Cooperadores (Manuel Menor)

Los Tres Poderes políticos tienen dificultades con la igualdad

Hay privilegiados silencios y gestos que poco tienen que ver con el interés común.  E igual sucede en el sistema educativo.

A quienes viven de la vida política –diputados y líderes, sobre todo- les encanta decir que son la voz de sus electores. En la misma onda teórica –como si a Montesquieu estuviéramos oyendo- añaden que el Parlamento –bicameral en nuestro caso- es el espacio de la representación popular. En este discurso, por tanto, las decisiones que de ahí emanan -expresión de la “soberanía nacional” que dice el art. 1.2 CE-, llevan de raíz el marchamo de la legitimidad.

Mesa/Cámara

Visto desde abajo, sin embargo, el microcosmos parlamentario de estos días, con los Presupuestos Generales (PGE) en el alero, más parece tener que ver  con el Partido Popular y su cooperador necesario, Ciudadanos, que con la soberanía popular. En la Cámara Baja, el grupo de cuantos apoyan al Gobierno es mayor. Pero para dificultar que se tratara el PGE con una argucia otras veces practicada por el PP, la Mesa de Ana Pastor utilizó otra argucia introducida por su partido cuando intuyó que podía perder la mayoría parlamentaria. La Mesa soslaya así al Pleno de la Cámara y ralentiza la mejora de la situación de la gente común en estos presupuestos, en los que hace predominar intereses de la minoría conservadora..

Fiscales/jueces

Tramos hay a menudo, también, de la Justicia en que su balanza está inclinada, especialmente cuando anda por medio la acción política o de los políticos. Por ejemplo, respecto a la rama Casado de los másteres, en que algún fiscal está dando pasos que animen el desinterés por que ser aforado sea de tal naturaleza que los demás mortales se sientan inequívocamente distintos. El trato judicial que, comparativamente, parecen recibir compañeras de este titulado en el mismo postgrado, es tan distinto que hasta la jueza a la que ha tocado parte del asunto pide aclaraciones. Una vez que los afanes de titulitis ocupan la primera línea de la vida política, la judicatura no debiera establecer cuotas de intangibilidad donde no corresponde. Si cooperan en sostener escorados los argumentos, generarán la sensación que suscitaban los privilegiados del Ancien Régime. Ni derecho a la vida tenían los no privilegiados antes de 1789.

Gobernantes/gobernados

En cuanto al poder ejecutivo, el Gobierno de este momento es sobradamente frágil para darle muchas vueltas a sus potenciales líneas de cercanía igualitaria a los votantes. La prospectiva estadística muestra que, en poco más de 100 días, el PSOE ha subido en expectativa de voto pero apenas sobrepasa el 30,5%. Algo es algo, pero no modifica que el reducido 22,7% de los votos que tuvo en 2016 le obligue a tener que satisfacer a variopintos socios contando, además, con un PGE que no es el suyo. No tener mayoría absoluta, aunque parezca ser del agrado de los votantes, no solo es difícil de gestionar sino que no acaba de ganar el favor de los consultados por el CIS en este mes de septiembre.

En este panorama, si a los votantes  votantes se les hubiera preguntado por los “poderes fácticos” tal vez se sonriera. El recurso no solo conceptual, muy socorrido en los últimos años del franquismo y en bastantes de los que siguieron -al margen de los clásicos tres poderes (o cuatro, si contamos con la Prensa), probablemente lo vieran poco indicativo. Lo que que no quiere decir que, a su modo, no sigan  marcando territorio. La situación es propicia y que, por ejemplo la Iglesia católica, con frecuentes noticias más que problemáticas en los medios, sea sostenida en sus privilegios, barema bien las limitaciones de los gobiernos respecto a sus ciudadanos.

Y derechos

Según los datos que, entre otros, difunde Europa Laica, esta institución privada recibe del Estado, por los diversos capítulos contemplados en los Acuerdos con el Vaticano, en torno a los 12.000 millones de € anuales.  Llama la atención, sin embargo, su ambigüedad respecto a los Derechos Humanos, hoy tomados como referente internacional de calidad democrática. Según José Mª Castillo, ni reconoció los declarados en 1789 por la Revolución Francesa ni los que, en 1948, dieron sentido a la ONU. Desde Juan XXIII habla de ellos  en sus documentos, y sus gestos siguen siendo ambiguos: prima la caridad pero no los derechos –algo que no se nos ha de dar por generosidad-, y que las cuestiones en litigio se ajusten a sus doctrinas. En La Iglesia y los Derechos Humanos (2007), este teólogo revisa estos desajustes y concluye que muchos clérigos y obispos predican “un Dios en cuyo nombre y con cuya autoridad se les puede negar a los seres humanos no pocos de sus derechos más fundamentales: el derecho a expresarse libremente, el derecho a organizar como crean conveniente su vida…”.

Pese a ello y a que tanta presencia de las confesiones religiosas en la escuela y en otras instancias públicas suene “irritante” –término empleado en Lituania por el Papa Francisco a propósito de una cuestión muy próxima-, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la entienden acorde con la Constitución. Alterando las fiebres electorales en que ya andamos, los posibles votantes debieran ver y juzgar de modo que lo que después les llegue de las instancias que dicen representarles respete y ayude a sus vidas.

Manuel Menor Currás

Madrid, 25.09.2018