Comunicado
de fin de curso 2020 e inicio de curso 2021
Nuevas situaciones, viejas políticas. La irrupción de la COVID-19 en nuestra sociedad ha puesto de manifiesto la absoluta ineficacia de las políticas neoliberales que llevan destrozando lo público en la Comunidad de Madrid desde hace más de 20 años. La política de recortes y privatizaciones se ha mostrado como un estilete clavado en los derechos fundamentales de la población madrileña. Baste como ejemplo la situación extrema a la que nos ha llevado el mantra de la “colaboración público-privada” del gobierno de Isabel Natividad Díaz Ayuso y anteriores, tanto en la gestión de la Sanidad, como en el de las Residencias, denunciada desde hace tanto tiempo por la Marea Blanca o recientemente por la Marea de Residencias, entre otras.
Respecto a la
situación de la Educación madrileña nos encontramos con un consejero, que lejos
de estar a la altura de su competencia en un área tan fundamental para el
conjunto de la ciudadanía, se dedica a continuas contradicciones respecto de lo
que dicen desde el Ministerio, donde por cierto tampoco lo tienen claro, y a la
politiquería barata. Y volvemos a repetir, Sr. Ossorio: si usted no quiere
gestionar lo público, dimita. Si quiere favorecer lo privado, métase en alguna de
esas empresas educativas a las que tanto defiende. El consejero está
destruyendo la idea fundamental en la que se basa su política educativa: la
libertad de elección en la Comunidad de Madrid no existe porque se perjudica
constantemente a la Educación Pública favoreciendo a la Privada-Concertada.
La crisis de
la COVID-19 ha puesto en evidencia toda y cada una de las carencias que desde Asamblea
Marea Verde Madrid y desde otros colectivos en defensa de la Educación
Pública hemos venido denunciando desde hace años. Pero sobre todo se ha puesto
en evidencia la incapacidad de la Consejería para afrontar la realidad actual y
la nueva situación que se avecina. Solo hay que partir de las últimas
instrucciones dadas. En una suerte de “sálvese el que pueda” y desde que los
centros se reabrieron para su limpieza y desinfección, la Consejería declinó
toda su responsabilidad en los diferentes equipos directivos, como bien ha
señalado la Asociación de Directores ADIMAD. Pero además, la absurda obsesión
por hacer oposición al Gobierno de
España ha llevado a poner en riesgo a toda la comunidad educativa ordenando una
vuelta a las clases sin asegurar y responsabilizarse de las condiciones
sanitarias necesarias para tal efecto, eso sí, “voluntaria” e incomprensible si
ya se había instruido desde el Ministerio que la tercera evaluación simplemente
iba a ser de acompañamiento y refuerzo. Y ahora, más refuerzo, pero presencial,
con cita y dejando en manos de los centros la responsabilidad de que no
haya ningún rebrote por esta irresponsable manera de actuar del consejero
Ossorio.
Pero es que
además, da la sensación de que se ríe de de las madrileñas y madrileños. La
llamada “desescalada” de cara al curso que viene contempla una bajada
importante de las ratios y eso va a conllevar otras derivadas. Si bien esto es
una cuestión defendida por Asamblea Marea Verde Madrid desde siempre y
ahora se ve obligado el Gobierno de Isabel Natividad Díaz Ayuso a aplicarla,
pero lejos de plantearse el refuerzo de la Educación Pública, lo primero que se
ha planteado es precarizarla aún más con sus medidas. Se destacan los aspectos
siguientes:
- El problema de las infraestructuras educativas. Aquí sorprende en primer lugar el desconocimiento de la realidad de la Comunidad de Madrid de Isabel Celaá al declarar que habrá que habilitar espacios dentro de los centros educativos para realizar desdobles de alumnado. La realidad es que esos espacios ya están ocupados en muchísimos centros públicos: bibliotecas, salas de música e incluso pasillos. La Comunidad de Madrid ya se encuentra en esa situación extrema, bajo las directrices políticas basadas en “la libertad de elección” que favorece los negocios educativos de la Privada-Concertada convirtiendo el Derecho a la Educación en un bien de mercado a privatizar, con los recortes que convierten a nuestra Comunidad en la que menos invierte por alumno y en la que el presupuesto de Educación en relación al PIB es el más bajo del conjunto de España. Se ha seguido la política de desmantelamiento de las infraestructuras educativas bien por omisión negándose a construir nuevos centros, usando el indecente argumento de la “demanda”, en vez de planificar en función de la población sujeta de derecho, cumpliendo el mandato constitucional del Derecho a una Educación Pública de calidad, al que todas las personas y familias tienen derecho, bien cerrando directamente centros educativos públicos tal y como lleva denunciando la Plataforma de Centros Públicos y otros colectivos, o bien recortando hasta 14.000 plazas públicas este mismo curso, según el estudio de CC.OO.
- Respecto del profesorado, la Comunidad de Madrid ya ha dado muestras de cuál es su fórmula: la paralización de los llamamientos del profesorado interino en este periodo del confinamiento. Y así mismo parecen insinuarlo en sus instrucciones. El Cuerpo Docente va a tener que soportar la sobrecarga de la formación presencial y telemática con pocos recursos y no podrá llevarse a cabo su labor en condiciones adecuadas, si no se revierten las cargas horarias que se añadieron con la anterior crisis y si no se contrata a los profesionales o personal que asegure la labor educativa y sanitaria adecuada a las condiciones actuales. Y esto repercutirá en las condiciones de trabajo cada vez más precarias debido a los recortes de docentes que llevamos sufriendo desde hace ya muchos años. El alumnado necesita poder sentirse seguro y atendido educativamente tanto presencial como telemáticamente, por lo tanto, no tiene sentido favorecer la educación Privada-Concertada, cuando las condiciones de la Educación Pública se precarizan. De la misma manera, la intención de la Consejería de hacer coincidir las oposiciones de Secundaria pospuestas por la pandemia y las de Primaria en 2021, tendrá como consecuencia en este último caso un “efecto llamada” de aspirantes de otras comunidades autónomas. No sabemos si realmente la intención de la Consejería es terminar por diluir en los centros la lucha que determinados colectivos como ADIMA, junto con otros de reciente creación, llevan realizando desde hace tiempo.
- También el Ayuntamiento de Madrid ha aportado su granito de arena al desmantelamiento de la Educación Pública con las rescisiones de contratos en las Escuelas Infantiles de su titularidad, dejando cientos de trabajadoras y trabajadores y otros tantos proyectos educativos en peligro.
- A todo esto se suma la falta de medios que la Comunidad ha demostrado para profesores y alumnos, y especialmente el pésimo funcionamiento de las plataformas de trabajo de la Comunidad. Ha quedado claro que ha sido claramente insuficiente y desesperante, a pesar de los refuerzos técnicos que han mejorado algunos problemas. Pero cuando no hay inversión para la Educación, las consecuencias se sufren.
- El trabajo telemático ha demostrado su relativa utilidad para responder a un estado de alarma que nos obligaba a quedarnos en casa para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, no puede pensarse que dicho trabajo telemático pueda sustituir a las clases presenciales. Además, muchos alumnos y alumnas en situación de precariedad o condiciones socioeconómicas desfavorables no han podido contar con los medios tecnológicos o humanos para seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje y se han quedado atrás.
- Se hace urgente buscar medidas para que la vuelta a las aulas se pueda hacer de manera segura para todos y todas.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid, empeñada en abrir los centros escolares en este junio cueste lo que cueste, y las medidas que tomado al respecto son más que preocupantes. Pese a la delicada situación sanitaria, se ha proporcionado material sanitario y de protección a los centros educativos absolutamente insuficiente, obligando a los equipos directivos a comprar lo que ellos consideren y puedan con lo que les quede de las partidas presupuestarias de los propios centros. Ya veremos si al final este gasto no lo asumen las AMPA o, como en el caso de algún centro privado-concertado, se quiere pasar la factura a las familias. Este último caso es un nuevo escándalo, no por el intento del centro que acostumbra a hacerlo aunque el concierto lo prohíbe, sino por la respuesta del consejero Ossorio quitándole importancia cuando su obligación como máximo responsable educativo público debía ser ordenar rescindir inmediatamente ese concierto educativo. Pero no. Eso no casa con su idea de favorecer los negocios educativos regados con dinero público.
- La culminación ya de la deriva del gobierno de Isabel Natividad Díaz Ayuso, que realmente la incapacita para ejercer cualquier acción de gobierno y de la misma manera a Enrique Ossorio, ha sido la propuesta de saltarse en las aulas la distancia de seguridad porque, si no, “va a ser imposible”. Claro… tantos años de recortes, de no construir centros públicos, de no rebajar ratios…Y con esta medida nos preguntamos… Cui prodest? Pues es evidente que a aquellos negocios educativos con profesorado que no va a protestar por que eso pase, que se preocupan más por la cuenta de resultados que por la seguridad de su alumnado. Este es el retrato de la situación en el gobierno de Isabel Natividad Díaz Ayuso.
- Ante toda esta situación que pinta un boceto donde no entran todas las incongruencias, contradicciones y actos de mala fe de la Consejería de Educación y de la presidenta Isabel Natividad Díaz Ayuso, nuestra propuesta está contenida en el comunicado que elaboramos en Mareas x La Educación Pública.
Una vez más,
esta situación de crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa la necesidad de
proteger y mejorar los Servicios Públicos. Desde Marea Verde y otros muchos
colectivos se vienen denunciando todos estos problemas derivados
del proceso de mercantilización y privatización de lo público, de lo que es de
todas y todos (unas ratios demasiado elevadas, la necesidad de más profesorado,
urgencia en el aumento de plazas públicas y creación de centros de titularidad pública)
a los que ofrecemos las siguientes propuestas de solución: la reducción de unas
ratios de alumnado que ahora son demasiado elevadas, la reducción de los
periodos lectivos como máximo a 18 horas, la necesidad de más profesorado y la
urgencia de aumentar las plazas públicas así como de crear nuevos centros
escolares de titularidad pública y gestión pública, y sobre todo, no a costa de
favorecer intereses privados en la educación Privada-Concertada.
La solución de
estos problemas ahora es una cuestión de salud pública. Con el comienzo del
próximo curso en septiembre, o bien nos aseguramos de cumplir con la distancia
y las medidas de seguridad entre unos y otros, generalizando los desdobles o
disminuyendo el número de estudiantes por clase de manera significativa, o la
Comunidad Educativa se va a ir contagiando sin remedio o va a perder formación
educativa sin remedio. Para lograr esa bajada de número de alumnado por aula
son imprescindibles dos medidas: aumento de la contratación de profesorado interino
y personal ayudante, y habilitación de espacios y creación de nuevos centros
educativos públicos.
Pese a que
este nuevo y preocupante escenario social y sanitario podría convertirse en la
oportunidad para mejorar y asentar nuestro sistema educativo, dando respuesta a
necesidades ahora incuestionables, resulta muy indignante y muy triste ver cómo
la Comunidad de Madrid de Isabel Natividad Díaz Ayuso y de su consejero Ossorio
abandona y destroza aún más la Escuela Pública y pone en peligro sanitario a
toda la Comunidad Educativa.
Madrid, 9 de
junio de 2020
Asamblea Marea
Verde Madrid
Puedes leer el comunicado en .pdf en este enlace.
Entradas relacionadas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario