener una beca íntegra tan bajo (una familia de cuatro miembros con ingresos superiores a 13.909 euros anuales quedaría fuera) que muchos estudiantes se quedaron sin ayuda o, habiéndola conseguido, tuvieron que devolverla porque no conseguían cumplir con las notas mínimas exigidas. El resultado fue que decenas de miles de jóvenes (los rectores calcularon que unos 40.000) tuvieron que dejar sus estudios. 

De aquellas apuestas, estas pérdidas

Muchos expertos explican estos movimientos rebobinando hasta 1989. A finales del siglo pasado, tras ocho años de Ronald Reagan y diez de Margaret Thatcher, el mundo vivió un cambio de paradigma. El lobby empresarial europeo publicó entonces el informe Educación y Competencia en Europa, que incluía la siguiente afirmación: "La educación y la formación (…) se consideran inversiones estratégicas vitales para el éxito futuro empresarial".

Los grandes grupos de presión recogieron el guante y se pusieron en marcha. En 1998, Glenn R. Jones, presidente de Coca-Cola, comentaría tras un encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education: "Desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados más vastos y de mayor crecimiento".

Los docentes pagaron su parte de la crisis: menos salarios y peores condiciones laborales. Olmo Calvo

Especialmente clarificador resulta un escrito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), un ente hoy convertido en referente sobre políticas educativas para los Gobiernos gracias a su examen PISA. En 1996 la OCDE ya era consciente de la dualidad del nuevo mercado laboral que estaba gestándose: las empresas no iban a necesitar tantos trabajadores con formación. Pero entendió también que esta no era una idea fácil de vender, así que uno de sus analistas, Chistian Morrison, sugirió: "Si se les disminuyen los gastos de funcionamiento a las escuelas y universidades, hay que procurar que no se disminuya la cantidad de servicio, aún a riesgo de que la calidad baje (…). Sería peligroso restringir el número de alumnos matriculados. Las familias reaccionarán violentamente si no se matricula a sus hijos, pero no lo harán frente a una bajada gradual de la calidad de la enseñanza y la escuela puede progresiva y puntualmente obtener una contribución económica de las familias o suprimir alguna actividad. Esto se hace primero en una escuela, luego en otra, pero no en la de al lado, de manera que se evita el descontento generalizado de la población".

Justamente debido a la implantación del estado de alarma para atajar la primera ola de la pandemia, la presencia de grandes multinacionales en el sector educativo a todos los niveles se ha acelerado y se ha hecho aún más tangible. Google, Microsoft o HP han entrado en casi todas las aulas al hacerse virtuales como un remedio urgente al cierre de los centros educativos sobrevenido en marzo. Llamativo es, de nuevo, el caso de Madrid. La plataforma de la Consejería que debía articular la enseñanza a distancia, EducaMadrid, se colapsó prácticamente el primer día del confinamiento en primavera, dejando a los centros sin alternativas reales: o acudían al mercado (Google Suite ha estado entre las favoritas) o no había manera de dar clase a distancia. Esta cuestión trae aparejada un debate sobre la privacidad y la gestión de datos aún incipiente. Hasta ahora, las plataformas de las grandes tecnológicas se han utilizado como herramienta complementaria para la docencia, el uso masivo quizá obligue a prestar más atención a lo que se está haciendo. 

La LOMLOE y la educación como empeño (Agustín Moreno para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Publicamos este artículo de nuestro compañero Agustín Moreno para ELDIARIODELAEDUCACION.COM

• La utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida, pero no hay que afligirse: nos seguirá quedando la educación como empeño

Es una buena noticia la derogación de la LOMCE por la última reforma educativa (LOMLOE). La ley que aprobó el Partido Popular en solitario aprovechando una coyuntura excepcional de mayoría absoluta, era una ley sectaria que imponía graves retrocesos en un marco de recortes económicos. En fin, es una alegría para la comunidad educativa que nos movilizamos contra ella en masivas Mareas Verdes. Pero es obligado que la satisfacción no nos haga perder la objetividad sobre el contenido concreto de la ley y su previsible impacto de futuro.

En cuanto al contenido, la LOMLOE tiene positivas reversiones de la LOMCE. Entre ellas destacan: la supresión de los itinerarios que generaban desigualdad, de las reválidas que nunca se llegaron a aplicar, la reducción del papel de la asignatura de Religión y cierta recuperación de competencias de los órganos colegiados de los centros. También se introducen nuevos elementos como el carácter educativo de la educación de 0 a 6 años y algunas limitaciones en la educación concertada (“demanda social”, suelo, cuotas).

La reforma educativa ha recibido la crítica de los sectores conservadores que, incluso, se han movilizado contra ella utilizando bulos. Pero las críticas de la derecha no hacen mejor a la LOMLOE, porque ya sabemos que lo importante suele estar fuera de escena. La derecha actúa como la gallinita de la Pampa que da las voces en un sitio y pone los huevos en otro. Establece falsos debates (los supuestos ataques a la concertada, el castellano como lengua vehicular, la supresión de colegios de educación especial…), pero amarran lo principal: los privilegios de una Iglesia que adoctrina en un espacio que tendría que ser laico por su propia naturaleza, y la existencia de un sector privado que hace negocio con una educación segregadora que le pagamos entre todos. Lo cierto es que la ley apenas afecta al statu quo educativo existente por mucho ruido que se haga para disimular.

Tan importante como el contenido de la nueva ley es el contexto en el que se produce. Lo primero que destaca es la imposibilidad de alcanzarse un pacto educativo en España. Si nos miramos en el espejo de otros países europeos, donde existe consenso sobre el sistema y mejores resultados educativos, la pregunta es ¿por qué no es posible aquí? La repuesta tiene que ver con la existencia de poderosos lobbies como la Iglesia católica y la permanencia de la herencia educativa del franquismo: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado financiado con fondos públicos. La escena del Parlamento con la bancada de las derechas y ultraderecha en pie, golpeando los escaños y gritando ¡libertad! cuando piden privilegios ante una ley que intenta defender tímidamente la educación pública, es una metáfora del peso de ese legado. Y nos deja otra lección: por muy “moderada” que sea una ley, no impedirá las arremetidas de esos sectores contra la educación pública, como ya pasó con la LOE y volverá a pasar si no se hacen bien las cosas.

La importancia de la educación como derecho y servicio público esencial se ha vuelto a poner de manifiesto con la pandemia. Esta situación también ha revelado sus carencias una rigidez que impide dar respuestas eficaces cuando se está en situación de precariedad por los recortes y la insuficiente inversión. Ello obliga, simplemente, a sobrevivir en vez de innovar en organización, metodologías y currículo. Pero la ley no ha sido capaz de abordar temas tan cruciales como un nuevo currículo más flexible y una concepción de la evaluación adaptada a la finalidad de la educación que no puede ser otra que el desarrollo personal, crítico y ciudadano del alumnado y la cohesión de la sociedad.

Sinceramente, creo que la apuesta debería ser una ley con más alcance y con la financiación necesaria para aplicarla, pero sigue sin estar claro aquel axioma de Danton: “Lo primero es la educación”. Habrá futuro para la educación que necesita este país para sus reformas modernizadoras solo si se apuesta por cuestiones clave como las siguientes:

1. Red única de titularidad y gestión pública, frente a la existencia de la doble red. La ley no supone avances significativos en la reversión de la privatización que se viene realizando y deja sin establecer un horizonte de apuesta decidida por la red pública como vertebradora del sistema educativo con la incorporación progresiva a ella de los centros concertados.

No está claro cómo va a concretarse la creación de plazas públicas suficientes por las diferentes administraciones para atender la nueva demanda, cómo se garantizará el equilibrio en la admisión del alumnado para evitar la segregación y, mucho me temo, que seguirá sin controlarse el cobro de cuotas ilegales por los centros concertados. Las CCAA gobernadas por la derecha seguirán agrediendo a la educación pública e intentando achicar su espacio con la transferencia descarada de recursos públicos a los centros concertados. De hecho, ya han anunciado leyes para “blindar” a la concertada, quieren adelantar la campaña de escolarización para que no se aplique la nueva ley el curso próximo, y querrán seguir concertando bachilleratos y formación profesional, si no se recupera el artículo 47 de la LODE para que los conciertos educativos se ciñan en exclusiva a la enseñanza básica, que es la única universal y obligatoria. Las buenas intenciones son cosmética legal si luego no se pueden aplicar.

2. Financiación suficiente. La ley plantea que se elaborará un plan de aumento de gasto en el plazo de 2 años, y que en 10 años alcanzará el 5% del PIB (2032). Hay que recordar que, como consecuencia de los recortes actualmente solo se destina un 4,3% del PIB a gasto educativo, que la media de los países europeos es del 6%, y que las principales organizaciones siguen reivindicando un 7% del PIB de inversión educativa.

Y de la financiación dependen muchas cosas: la reversión de los recortes de la última década, la reducción de ratios, la contratación de profesorado, la recuperación de jornada lectiva en secundaria a las 18 horas preLOMCE para potenciar la cooperación y la innovación pedagógica, la atención de la diversidad, la implantación de la educación infantil pública de 0 a 3 años, y asegurar la equidad con becas y ayudas al estudio como un derecho subjetivo.

3. Laicismo. La LOMLOE mantiene la asignatura de religión en el currículo y en el horario lectivo obligatorio. Aunque se supriman los excesos que introdujo Wert como ser evaluable para contar a efectos de acceso a la universidad y becas, seguirá siendo confesional y segregará al alumnado por motivos de creencias. Es llamativa la poca importancia que se da a derechos fundamentales de la infancia, recogidos en los tratados internacionales, al permitir que en el ámbito educativo se adoctrine a menores.

Es difícil pensar en una modernización de la sociedad manteniendo esta situación que recoge privilegios impensables en los países de nuestro entorno y que no respeta la libertad de conciencia del alumnado. Por ello es necesario dejar la religión en el ámbito de lo privado y construir un currículo laico, inclusivo e igualitario.

4. Participación democrática. Sigue habiendo un déficit democrático a nivel general y de centro. El Ministerio de Educación no ha contado con la comunidad educativa, ni ha atendido las principales propuestas que ha realizado tras mucho trabajo y consenso y que se recogen en el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación. En el desarrollo posterior de la ley es fundamental que participen los sindicatos y agentes educativos. Los claustros y consejos escolares deberían de tener mayor equilibrio y protagonismo. Y, por supuesto, hay que recuperar la confianza en el profesorado y darle participación. Es una lección que se debería de aprender de una vez por todas, por una cuestión democrática y por su eficacia, tal y como se demuestra en las experiencias de sistemas de un alto éxito escolar como Finlandia o Portugal.

Resumiendo, la utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida, pero no hay que afligirse: nos seguirá quedando la educación como empeño.

Agustín Moreno, miembro del colectivo ‘Por otra Política Educativa. Foro de Sevilla’

Agradecemos la cesión de la ilustración (serie #Bosquianadas) a Ramón Besonías

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Sin 'educación' no puede haber Educación (Carlos Dones para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos este artículo de opinión publicado en ELDIARIO.ES

• El gran objetivo de esta ley es lograr una equidad en la escuela española que hoy día no existe. Nada más, nada menos. Mimemos a nuestros niños y a su educación, porque sin ellos no hay presente ni habrá futuro

La Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) aprobada el pasado 19 de noviembre en el pleno del Congreso por la exigua cantidad de 177 votos y conocida por el vulgo como la Ley Celaá, es para muchos la peor ley educativa de las ocho que hasta el momento ha visto la democracia española, al igual que para otros lo fue la Ley Wert, la LOGSE, la LOCE o cualesquiera otras confusas siglas. Todos, es decir, ninguno, tienen razón. Opinar ―hasta la fecha― es gratis, y la educación es una de estas cuestiones fundamentales de las que todo humano viviente parece ser catedrático e insigne experto de alcance interestelar. 

La educación es esencial para el bienestar y la prosperidad de un país. Sería magnífico que todas estas personas sabias predicaran con el ejemplo y expresaran sus opiniones, si no con conocimiento de causa, pues eso sería más bien pedir demasiado, sí al menos con un poquito de ello, de educación. Porque la soflama política y mediática con la que ha sido recibida esta nueva norma está siendo de todo menos educada. La LOMLOE, es cierto, ha sido utilizada como moneda de cambio en las negociaciones del PSOE con Podemos y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y de ahí que exhiba un sesgo izquierdista mayor de lo que probablemente hubiera deseado la propia ministra y el presidente del Gobierno, pero eso tampoco implica que tenga que ser mala per se. Veamos en verdad cómo puede afectar esta ley a los 8,2 millones de escolares de España. 

Aseguran sus detractores que la Ley Celaá pretende cerrar las escuelas de educación especial donde son atendidos miles de niños con distintos grados de discapacidad, lo que obligará a derivar a estos niños a colegios ordinarios; que el Gobierno pretende que un profesor que carece de la formación necesaria atienda las necesidades de niños con discapacidades severas mientras da clase simultáneamente a otros treinta críos; y que ni estos podrán avanzar ni aquellos serán atendidos como necesitan. Y, por si fuera poco, y esto sí que es verdad, que no detalla cómo ni quién financiará esa adaptación de los centros. 

Pero la realidad es que esta medida está basada en un informe de la ONU que concluía que era necesaria la integración de los niños con necesidades educativas especiales, para que dejaran de ser enseñados en centros aislados y desprestigiados. Y no, desde luego que la nueva norma no acabará conduciendo a la desaparición de las escuelas especiales, sino que lo que se quiere es adaptar en el plazo de diez años las escuelas tradicionales para que puedan acoger a más niños con discapacidad y que asistan a los centros de educación especial tan solo aquellos escolares que no puedan ser atendidos en los centros ordinarios por necesitar una educación muy específica, dado el alcance de sus disfunciones. 

La LOMLOE elimina el carácter vehicular (expresión que aparece por primera vez en 2013, en la Ley Wert) del español o castellano, por lo que los niños cuyas familias quieran que sus hijos utilicen la lengua de Garcilaso como herramienta principal en su instrucción verán cercenados sus derechos, dice parte de la turba. Lo estaban ya, pero la ley oficializa la discriminación de los niños castellanohablantes al privarles de asidero legal para reclamar su derecho a recibir al menos parte de su educación troncal en español. En la práctica, autonomías como la catalana habían arrinconado ya el castellano de las aulas frente a la pasividad de los distintos gobiernos del PP y del PSOE. Así, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya analizó hace unos meses 2.214 programas educativos de las escuelas públicas catalanas y no halló ninguno en el que la lengua vehicular fuese el castellano, por lo que en realidad el artículo de la ley Celaá no cambia nada. Esquerra, nadie lo niega, amenazó con no apoyar los Presupuestos si este requerimiento no era incluido, pero le va a dar lo mismo, pues la tozuda realidad demuestra que los alumnos catalanes, vascos o gallegos dominan el idioma de Quevedo al menos igual de bien que el resto de españoles. Y así será siempre, por cierto, pues nadie puede ser tan obtuso de renunciar a una comunicación tan bella y precisa con más de seiscientos millones de personas.

Otro lugar común de estos días es que la Ley Celaá hunde aún más el ya ínfimo nivel de exigencia de las escuelas públicas españolas y permite a los alumnos pasar de curso sin límite de suspensos. Es falso. Es posible que el ala más radical de Podemos así lo hubiera deseado, pero lo único que aporta la nueva norma al respecto es que se permitirá aprobar bachillerato con un suspenso, algo que ha creado notable escándalo, pero que es práctica habitual en los claustros de los centros desde que la presión social determina que a los niños hay que aprobarlos porque sí, lo merezcan o no, y de esto hace ya un par de décadas. 

Por otro lado, los más devotos piensan que esta ley viola el artículo 27 de la Constitución que reconoce la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban "la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Quizás Iglesias y Sánchez lo pretendieran, pero los acuerdos con el Vaticano de 1979 ―que el Gobierno quiere renegociar― impiden suprimir de la oferta de asignaturas la Religión, aunque ahora esta materia no tendrá una alternativa. Aparecerá ―si el alumno la escoge― en el boletín de notas, pero no computará, lo que provocará que muchos estudiantes que la elegían para mejorar su nota en bachillerato ―en vez de Francés o Dibujo Técnico, por ejemplo― no la cursen, lo que puede suponer una pérdida de puestos de trabajo de profesores de Religión, que no son funcionarios a pesar de que les paga el Estado, sino indefinidos o temporales designados a dedo por el obispo correspondiente. Pero, faltaría más, cada familia podrá seguir escogiendo la formación religiosa y moral que estime oportuna.

Y hemos dejado lo mejor para el final, como en una buena película de Disney. Según el parecer de sus críticos más feroces, la LOMLOE pone fecha de defunción a la escuela concertada. La elimina, la extingue. La extermina. Afirman que esta ley confunde educación pública con educación estatal, pues la pública incluye tanto las escuelas gestionadas por el Estado como las concertadas, que son tan públicas como las estatales, solo que son regidas por profesores, fundaciones u otro tipo de organizaciones. Según ellos, lo que pretende la Ley Celaá es acabar con la libertad de elección de los padres y con la libertad de enseñanza, para que la única educación pública posible en España sea la impartida directamente por el Estado y se pueda así adoctrinar a los futuros votantes desde bien pequeñitos. 

Pero eso no es verdadero. El gran objetivo de esta ley es lograr una equidad en la escuela española que hoy día no existe. En la actualidad, nueve de cada diez niños sin recursos y ocho de cada diez hijos de inmigrantes están escolarizados en la escuela pública, pese a que esta instruye al 67,1% del alumnado (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%). Por eso la ley establece que prime al escolarizar a un niño la cercanía al centro. Cada autonomía fijará para cada escuela un cupo de alumnos con necesidades especiales ―las ratios serán menores en zonas sensibles―, habrá “plazas vivas” para matriculaciones durante el curso (muchas veces de inmigrantes), no se podrá ceder suelo público para construir un colegio privado o los procesos de admisión serán más transparentes. Asimismo, el Gobierno quiere frenar la sangría de cuotas irregulares que pagan los padres, muy extendidas en la enseñanza concertada, que además las familias se desgravan, aunque esté prohibido.

Y nada más. Y nada menos. Y cada cual que opine lo que quiera, pero que se instruya y se informe un tanto antes de la abrir la boca para enarbolar con desmanes varios una u otra bandera en representación de uno u otro estilo y contenido educativos. Y que mimemos a nuestros niños. Y a su educación. Porque sin ellos no hay presente ni habrá futuro.

Plataforma Escuela Pública Aranjuez nos desea feliz Sanidad y Escuela Pública

 

Felicitación de fiestas del sindicato STEM

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA Y POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE INASISTENCIA DEL ALUMNADO AL CENTRO DOCENTE EN SITUACIONES DE RIESGO POR COVID-19 DURANTE EL CURSO 2020-2021

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La purga del franquismo contra la enseñanza: más de medio millón de expedientes de depuración (Olga Rodríguez para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos este artículo publicado en el ELDIARIO.ES

El laberinto de los archivos, la ausencia de una ley que los regule y la dispersión de muchos documentos dificulta muchas veces el acceso a los registros por parte del ciudadano común. Así nació la asociación Innovación y Derechos Humanos (IHR World) hace cuatro años, con el propósito de facilitar la divulgación de archivos y documentos a través de una página web que contiene 485.136 registros de causas militares, conocidas popularmente como consejos de guerra, de los Tribunales Territoriales Militares de Madrid, Castellón, Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, León y Zamora. También tiene 137.898 registros de soldados trabajadores y soldados escolta de batallones disciplinarios, los llamados esclavos de Franco.

Ahora a ese gran contenido se suman los 564.269 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impulsaron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la Guerra Civil y especialmente en la posguerra. Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, de la Escuela Normal –lo que hoy sería Magisterio–, pero también profesores que ejercían en universidades, en las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, en las Escuelas Taller o de Comercio, entre otras. Además están incluidos ayudantes, auxiliares, administrativos, y "cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente".

Con este conjunto de datos la página web de Innovación y Derechos Humanos alcanza 1.284.597 registros que pueden buscarse por nombre y apellido. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración", explica Concha Catalán, integrante de IHR World, en conversación con elDiario.es. "La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación, aunque actualmente esos expedientes están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares", explica.

Este nuevo volcado de datos permitirá a cualquier persona interesada en indagar en la historia de un familiar introducir el nombre del mismo y averiguar si fue depurado y en qué archivo del país se encuentra su expediente. Además, IHR World ha hecho uso de información recogida en libros e investigaciones, como Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de Maria Antonia Iglesias, la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero o la de Jesús Manuel García Díaz, La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, de 2017.

La represión contra los profesionales de la enseñanza

Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. Decretos posteriores contemplaron el proyecto de creación de miles de escuelas, y los maestros y maestras recibieron una formación por primera vez de carácter universitario. Fueron formados en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, dedicaron tiempo y estudio a la pedagogía.

Como relatan numerosos investigadores, la represión franquista supuso la pérdida de un colectivo de enseñanza muy preparado, con ideas modernas y avanzadas, que fue sustituido por integrantes del clero y profesorado en muchos casos de baja calidad, según se relata, por ejemplo, en el libro Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, coordinado por los profesores de Historia Enrique Berzal y Javier Rodríguez.

En toda España el golpismo consideró a los profesionales de la enseñanza responsables de haber inoculado en la sociedad "el virus republicano". El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con ello y practicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales. Varios investigadores señalan que unos 60.000 profesores fueron depurados, "pero esa cifra se refiere a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra sería mayor", señala Concha Catalán.

Alumnas de las Escuelas Sierra Pambley, León. El encargado de la Biblioteca Sierra Pambley fue fusilado Fundación Sierra Pambley

Parte de los maestros depurados pudieron volver a ejercer su profesión en la educación pública. Pero al menos un tercio fueron sancionados con un castigo mínimo de un año y medio sin sueldo o expulsados de forma definitiva, teniendo que ejercer como profesores particulares o cambiar de profesión. Otros fueron fusilados. Uno de los próximos retos del equipo de IHR World será especificar el número exacto de depurados guiándose por ese más de medio millón de expedientes.

Los franquistas crearon comisiones que examinaban la trayectoria profesional y privada de cada maestro –con sus filiaciones políticas y sindicales incluidas– y establecían si podía regresar o no a la enseñanza. Dichas comisiones estaban formadas por el director de la escuela o instituto, un inspector, dos vocales y un representante de la asociación de padres, con "probada moralidad católica" y de "solvencia moral y técnica". Necesitaban además informes favorables de personas públicas, como el alcalde, la Guardia Civil o el cura.

En algunos casos, los expedientes de depuración llegaban después de que la persona castigada hubiera sido fusilada. Así ocurrió, por ejemplo, con Dióscoro Galindo, maestro fusilado con Federico García Lorca, cuyo expediente de depuración llegó días después de su asesinato, a través de una comisión presidida por José María Pemán, en la que se incluyó un testimonio contra él del cura. A pesar de que ya estaba muerto lo suspendieron de empleo y sueldo, pidieron a la familia que desalojara su casa y a él que entregara las llaves y el inventario de la escuela.

En muchos pueblos a las maestras les raparon el pelo y las pasearon por las calles principales antes de enviarlas al destierro. También hubo castigo para los integrantes de las misiones pedagógicas, que durante la II República llevaron a los pueblos aislados de España bibliotecas, aparatos de música, discos y conocimiento. La represión contra los profesores tuvo lugar en la mayoría de las localidades españolas y aún a día de hoy hay maestros desaparecidos en las cunetas.

Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían, sino en un campo de concentración nazi 

Como relata la web de IHR World, "España fue uno de los primeros países europeos en reconocer la importancia de la educación universal" en un momento en el que existía una elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30%, alcanzando el 60% en algunas provincias y afectando especialmente a las mujeres. Desde 1932 y en solo cuatro años se construyeron 9.991 escuelas nuevas, una cifra que "debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas desde 1900 a 1930".

El Gobierno lanzó un programa para seleccionar y formar a siete mil personas con licenciatura sin experiencia docente y se tomaron medidas para mejorar los salarios de los maestros, que obtuvieron el estatuto de funcionarios públicos y vieron su sueldo aumentado en un 15% entre 1931 y 1933.

Con la publicación de este más de medio millón de expedientes con nombres de gente vinculada a la enseñanza depurada, IHR pretende facilitar el acceso a la información para muchas personas que a menudo se ven obligadas a deambular de un archivo a otro, recorriendo cientos de kilómetros, para encontrar pistas sobre sus familiares o para recabar información para sus investigaciones académicas. 

Dióscoro Galindo con el grupo escolar de Santiponce, en Sevilla.

"Hacemos lo que tendría que estar haciendo el Estado: bases de datos de acceso fácil y público", explica Catalán, periodista y experta en Big Data, una de las fundadoras de la asociación, "junto con un activista de los derechos humanos y un ingeniero informático, clave para el desarrollo de la web". A lo largo de estos cuatro años de andadura ha habido mucha gente que ha encontrado expedientes de sus familiares represaliados a través de esta web.

"Incluso hay quienes ni siquiera sabían que sus familiares habían sido fusilados o juzgados en consejos de guerra. Un hombre entró en nuestra web para buscar a una persona y encontró a seis. Una mujer supo gracias a este proyecto que una tía suya, que nunca hablaba, que siempre gruñía, que estaba amargada, había estado dos años en la cárcel y la habían maltratado", cuenta Catalán.

Escuela en España antes de 1936. Una maestra entre sus alumnos.

"Nos mueve el dolor de la gente por no poder acceder a la historia de vida de sus familiares más inmediatos. Nos escribe gente cada mes dándonos las gracias porque han encontrado a un familiar y pueden recuperar así una parte de la vida de su abuelo, de su tía o de su bisabuelo", indican desde IHR.

"Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían. Tras esa batalla había cruzado a Francia y terminó preso en el campo de concentración nazi de Gusen, donde falleció. Le dijimos que tenía la posibilidad de pedir indemnización para su madre, que además tenía Alzheimer; le pusimos en contacto con personas especializadas en esto, que, como nosotros, de forma altruista, se encargan de ayudar a quienes pueden acceder a este tipo de ayudas", relatan.

El equipo de Innovación y Derechos Humanos ha impulsado el proyecto de forma altruista, pero necesitan donaciones para poder mantenerlo y desarrollarlo. "Queremos seguir añadiendo más datos. Tenemos un proyecto sobre los juicios sumarísimos a mujeres, con un análisis detallado de todas las mujeres represaliadas en Catalunya por consejos de guerra. Nuestra intención es seguir con este tipo de proyectos. Tenemos acceso a otras bases de datos que aún no hemos podido integrar", explica Catalán.

¡Cuidado con las trolas! Es Día de Inocentes (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su nuevo artículo 

 

Tómense estas tres como referencia posible y mudable: no tienen pretensión de valor absoluto en un listado aleatorio

 

El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, durante muchos años lo peor no era que nos colaran alguna inocentada, sino que se rieran porque no habíamos caído en la cuenta de la pifia. En un presente tan quebradizo como el de este año que termina, lo recomendable es no bajar la guardia ante la cantidad de trolas que nos pueden estar contando: estas tres son focos tensos de lo verdadero y lo falso.

 

1.- El peligro (de la Covid-19) ha terminado

 

Cuando estos días oímos afirmaciones de este carácter, parece que se refieran a la vacuna. En parte, es válida esta si nos referimos a que hay un inicio de solución para contener la pandemia; la trola consistiría en dar por hecho que, puesto que ese desenlace ya está ahí, podemos bajar la guardia y regresar directamente a donde solíamos antes de marzo de 2020. Falta mucho, probablemente un año, para que la ansiada normalidad, no la “nueva” que unos y otros se apresuran a vendernos, sino la auténtica, sea posible sin riesgos mayores que los que habitualmente tiene el vivir.

 

Esta parte de la trola o inocentada, son propensos a inducirla quienes se ocupan de rentabilidades económicas de manera compulsiva,  tendentes a ver cortapisas a su libre iniciativa en cuanto es necesario para preservar la salud de todos; no admiten que la vida y salud (de los demás) son valores superiores. Debiéramos tomar nota de quiénes son estos audaces emprendedores, inmunes al dolor ajeno, y, por el mismo sano principio, cortar cualquier tipo de relación comercial, transacional o del tipo que fuere con ellos: no les importamos nada, salvo como material de desguace y en condiciones flexibles.  Libertad no es esto, y menos cuando median decisiones políticas que nos atañen a todos; este tipo de utilitarismo moral no es difícil de ver en estos días de supuestas fiestas de Navidad –no solo el día de Inocentes-, cuando hay tanto candidato ocupado en que no nos olvidemos de la falta de sustancia de  supuestos halagos que intentan hacer a nuestro ego. Lo que no debiéramos olvidar es que el voto es una prolongación de nuestras neuronas, y que no debe ser para quienes solo saben usarlo para reírse de nuestra inocencia.

 

2.- El Brexit ya está arreglado

 

Es en gran medida otra hipérbole que, antes de que venga el día uno de enero -y los que falten para que cada sector económico esté encauzado sin demasiado estropicio-, se ha puesto en circulación para que nos olvidemos de la hecatombe que han supuesto estos días para los transportistas varados en el Canal de la Mancha a la espera de los trámites burocráticos;  la máquina de las supuestas negociaciones para apurar los plazos ha dejado mil flacos por remendar.

 

Lo cierto es que esta historia, como otras muchas de marcha atrás, es muy desagradable; será difícil que durante un tiempo más bien largo no siga generando múltiples inconvenientes a unos y otros. Los resabiados cultivadores de la melancolía imperialista de la Gran Bretaña seguirán diciendo que su Brexit es una victoria; nunca dirán que el uso de la libertad no es eso ni para eso. Mientras los dejen funcionar con sus privilegiadas transacciones internacionales, menos lo explicarán los que controlan la autonomía legal de la City londinense respecto a la propia Inglaterra, Escocia, Gales, El Ulster y todo lo que resta de la época victoriana, incluido ese peñasco llamado Gibraltar. Al lado de la preservación de ese privilegio, lo demás, incluida la pesca y el turismo, son cuestiones menores, que perjudicarán a los ingleses y europeos del común.

 

3.- Atacan la libertad de elección de centro

 

“No vamos a permitir que se ataque a la enseñanza concertada”: eso decía todavía hace dos días alguien relevante de la Comunidad de Madrid, en cuya Consejería encabezan –como no podía ser menos desde el “Tamayazo- los lamentos por que la LOMLOE cercene, a punto de entrar en el BOE, “la libertad de las familias a la hora de elegir un centro donde educar a nuestros hijos y proporcionarle la formación necesaria”. Lo dicen y se quedan tan anchos: ¿qué hay más sagrado que los hijos o que la libertad? Y, si nos lo creemos sin más explicaciones, es otra santa inocentada que nos quieren colar; por repetición no queda.

 

También en esto sucede, sin embargo, que tampoco en educación la libertad es eso que dicen; si no supiéramos qué se callan les sería más fácil. La cuestión es que, como adultos, ya mayores y en riesgo, tenemos memoria de que, “cuando carecía de importancia la diferencia entre el ahora y el antes” –como dice Antonio Gamoneda en sus recomendables recuerdos de infancia: Un armario lleno de arena-, siempre querían lo mismo: que sus colegios privados, de pago, se distinguieran sobradamente del común escolar; ya entonces alegaban como “función social” la segregación de los “selectos”, en corralitos particulares hacia los que habían conseguido que se decantara una parte sustantiva de los recursos que el “Estado Nuevo”  detraía del gasto público. Los Pactos de la Moncloa, firmados 40 años después de aquella infausta Guerra, cuentan los déficits que –no solo de plazas escolares- faltaban a un enclenque panorama educativo de acceso universal en equidad para todos; las facilidades que las sucesivas leyes franquistas habían ido dando a la “iniciativa privada” –con licencias, subvenciones, exenciones fiscales y otras enjundiosas disposiciones para facilitarles sus negocios “de pago”-, fueron totales, mientras la deficiencia acumulada, con supresión de centros públicos y, sobre todo, con la depuración y exilio de tantos y tantos profesionales, habían hecho del sistema educativo un erial. Hay un Decreto, del día 05.05.1941 (BOE del 17), que explica que, en adelante, se subvencionaría a la enseñanza privada –católica entonces en más de un 90%- con un 50% de los recursos de lo que se destinara a personal y material de las escuelas de primera creación.

 

Probablemente estos defensores actuales de la libertad de elección de centro indiscriminada, nos digan que ellos no estaban allí; sí estábamos quienes tuvimos que sufrir esa penosa historia y nos suena a burla que digan que esta morigerada LOMLOE les “ataca” o les roba; ser demócrata  –salvo que nos hayamos equivocado al estudiar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789- no se compadece bien con sostener privilegios injustificados a cuenta del dinero del común; si lo miran bien, el art. 27 de la CE78, tampoco.

 

TEMAS: LOMLOE.- Enseñanza concertada.- Libertad e igualdad educativas.- BREXIT.- Vacunas contra la COVID-19.

 

Manuel Menor Currás

Madrid, 28,12.2020